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Derecho del Estado miembro - Luxemburgo

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En esta sección encontrará una descripción de las diferentes fuentes jurídicas en Luxemburgo.


Fuentes de Derecho

Fuentes internacionales de derecho

El Gran Ducado de Luxemburgo está vinculado por tratados internacionales, multilaterales o bilaterales. Además de las obligaciones que estos compromisos imponen al Estado luxemburgués en sus relaciones con otros Estados, algunos de estos tratados constituyen una fuente de derechos para los particulares (por ejemplo, los ciudadanos de la UE pueden invocar directamente la libertad de circulación basándose en los Tratados europeos.

Tratados internacionales

Se trata de tratados y acuerdos internacionales entre el Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados extranjeros. Por ejemplo, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, o el Tratado BeNeLux firmado en La Haya el 3 de febrero de 1958 y el 17 de junio de 2008, respectivamente, y vinculantes para Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

El Derecho comunitario

El Derecho comunitario contiene los Tratados europeos como tales y las normas de Derecho derivado contenidas en los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad Europea y de la Unión Europea: Directivas, decisiones, reglamentos, dictámenes y recomendaciones.

Fuentes nacionales del Derecho

Normas sobre el valor constitucional

La Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo se promulgó el 17 de octubre de 1868. El sistema constitucional establecido en 1868 se asemeja mucho al sistema de la Constitución belga de 1831. A pesar de las numerosas diferencias de detalle, los artículos del Derecho constitucional belga pueden consultarse sin reservas por lo que se refiere a los principios generales. A pesar de las numerosas reformas constitucionales que han tenido lugar desde su promulgación, la presente Constitución sigue correspondiendo en gran medida al texto aprobado en 1868.

La Constitución de Luxemburgo es una Constitución del tipo rígido, es decir, su modificación requiere la observación de un procedimiento especial más complejo que el procedimiento legislativo ordinario. Una revisión de la Constitución requiere dos votos sucesivos de la Cámara de Diputados (el Parlamento) con una mayoría de al menos dos tercios de los votos de los diputados de la Cámara de los Diputados, en la medida en que no se permiten votos de voto. Un intervalo de al menos tres meses separará las dos votaciones.

Si, durante los dos meses siguientes a la primera votación, más de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de los Diputados o 25 000 votantes así lo soliciten, el texto aprobado en primera lectura por la Cámara de los Diputados se someterá a referéndum. A continuación, solo se procederá a la votación si obtiene la mayoría de los votos válidos emitidos.

Las normas de valor legislativo

La ley se define como la norma aprobada por la Cámara de Diputados promulgada por el Gran Duque. Salvo que una disposición constitucional o una norma de Derecho internacional restrinja su libertad, el propio legislador luxemburgués decide las directrices que pretende dar al Derecho administrativo.

Normas de valor reglamentario

Es evidente que la ley no puede regular todos los asuntos ni siquiera en última instancia. Además, el uso del procedimiento legislativo relativamente complicado no siempre es adecuado, por ejemplo, cuando se trata de legislar sobre un asunto en el que la norma debe modificarse con frecuencia.

Esto es lo que sucede cuando se adopta el Reglamento granducal, que es la norma de aplicación de la ley. En efecto, la Constitución luxemburguesa encarga al Gran Duque de la Misión «(...) los reglamentos y decretos necesarios para la ejecución de las leyes».

¿Cuáles son, en su caso, otras fuentes jurídicas y cuál es su valor?

La jurisprudencia

La admisión de la jurisprudencia como fuente de Derecho no está exenta de dificultades. En efecto, el Derecho luxemburgués no conoce la «norma precedente» aplicada en los ordenamientos jurídicos anglosajones y los jueces no están, en general, vinculados por resoluciones judiciales en otros casos, ni siquiera comparables. Por otra parte, queda prohibido que los jueces emitan su dictamen a través de una disposición general, por lo que su sentencia debe limitarse en todo caso al caso concreto de que conocen.

Sin embargo, en la práctica, la elaboración de una jurisprudencia en un asunto comparable tiene repercusiones innegables en un caso. Además, cuando un texto se presta a interpretación, la competencia del juez es sin duda más importante, ya que puede influir en la ley mediante su interpretación.

  • Jurisprudencia internacional

El Gran Ducado de Luxemburgo reconoce la autoridad directa de varios tribunales internacionales, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

  • Jurisprudencia Europea

De conformidad con el artículo 267 TFUE, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vincula a los órganos jurisdiccionales nacionales mediante una petición de decisión prejudicial que permite a los órganos jurisdiccionales nacionales, antes de adoptar una decisión, solicitar al Tribunal de Justicia que resuelva los problemas suscitados por la aplicación del Derecho comunitario que los particulares puedan invocar ante ellos.

