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Profesiones jurídicas - Portugal

Nota: la versión original de esta página portugués se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


Profesiones jurídicas

Magistrados de los tribunales ordinarios y de los tribunales especiales administrativos y tributarios

Tal y como establece la Constitución Portuguesa, los jueces están adscritos a un órgano de soberano, los Tribunales.

Sometidos únicamente a la ley, administran justicia en nombre del pueblo.

Los jueces de los tribunales ordinarios se rigen por la Constitución y el Estatuto de la Magistratura (Estatuto dos Magistrados Judiciais). De acuerdo con la jerarquía de los respectivos tribunales, se distinguen tres tipos de jueces:

  • jueces del Tribunal Supremo de Justicia (Supremo Tribunal de Justiça), con categoría de consejeros (Conselheiros);
  • jueces de los tribunales de segunda instancia (Tribunais das Relaçoes), denominados jueces de segunda instancia (Desembargadores);
  • jueces de los tribunales de primera instancia, denominados jueces de Derecho (Juízes de direito).

Los jueces de la jurisdicción administrativa y tributaria se rigen por lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Tributarios (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) y, con carácter subsidiario, en el Estatuto de la Magistratura (Estatuto dos Magistrados Judiciais). De acuerdo con la jerarquía de los respectivos tribunales, se distinguen tres tipos de jueces de los tribunales administrativos y tributarios:

  • jueces del Tribunal Supremo Administrativo (Supremo Tribunal Administrativo), con categoría de consejeros (Conselheiros);
  • jueces de los tribunales administrativos centrales, con categoría de jueces de segunda instancia (Desembargadores);
  • jueces de los tribunales administrativos comarcales y de partido y de los tribunales tributarios, con categoría de jueces de primera instancia (Juízes de Direito).

Se accede a la profesión de juez a través de un proceso de tres fases que consiste en un concurso-oposición, un curso de formación teórico-práctica realizado en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudos Judiciários) y un periodo de prácticas. Aquellas personas que superen con éxito las tres fases serán nombradas jueces de Derecho (Juízes de Direito).

Los jueces seguirán formándose durante toda su trayectoria profesional.

El Consejo Superior de la Magistratura (Conselho Superior da Magistratura) lleva a cabo inspecciones periódicas en los tribunales de primera instancia, y el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Tributarios (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) realiza dichas inspecciones entre los jueces de estos tribunales. Tras cada inspección, los jueces son clasificados en función de sus méritos, utilizando las siguientes categorías: muy bueno, bueno con distinción, bueno, suficiente y mediocre. La clasificación de «mediocre» implica la suspensión de las funciones de magistrado y la apertura de un proceso de investigación para evaluar su aptitud para el ejercicio de la magistratura.

Los nombramientos, destinos, traslados y ascensos y el ejercicio de la acción disciplinaria en relación con los jueces de los tribunales judiciales y de los tribunales administrativos y tributarios competen al Consejo Superior de la Magistratura y al Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Tributarios.

A fin de garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, la Constitución establece que los jueces en ejercicio no pueden desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo las funciones docentes o de investigación científica de naturaleza jurídica no remuneradas. Solo se podrá trasladar, suspender, retirar o apartar de sus funciones a los jueces en los casos previstos en la ley; no podrán ser responsabilizados de sus decisiones salvo en las excepciones establecidas en la ley.

Fiscales (Ministério Público)

A los fiscales les compete representar al Estado, ejercer la acción penal y defender el Estado de derecho democrático y los intereses que la ley determine. Gozan de estatuto propio y de autonomía, con arreglo a lo establecido en la ley.

Se accede a la profesión de fiscal a través de un concurso-oposición que consiste en pruebas de conocimientos, una evaluación del currículo y un examen psicológico de selección realizados en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudos Judiciários).

Los candidatos admitidos son nombrados aprendices en prácticas (auditores de justiça). Una vez aprobado el curso de formación teórico-práctica realizado en el Centro de Estudios Judiciales son nombrados fiscales adjuntos en periodo de prácticas.

La carrera profesional de un fiscal tiene cinco niveles, con arreglo al siguiente orden jerárquico:

  • Fiscal General de la República (Procurador-Geral da República);
  • Vicefiscal General de la República (Vice-Procurador-Geral da República);
  • Fiscal General Adjunto (Procurador-General Adjunto);
  • Fiscal de la República (Procurador da República);
  • Fiscal Adjunto de la República (Procurador da República Adjunto).

