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Profesiones jurídicas - Portugal

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Esta página ofrece una visión general de las profesiones jurídicas portuguesas.


Profesiones jurídicas

Jueces judiciales y tribunales administrativos y fiscales

Fiscales

Abogados

Asesores jurídicos

Solicitors

Agentes encargados de la ejecución#n06

Notarios

Conservadores

Funcionarios judiciales#n09

Mediadores

Administradores judiciales ( Administradores Judiciais)

Responsable de propiedad industrial ( Agente Oficial da Propriedade Industrial).

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos#n13

Jueces judiciales y tribunales administrativos y fiscales

Como establece la Constitución portuguesa, los jueces pertenecen a un organismo soberano — los tribunales.

Vinculante únicamente en la ley, los jueces se encargan de la administración de la justicia en nombre del pueblo.

Los jueces de los tribunales judiciales se rigen por la Constitución y el Estatuto de los magistrados judiciales. Según la jerarquía de los tribunales, existen tres tipos de jueces judiciales:

  • Jueces del Tribunal Supremo de Justicia (Supremo Tribunal de Justiça), designados como Conselheiros;
  • Tribunales de los tribunales de apelación (Tribunais das Relações), designados como Desembaradores;
  • Jueces en 1.º lugar, conocido como Juízes de Direito.

Los jueces de los tribunales administrativos y fiscales se rigen por la Constitución, el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales (Estatuto dos Tribunales Administrativos e Fiscais) y por el Estatuto de los Magistrados del Tribunal Judicial (Estatuto Jurídico del Poder Judicial). De acuerdo con la jerarquía de los tribunales respectivos, existen tres tipos de jueces administrativos y fiscales:

  • Jueces del Tribunal Supremo Administrativo, designados como Conselheiros;
  • Jueces de los Tribunales Administrativos Centrales, designados como Desembaradores;
  • Un tribunal administrativo de circuitos y tribunales fiscales, designados como Juízes de Direito.

El acceso a la profesión de juez es un proceso en tres fases que comprende: un concurso público, un curso práctico y práctico en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudios Judiciales); y un aprendizaje. Si completan con éxito las tres etapas, serán nombrados Juízes de Direito.

Los jueces continúan su formación a lo largo de su carrera.

El Consejo Superior del Poder Judicial (Conselho Superior da Magistratura) realiza inspecciones regulares ante los tribunales de primera instancia y el Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Fiscales (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) hace lo mismo con los jueces. Después de cada inspección, los jueces se clasifican por méritos utilizando las categorías muy buenas, con una buena distinción, buena, suficiente y deficiente. Si un juez se sitúa en la categoría de «pobreza», quedará suspendido de su servicio y se abrirá una investigación para evaluar su idoneidad para el puesto.

El Alto Consejo del Poder Judicial y el Alto Consejo de los Tribunales Administrativos y Fiscales son los responsables de nombrar, transferir, transferir, promover y adoptar disciplinarias a los jueces de los tribunales judiciales y a los tribunales administrativos y fiscales.

Para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, la Constitución establece que los jueces en ejercicio no podrán ejercer ninguna otra función, pública o privada, con excepción de la enseñanza o de la investigación científica no remuneradas en el ámbito del Derecho. los jueces solo pueden ser transferidos, suspendidos, jubilados o cesados en los casos previstos por la ley; no podrán rendir cuentas de sus decisiones, salvo excepciones previstas por la ley.

Más información en https://www.csm.org.pt/ El enlace abre una nueva ventanayEl enlace abre una nueva ventanahttps://www.cstaf.pt/.

Fiscales

Los fiscales del Ministerio Fiscal son responsables de representar al Estado, llevar a cabo acciones judiciales y defender el Estado democrático de Derecho y los intereses determinados por la ley. Los fiscales disponen de su propio estatuto y de su propia autonomía, de conformidad con lo previsto por la ley.

El acceso a la profesión de fiscal se realiza mediante oposición pública, consistente en pruebas de conocimientos, una evaluación de currículos y una prueba de selección psicológica, realizadas en el Centro de Estudios Judiciales (Centro de Estudios Judiciales).

Los candidatos admitidos serán nombrados becarios (fotográficos de justiça). Con el fin de completar con éxito la formación teórica y práctica en el Centro de Estudios Judiciales, se nombran fiscales suplentes de aprendices.

La carrera de un fiscal consta de cinco niveles, ordenados por orden jerárquico:

  • Fiscal General (Procuror-Geral da República);
  • Fiscal general (vicereca-Geral da República);
  • Fiscal General Adjunto (Advoco-Geral Adjunto);
  • Fiscal;
  • Fiscal de la República adjunta.