  • Jurisprudencia nacional

Por regla general, las resoluciones judiciales dictadas al término de procedimientos civiles y mercantiles tienen fuerza de cosa juzgada: estas decisiones son vinculantes para las partes del litigio, pero no modifican la ley.

Esto también es válido para la mayoría de las decisiones adoptadas por los tribunales administrativos. A título excepcional, cuando el Tribunal General o el Tribunal Administrativo conozcan de un recurso contra un acto reglamentario, serán de aplicación general y se publicarán en el Mémorial, el Diario Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo.

Las sentencias del Tribunal Constitucional también tienen alcance general y se publican en el Mémorial.

Los principios generales del Derecho

Entre las normas jurisprudenciales figuran, en particular, la categoría de principios generales del Derecho, que se definen como «normas jurídicas que vinculan a la administración y cuya existencia es confirmada por los órganos jurisdiccionales».

Jerarquía normativa

En virtud del Derecho nacional, se concede prioridad a las fuentes jurídicas. La Constitución es el origen del derecho más elevado, seguido de disposiciones legales y reglamentarias.

A falta de disposición constitucional alguna, la posición del Derecho luxemburgués sobre la relación entre el Derecho internacional y el Derecho nacional se deriva exclusivamente de la jurisprudencia.

La jurisprudencia luxemburguesa sobre este punto se desarrolló desde principios de los años 1950 desde el principio de los años, cuando la Cour de cassation (Tribunal de Casación), en primer lugar, y después el Consejo de Estado, pusieron fin a la postura anterior, según la cual el control por el Tribunal de Justicia de la conformidad de las leyes con los tratados internacionales era imposible debido a la separación de poderes.

Según la decisión de referencia del Consejo de Estado de 1951, «un tratado internacional integrado en la legislación interna por una ley aprobatoria es una ley de origen más elevada que la voluntad de un órgano interno. De ello se deduce que, en caso de conflicto entre las disposiciones de un tratado internacional y las de un Derecho nacional posterior, el Derecho internacional debe prevalecer sobre el Derecho nacional» (Conseil d’Etat, 28 de julio de 1951, Pas. lux., p. 263).

La redacción de esta Decisión es, por supuesto, muy amplia, ya que la sentencia no distingue que la norma internacional prevalece sobre la voluntad de cualquier órgano interno. Sin embargo, los tribunales luxemburgueses nunca se han pronunciado expresamente a favor de la primacía de las normas internacionales sobre la Constitución.

No obstante, cabe señalar que, en la revisión de 1956 del proyecto de texto del Gobierno, que establecía que «las normas de Derecho internacional forman parte del ordenamiento jurídico nacional». Tendrán prioridad sobre la legislación y otras disposiciones nacionales.» El comentario de los artículos dejó claro que esta última debía incluir disposiciones constitucionales.

No obstante, el Consejo de Estado reconoció implícitamente esta prioridad en un dictamen de 26 de mayo de 1992 sobre el proyecto de ley relativo a la aprobación del Tratado UE. En efecto, afirma que «debe tenerse en cuenta que, según la regla de la jerarquía de las normas jurídicas, el Derecho internacional prevalece sobre el Derecho nacional y que, en caso de conflicto, el Derecho nacional en favor del Tratado no es ejercido por los tribunales. Dado que es importante evitar una contradicción entre nuestra legislación nacional y el Derecho internacional, el Consejo de Estado insiste en que el control constitucional pertinente debe tener lugar en el período útil para evitar tal situación de incompatibilidad.» Por consiguiente, el Gran Ducado de Luxemburgo parece iniciar una trayectoria decididamente internacionalista.

No cabe duda de que esto es una consecuencia técnica de la falta de revisión de la constitucionalidad de las leyes en Luxemburgo. El Tribunal Constitucional verifica la conformidad de las leyes con la Constitución.La cuestión no puede referirse a una cuestión relativa a la conformidad con la Constitución de una ley por la que se aprueba un tratado internacional.

En el ordenamiento jurídico luxemburgués, las leyes que serían inconstitucionales pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El Tribunal de Justicia podrá conocer del asunto ante un tribunal administrativo o judicial en Luxemburgo cuando, en el marco de un procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional, se plantee la cuestión de la constitucionalidad. La remisión directa no es posible.