La Fiscalía General de la República (Procuraduría-Geral da República) es el órgano superior del Ministerio Público, está presidida por el Fiscal General y comprende además el Consejo Superior del Ministerio Público (Conselho Superior do Ministério Público), el Consejo Consultivo (Conselho Consultivo), auditores jurídicos y servicios de apoyo.

Los nombramientos, destinos, traslados, ascensos y el ejercicio de la acción disciplinar en relación con los magistrados del Ministerio Público competen al Consejo Superior del Ministerio Público.

Abogados (Advogados)

El abogado es un profesional del Derecho que, una vez inscrito en el Colegio de Abogados, ejerce la representación legal y ofrece asesoramiento jurídico consistente en la interpretación y aplicación de las normas de Derecho, a petición de terceros.

En Portugal, para practicar actos propios de la abogacía es obligatorio inscribirse en el Colegio de Abogados (Ordem dos Advogados).

Para acceder a la profesión, la persona interesada debe:

  • haber obtenido la licenciatura de Derecho en Portugal o un título universitario en Derecho fuera de Portugal, siempre que dicha cualificación se considere equivalente a la licenciatura o haya sido reconocida como del mismo nivel;
  • realizar un periodo de prácticas de una duración total de 18 meses, dividido en dos fases de formación: la inicial, de seis meses, y la complementaria, de doce meses;
  • aprobar el examen escrito y oral del Colegio de Abogados.

Los ciudadanos extranjeros licenciados por cualquier facultad de Derecho de Portugal pueden inscribirse en el Colegio de Abogados en las mismas condiciones que los nacionales de Portugal, siempre que su país de origen conceda iguales derechos a estos últimos.

El establecimiento permanente en Portugal de abogados de la Unión Europea con la intención de ejercer su actividad con el título profesional de origen depende de su inscripción previa en el Colegio de Abogados. Sin embargo, solo pueden ejercer la representación y el mandato judiciales ante los tribunales bajo la tutela de un abogado inscrito en el Colegio de Abogados. Para poder ejercer su actividad con los mismos derechos y obligaciones que los abogados portugueses, han de inscribirse en el Colegio de Abogados y someterse a una prueba de conocimientos oral y escrita en portugués.

El Colegio de Abogados es la asociación pública que representa a los profesionales que ejercen la abogacía de conformidad con el estatuto del Colegio. Garantiza el acceso al Derecho, regula el ejercicio de la profesión y ejerce la jurisdicción disciplinaria contra los abogados y los abogados en prácticas (en exclusiva), vela por la función social, la dignidad y el prestigio de la profesión de abogado y promueve el acceso al conocimiento y aplicación del Derecho.

Asesores jurídicos (Consultores jurídicos)

El sistema jurídico portugués no distingue la figura del abogado de la del asesor jurídico.

Procuradores (Solicitadores)

Los procuradores son profesionales liberales que prestan asesoramiento jurídico y ejercen la representación legal ante los tribunales dentro de los límites establecidos en su estatuto y en la legislación procesal, pudiendo representar a las partes cuando no sea obligatoria la representación legal por medio de un abogado (advogado).

Los procuradores pueden también ejercer la representación legal de los ciudadanos y las empresas fuera de los tribunales ordinarios, por ejemplo, ante la administración tributaria, las notarías, las oficinas del registro y las administraciones públicas.

Para acceder a la profesión, la persona interesada debe:

  • poseer una licenciatura en Derecho de reconocimiento oficial y no estar inscrita en el Colegio de Abogados, o poseer una licenciatura en Procuraduría por una universidad reconocida oficialmente en Portugal o, en el caso de los nacionales de otro Estado miembro de la UE, ser titular de las habilitaciones académicas y profesionales requeridas legalmente para el ejercicio de la profesión en el respectivo Estado de origen;
  • realizar un período de prácticas de entre 12 y 18 meses;
  • realizar con aprovechamiento el periodo de prácticas, bajo la tutela de un abogado con experiencia (patrono) o en un centro de prácticas, y aprobar un examen de ámbito nacional conforme a las normas pertinentes.

Los profesionales de otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo pueden inscribirse en el Colegio de Procuradores (Colégio dos Solicitadores) de conformidad con la Ley n.º 9/2009 de 4 de marzo de 2009, modificada por la Ley n.º 41/2012 de 28 de agosto de 2012 y la Ley n.º 25/2014 de 2 de mayo de 2014.