La Fiscalía General (Procurativa-Geral da República) es el órgano más alto del Ministerio Fiscal y está presidido por el Fiscal General y está compuesto también por el Consejo Superior del Ministerio Público (Conselho Superior do Ministério Público), el Consejo Consultivo, los asesores jurídicos oficiales y los servicios de apoyo.

El Alto Consejo del Ministerio Fiscal es responsable de nombrar, ceder y promover fiscales y de adoptar medidas disciplinarias contra ellos.

Para más información consúltese: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.ministeriopublico.pt/.

Abogados

Los abogados son profesionales del Derecho que, una vez inscritos en el Colegio de Abogados, proporcionan representación legal y asesoramiento jurídico, que consiste en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a petición de un tercero.

El Colegio de Abogados (Ordem dos Advogados) está obligado a ejercer la profesión de abogado en Portugal.

Para acceder a la profesión es necesario:

  • Poseer un título de Derecho portugués o una titulación de Derecho de nivel universitario de fuera de Portugal, si esta cualificación se considera equivalente a un título o ha sido reconocida del mismo nivel;
  • Realizar un período de prácticas de 18 meses de duración, con dos fases de formación: la fase de formación inicial de 6 meses y la fase de formación adicional de 12 meses;
  • Superar el examen oral y escrito de la barra.

Los ciudadanos extranjeros que hayan obtenido su título en Portugal pueden registrarse en el Colegio de Abogados portugués del mismo modo que los portugueses, siempre que su país de nacionalidad otorgue derechos idénticos a los ciudadanos portugueses.

Los abogados de otros Estados miembros de la Unión Europea que deseen establecerse con carácter permanente, con vistas a ejercer en Portugal bajo el título profesional de su país de origen, deben inscribirse en el Colegio de Abogados. En tales casos, pueden proporcionar representación legal en los tribunales únicamente bajo la dirección de un abogado inscrito en el Colegio de Abogados. Si desean ejercer como abogados con los mismos derechos y obligaciones que los abogados portugueses, deben inscribirse en el Colegio de Abogados y realizar un examen escrito y oral en portugués.

El Colegio de Abogados es la asociación pública representativa de profesionales que, de acuerdo con su estatuto, ejercen la profesión de abogado. Garantiza el acceso a la ley, regula la profesión y adopta medidas disciplinarias contra los abogados y los abogados en prácticas (el único organismo que lo hace), protege el papel social, la dignidad y el prestigio de la profesión y promueve el acceso al conocimiento y la aplicación de la ley.

Para más información consúltese: El enlace abre una nueva ventanahttps://portal.oa.pt/.

Asesores jurídicos

En el sistema jurídico portugués no existe ninguna distinción entre abogados y asesores jurídicos.

Solicitors

Los agentes jurídicos son profesionales independientes que prestan a sus clientes asesoramiento jurídico y representación legal ante los tribunales, dentro de los límites impuestos por su estatuto y la legislación procesal. pueden representar a las partes ante los tribunales cuando la representación legal por un abogado (advogado) no sea obligatoria.

Los agentes jurídicos también pueden ofrecer a los ciudadanos y a las empresas representación legal fuera de los tribunales, por ejemplo, ante la administración fiscal, las oficinas de notaría, las oficinas del secretario judicial y los organismos de la administración pública.

Para acceder a la profesión es necesario:

  • Tener un título de Derecho reconocido oficialmente y no estar registrado en el Colegio de Abogados, o estar en posesión de un título reconocido oficialmente en organismos de agentes jurídicos. los extranjeros de otro Estado miembro de la UE deberán poseer las cualificaciones académicas y profesionales legalmente requeridas para ejercer la profesión en sus respectivos países de origen;
  • Completar un período de prácticas de entre 12 y 18 meses;
  • Obtener las referencias pertinentes durante el período de prácticas, impartidas por el formador y el centro de prácticas, y aprobar un examen nacional de conformidad con las normas pertinentes.

La inscripción de los profesionales procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el colegio de abogados está regulada por la Ley 9/2009, de 4 de marzo, en su versión actual.

La Orden de los Agentes Jurídicos y de los Agentes Ejecutivos (Ordem dos Solicitores e dos Agentes de Execução, OSAE) es la asociación pública que representa a estos profesionales del Derecho. Es responsable, entre otras cosas, de ejercer facultades disciplinarias sobre sus miembros y de emitir dictámenes sobre los proyectos de legislación relativos a sus competencias.