También es posible un recurso de anulación contra actos reglamentarios ilegales ante el tribunal administrativo con posibilidad de recurso ante el Tribunal Administrativo. Sin embargo, dicho recurso solo es admisible en un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación del Reglamento. Si, tras la expiración de dicho plazo, se somete a debate la legalidad de un acto reglamentario ante un tribunal judicial o administrativo, dicho órgano jurisdiccional conserva la posibilidad de ignorar el texto legislativo a favor de la ley, pero, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las acciones directas en un plazo de tres meses a partir de su publicación, dicha decisión no tendrá autoridad de autoridad general.

Disposiciones relativas a la «entrada en vigor en el territorio nacional de normas contenidas en instrumentos supranacionales

Tratados internacionales

La Constitución de Luxemburgo es especialmente breve cuando regula el procedimiento de aprobación de los tratados internacionales, ya que se limita a establecer que «los Tratados no tendrán efecto alguno antes de haber sido aprobados por ley y publicados en los formularios previstos para la publicación de leyes».

El Gran Ducado es un país con una tradición monista. En otras palabras, es el propio Tratado el que se aplica del mismo modo que una norma interna del Gran Ducado, sin que sea necesario su adaptación a una u otra forma.

Por lo tanto, el contenido de la ley de aprobación es muy breve y se limita generalmente a un artículo único, según el cual «se aprueba» de un tratado determinado. Esta ley carece de contenido normativo. El derecho de aprobación se aprueba, pero no incorpora; no tiene otra finalidad que autorizar al Gobierno a ratificar el Tratado.

El Parlamento aprueba esta ley con arreglo al procedimiento ordinario. El voto se produce normalmente por mayoría absoluta, a menos que el Tratado contenga una delegación de poderes (véase más abajo). Desde la revisión de 1956, la Constitución de Luxemburgo contiene una disposición expresa que permite delegar las competencias a las organizaciones internacionales en virtud del Tratado. El artículo 49 bis de la Constitución establece que «el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución a las ramas legislativa, ejecutiva y judicial de la Unión Europea podrá ser destinado temporalmente a las instituciones de Derecho internacional». No obstante, el artículo 37, apartado 2, de la Constitución establece que dichos tratados deben obtener la aprobación de la Cámara de los Diputados en condiciones de una mayoría reforzada de manera significativa.

Salvo disposición expresa en contrario, el voto de la ley de aprobación no tendrá por efecto la entrada en vigor de un tratado en el orden interno de Luxemburgo. La ley de aprobación es un requisito previo para su entrada en vigor, pero solo después de su ratificación. También se considera en Luxemburgo que, incluso después de la aprobación por la Cámara de Diputados, la autoridad ejecutiva conserva su facultad discrecional para ratificar el texto y que el ejercicio de esta facultad está fuera del control del juez.

La entrada en vigor de un tratado con arreglo al Derecho nacional suele estar sujeta a tres condiciones. (1) El Gran Ducado ha ratificado el Tratado, (2) el Tratado está en vigor en el plano internacional y (3) el texto del Tratado se ha publicado íntegramente en el Mémorial, de la misma forma que una ley.

Debe señalarse que la publicación del Tratado (impuesta por el artículo 37 de la Constitución) constituye un requisito distinto de la obligación de publicar la ley del Tratado. Es cierto que, en la mayoría de los casos, ambas condiciones se cumplen simultáneamente, es decir, el texto del Tratado se publica en el Mémorial inmediatamente después de la ley. Sin embargo, ambos actos no son los mismos y las publicaciones podrían separarse, ya que el Tratado no forma parte integrante de la ley de aprobación.

Normas comunitarias

La Constitución luxemburguesa no contiene ninguna disposición específica sobre la adaptación del Derecho interno luxemburgués a las normas secundarias europeas.

El instrumento normal de aplicación de las directivas europeas es la ley aprobada por la Cámara de Diputados con arreglo a la mayoría ordinaria.

Si bien es cierto que, en principio, las directivas europeas deben ser incorporadas a la legislación luxemburguesa mediante una ley, el recurso al Derecho formal no es necesario cuando la Directiva se refiere a una cuestión ya regulada por el Derecho luxemburgués. En ese caso, la adaptación del Derecho interno puede efectuarse mediante un Reglamento granducal, basado en la competencia general para aplicar las leyes que se derivan de los artículos 33 y 36 de la Constitución. A continuación, formalmente, el Derecho luxemburgués ejecuta el Gran Duque, aunque el contenido del Reglamento se base en la realidad de la Directiva europea.