El Colegio de Procuradores y de Agentes de ejecución (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) es la asociación pública que representa a estos profesionales del Derecho. Le corresponde, entre otras cosas, ejercer la jurisdicción disciplinaria sobre sus miembros y emitir dictámenes sobre la legislación relativa a sus competencias.

Se puede consultar más información en el siguiente sitio web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.osae.pt/.

Agentes de ejecución (Agentes de execução)

Los agentes de ejecución son profesionales dotados de autoridad pública a escala nacional en el ejercicio de las actividades de ejecución de actos en el ámbito civil. Son profesionales independientes e imparciales y no representan a las partes, pero a ellos compete realizar todos los trámites necesarios para la ejecución, incluido el embargo, la notificación y el traslado de documentos, los avisos y la venta de bienes embargados. En algunos casos sus funciones pueden ser realizadas por un oficial de Justicia.

Los agentes de ejecución son designados por la parte que procura la ejecución o por el tribunal.

Deberán poseer una licenciatura en Procuraduría o Derecho y:

  • tener la nacionalidad portuguesa;
  • no estar limitados por ninguna de las restricciones previstas en los estatutos del Colegio de Procuradores o del Colegio de Abogados;
  • no haber sido incluidos en la lista pública oficial de deudores durante los últimos diez años;
  • haber concluido, con aprovechamiento, el periodo de prácticas de agente de ejecución;
  • realizar el examen de auxiliares de justicia tras haber trabajado durante más de tres años como agente de ejecución y obtener una valoración positiva de la Comisión de Auxiliares de Justicia (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
  • inscribirse en la asociación profesional pertinente en un plazo de tres años desde la conclusión, con aprovechamiento, del periodo de prácticas;
  • disponer de las instalaciones y los medios informáticos mínimos definidos por un reglamento aprobado por la asamblea general.

El Colegio de Procuradores y de Agentes de ejecución y el Colegio de Especialidad de los Agentes de Ejecución (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) son los órganos responsables de regular la profesión.

La CAAJ, que es independiente del Colegio de Procuradores y de Agentes de ejecución, es el órgano responsable de supervisar y ejercer la acción disciplinaria sobre los agentes de ejecución.

Se puede consultar más información en los siguientes sitios web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.osae.pt/ y http://www.caaj-mj.pt/.

Notarios (Notários)

Los notarios son profesionales especialistas autorizados para realizar tareas en determinados contextos legales. Desempeñan un importante papel en el comercio, tanto a escala nacional como internacional.

Los notarios tienen competencias para:

  • celebrar contratos privados y asesorar a las partes otorgándoles un trato justo a ambas; redactar documentos oficiales, responsabilizándose de su legalidad y de cualquier asesoramiento prestado; informar a las partes de las implicaciones y consecuencias de los compromisos que pretendan contraer (los notarios están obligados a hacerlo);
  • llevar a cabo las transacciones jurídicas acordadas en su presencia; el acto puede registrarse directamente en el registro oficial o, si una de las partes incumple sus obligaciones, puede ejecutarse sin la intervención de un juez;
  • actuar como mediadores, con imparcialidad y en pleno cumplimiento de la ley, para permitir a las partes alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable;
  • redactar documentos para los procesos de inventario y los términos de estos, salvo para los asuntos que no puedan decidirse en procesos de inventario debido a la naturaleza o a la complejidad jurídica o fáctica del tema; dichos asuntos deberán ser decididos por el juez del tribunal de distrito (tribunal de comarca) que corresponda a la notaría donde se inició el proceso (Ley n.º 23/2013 de 5 de marzo de 2013 por la que se aprueba el régimen jurídico del proceso de inventario, por la que se atribuye esta facultad a los notarios, creando así un sistema de poderes compartidos).

La reforma de la profesión del notariado y la consecuente privatización del sector implica que los notarios desempeñan una doble función: son agentes públicos y también profesionales liberales, pero ya no son funcionarios.

Como agentes públicos, los notarios dependen del Ministerio de Justicia, que tiene poderes reguladores, así como la facultad de adoptar medidas disciplinarias contra los notarios. Dado el nuevo carácter liberal de la profesión, desde 2006 el Colegio de Notarios ha regulado las actividades de los notarios, junto con el Ministerio de Justicia, para garantizar que los notarios se atienen al código deontológico que deben observar y para velar por el interés público en la medida en que les corresponde; esto no afecta a los poderes de intervención del Ministerio, los cuales, dada la naturaleza de la profesión, le está conferido por ley.

