Procedimientos monitorios

El El enlace abre una nueva ventanarequerimiento europeo de pago es un procedimiento simplificado para demandas pecuniarias transfronterizas no impugnadas por el demandado, basado en formularios normalizados.


Se han elaborado para el requerimiento europeo de pago unos formularios normalizados que pueden obtenerse, en todas las lenguas, aquí. Este enlace ofrecerá también más información sobre qué órganos jurisdiccionales pueden emitir requerimientos europeos de pago y dónde deben enviarse los formularios de solicitud.

Para iniciar el procedimiento debe cumplimentarse el formulario A, indicando todos los datos de las partes y las características y el importe de la demanda. El órgano jurisdiccional examinará la solicitud y, si el formulario está correctamente cumplimentado, emitirá el requerimiento europeo de pago en un plazo de 30 días.

A continuación, deberá notificar al demandado el requerimiento europeo de pago. Este podrá pagar el importe reclamado o impugnar la demanda, en cuyo caso dispondrá de 30 días para presentar un escrito de oposición al requerimiento europeo de pago. Si el demandado se opone al requerimiento, el demandante podrá optar entre remitir el proceso a los órganos jurisdiccionales ordinarios de Derecho civil para que estos conozcan del asunto con arreglo a la legislación nacional o al proceso europeo de escasa cuantía, o desistir.

Si el demandado no presentare escrito de oposición, el requerimiento europeo de pago pasará automáticamente a ser ejecutivo. Debe enviarse una copia del requerimiento europeo de pago, acompañado de una traducción si es necesario, a las autoridades encargadas de la ejecución en el Estado miembro en que haya de ejecutarse el requerimiento. La ejecución se regirá por las normas y los procedimientos nacionales del Estado miembro en el que se ejecute el requerimiento europeo de pago. Consulte la sección correspondiente para obtener información más detallada sobre la ejecución.

Enlace relacionado

Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al proceso monitorio europeoPDF(5802 Kb)es

Requerimiento europeo de pago – Notificaciones de los Estados miembros y herramienta de búsqueda para ayudar a determinar los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes

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Última actualización: 18/01/2019

Procedimientos monitorios - Bélgica

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1 Existencia del proceso monitorio

En Bélgica existe un procedimiento monitorio sumario, por el que se administra justicia de manera rápida para permitir el requerimiento de un pago. Este procedimiento simple, descrito en los artículos 1338 a 1344 del Código Procesal belga, se utiliza para reclamar el pago de una deuda cuya cuantía es relativamente pequeña en determinados tipos de casos.

Las disposiciones legales relativas al proceso monitorio sumario son las siguientes: véase el sitio web del Departamento Federal de Justicia (Federale Overheidsdienst Justitie/Service Public Justice):

  • Pulse en «Belgische Wetgeving», o «Législation belge» («Legislación belga»).
  • Seleccione «Gerechtelijk Wetboek» o «Code judiciaire» («Código Procesal») en la sección «Juridische Aard» o «Nature juridique» («Tipo de ley»).
  • Teclee «664» en el título «Woorden» o «Mot(s)» («Términos»).
  • Pulse en «Zoeken op» o «Chercher sur» («Búsqueda») y después en «Lijst» o «Liste» («Lista»).
  • Pulse en «Detail» o «Détail» («Detalle»).

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Solamente puede utilizarse para las demandas que tienen como objeto una cantidad de dinero.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

En el artículo 1338 del Código Procesal belga se establece que este procedimiento solo se aplica a las demandas en las que la deuda dineraria no excede de 1 860 euros.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Este procedimiento monitorio sumario es de carácter puramente facultativo.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No. En el artículo 1344 del Código Procesal belga se establece que el procedimiento monitorio sumario solo es de aplicación cuando el deudor tiene su domicilio o residencia en Bélgica.

1.2 Tribunal competente

Este procedimiento puede iniciarse tanto ante los juzgados de paz como ante los tribunales de policía, siempre que sean competentes para conocer de la demanda. (En relación con la competencia de los juzgados de paz y de los tribunales de policía, véase la ficha sobre la «Competencia de los órganos jurisdiccionales»).

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No existe ningún formulario normalizado para incoar el procedimiento. La ley, sin embargo, establece una serie de requisitos en cuanto al contenido del emplazamiento de pago y al escrito en el que se presenta la reclamación ante el tribunal.

Antes de remitir una petición escrita al tribunal, el acreedor debe enviar al deudor un emplazamiento de pago. En el artículo 1339 del Código Procesal belga se impone esta obligación. El emplazamiento de pago puede hacerse en forma de notificación por el agente judicial o de carta certificada con acuse de recibo. En el artículo 1339 se establece asimismo el contenido del emplazamiento, so pena de nulidad. En caso de que no contenga la información pertinente, la demanda será nula. Dicha información es la siguiente:

  • Referencia a los artículos del capítulo dedicado al procedimiento monitorio sumario en el Código Procesal belga.
  • Emplazamiento de pago en el plazo de quince días desde la notificación o el envío de la carta al deudor.
  • La cantidad requerida.
  • El tribunal ante el que se interpondrá la demanda si el deudor no paga.

En los quince días siguientes a la expiración del plazo de quince días señalado en el emplazamiento, se enviará la demanda al tribunal mediante petición escrita por duplicado. En el artículo 1340 del Código Procesal se establece el contenido de esta petición. Esta deberá incluir lo siguiente:

  • La indicación del día, mes y año.
  • El apellido, nombre propio, ocupación y residencia del solicitante y, si procede, apellidos, nombres propios, residencia y condición de sus representantes legales.
  • El objeto de la demanda y una indicación exacta de la cantidad requerida, especificando los elementos de la deuda y los fundamentos de la demanda.
  • La designación del tribunal que deba conocer del caso.
  • La firma del abogado y de la parte en cuestión.

Si el solicitante lo considera conveniente, puede exponer también las razones por las que se niega a conceder un aplazamiento del pago.

Se adjuntarán a la demanda los siguientes documentos:

  • Una fotocopia del documento en el que se fundamenta la reclamación;
  • Una copia de la notificación del agente judicial o una copia de la carta certificada con el acuse de recibo o de la carta original con la prueba adjunta de que el destinatario la rechazó o no la recogió de la oficina de correos, así como un certificado de que el deudor está inscrito en la dirección que aparece en el registro de la población.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Uno de los elementos necesarios de la demanda es la firma de un abogado. Además, en el artículo 1342 del Código Procesal se exige que se envíe una copia de la resolución judicial al abogado del solicitante por correo ordinario. Éstas son las únicas disposiciones legales que requieren la intervención del abogado del solicitante.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La demanda debe redactarse con un nivel razonable de detalle. En el artículo 1340, apartado 1, subapartado 1, del Código Procesal se señala que la solicitud debe contener el objeto de la demanda y la indicación exacta de la cantidad reclamada, especificando los elementos de la deuda y los fundamentos de la demanda.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Sí. De conformidad con el artículo 1338, la demanda debe ir acompañada de un documento que proceda del deudor. Sin embargo, no es necesario que este documento constituya un reconocimiento de la deuda.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la demanda, el órgano jurisdiccional la admite o la desestima mediante una resolución dictada por la Sección de Cuestiones Preliminares (chambre du conseil/raadkamer). El tribunal podrá conceder una prórroga del pago o satisfacer parcialmente la demanda (véase el artículo 1342 del Código Procesal). En cualquier caso, el órgano jurisdiccional tendrá acceso a la información sobre los diversos elementos de la deuda y podrá desestimar algunos de ellos. Esto le permitirá tener en cuenta cualquier pago que se haya producido entretanto entre las partes. También podrá desestimar la totalidad de la demanda en el caso de que no se cumplan los requisitos establecidos (véanse los artículos 1338 y 1344 del Código Procesal).