El recurso al procedimiento legislativo puede aún evitarse cuando el asunto armonizado por la Directiva haya sido objeto de una ley de habilitación mediante la cual el Parlamento concede al Gobierno la facultad de resolver mediante reglamentos simples de materias que normalmente están comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley.

Estas «leyes de habilitación» son adoptadas anualmente por la Cámara de los Diputados desde 1915 y, por lo tanto, el Gobierno dispone de amplios poderes de regulación en los ámbitos económico y financiero que, incluso a falta de una referencia expresa a Europa, le habrían permitido transponer muchas directivas europeas.

Sin embargo, la transposición de las directivas europeas se rige ahora por una ley de habilitación específica, de 9 de agosto de 1971, modificada por una Ley de 8 de diciembre de 1980, cuyo objetivo se limita a autorizar al Gobierno a aplicar y sancionar las directivas económicas, técnicas, agrícolas, forestales, sociales y de transporte de la Comunidad Europea. No obstante lo dispuesto en el procedimiento de reglamentación ordinario, los Reglamentos de Gran Ducado de que se trate deberán haber recibido el dictamen conforme de la comisión parlamentaria de la Cámara de los Diputados.

El procedimiento de adopción del Reglamento granducal se caracteriza, al igual que el procedimiento legislativo, por la obligación del Gobierno de presentar su proyecto de texto al dictamen del Conseil d’Etat y de las Cámaras de Comercio. Sin embargo, a diferencia del procedimiento legislativo, el procedimiento de reglamentación permite al Gobierno simplemente evitar tales consultas sobre la base de que es urgente adoptar la medida recomendada. Sin embargo, esta última se niega al Gobierno cuando tiene la intención de adaptar su Derecho interno a una Directiva europea mediante un Reglamento granducal. La Ley de 9 de agosto de 1971 completa el procedimiento reglamentario ordinario exigiendo, por una parte, la consulta obligatoria del Consejo de Estado y, por otra, la aprobación de la comisión parlamentaria de la Cámara de los Diputados.

En ambos casos, el texto del Reglamento granducal se adopta en el Consejo de Ministros y posteriormente fue firmado por el Ministro de primavera y se presentó al Gran Duque para su promulgación. El Reglamento granducal entrará en vigor después de su publicación en el Mémorial.

Procedimientos para la entrada en vigor de las normas nacionales

En Luxemburgo, las leyes y reglamentos entrarán en vigor únicamente después de su publicación en el Boletín Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo.

Autoridades que tienen la intención de adoptar normas jurídicas

Normas internacionales

La Constitución luxemburguesa declara que «el Gran Duque los Tratados». No obstante, añade que «los Tratados no tendrán efecto alguno antes de haber sido aprobados por ley y publicados en los formularios previstos para la publicación de las leyes».

Cabe señalar que todos los tratados internacionales, independientemente de su finalidad, requieren una aprobación, y que dicha aprobación debe otorgarse en forma de ley. Este último fue introducido en 1956 a petición expresa del Consejo de Estado, que consideró que «dicho consentimiento se concederá sobre el procedimiento de elaboración del Derecho, ya que la Constitución solo contempla este procedimiento único aplicable a todas las manifestaciones de intenciones de la Cámara de los Diputados en cualquier aspecto importante».

Las normas nacionales

En el sistema legislativo del Gran Ducado de Luxemburgo, la iniciativa de una ley puede proceder de la El enlace abre una nueva ventanaCámara de los Diputados o del El enlace abre una nueva ventanaGobierno.

El derecho de iniciativa del Gobierno se conoce como «iniciativa gubernamental» y se lleva a cabo mediante la presentación de «proyectos de ley».

El derecho de iniciativa de la Cámara se conoce como «iniciativa parlamentaria» y se ejerce a través de la presentación de «propuestas legislativas».

Estos proyectos o propuestas de legislación se remiten a continuación a diversos dictámenes de los órganos interesados (cámaras profesionales), pero sobre todo al dictamen del El enlace abre una nueva ventana Consejo de Estado. Tras la recepción del dictamen del Consejo de Estado, el proyecto o factura se devuelve a la Cámara de los Diputados.

Procedimiento para la adopción de estas normas

Derecho obligatorio

La Cámara de los Diputados es un único Parlamento.

Para reducir los riesgos de un sistema unicameral, el componente de Luxemburgo dispuso que todo proyecto de ley debe ser, en principio, objeto de dos votaciones, con un intervalo de al menos tres meses.