Registradores (Conservadores)

Los registradores son servidores públicos responsables del registro y de la publicidad de los hechos y actos jurídicos relacionados con la propiedad mueble e inmueble que deban ser registrados, la actividad empresarial y los acontecimientos de las vidas de las personas. Su función consiste esencialmente en realizar comprobaciones legales en relación con los documentos mencionados y otros relacionados y garantizar que los derechos contenidos en los documentos que dan fe de los hechos que se han de registrar están correctamente definidos y cumplen el orden de inscripción legalmente estipulado; también son responsables de publicar esta información y tienen la capacidad de decidir si inscribir o no el hecho o acto jurídico en el registro.

Dependiendo del ámbito en el que ejercen sus funciones, pueden ser:

  • Registradores del Registro Civil (conservadores do registo civil), entre cuyas funciones se encuentran la definición y la publicidad de los hechos y actos jurídicos relativos a las vidas de las personas. Sus competencias incluyen la inscripción de actos como el nacimiento, el matrimonio, la defunción, la adopción y la declaración de maternidad o paternidad; la organización de procedimientos como los relativos al divorcio y la separación de mutuo acuerdo; y la expedición de certificados y copias relativos a los hechos registrados.
  • Secretarios del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (conservadores do registo predial), que publican el estado legal de los bienes inmuebles a fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones relativas a la propiedad.
  • Secretarios del Registro de la Propiedad Mobiliaria (conservadores do registo de veículos), encargados de la publicidad de los derechos relativos a los bienes muebles sujetos a registro (automóviles, navíos y aeronaves), así como del estado legal de los automóviles y los remolques a fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones a ellos referidas.
  • Registradores del Registro Mercantil (conservadores do registo commercial), que publican la situación jurídica de los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles con objeto mercantil, los establecimientos individuales con responsabilidad limitada y otras entidades que deban ser inscritas en el registro mercantil a fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones.

Para acceder a la profesión se requiere una licenciatura en Derecho de una universidad portuguesa u otra cualificación académica equivalente. Los candidatos deberán aprobar además los exámenes de aptitud y realizar un curso de extensión universitaria de seis meses de duración especializado en los temas jurídicos y relacionados con el registro que son necesarios para ejercer la profesión de registradores. A continuación deberán realizar un período de prácticas de un año de duración, seguido de un concurso público. Los candidatos se evalúan en cada una de las etapas de este proceso y pueden ser eliminados si no superan alguna de dichas etapas. La última fase consiste en un concurso público organizado por el Instituto de los Registros y del Notariado (Instituto dos Registos e do Notariado).

El Instituto de los Registros y del Notariado es responsable de la dirección, coordinación, apoyo, evaluación y fiscalización de la actividad de los registradores.

Oficiales de Justicia (Oficiais de Justiça)

Los oficiales de Justicia constituyen una categoría de personal de la administración de justicia (funcionário de justiça) que, entre otras funciones, prestan apoyo en los tribunales o en los servicios del Ministerio Público. No obstante, el concepto de oficial de Justicia también incluye a los técnicos informáticos, así como al personal administrativo, técnico y auxiliar y a los operarios de mantenimiento.

El acceso a la carrera de oficial de Justicia empieza por las funciones básicas de auxiliar administrativo (escribano auxiliar) en el servicio judicial y de técnico auxiliar de Justicia (técnico de justiça auxiliar) en los servicios del Ministerio Público. Pueden acceder a ella las personas habilitadas mediante la realización de un curso de capacitación profesional y que hayan superado el proceso de admisión.

Los oficiales de Justicia se rigen por un estatuto específico (Estatuto dos Funcionários de Justiça), tal y como se establece en el Decreto-ley n.º 343/1999 de 26 de agosto 1999. Desempeñan un importante papel en materia de cooperación judicial internacional, principalmente en relación con la aplicación de las directivas y los reglamentos europeos.

La Dirección General de la Administración de Justicia (Direção-Geral de Administração da Justiça) es el organismo del Ministerio de Justicia al que compete contratar, gestionar y supervisar a los oficiales de Justicia.

El Consejo de los Oficiales de Justicia (Conselho dos Oficiais de Justiça) es el órgano que evalúa el mérito profesional de los oficiales de Justicia y ejerce la potestad disciplinaria sobre ellos.