Cuando el tribunal admita total o parcialmente la demanda, su resolución producirá los mismos efectos que una sentencia en rebeldía.

El demandante deberá notificar la resolución judicial al deudor. Puesto que la resolución judicial que admite la solicitud del demandante total o parcialmente tiene las mismas consecuencias que una sentencia en rebeldía, su notificación al deudor debe producirse en el plazo de un año, en otro caso la resolución se considerará nula (véase el artículo 806 del Código Procesal).

En el artículo 1343, apartado 2, del Código Procesal se exige, so pena de nulidad, que el documento de notificación de la resolución contenga los siguientes datos:

  • Una copia de la demanda.
  • Una indicación del plazo en el que el deudor puede presentar un escrito de oposición.
  • Los datos del tribunal ante el que debe presentarse el escrito de oposición y la forma en que esto debe hacerse.

Asimismo, el documento de notificación deberá advertir al deudor que, de no mediar recurso en el plazo indicado, podrá ser obligado por todos los medios previstos por la ley a pagar las cantidades de dinero que se le exigen. Si no contiene dicha advertencia el documento de notificación será nulo.

La resolución no es provisionalmente ejecutiva (véase el artículo 1399, apartado 2, del Código Procesal belga). La ejecución de la resolución queda, por tanto, suspendida durante el plazo en el que se puede presentar un recurso de oposición o de apelación. La resolución puede, sin embargo, servir de fundamento para un embargo preventivo de bienes.

En el caso de que el deudor no interponga un recurso de oposición o de apelación en el plazo establecido, la resolución se convertirá en definitiva.

1.5 Recursos

Posibilidad de apelación del demandante

Las posibilidades de apelar del demandante se establecen en el artículo 1343, apartado 4, del Código Procesal. El demandante no puede recurrir íntegramente (appel/beroep) la desestimación o la admisión parcial de su demanda. Tiene, sin embargo, la posibilidad de volver a presentar la totalidad de la demanda por el procedimiento ordinario (es decir, no sumario). Si la demanda se ha admitido parcialmente, y el demandante prefiere volver a interponerla por la vía ordinaria, no es preciso que notifique todavía la resolución judicial al deudor.

Escrito de oposición o recurso de apelación interpuesto por el deudor

El deudor puede enfrentarse a la resolución judicial de dos maneras: interponiendo un recurso de apelación contra ella o presentando un escrito de oposición (la resolución judicial tiene, en cualquier caso, las consecuencias de una sentencia en rebeldía si admite la solicitud del demandante total o parcialmente: véase el artículo 1343, apartado 1, del Código Procesal). En ambos casos, el período para incoar el procedimiento de recurso es de un mes desde la fecha de notificación de la resolución judicial (véanse los artículos 1048 y 1051 del Código Procesal belga). Estos plazos se ampliarán cuando una de las partes no tenga domicilio, residencia, ni dirección para notificaciones en Bélgica.

En este caso se siguen las normas habituales de oposición y de apelación, con una excepción, prevista en el artículo 1343, apartado 3, subapartado 2, del Código Procesal belga: al contrario que el artículo 1047 (que requiere notificación del agente judicial), el escrito de oposición puede interponerse presentando en el registro del tribunal tantas copias de la solicitud como partes y abogados interesados haya en el proceso. El secretario judicial notifica entonces la oposición al demandante y a su abogado mediante pliego judicial.

El escrito (de oposición) debe contener los datos especificados a continuación. En caso de que no los incluya será nulo.

  • La indicación del día, mes y año.
  • El apellido, nombre propio, ocupación y residencia de la parte que presente oposición.
  • Los apellidos, nombres propios y domicilio de los acreedores y apellidos de sus abogados.
  • La resolución judicial contra la que se formula oposición.
  • Los fundamentos jurídicos en los que se basa la parte que presenta oposición.

A continuación, el secretario judicial convocará a las partes para que comparezcan en audiencia ante el juez.

1.6 Declaración de oposición

La legislación belga no prevé expresamente ninguna disposición para la presentación del escrito de oposición a la demanda.

El deudor puede aportar información ante el juzgado de paz, lo que no alterará el carácter de la sentencia en rebeldía.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Como se ha dicho anteriormente, no se prevé disposición alguna para la presentación del escrito de oposición a la demanda. Con independencia de que el deudor se oponga o no a la resolución judicial, el procedimiento judicial sumario seguirá su curso normal.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Véase la respuesta al punto 1.7.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?


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Última actualización: 13/11/2014

Procedimientos monitorios - Bulgaria


1 Existencia del proceso monitorio

El capítulo ХХХVІІІ, «Procedimiento monitorio», de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial del Estado n.o 59, de 20 julio de 2007, con efecto a partir del 1 de marzo de 2008, en su versión modificada del B.O.E n.o 42/2009, y según las últimas modificaciones introducidas en el B.O.E. n.o 13/2017) prevé un procedimiento simplificado por medio del cual el demandante puede recuperar los créditos que se le adeudan cuando quepa presumir que el demandado no los impugnará.

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El acreedor puede presentar una petición de procedimiento monitorio respecto a los siguientes asuntos:

  • demandas pecuniarias o demandas relativas a bienes fungibles, cuando sean competencia del tribunal de distrito;
  • la transmisión de un bien inmueble que el deudor haya recibido con la obligación de devolverlo, que sea objeto de una garantía pignoraticia, o que haya sido transferido por el deudor con la obligación de ceder su posesión, cuando el asunto sea competencia del tribunal de distrito.