Puede encontrarse más información en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.osae.pt/.

Agentes encargados de la ejecución

Los agentes de control son los profesionales a los que se conceden competencias a nivel nacional para llevar a cabo actividades civiles de aplicación. Son profesionales independientes e imparciales y no representan a ninguna de las partes, sino que son responsables de llevar a cabo todas las formalidades de ejecución, incluidos el decomiso, la notificación y el traslado de documentos, las notificaciones y las ventas de bienes incautados. En algunos casos sus funciones pueden ser desempeñadas por un funcionario judicial.

Los agentes de control son nombrados por la parte que solicita la ejecución o por el órgano jurisdiccional.

Los agentes de control deben poseer un título de agente jurídico o en derecho, y deberán:

  • Posee la nacionalidad portuguesa;
  • No estar cubierto por ninguna de las restricciones previstas en los Estatutos de la Junta de Agentes Jurídicos y de los Agentes de Ejecución o del Colegio de Abogados;
  • No haber sido incluidos en la lista pública oficial de deudores en los últimos diez años;
  • Haber completado con éxito el período de prácticas del agente ejecutivo;
  • Se somete a examen en el caso de los asistentes jurídicos después de haber trabajado durante más de tres años en calidad de agente ejecutivo y recibir el dictamen favorable de la Comisión para los asistentes jurídicos (Comissão para o Acomptamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
  • Registrarse en la asociación profesional pertinente en un plazo de tres años desde que se haya completado con éxito su período de prácticas;
  • Dispone de las estructuras mínimas de tratamiento de datos y de los medios definidos por un reglamento aprobado por la junta general.

La orden de agentes jurídicos y ejecutivos y la Junta especializada de agentes ejecutivos (Colgégio de Especialidades dos Aentes de Ejecução) son los órganos responsables de la regulación de la profesión.

La CAAJ, que es independiente de la Orden de los Agentes Jurídicos y de los Agentes Ejecutivos, es el órgano responsable de la supervisión y del ejercicio de la acción disciplinaria sobre los agentes de control.

Puede obtenerse más información en los siguientes sitios webEl enlace abre una nueva ventana: http://www.osae.pt/ y El enlace abre una nueva ventanahttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notarios

Los notarios son profesionales especializados autorizados a desempeñar funciones en determinados contextos jurídicos, y desempeñan un papel importante en el comercio, tanto a nivel nacional como internacional.

Los notarios están facultados para:

  • Redactar contratos privados y asesorar a las partes intervinientes, estando obligados a tratar equitativamente a todas ellas. Al redactar documentos oficiales, son responsables de su legalidad, como también lo son del asesoramiento prestado al respecto. Deben informar a las partes de las implicaciones y consecuencias de las obligaciones asumidas;
  • Llevar a cabo operaciones jurídicas acordadas en su presencia. Dichas escrituras podrán inscribirse en los registros oficiales o ejecutarse cuando alguna de las partes incumpla sus obligaciones, sin necesidad de intervención judicial previa;
  • Actuar como mediadores, con imparcialidad y respetando plenamente la ley, para que las partes puedan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable;
  • Elaborar documentos y los términos de los procedimientos de inventario, excepto aquellos que no deben decidirse en un procedimiento de inventario, debido a la naturaleza o complejidad jurídica o jurídica del asunto; estas cuestiones deben ser decididas por el juez del Tribunal de Comarca cuando el procedimiento se haya presentado (Ley n.º 23/2013, de 5 de marzo de 2013, que aprobó el marco jurídico de los procedimientos de inventario, otorgó a los notarios este poder, creando así un sistema de competencias compartidas).

La reforma de la profesión notarial y la consiguiente privatización del sector hacen que los notarios desempeñen dos funciones: son funcionarios públicos y profesionales liberales, pero ya no son funcionarios.

En su calidad de funcionarios públicos, los notarios dependen del Ministerio de Justicia, que dispone de competencias reguladoras, y también está facultado para adoptar medidas disciplinarias contra los notarios. Ante la nueva profesión liberal notarial, la Cámara de Notarios ejerce, desde 2006, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el respeto de los principios éticos que deben seguir los profesionales implicados y de garantizar la defensa de los intereses públicos que la sustentan, sin perjuicio de los poderes de intervención que, habida cuenta de la naturaleza de la profesión, están previstos por la ley para el Ministerio de Justicia.

