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Reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil - Francia


BUSCAR TRIBUNALES/AUTORIDADES COMPETENTES

El motor de búsqueda siguiente le ayudará a encontrar órganos jurisdiccionales y autoridades competentes para un instrumento jurídico europeo concreto. Tenga en cuenta que, aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de los resultados, puede haber algunos casos excepcionales relativos a la determinación de la competencia que no se hayan cubierto necesariamente.

Francia

Procedimientos transfronterizos europeos — Medidas de protección europeas en materia civil


Artículo 17 - Información facilitada al público

Artículo 18, letra a)(i) - las autoridades competentes para dictar medidas de protección y expedir certificados de conformidad con el artículo 5

Artículo 18, letra a)(ii) - las autoridades ante las cuales debe invocarse una medida de protección dictada en otro Estado miembro, o competentes para ejecutarla

Artículo 18, letra a)(iii) - las autoridades competentes para efectuar la adaptación de medidas de protección de conformidad con el artículo 11, apartado 1

Artículo 18, letra a)(iv) - los órganos jurisdiccionales ante los cuales deba presentarse la solicitud de denegación de reconocimiento y, en su caso, de ejecución, de conformidad con el artículo 13

Artículo 17 - Información facilitada al público

En materia civil, desde la entrada en vigor de la Ley n.º 2010-769, de 9 de julio de 2010, modificada por la Ley n.º 2014-873, de 4 de agosto de 2014, para la igualdad real entre mujeres y hombres (loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, modifiée par la loi n°2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes), los jueces de familia (juge aux affaires familiales) pueden dictar órdenes de protección (ordonnance de protection). Esta medida se rige por las disposiciones siguientes:

Se dicta una orden de protección en las situaciones siguientes:

  • en caso de violencia en el contexto de una pareja;
  • en caso de violencia por parte del excónyuge, expareja registrada o expareja no registrada;
  • en favor de una persona mayor de edad amenazada con que se la fuerce a celebrar un matrimonio forzoso.

La violencia ejercida o la consecuencia de la amenaza deben poner en peligro al otro miembro de la pareja o a los hijos. El juez dicta una orden de protección si considera que hay motivos fundados para considerar probable la comisión de los actos violentos y la materialización de la amenaza a los que está expuesta la víctima.

El juez de familia puede dictar una orden de protección sin necesidad de tratarse de un procedimiento de divorcio y sin que haya en curso un procedimiento penal.

El juez puede disponer las medidas siguientes:

  • prohibición de aproximarse a las personas especificadas y de comunicarse con ellas;
  • prohibición de poseer o de llevar armas;
  • en el caso de parejas casadas: autorización de residencia de los cónyuges por separado, con indicación de cuál de los dos seguirá residiendo en la vivienda conyugal;
  • en el caso de uniones registradas (en Francia, pacto civil de solidaridad o PACS) o parejas de hecho: atribución de la vivienda a la víctima, salvo circunstancias particulares;
  • regulación del ejercicio de la patria potestad y fijación de una contribución a la manutención y a la educación de los hijos, de una contribución a las cargas del matrimonio o de una ayuda material en el caso de parejas en PACS;
  • autorización a la víctima para que oculte su domicilio o su residencia y designe como domicilio el despacho de su abogado o la oficina de la Fiscalía;
  • autorización a la víctima para que oculte su domicilio o su residencia y designe como domicilio a efectos de las necesidades de la vida cotidiana el domicilio de una persona jurídica habilitada;
  • concesión provisional de asistencia jurídica gratuita a la víctima.

Estas medidas (en particular la prohibición de aproximarse a determinadas personas y comunicarse con ellas) son de carácter preventivo. Por tanto, pueden estar sujetas al Reglamento (UE) n.º 606/2013.

Se trata de medidas temporales: se aplican por un máximo de 6 meses. Pueden prorrogarse si, antes de finalizar dicho plazo, se presenta una demanda de divorcio, de separación judicial o relativa al ejercicio de la patria potestad.

Procedimiento:

La duración media del procedimiento es de 33 días.

Incoación: el interesado puede solicitar la intervención del juez de familia mediante la entrega en persona o el envío de un escrito a la secretaría judicial o por vía de citación judicial al demandado. En caso de urgencia, el interesado puede realizar la citación de urgencia por medio del procedimiento de medidas provisionales. La citación debe notificarse al demandado y a la Fiscalía.

Citación de las partes: el juez de familia cita a las partes para la vista mediante cualquier medio adecuado.

Vista: el procedimiento es oral. Aunque las partes se defienden por sí mismas, tienen la facultad de procurarse la asistencia o representación de un abogado.

Notificación: la orden de protección se notifica (signification) por medio de un agente judicial (huissier de justice) a menos que el juez decida que la notificación la realice la secretaría judicial por carta certificada con acuse de recibo o por vía administrativa en caso de peligro grave e inminente para la seguridad de una persona amparada por una orden de protección o cuando no sea posible otra forma de notificación.