Por otra parte, según contempla expresamente el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el demandante también podrá presentar una petición de procedimiento monitorio si la demanda se refiere a lo siguiente, independientemente de su cuantía:

  • un acto administrativo en virtud del cual se haya encomendado a los órganos jurisdiccionales de lo civil la autorización de la ejecución;
  • un documento o extracto de los libros contables que demuestre la existencia de créditos contraídos con órganos públicos, ayuntamientos y bancos;
  • un documento público, acuerdo u otro tipo de contrato, con certificación notarial de las firmas, que mencione obligaciones relativas al pago de sumas de dinero u otros bienes fungibles, así como cualquier obligación de transmitir determinados bienes;
  • un extracto del registro de garantías prendarias relativo a una garantía registrada y al inicio de un proceso de ejecución (con respecto a la transmisión de activos pignorados);
  • un extracto del registro de garantías prendarias relativo a un contrato de compraventa registrado por el que se conserva la titularidad hasta que se haya pagado el precio, o un acuerdo de arrendamiento (en relación con la devolución de activos vendidos o arrendados);
  • un acuerdo de prenda o escritura hipotecaria con arreglo a los artículos 160 y 173, apartado 3, de la Ley de Obligaciones y Contratos;
  • un documento público válido por el que se constituya una deuda privada, estatal o municipal, cuando su ejecución se tramite por el procedimiento que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil;
  • una notificación de impago de impuestos;
  • un pagaré, una letra de cambio u otro título valor equivalente, así como los bonos o cupones sobre estos.

Si la petición se acompaña de un documento en virtud del artículo 417 de la LEC al que se refiera la demanda, el acreedor podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución inmediata y emita un mandamiento a tal efecto.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

Cuando el crédito se constituye por medio de alguno de los documentos públicos recogidos en el artículo 417 de la LEC, no existe límite máximo alguno respecto a su cuantía.

Según las restantes disposiciones sobre demandas pecuniarias, demandas relacionadas con bienes fungibles o con la transmisión de bienes inmuebles, solo se podrá emitir un requerimiento de pago cuando el procedimiento sea competencia del tribunal de distrito. El tribunal de distrito es responsable de conocer de las cuestiones civiles y mercantiles cuando la cuantía del crédito asciende a 25 000 BGN, así como todos los procedimientos relativos a pensiones alimenticias, litigios laborales y derivados de una notificación de impago de impuestos.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Este procedimiento monitorio es de carácter facultativo. Aunque se cumplan los requisitos previos para la incoación de un procedimiento monitorio, el demandante no estará obligado a elegir este procedimiento para defenderse, sino que podrá interponer una demanda siguiendo el procedimiento general.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No cabrá el procedimiento monitorio cuando el deudor no tenga su domicilio permanente y residencia habitual, o el domicilio social, en el territorio de la República de Bulgaria.

1.2 Tribunal competente

La petición se presenta ante el tribunal de distrito correspondiente al domicilio permanente o la sede del deudor, órgano que dispondrá de un plazo de tres días para comprobar de oficio la competencia territorial. Si el tribunal considera que no es competente para conocer de la demanda, la remitirá al tribunal competente.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Para incoar el procedimiento es obligatorio utilizar los impresos aprobados por el Ministerio de Justicia. Los escritos de petición constituyen un anexo al Reglamento n.o 6, de 20 de febrero de 2008, sobre la aprobación de impresos para la petición de procedimiento monitorio, requerimientos de pago y otros documentos relacionados con el proceso monitorio, emitido por el Ministerio de Justicia.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No, no es obligatorio estar representado por un abogado.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La petición debe contener las circunstancias en las que se basa la reclamación y el fondo de esta.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No es necesario adjuntar a la petición ninguna prueba para demostrar la existencia del crédito. El demandante podrá aportar dichas pruebas, aunque no está obligado a hacerlo, puesto que el objeto de este procedimiento es únicamente verificar si puede discutirse el crédito. Bastará con que el demandante afirme que tal crédito existe. Si el deudor se opone al procedimiento monitorio, se procede a verificar la existencia del crédito como parte del proceso de reclamación. La petición deberá acompañarse de un poder cuando la presente un apoderado, así como de una prueba de pago de los impuestos de timbre y los gastos legales, cuando proceda.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

No se admitirá la petición inicial de procedimiento monitorio en los siguientes supuestos:

  • Cuando la reclamación no se ajuste a los requisitos contemplados por el artículo 410 de la LEC, es decir, que no sea relativo al pago de un importe monetario o bienes fungibles con un valor máximo de 25 000 BGN, o bienes inmuebles de la categoría recogida en el artículo 410, apartado 1, punto 2, de la LEC, respectivamente; además, si la petición inicial no se ajusta a los requisitos de regularidad, no quedará suspendida sin que se emita una resolución, sino que se rechazará de plano. Solo en circunstancias excepcionales, en las que el demandante no haya utilizado el impreso de petición aprobado o haya empleado un impreso incorrecto, el tribunal le ordenará corregir dicha irregularidad, adjuntando el impreso pertinente (artículo 425, apartado 2, de la LEC) al escrito de notificación y traslado.
  • Cuando la reclamación contravenga las disposiciones legales o los principios morales.
  • Cuando el deudor no tenga una sede o domicilio permanente en el territorio de la República de Bulgaria o cuando no tenga su domicilio habitual o domicilio social en el territorio de la República de Bulgaria.

1.5 Recursos

No cabe recurso de apelación de las partes contra el procedimiento monitorio, salvo en lo relativo a los gastos. El peticionario podrá interponer recurso de apelación contra una orden por la que se desestime, total o parcialmente, su petición ante la audiencia territorial pertinente, mediante recurso de apelación privado del que no se notificará copia alguna. Asimismo cabe recurso de apelación contra un requerimiento de ejecución inmediata emitido por el tribunal en los casos en que se presente un documento conforme al artículo 417 de la LEC. Deberá presentarse un recurso de apelación privado contra el requerimiento de ejecución inmediata, junto con la oposición al requerimiento de pago emitido, y podrá basarse exclusivamente en consideraciones derivadas de los actos en virtud del artículo 417 de la LEC.

1.6 Declaración de oposición

Tras la recepción del requerimiento de pago por el deudor, este contará con un plazo de dos semanas para presentar una declaración de oposición. Un escrito de oposición, en el sentido del artículo 414 de la LEC, es todo aquel cuyo contenido resulta incompatible con la ejecución, toda forma de desacuerdo, toda declaración a partir de la cual resulte obvio que el deudor no está dispuesto a pagar. Según se establece explícitamente, no es necesario incluir en la declaración de oposición justificación alguna.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el deudor presenta una declaración de oposición en plazo, el tribunal indicará al reclamante que puede incoar diligencias para la constatación del crédito en el plazo de un mes, pagando el importe del impuesto de timbre que proceda. Si el reclamante no acredita haber actuado en el plazo especificado, el tribunal invalidará total o parcialmente el procedimiento monitorio respecto al cual no se hayan incoado diligencias.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Según el artículo 416 de la LEC, de no presentarse declaración de oposición en plazo o de retirarse esta, el procedimiento monitorio seguirá su curso y, sobre esta base, el tribunal emitirá un mandamiento de ejecución, que se hará constar como corresponda en el procedimiento.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

En el plazo de un mes desde que tuviera conocimiento del procedimiento monitorio, el deudor que se haya visto privado de la posibilidad de oponerse a la petición podrá presentar una declaración de oposición ante el tribunal de apelación, cuando:

  • no se haya notificado debidamente el procedimiento monitorio;
  • no se le haya notificado el procedimiento monitorio personalmente y el deudor no tenga su domicilio habitual en el territorio de la República de Bulgaria en la fecha de la notificación;
  • no se le haya informado a tiempo de la notificación debido a circunstancias especiales imprevistas;
  • no se haya presentado la declaración de oposición debido a circunstancias especiales imprevistas que no pudieron haberse subsanado.