Más información disponible en: El enlace abre una nueva ventanaWww.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Conservadores

Los registradores son funcionarios públicos encargados de registrar y dar publicidad a actos jurídicos y hechos relacionados con bienes inmuebles, bienes muebles que deben registrarse, actividades empresariales y acontecimientos en la vida de las personas. Su función consiste esencialmente en llevar a cabo controles legales en relación con todo lo anterior y en los documentos conexos y garantizar que los derechos contenidos en los documentos que acreditan el registro de los hechos están correctamente definidos y cumplen el orden de registro establecido legalmente; también son responsables de dar a conocer esta información y pueden decidir si desean entrar o no en el registro.

Los registradores podrán ser registradores, en función de las cuestiones relacionadas con sus funciones:

  • Los registradores del registro civil (conservadores los civiles), cuyas funciones consisten en definir y dar a conocer hechos y actos jurídicos relacionados con la vida de las personas físicas. Su competencia incluye el registro de actos como el nacimiento, el matrimonio, la muerte, la adopción y la declaración y el establecimiento de maternidad/paternidad; la organización de procedimientos relacionados con divorcios y separaciones por consentimiento mutuo, y la expedición de certificados y copias de documentos registrados.
  • Los registradores del Registro de la Propiedad ( Conservadores do Registro) hacen público el estatuto jurídico de la tierra y los bienes con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias.
  • Los registradores del vehículo (conservadores do registro de vehículos), cuyos derechos están relacionados con la publicidad de los bienes muebles que deben registrarse (vehículos de motor, barcos y aviones) y que hacen público el estatuto jurídico de los vehículos de motor y los remolques con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones.
  • Los registradores del registro mercantil (conservadores han obtenido el registro mercantil), que hacen público el estatuto jurídico de los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles con forma comercial, los establecimientos individuales con responsabilidad limitada y otras entidades que deben estar inscritas en el Registro Mercantil para garantizar la seguridad jurídica de las transacciones.

Son requisitos para acceder a la profesión de ley por una titulación universitaria portuguesa o una titulación académica equivalente, así como para realizar pruebas de aptitud, un curso de extensión universitaria que desarrolla los asuntos jurídicos/registrados que son pertinentes para el ejercicio de la profesión, de una duración de 6 meses, y un período de prácticas de 1 años, seguido de pruebas públicas. Todas las fases de este proceso están sujetas a evaluación y pueden dar lugar a la exclusión del solicitante en caso de falta de recuperación. La última fase es un concurso público organizado por el Instituto de los Registros y del Notariado.

El Instituto de Registros y del Notariado es responsable de dirigir, coordinar, apoyar, evaluar y supervisar la actividad de las oficinas de registro.

Información complementaria disponible en El enlace abre una nueva ventanahttps://irn.justica.gov.pt/.

Funcionarios judiciales

Los agentes judiciales constituyen un grupo de agentes judiciales que trabajan en apoyo de los tribunales o del Ministerio Fiscal. Sin embargo, el concepto de funcionario de justicia sigue incluyendo personal informático, administrativo, técnico y profesional.

El acceso a la carrera de un funcionario judicial comienza con las funciones básicas del auxiliar auxiliar (auxiliar auxiliar) en el servicio judicial y auxiliar judicial auxiliar (técnico de justiça auxiliar) del ministerio público. el acceso está abierto a las personas que hayan completado un curso de formación profesional y que hayan sido aprobadas mediante un procedimiento de admisión.

El personal de la administración de justicia está regido por el Estatuto de los funcionarios establecido en la versión actual del Decreto Ley no 343/1999, de 26 de agosto de 2007, y el ejercicio de sus funciones desempeña un papel importante en la cooperación jurídica internacional, en particular en la aplicación de los reglamentos y directivas europeos.

La Dirección General de Administración de Justicia (Direção-Geral da Justiça) es el órgano del Ministerio de Justicia encargado de la contratación, la gestión y la administración de la justicia.

El Consejo de Funcionarios (Conselho dos Oficiais de Justiça) es el órgano encargado de evaluar el mérito profesional de los funcionarios judiciales y de ejercer su autoridad disciplinaria sobre ellos.

Para más información, véase El enlace abre una nueva ventanahttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediadores

En el artículo 2, letra b), de la Ley 29/2013, de 19 de abril de 2013, se define como mediador como «(...) un tercero imparcial e independiente, sin competencia para imponer una acción a las partes que reciben la mediación, que les ayuda a llegar a un acuerdo definitivo sobre el asunto». Esta Ley también establece la condición del intermediario para el ejercicio de su actividad en Portugal y la inclusión de dicho intermediario en las listas de cada uno de los sistemas públicos de mediación, que se lleva a cabo mediante un procedimiento de selección cuya regulación fue aprobada por la Orden n.º 282/2010, de 25 de mayo.