El juez también comunica la resolución a la Fiscalía para garantizar el seguimiento de las medidas dictadas; esta traslada la resolución con fines informativos a los servicios de la Policía o la Gendarmería competentes. Asimismo, si del proceso se desprende que un menor está en peligro, tras la vista, el juez solicita la intervención de los servicios de la Fiscalía competentes en la materia (Fiscalía de Menores o parquet des mineurs).

Registro: no existe ningún registro especial de las medidas contenidas en órdenes de protección. No obstante, si el juez dicta una medida de prohibición de salida del territorio francés del menor sin la autorización de sus dos progenitores, dicha prohibición se inscribe en la base de datos de personas buscadas (fichier des personnes recherchées).

Recurso: la resolución puede recurrirse en un plazo de 15 días a partir de su notificación. El demandado también puede presentar un escrito de revocación o de modificación de la orden de protección, o de dispensa temporal de algunas de sus obligaciones.

Ejecución de la orden de protección:

Las medidas dictadas en el marco de una orden de protección son de carácter ejecutorio, lo que quiere decir que pueden ejecutarse inmediatamente después de la notificación de la resolución (incluso en caso de recurso por parte del demandado), con la intervención de las fuerzas del orden si es necesario.

La persona protegida puede solicitar la intervención de los servicios de la Policía o la Gendarmería en caso de incumplimiento de una o varias de las medidas dictadas por el juez de familia.

El incumplimiento de dichas medidas constituye un delito tipificado y sancionado por el artículo 227 quinquies ter del Código Penal (Code pénal) Esta infracción está sancionada con hasta dos años de prisión y 15 000 EUR de multa.

Si los padres ejercen de forma conjunta la patria potestad, el juez que autorice la ocultación del domicilio de la víctima también debe disponer cómo se comunicarán la persona causante del riesgo y los hijos menores, sirviéndose de un tercero o de un punto de encuentro familiar, así como el pago por transferencia bancaria de la pensión alimenticia.

Artículo 18, letra a)(i) - las autoridades competentes para dictar medidas de protección y expedir certificados de conformidad con el artículo 5

Los jueces de familia dictan las órdenes de protección y expiden los certificados contemplados en el artículo 5.

El juez de familia con competencia territorial es:

  • el juez del lugar de residencia de la familia;
  • si las partes viven separadas, el juez del lugar de residencia del progenitor con el que vivan normalmente los hijos menores en caso de ejercicio conjunto de la patria potestad, o del lugar de residencia del progenitor que la ejerza solo;
  • en el resto de casos, el juez del lugar donde resida quien no haya iniciado el proceso.

La petición de expedición de un certificado debe presentarse en dos copias e indicar de forma exacta los documentos solicitados. No es necesaria la representación por parte de un abogado. La denegación de expedición puede recurrirse ante el presidente del tribunal de primera instancia (tribunal de grande instance), sin necesidad de contar con la intervención de un abogado.

Artículo 18, letra a)(ii) - las autoridades ante las cuales debe invocarse una medida de protección dictada en otro Estado miembro, o competentes para ejecutarla

Las autoridades ante las cuales debe invocarse una medida de protección dictada en otro Estado miembro, o competentes para ejecutarla, son la Policía o la Gendarmería.

Artículo 18, letra a)(iii) - las autoridades competentes para efectuar la adaptación de medidas de protección de conformidad con el artículo 11, apartado 1

El presidente del tribunal de primera instancia o su delegado competente en materia de medidas provisionales procede, si fuera necesario, a adaptar la medida de protección extranjera. La solicitud se formula ante el tribunal pidiendo la comparecencia del demandado; si el caso requiriera mayor urgencia, el juez competente para las medidas provisionales puede citar de urgencia al demandado, incluso en días festivos o no hábiles. No es necesaria la representación por parte de un abogado.

En lo relativo a la competencia territorial, se aplican las normas jurisprudenciales que hacen prevalecer las necesidades de una correcta administración de la justicia. De esta forma, se puede solicitar la intervención del presidente del tribunal de primera instancia del lugar en el que la persona protegida prevea permanecer o residir.

Artículo 18, letra a)(iv) - los órganos jurisdiccionales ante los cuales deba presentarse la solicitud de denegación de reconocimiento y, en su caso, de ejecución, de conformidad con el artículo 13

La solicitud de denegación de reconocimiento o de ejecución se somete al presidente del tribunal de primera instancia competente en materia de medidas provisionales (habida cuenta de la materia, se puede delegar la competencia en el juez de familia).

La solicitud se formula ante el tribunal pidiendo la comparecencia del demandado; si el caso requiriera mayor urgencia, el juez competente para las medidas provisionales puede citar de urgencia al demandado, incluso en días festivos o no hábiles. No es necesaria la representación por parte de un abogado.

En lo relativo a la competencia territorial, se aplican las normas jurisprudenciales que hacen prevalecer las necesidades de una correcta administración de la justicia. De esta forma, se puede solicitar la intervención del presidente del tribunal de primera instancia del lugar en el que la persona protegida prevea permanecer o residir.


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Última actualización: 11/01/2021