La presentación de esta declaración de oposición no suspende la ejecución del proceso, pero a instancia del deudor y tras la presentación por parte de este del aval pertinente, el tribunal podría suspender la ejecución.

El tribunal aceptará la declaración de oposición si considera que se cumplen los requisitos previos expuestos anteriormente. Si el tribunal de apelación admite la declaración de oposición porque el deudor no tiene una sede o domicilio permanente en el territorio de la República de Bulgaria, o no tiene su domicilio habitual o domicilio social en el territorio de la República de Bulgaria, se invalida de oficio el procedimiento monitorio y el mandamiento de ejecución correspondiente. En caso contrario, si el tribunal de apelación admite la declaración de oposición, se suspende la ejecución del procedimiento monitorio y se remite el asunto al tribunal de distrito, indicando al reclamante que puede interponer una demanda con respecto a su crédito en el plazo de un mes mediante el pago del importe del impuesto de timbre que corresponda.

Asimismo, el deudor podrá impugnar, mediante demanda, el crédito al que haga referencia el procedimiento monitorio cuando surjan nuevos datos o nuevas pruebas escritas de fundamental importancia para el asunto de las que podría no haber tenido conocimiento durante el período de presentación de la declaración de oposición o que podría no haber obtenido en ese tiempo. Se podrá interponer la demanda en un plazo de tres meses desde la fecha en la que el deudor tuviera conocimiento de esa nueva circunstancia o pudiera obtener las nuevas pruebas escritas, pero sin que transcurra más de un año desde el fin del período de recuperación obligatorio del crédito.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 24/07/2018

Procedimientos monitorios - Chequia


1 Existencia del proceso monitorio

Además del proceso monitorio europeo regulado por el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, existen otros tres tipos de procesos monitorios en la República Checa: el proceso de requerimiento de pago, el proceso de requerimiento electrónico de pago y el proceso de requerimiento de pago de letras de cambio y cheques, regulados por los artículos 172 a 175 de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil checo (občanský soudní řád).

1.1 Ámbito del procedimiento

Aun cuando el demandante no lo solicite expresamente, podrá efectuarse un requerimiento de pago cuando el objeto de la pretensión sea el cobro de una deuda dineraria fundada en hechos afirmados y acreditados. El órgano jurisdiccional tendrá discreción para decidir si resuelve o no el asunto emitiendo un requerimiento de pago o si ordena la celebración de una audiencia. Con arreglo al artículo 172, apartado 2, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, si el demandado reside en el extranjero o no se conoce su domicilio, no podrá efectuarse un requerimiento de pago.

Los requerimientos electrónicos de pago solo podrán efectuarse a solicitud del demandante enviada en un formulario electrónico específico y con firma electrónica certificada, siempre que la deuda reclamada no supere las 1 000 000 CZK, excluidas las deudas accesorias. Con arreglo al artículo 174a, apartado 3, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, si el demandado reside en el extranjero o no se conoce su domicilio, no podrá efectuarse un requerimiento electrónico de pago.

Los requerimientos de pago de letras de cambio o cheques permiten el cobro de letras de cambio o cheques. Siempre que se cumplan los requisitos formales, los órganos jurisdiccionales tendrán la obligación de resolver el procedimiento con carácter sumario, dictando un requerimiento de pago de letra de cambio (cheques). Estos requerimientos de pago solo podrán efectuarse a petición del demandante y se emplearán incluso cuando el demandado resida en el extranjero. Solo podrán notificarse al demandado en persona, quedando excluido el empleo de cualquier otro medio de notificación.

El proceso monitorio europeo permite el cobro de deudas dinerarias ciertas y de una cantidad determinada. Dichas deudas deberán estar vencidas en el momento de interponerse la demanda para la emisión de un requerimiento europeo de pago. Para iniciar el procedimiento deberá cumplimentarse el formulario A, en el que se indicarán todos los datos de las partes y las características y el importe de la demanda. El órgano jurisdiccional examinará la solicitud y, si el formulario está correctamente cumplimentado, emitirá el requerimiento europeo de pago en un plazo de treinta días.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Los requerimientos de pago, los requerimientos electrónicos de pago y el requerimiento europeo de pago solo podrán efectuarse respecto de deudas dinerarias.

Los requerimientos de pago de letras de cambio o cheques solo podrán efectuarse respecto de obligaciones dinerarias asociadas a letras de cambio o cheques.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

Para los requerimientos electrónicos de pago existe un límite máximo de 1 000 000 CZK (más deudas accesorias), mientras que, para el requerimiento europeo de pago y el requerimiento de pago de letras de cambio (cheques), no existe ningún límite máximo.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Acudir al procedimiento de requerimiento de pago es facultativo, y el demandante podrá reclamar el pago de la deuda dineraria mediante juicio ordinario. Sin embargo, si interpone una demanda de juicio ordinario y la deuda reclamada cumple los requisitos para que se emita un requerimiento de pago, el órgano jurisdiccional podrá emitir dicho requerimiento aunque el demandante no lo hubiese solicitado expresamente. Los requerimientos electrónicos de pago, los requerimientos europeos de pago y los requerimientos de pago de letras de cambio (cheques) solo podrán efectuarse a petición del demandante.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Los requerimientos de pago y los requerimientos electrónicos de pago no podrán efectuarse cuando deban notificarse a un demandado con residencia en el extranjero. En ese caso, el órgano jurisdiccional tramitará la demanda por la vía del juicio ordinario.

Con arreglo al artículo 174b, apartado 1, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, si un órgano jurisdiccional checo o de otro Estado miembro efectúa un requerimiento europeo de pago que deba notificarse en la República Checa, dicha notificación se hará al demandado en persona, quedando excluida cualquier otra forma de notificación.

1.2 Tribunal competente

Las resoluciones sobre requerimientos de pago o requerimientos electrónicos de pago son dictadas por el tribunal de distrito (okresní soud) con competencia territorial para entender del asunto. Con arreglo al artículo 9 de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional competente para dictar resoluciones sobre requerimientos de pago de letras de cambio (cheques) siempre es el tribunal regional (krajský soud). Con respecto a la competencia para conocer de peticiones de requerimiento europeo de pago, véase el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

1.3 Requisitos formales

No existe un formulario normalizado para la presentación de peticiones de requerimiento de pago o de requerimiento de pago de letras de cambio (cheques).