Mediadores (Mediadores)

De conformidad con el artículo 2, letra b), de la Ley 29/2013 de 19 de abril de 2013, un mediador es «(...) un tercero, imparcial e independiente, desprovisto de poderes de imposición a las partes que reciben la mediación, a las que ayuda a alcanzar un acuerdo final sobre el objeto de litigio». Dicha Ley define además la categoría de los mediadores que trabajan en Portugal y fija disposiciones para su inclusión en las listas de cada uno de los sistemas de mediación; esto se hace a través de un proceso de selección establecido en virtud de la Orden Ministerial (Portaria) n.º 282/2010 de 25 de mayo de 2010.

La labor de los mediadores reviste una gran importancia ya que ayudan a las partes a alcanzar un acuerdo, lo que, a su vez, ayuda a mantener y, en algunos casos, a restaurar la paz social. En Portugal, hay mediadores especializados en asuntos familiares, laborales y penales. No hay ninguna ONG que trabaje en el ámbito de la mediación, pero hay asociaciones privadas que ofrecen servicios de mediación y formación para mediadores.

No existe ningún código deontológico para los mediadores a escala nacional, pero la Ley sobre mediación mencionada anteriormente incluye un capítulo sobre los derechos y los deberes de los mediadores, que deben actuar además de conformidad con los principios establecidos en el Código de conducta europeo para mediadores, que se incluyen en su formación.

La conducta de los mediadores es supervisada por el sistema público de mediación, que se divide en tres partes: civil, laboral y penal. Cada parte del sistema público de mediación está gestionada por una autoridad pública identificada en los estatutos de la autoridad.

En Portugal, los mediadores no reciben formación de un organismo público; en su lugar, son formados por entidades privadas certificadas por la Dirección General de Política de Justicia (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) de conformidad con la Orden Ministerial n.º 345/2013 de 27 de noviembre de 2013, centrada particularmente en el cumplimiento de los requisitos de calidad.

La DGPJ, a través de su Oficina de resolución alternativa de litigios (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, GRAL), gestiona los sistemas públicos de mediación. A pesar de que no facilita información sobre cómo encontrar un mediador, dispone de listas de mediadores, los cuales pueden inscribirse en dichas listas participando en el proceso de selección establecido en las normas aprobadas en virtud de la Orden Ministerial n.º 282/2010 de 25 de mayo de 2010.

Se puede consultar más información en el siguiente sitio web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/.

Administradores Judiciales (Administradores Judiciais)

Los administradores judiciales son responsables de supervisar y coordinar los actos relacionados con el proceso especial de recuperación (processo especial de revitalização); también gestionan o liquidan la masa de la insolvencia en los procedimientos de insolvencia, y desempeñan todas las demás funciones que les han sido conferidas con arreglo al estatuto o la ley. La designación de un fiduciario, administrador de insolvencia o administrador judicial temporal dependerá de las tareas que realice durante los procedimientos.

La función del administrador judicial está establecida en la Ley n.º 22/2013 de 26 de febrero de 2013.

Un administrador judicial deberá:

  • a) poseer un título universitario pertinente y la experiencia profesional adecuada;
  • b) completar un periodo de prácticas de formación de seis meses para administradores judiciales;
  • c) aprobar el examen de admisión diseñado específicamente para evaluar los conocimientos adquiridos durante el periodo de prácticas;
  • d) no hallarse en una situación incompatible con el ejercicio de la actividad;
  • e) ser una persona idónea para el ejercicio de la profesión.

La Comisión de Auxiliares de Justicia (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) es responsable del proceso de admisión de los administradores judiciales y supervisa su trabajo.

Agente Oficial de la Propiedad Industrial (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

El Agente oficial de la propiedad industrial es un profesional especializado en propiedad industrial, a quien pueden recurrir las empresas y los particulares para que les ayude a defender mejor sus derechos e intereses.

Son agentes oficiales de la propiedad industrial las personas a quienes el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) haya reconocido la capacidad para efectuar, bajo su tutela, actos relacionados con la propiedad industrial en nombre y en interés de sus clientes, con dispensa de la presentación de procuración.

El ejercicio de la profesión de agente oficial de la propiedad industrial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial está regulado legalmente por el Decreto-ley n.º 15/95 de 24 de enero.

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos (pro bono)

El Ministerio de Justicia, en cooperación con el Colegio de Abogados y las autoridades locales, velan por la existencia en todo el territorio portugués de bufetes o asesorías jurídicas (Gabinetes de Consulta Jurídica) en las que los ciudadanos pueden recibir asesoramiento jurídico gratuito de juristas profesionales. La lista de estos bufetes, con los datos de contacto correspondientes, puede obtenerse en línea en el sitio web de la Dirección General de Política de Justicia (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt).


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Última actualización: 24/10/2016