No obstante, la Constitución establece que también podrá exigirse una segunda votación (calificada como «segunda votación constitucional») «si la Cámara de los Diputados, de acuerdo con el Consejo de Estado, en sesión pública, decide lo contrario».

El Consejo de Estado desempeña aquí un papel muy original, más próximo al papel desempeñado por las segundas cámaras legislativas en otros Estados (y, en particular, el papel desempeñado por la Cámara de los Lores en Inglaterra). Es la primera vez que se celebran debates parlamentarios. La Constitución exige el dictamen del Consejo de Estado sobre cualquier proyecto o propuesta de ley. A continuación, el Consejo de Estado interviene una segunda vez tras la primera votación en la Cámara de Diputados para decidir, en sesión pública, si se concede o no la segunda votación.

En la práctica, la gran mayoría de las legislaciones están exentas de la segunda votación. El Consejo de Estado ha adoptado una política según la cual la exención se concede en casi todos los casos, reservando la sanción de denegación a los casos más graves. Los obstáculos a la exención se eliminan con mayor frecuencia durante el procedimiento preliminar.

También hay que señalar que el poder del Consejo de Estado no es un verdadero poder de veto, lo cual sería difícilmente conciliable con el hecho de que el Conseil d’État es un organismo no electo. Los miembros del Consejo de Estado son nombrados por el Gran Duque. En caso de vacante, los suplentes serán designados como sustitutos los primeros: directamente por el Gran Duque: sobre una lista de tres candidatos propuestos por la Cámara de Diputados y la tercera: lista de tres candidatos propuesta por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado solo puede retrasar la votación de una ley de dos meses, permitiendo así un nuevo período de reflexión sobre el legislador.

El gran duque es no solo al principio del procedimiento legislativo (para elaborar la legislación), sino también después de la votación final sobre el texto de la ley por la Cámara de Diputados. La Constitución de Luxemburgo dispone que «el Gran Duque la promulga la legislación en un plazo de tres meses a partir de la votación de la cámara».

Reglamentos gran ducal

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de reforma del Consejo de Estado de 12 de julio de 1996, ningún proyecto de Reglamento adoptado para la aplicación de las leyes y los tratados podrá presentarse al Gran Duque hasta que el Consejo de Estado haya emitido su dictamen.

No obstante, el Gobierno podrá establecer excepciones a esta norma general en caso de urgencia (que deberá ser evaluada por el Gran Duque a partir de un informe debidamente justificado por el Primer Ministro) y, por tanto, renunciar a solicitar el dictamen de la High Corporation. No obstante, el recurso a este procedimiento de urgencia se considera limitado a casos excepcionales.

Además, si una ley exige que el Consejo de Estado se remita al Consejo de Estado para que emita su dictamen sobre los reglamentos adoptados con arreglo a dicha Ley, el procedimiento de urgencia no puede utilizarse bajo ninguna circunstancia. Esto también es aplicable a las modificaciones de un proyecto de reglamento para el que el Alto Corporation ya ha emitido un primer dictamen.

Al igual que en el caso de la legislación, el Consejo de Estado elaborará su dictamen sobre los proyectos de reglamento mediante un informe motivado que comprenderá las consideraciones generales, una revisión del texto del proyecto y, en su caso, un proyecto contradictorio.

El examen por parte del Consejo de Estado abarcará el fondo y la forma del proyecto de normas, así como la conformidad de este último con una norma jurídica de rango superior.

Bases de datos de legislación

El sitio de El enlace abre una nueva ventana Legilux es el portal jurídico del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo en Internet.

Permite el acceso a la legislación luxemburguesa, bien en forma de texto bruto del Mémorial A, bien en forma de textos coordinados, contenidos en gran medida en los códigos e informes de la legislación.

El sitio está dividido en tres ámbitos principales:

  • ElEl enlace abre una nueva ventana ámbito legislativo se compone de publicaciones sobre legislación luxemburguesa y diversas publicaciones y textos coordinados.
  • ElEl enlace abre una nueva ventana área administrativa del Grupo, las publicaciones «administrativas». Se trata principalmente del Mémorial B, así como del Directorio Oficial de la Administración y la Legislación.
  • LaEl enlace abre una nueva ventana zona del Mémorial C ha sido sustituida desde el 1 de junio de 2016, con una lista de las publicaciones disponibles en el sitio web del El enlace abre una nueva ventana RCS. los archivos del Mémorial C, de 1996 al último Mémorial, publicados el 27 de julio de 2016, seguirán siendo accesibles enEl enlace abre una nueva ventana el ámbito social.

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Última actualización: 22/10/2019