El órgano jurisdiccional podrá emitir un requerimiento de pago sin que el demandante lo solicite expresamente, excepto en el caso de los requerimientos electrónicos de pago y de los requerimientos de pago de letras de cambio y cheques.

Por consiguiente, las demandas o peticiones de emisión de requerimientos de pago o de requerimientos de pago de letras de cambio o cheques deberán cumplir los requisitos generales para ser presentadas ante los órganos jurisdiccionales. A menos que la ley establezca otros requisitos para la presentación de peticiones específicas, deberán incluirse, como mínimo, los siguientes datos: el nombre del órgano jurisdiccional ante el cual se realiza la presentación, el nombre de la persona que presenta la petición, el asunto de la petición y la pretensión, y la fecha y la firma del demandante. El requisito de la firma y la fecha no es aplicable a peticiones electrónicas cuyo formato deba ajustarse a exigencias específicas. Con arreglo al artículo 42, apartados 1 y 4, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, la petición deberá presentarse por escrito, en papel, en formato electrónico mediante una red pública de datos o por fax. Si se presenta en formato electrónico o por fax, deberá enviarse el original o un documento con el mismo contenido en el plazo de tres días. Conforme al artículo 42, apartado 3, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, este requisito no es aplicable a la presentación de peticiones enviadas en formato electrónico con firma electrónica certificada basada en un certificado acreditado emitido por un proveedor acreditado de servicios de certificación.

Las peticiones de requerimiento electrónico de pago solo podrán presentarse mediante un formulario específico en formato electrónico (disponible en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.justice.cz/). Además de los requisitos generales (véase el artículo 42, apartado 4, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil), el artículo 79, apartado 1, de la misma Ley dispone que la petición deberá contener el nombre, los apellidos y el domicilio de las partes, así como su número de identificación personal o número de identificación (el nombre de la empresa o el nombre y la sede social de la entidad jurídica, el número de identificación, la identificación del estado y de la dependencia administrativa estatal correspondiente que comparecerá ante el órgano jurisdiccional en representación del Estado), según proceda, y, de ser necesario, el nombre de sus representantes, la descripción de los hechos decisivos, la indicación de los elementos de prueba propuestos por el demandante y una descripción clara de sus pretensiones. Con arreglo al artículo 174a, apartado 2, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, también deberá precisarse la fecha de nacimiento de la persona y el número de identificación de la entidad jurídica o del empresario individual. La petición deberá contener la firma electrónica certificada del demandante basada en un certificado acreditado emitido por un proveedor acreditado de servicios de certificación.

Para presentar una petición de requerimiento europeo de pago, deberá rellenarse el formulario A, que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. El formulario deberá contener toda la información relacionada con las partes y con la naturaleza y el importe de la demanda.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Solo en el caso de los requerimientos electrónicos de pago. El formulario está disponible en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.justice.cz/. La petición deberá contener la firma electrónica certificada del demandante basada en un certificado acreditado emitido por un proveedor acreditado de servicios de certificación (disposiciones de la sección 17a de la Ley n.º 99/1963 del Código de Procedimiento Civil). Para conocer los requisitos formales para la presentación de peticiones de requerimiento europeo de pago, véase la sección 1.3 anterior.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

Los requerimientos de pago y los requerimientos electrónicos de pago solo podrán efectuarse si la pretensión se funda en hechos afirmados y acreditados por el demandante (véase la sección 1.3.4). La necesidad de que el demandante funde su pretensión en los hechos afirmados implica que deberá aportar los elementos de prueba suficientes para permitir al órgano jurisdiccional realizar un análisis jurídico de los hechos alegados. El demandante deberá precisar todas las circunstancias del caso que permitan determinar la naturaleza jurídica de la pretensión (la norma jurídica aplicable), así como todos los hechos susceptibles de crear, modificar o suprimir derechos y obligaciones con arreglo a la ley, todo lo cual deberá estar debidamente justificado mediante elementos de prueba.

Al presentar peticiones de requerimiento de pago de letras de cambio o cheques, el demandante deberá aportar el original de la letra de cambio o cheque, cuya autenticidad no ofrezca dudas, así como cualquier otro documento que permita hacer valer la pretensión.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Sí. Como se desprende de la naturaleza del procedimiento, el demandante deberá presentar documentos que acrediten su derecho. En el caso de los requerimientos electrónicos de pago, la prueba documental deberá presentarse en formato electrónico. El original de la letra de cambio o cheque deberá presentarse junto con la petición de requerimiento de pago de letra de cambio (cheque). El derecho del demandante a presentar varios elementos de prueba no está limitado de modo alguno en lo que respecta a su alcance.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Cuando no fuese posible efectuar un requerimiento de pago, el órgano jurisdiccional no declarará la petición inadmisible, sino que tramitará la demanda por la vía del juicio ordinario (en concreto, ordenará que se celebre una audiencia). No podrá efectuarse un requerimiento de pago si el objeto de la demanda no es una deuda dineraria, si se desconoce el domicilio del demandado o si el requerimiento de pago debe notificarse a un demandado que resida en el extranjero.

El órgano jurisdiccional rechazará la petición de requerimiento de pago si esta no contiene la información exigida por ley o si es incomprensible o ambigua y dichos defectos impiden llevar adelante el proceso. En ese caso, el órgano jurisdiccional no solicitará al demandante que rectifique o complete la petición.

Si una petición de requerimiento de pago de letra de cambio o cheque resulta inadmisible, el órgano jurisdiccional ordenará que se celebre una audiencia.

1.5 Recursos

Los órganos jurisdiccionales no dictan resoluciones de desestimación de requerimientos de pago, requerimientos electrónicos de pago o requerimientos de pago de letras de cambio (cheques). Por consiguiente, la cuestión de la interposición de recursos contra la inadmisión de requerimientos de pago resulta irrelevante.

1.6 Declaración de oposición

Podrá presentarse un escrito de oposición contra requerimientos de pago o requerimientos electrónicos de pago. El demandado deberá presentar dicho escrito en el plazo de quince días desde la notificación del requerimiento de pago o del requerimiento electrónico de pago. Los escritos de oposición contra requerimientos electrónicos de pago también podrán presentarse en formato electrónico con firma electrónica certificada. No es necesario que el escrito de oposición esté fundado, pero deberá cumplir los requisitos generales para ser presentado ante el órgano jurisdiccional, es decir, concretamente, incluir los siguientes datos: la firma y la fecha, el nombre del órgano jurisdiccional al cual se dirige, el nombre de la persona que presenta la petición, el asunto al que se refiere y la pretensión.

Podrán presentarse objeciones contra requerimientos de pago de letras de cambio (cheques) en un plazo de quince días desde la notificación del requerimiento en cuestión. En dichas objeciones, el demandado deberá incluir todo aquello a lo que se opone en relación con el requerimiento de pago de letra de cambio (cheque).