La actividad de un mediador es muy importante, ya que ayuda a las partes a construir el acuerdo contribuye al mantenimiento y, en algunos casos, a la restauración de la paz social. En Portugal hay mediadores especializados que se ocupan de cuestiones familiares, laborales y penales. No hay organizaciones no gubernamentales activas en la mediación, pero hay asociaciones privadas que prestan servicios de mediación y formación para mediadores.

No existe un código nacional de ética para los mediadores, Sin embargo, la Ley de mediación anteriormente mencionada contiene un capítulo sobre los derechos y deberes del mediador, que también debe actuar de conformidad con los principios establecidos en el Código Europeo de Conducta para los Mediadores, que forma parte integrante de su formación.

La conducta de los mediadores es supervisada por un sistema de mediación público en tres partes: asuntos civiles, laborales y penales. Cada parte del sistema público de mediación es gestionada por una autoridad pública, identificada en los estatutos de la autoridad.

En Portugal, los mediadores no reciben formación de un organismo público, sino que reciben formación de organismos privados certificados por la Dirección General de Política Judicial (Direção Geral da Justiça, DGPJ), de conformidad con el Decreto Ministerial n.º 345/2013 de 27 de noviembre de 2013, prestando especial atención al cumplimiento del marco de calidad.

La DGPJ, a través de su Oficina de Resolución Alternativa de Litigios (GRAL), gestiona los sistemas de mediación pública, aunque no facilita información sobre cómo encontrar un mediador, mantiene listas de mediadores y los mediadores pueden participar en estas listas participando en el procedimiento de selección establecido en las normas aprobadas por la Orden Ministerial n.º 282/2010 de 25 de mayo de 2010.

Para más información, véase: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/.

Administradores judiciales ( Administradores Judiciais)

El administrador judicial será responsable de la supervisión y la orientación de los actos que forman parte del proceso de revitalización especial, así como de la gestión o liquidación de la masa concursal en los procedimientos de insolvencia, y será responsable de llevar a cabo todos los actos que le sean conferidos por la ley y por la ley. Se nombrará un administrador judicial temporal, administrador concursal o fiduciario en función de las tareas que realicen durante el procedimiento.

La función del administrador judicial está establecida en la Ley n.º 22/2013, de 26 de febrero de 2013.

Los administradores judiciales deberán:

  1. Tener un título universitario pertinente y una experiencia profesional adecuada;
  2. Seguir un período de prácticas promovido durante 6 meses;
  3. Superar la prueba de admisión diseñada específicamente para evaluar los conocimientos adquiridos durante el período de prácticas;
  4. No estar en una situación que sea incompatible con sus obligaciones profesionales;
  5. Estar adaptado a la profesión.

La Comisión de Asuntos Jurídicos (Comissão para o Arehamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ) es responsable del procedimiento de admisión de los administradores judiciales y supervisa su trabajo.

Más información El enlace abre una nueva ventanaen: https://caaj.justica.gov.pt/

Responsable de propiedad industrial ( Agente Oficial da Propriedade Industrial).

Un agente de propiedad industrial es un Técnico de Propiedad Industrial, al que las empresas y particulares pueden utilizar para defender mejor sus derechos e intereses en este ámbito.

Los agentes de la propiedad industrial son aquellos que están reconocidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, I. P., para llevar a cabo actos de propiedad industrial por cuenta y en interés de sus clientes y componentes, sin poder notarial.

El acceso a esta actividad en Portugal está regulado por el Decreto Ley n.º 15/95 de 24 de enero de 2009 (modificado) y por la Orden 1200/2010, de 29 de noviembre, modificada por la Orden 239/2013, de 25 de julio.

Para más información, véase: El enlace abre una nueva ventanahttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizaciones que prestan servicios jurídicos gratuitos

El Ministerio de Justicia, en cooperación con el Colegio de Abogados y las autoridades locales, garantiza la existencia, en todo el territorio portugués, de oficinas de asesoramiento jurídico, donde los ciudadanos pueden recibir asesoramiento jurídico gratuito de profesionales del Derecho. Una lista de estas oficinas, junto con los datos de contacto pertinentes, puede consultarse en línea, incluso en el sitio web de la Dirección General de Política de Justicia (www.dgpj.mj.pt).


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 26/08/2019