En lo que respecta al requerimiento europeo de pago, el demandado podrá pagar la deuda reclamada, o bien oponerse a la pretensión en un plazo de treinta días, presentando un escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional que efectuó el requerimiento europeo de pago. Para ello, deberá usar el formulario F contenido en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. El asunto será luego trasladado a la jurisdicción civil ordinaria y tramitado con arreglo a la legislación nacional.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si al menos uno de los demandados presenta un escrito de oposición en el plazo señalado, el requerimiento de pago o el requerimiento electrónico de pago se desestima en su totalidad, el órgano judicial ordenará que se celebre una audiencia y el procedimiento se tramitará con arreglo a las normas del proceso civil ordinario.

Si uno de los demandados presenta objeciones contra un requerimiento de pago de letra de cambio (cheque) en el plazo señalado, el órgano jurisdiccional también ordenará que se celebre una audiencia para analizar las objeciones. En función del resultado de dicho análisis, el órgano jurisdiccional declarará la legitimidad del requerimiento de pago (si determina que las objeciones fueron infundadas) o su desestimación total o parcial (si determina que las objeciones fueron total o parcialmente fundadas). Esta resolución podrá recurrirse. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los requerimientos de pago o los requerimientos electrónicos de pago, la presentación de objeciones contra un requerimiento de pago de letra de cambio (cheque) no determina su desestimación.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Los requerimientos de pago, los requerimientos electrónicos de pago y los requerimientos europeos de pago contra los cuales no se presente oposición adquirirán fuerza ejecutiva. Si el demandado no presenta objeciones contra un requerimiento de pago de letra de cambio (cheque), o las retira, dicho requerimiento también se hará ejecutivo.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

A petición de la parte interesada, el órgano judicial agregará un título ejecutivo al requerimiento de pago, al requerimiento electrónico de pago o al requerimiento de pago de letra de cambio (cheque). A partir de ese momento, el requerimiento de pago en cuestión adquirirá fuerza ejecutiva.

En los que respecta al requerimiento europeo de pago, si el demandado no presenta un escrito de oposición en el plazo señalado, este adquirirá fuerza ejecutiva de forma automática. La ejecución se hará de conformidad con las normas y procedimientos nacionales del Estado miembro en el que se ejecute el requerimiento europeo de pago.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No existe ningún recurso contra los requerimientos de pago, los requerimientos electrónicos de pago y los requerimientos de pago de letras de cambio (cheques) contra los que no se ha formulado escrito de oposición u objeciones y que hayan adquirido fuerza ejecutiva. En algunos casos definidos por ley, el demandado solo podrá interponer recursos extraordinarios, solicitar la anulación, y en el caso de los requerimientos de pago con fuerza ejecutiva, la reapertura del procedimiento (véase el artículo 228, apartado 2, y el artículo 229, apartado 2, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil).

Si el demandado no presenta un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago en el plazo de treinta días, podrá solicitar la revisión de dicho requerimiento de pago cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. El órgano jurisdiccional competente para revisar un requerimiento europeo de pago será el mismo que lo hubiese emitido. La solicitud de revisión es el único recurso disponible contra requerimientos europeos de pago con fuerza ejecutiva en el país en el que se hubiesen emitido. Con arreglo al artículo 174b, apartados 2 y 3, de la Ley n.º 99/1963, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil, la resolución (sentencia) sobre una solicitud de revisión de un requerimiento europeo de pago será notificada tanto al demandante como al demandado.

Enlaces relacionados

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Última actualización: 24/07/2018

Procedimientos monitorios - Alemania

Nota: la versión original de esta página alemán se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


1 Existencia del proceso monitorio

1.1 Ámbito del procedimiento

Sí. La Ley de Enjuiciamiento Civil alemana contempla, en sus artículos 688 y ss., un proceso monitorio para reclamar créditos posiblemente no impugnados por el demandado.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El proceso se aplica en principio a todas las reclamaciones cuyo objeto sea el pago de una determinada suma de dinero en euros.

Sin embargo, en los siguientes casos se excluye el proceso monitorio:

  • cuando se trate de una demanda basada en un crédito al consumo cuyo tipo de interés sea 12 puntos superior al tipo de interés básico;
  • cuando se trate de una demanda cuyo ejercicio dependa de una contraprestación todavía no realizada por el acreedor;
  • cuando para iniciar el proceso monitorio haya que redactar una notificación por edictos porque se desconoce la residencia del demandado.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No existe límite máximo para la cuantía de la demanda.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

La aplicación del proceso monitorio es facultativa para el acreedor. El acreedor puede elegir entre el proceso monitorio y el proceso ordinario.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

El proceso monitorio alemán es, en principio, aplicable cuando el demandado reside en otro Estado miembro o en un tercer país. No obstante, es importante tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 688, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana, si el requerimiento de pago se tiene que hacer en el extranjero, el proceso monitorio solo se puede aplicar cuando lo prevea la Ley de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Este es el caso en la actualidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Noruega y Suiza.

1.2 Tribunal competente

Independientemente de la cuantía de la pretensión, en los procedimientos de requerimiento de pago el órgano jurisdiccional con competencia exclusiva es el juzgado de primera instancia (Amtsgericht) del domicilio del demandante. La competencia la determina en principio el domicilio, y en el caso de una persona jurídica, su domicilio social. En algunos Estados federados se han creado juzgados especializados en procesos monitorios (por ejemplo, el juzgado municipal de Wedding en Berlín), es decir, la competencia para los procesos monitorios se concentra en varios juzgados o incluso en uno solo del Estado federado. En este caso, el foro de competencia general del demandante corresponde al juzgado competente en los procesos monitorios de su domicilio.

Si el demandante no tiene su foro de competencia general en Alemania, dicha competencia recae exclusivamente en el juzgado municipal de Wedding en Berlín. Cuando sea el demandado el que carezca de foro de competencia en Alemania, será competente el juzgado que lo sería para el litigio, independientemente de su competencia material (en principio, los juzgados solo son competentes hasta una cuantía de 5 000 EUR). En este caso también puede haber juzgados especializados en procesos monitorios en función de los Estados federados.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Es obligatorio el uso de un formulario. Hay diferentes formularios para el proceso monitorio automatizado, por un lado, y para el proceso monitorio manual, por el otro.

En la mayor parte de los Estados federados, el proceso monitorio se tramita de forma automatizada. Las demandas pueden tramitarse por medio de formularios impresos o mediante sistemas electrónicos de intercambio de datos. Hay algunas empresas de sistemas informáticos que producen programas de demanda electrónica en los procesos monitorios automatizados. En algunos juzgados ya es posible presentar la demanda por Internet.

Los formularios en papel para los procedimientos automatizados y manuales pueden adquirirse en las papelerías.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No, no es necesaria la intervención de un abogado.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

No es necesario detallar los motivos de la demanda. Solo es necesario precisar el derecho que se reclama y determinados datos de la pretensión exigida. Para ello, es preciso rellenar las casillas previstas en el formulario del proceso monitorio. Es necesario especificar claramente por separado las pretensiones principales y las secundarias.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No es necesario presentar pruebas escritas en relación con las reclamaciones.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

La demanda de un requerimiento de pago se desestima cuando el proceso monitorio no procede, el órgano jurisdiccional no es competente o la demanda no cumple con los requisitos formales. Tampoco se admite cuando solo puede dictarse para una parte de la demanda. Antes de declarar la inadmisibilidad es preciso escuchar al demandante.

El órgano jurisdiccional no examina si la pretensión del demandante está fundada antes de dictar el requerimiento de pago.

1.5 Recursos

En principio, no cabe recurso contra la no admisión de un requerimiento de pago. La ley solo contempla la queja inmediata en el caso de las demandas transmitidas mediante un formulario que solo puede leerse de forma mecánica, cuando el órgano jurisdiccional aduzca para no admitirlas que dicho formulario no es apropiado para su tratamiento automatizado. En la práctica, sin embargo, esta norma no tiene gran repercusión.

1.6 Declaración de oposición

Una vez dictado el requerimiento de pago y notificado al demandado, este puede oponerse en el plazo de dos semanas. No obstante, una vez transcurrido este plazo y mientras que no se haya emitido la orden de ejecución, es posible la oposición.

La parte demandada recibe con la notificación del requerimiento de pago, un formulario con el que puede formular su oposición. No obstante, el uso de dicho formulario es optativo, no obligatorio. La oposición se puede formular de cualquier otro modo, la única condición en cuanto a la forma es que se haga por escrito.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Cuando el demandado impugna la reclamación dentro de plazo, la consecuencia es que no se puede dictar la orden de ejecución para hacer cumplir la obligación que se pretende con el requerimiento de pago. No obstante, el litigio deriva de forma automática en la demanda ordinaria, es decir, el llamado proceso contradictorio. Para ello, es necesaria una solicitud expresa, tanto del demandante como del demandado. El demandante puede presentar la demanda en cuanto tenga noticia de la oposición o, en prevención de que esto pueda ocurrir, al presentar la demanda de requerimiento de pago.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

A instancia del demandante, el órgano jurisdiccional dicta un mandato de ejecución. La demanda no puede presentarse antes de que haya expirado el plazo de oposición y en ella es preciso mencionar si se han realizado pagos a tenor del requerimiento de pago y cuáles. Si ya se han realizado pagos, el demandante debe deducirlos de su demanda.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

El mandato de ejecución se asemeja a una sentencia dictada en rebeldía cuya ejecución se declara provisional. Puede recurrirse dentro del plazo de dos semanas a partir de su notificación.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 18/06/2018

Procedimientos monitorios - Irlanda


1 Existencia del proceso monitorio

No hay un procedimiento monitorio específico en Irlanda, pero un demandante al que se le deba una cantidad concreta de dinero o cuya deuda sea fácilmente cuantificable puede conseguir que se dicte una sentencia en rebeldía.

1.1 Ámbito del procedimiento

Si el demandado no comparece ni presenta un escrito de defensa, es posible dictar una sentencia en rebeldía. Si la pretensión original se refiere a un importe liquidado o determinado, la sentencia definitiva podrá ser dictada por la Oficina Judicial Central del Tribunal Superior (High Court) o por la Oficina Judicial del Juzgado de Condado (Circuit Court) competente, en función del importe reclamado (excepto en un número reducido de asuntos, por ejemplo, préstamos, en los que el demandante debe solicitar la sentencia en rebeldía o que el órgano jurisdiccional autorice que se dicte una sentencia en su favor). Dicho de otro modo, en muchos asuntos sencillos de cobro de deudas, se puede dictar una sentencia en rebeldía sin tener que acudir al órgano jurisdiccional y el demandante puede obtenerla de la oficina judicial del órgano jurisdiccional competente mediante un proceso administrativo.

Si no se reclama una suma de dinero concreta, el demandante debe solicitar mediante una demanda al órgano jurisdiccional que dicte una sentencia, y esta solo se puede obtener a través de un proceso judicial.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

La sentencia puede dictarse en rebeldía en casi cualquier tipo de litigio. Este procedimiento no se limita a demandas pecuniarias o contractuales, aunque el sistema es todavía más sencillo para dichos casos. Entre las principales excepciones figuran los asuntos relativos a préstamos.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Acudir a este procedimiento es facultativo, dado que el demandante debe acometer determinados pasos antes de que se dicte una sentencia en rebeldía: por ejemplo, presentar la documentación pertinente en la oficina judicial del órgano jurisdiccional competente o proceder a la notificación y el traslado del escrito de demanda y firmar una declaración jurada de no haber podido llevar a cabo la notificación, ni el traslado. Si el demandado no responde a la demanda y el demandante no continúa el proceso para que se dicte la sentencia en rebeldía, la única alternativa que le queda al demandante es desistir de su reclamación.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Con arreglo a los convenios internacionales sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias entre Irlanda y otros Estados miembros [Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, sustituido actualmente por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Consejo] o convenios similares celebrados con terceros países, también se aplica este procedimiento si el demandado reside en otra jurisdicción. Cuando el demandado resida fuera de la jurisdicción del demandante, este deberá garantizar que la notificación y el traslado al demandado se realizan debidamente, conforme a la normativa procesal aplicable para realizar notificaciones en otra jurisdicción. Si un demandado que reside en otra jurisdicción no comparece ni contesta a la demanda, el demandante puede solicitar que se dicte sentencia en rebeldía según el procedimiento habitual.

1.2 Tribunal competente

El órgano jurisdiccional competente depende de la naturaleza o del importe de la pretensión. El demandante debe dirigirse al órgano jurisdiccional ante el que se inició el proceso; dicho órgano jurisdiccional está en situación de determinar si el demandado ha comparecido o ha presentado un escrito de defensa y si ha expirado el plazo para hacerlo. Si la cuantía de la demanda es inferior a 75 000 EUR (60 000 EUR en el caso de acciones por lesiones), el demandante puede interponer su demanda ante un Juzgado de Condado (Circuit Court). Si es superior a dicho importe, la demanda debe interponerse ante un Tribunal Superior (High Court). Si la cuantía de la demanda es inferior a 15 000 EUR, la demanda debe interponerse ante un Juzgado de Distrito (District Court). Si la demanda es por un importe inferior a 2 000 EUR, puede seguirse el proceso de escasa cuantía.

1.3 Requisitos formales

El demandante debe asegurarse de que se cumplen los trámites prescritos por la normativa judicial. En concreto, el demandante debe notificar al demandado el inicio del proceso. Si el demandado no comparece ni presenta un escrito de defensa, entonces el demandante puede solicitar que se dicte una sentencia en rebeldía. Si la pretensión se refiere a un importe liquidado, lo único que se exige al demandante es haber formulado la reclamación o requerimiento de pago y, una vez hecho, por lo general el demandante tiene derecho a que la oficina judicial del órgano jurisdiccional competente dicte sentencia sin necesidad de una resolución judicial o de presentar una demanda ante el juez. El personal competente de la oficina judicial del órgano jurisdiccional correspondiente comprueba entonces si el demandado ha acusado recibo de la reclamación, si han expirado los plazos para hacerlo y si el demandante ha aportado a la oficina judicial los medios de prueba necesarios, como una declaración jurada de que se intentó notificar al demandado y una declaración jurada de la deuda que exprese el importe pendiente de pago.

Si la pretensión se refiere a un importe no especificado o si no es fácilmente cuantificable, el demandante debe solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una sentencia en rebeldía.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Sí. En los Tribunales Superiores (High Courts), la norma aplicable para las sentencias en rebeldía por incomparecencia es el artículo 13 del El enlace abre una nueva ventanaReglamento de los Tribunales Superiores de 1986 (Rules of the Superior Courts 1986), en su versión modificada, y el artículo 27 para las sentencias en rebeldía por no formular defensa. En los Juzgados de Condado (Circuit Courts), la solicitud de sentencia en rebeldía debe respaldarse con determinada documentación, incluido el propio documento original de la deuda y una declaración jurada de notificación de la demanda. Asimismo, la petición de sentencia debe ser conforme a los formularios 9 y 10 del listado de formularios anexo al El enlace abre una nueva ventanaReglamento de los Juzgados de Condado de 2001 (Circuit Court Rules 2001). Los formularios pueden obtenerse de la lista adjunta al Reglamento.

Del mismo modo, en el caso de los Juzgados de Distrito (District Courts), los formularios están disponibles en una lista adjunta al El enlace abre una nueva ventanaReglamento de los Juzgados de Distrito (District Court Rules).

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No. Sin embargo, si la cuantía de la demanda es superior a 75 000 EUR (60 000 EUR para acciones por lesiones), se trata de una demanda sustanciable ante un Juzgado de Condado (Circuit Court) y, si implica cuestiones complejas, es aconsejable (aunque no obligatorio) contar con representación y asesoramiento legal.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La demanda inicial debe indicar los nombres, los apellidos, los domicilios y, si procede, la ocupación de las partes. También debe indicar el importe reclamado, una descripción de cómo se originó la deuda o cuál es la causa de la acción y los datos de las reclamaciones efectuadas, en su caso.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

En la demanda inicial, el demandante indica toda la información pertinente relativa a la deuda, como el importe que se reclama, los detalles de cómo se originó la deuda, las reclamaciones de pago y una descripción, si procede y en función de la naturaleza de la deuda, de cualquier otro hecho relevante, como los detalles de daños y perjuicios sufridos, el tratamiento recibido o cualquier otra consecuencia adversa que se derive de la causa.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El órgano jurisdiccional desestima la solicitud de sentencia en rebeldía si el solicitante no ha cumplido con lo exigido por el reglamento del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, si no se han cumplido debidamente las disposiciones relativas a la notificación y el traslado de los documentos, no prosperará la solicitud de sentencia en rebeldía.

1.5 Recursos

Si el órgano jurisdiccional deniega la sentencia en rebeldía, suele ser porque el demandante no ha cumplido el reglamento del órgano jurisdiccional, por lo que puede resultar necesario que el demandante inicie de nuevo los trámites, notificando una nueva demanda contra el demandado de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del órgano jurisdiccional.

El demandado puede solicitar la anulación de la sentencia dictada en rebeldía. Para recurrir con éxito una sentencia en rebeldía, el demandado debe convencer al órgano jurisdiccional de los motivos por los que no compareció ni presentó escrito de defensa, y el órgano jurisdiccional debe quedar suficientes los motivos aducidos para explicar o justificar dicho hecho. Si el recurso del demandado contra la sentencia tiene un resultado positivo, se anulará la sentencia y el demandado tendrá la oportunidad de comparecer en el proceso.

1.6 Declaración de oposición

Si el órgano jurisdiccional opina que la sentencia debe ser anulada, el demandado puede defenderse en el proceso presentando un escrito de oposición y el litigio continuará del modo habitual.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el demandado presenta un escrito de oposición en el plazo contemplado por el reglamento o por el órgano jurisdiccional, según corresponda, el litigio continuará del modo habitual. El juez o magistrado determinará cómo proceder si resultan necesarias instrucciones en este sentido.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

La no presentación de un escrito de oposición puede facilitar que el demandante obtenga una sentencia en rebeldía por no haberse formulado defensa.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Una sentencia en rebeldía es una resolución ejecutoria. Véanse las respuestas a la sección 1.3.d).

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

El demandado puede solicitar al órgano jurisdiccional que modifique o anule la sentencia. Dicho recurso se sustancia ante ese mismo órgano, que puede anular la sentencia si considera que sería justo hacerlo y si se ha producido alguna incorrección a la hora de dictarse sentencia o si tiene convencimiento de que el demandado tiene posibilidades reales de que prospere su defensa. Cualquiera de las partes puede recurrir la resolución que anula la sentencia o que rechaza la anulación.


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Última actualización: 25/07/2018

Procedimientos monitorios - Grecia


1 Existencia del proceso monitorio

Existe la posibilidad de emitir requerimientos de pago. A estos efectos, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 623 a 634 del Código de Enjuiciamiento Civil griego, aprobado mediante Decreto Presidencial 503/1985, en su versión modificada y vigente.

1.1 Ámbito del procedimiento

Asuntos civiles y mercantiles: litigios de Derecho privado, siempre que la Ley no los someta a la competencia de otros órganos jurisdiccionales (artículo 1 del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Al cobro de deudas dinerarias o de valores, concretamente, de cheques, letras de cambio y pagarés, siempre que la pretensión y el importe adeudado se acrediten mediante instrumento público o privado y se expresen en euros o en otra moneda extranjera (artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No, no existe ningún límite máximo respecto de la cuantía de la pretensión.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El procedimiento de requerimiento de pago es facultativo, ya que el acreedor puede tramitar su pretensión por la vía del juicio ordinario, según el cual se inicia un proceso declarativo para resolver sobre la pretensión. En cambio, el requerimiento de pago no da lugar a una resolución judicial, sino a un título ejecutivo (artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No, no podrá emitirse un requerimiento de pago (y, de emitirse, este será nulo) cuando deba notificarse a una persona con residencia en el extranjero o cuyo domicilio se desconozca, a menos que dicha persona haya nombrado a un mandatario ad litem en Grecia (artículo 624 del Código de Enjuiciamiento Civil). El foro será el del lugar donde el deudor esté establecido físicamente (corpore) en el momento de la notificación.

1.2 Tribunal competente

Los jueces de paz son competentes para conocer de asuntos relacionados con el cobro de deudas dinerarias de un importe no superior a veinte mil euros (20 000 EUR), y los jueces de los tribunales de primera instancia son competentes para conocer de todos los demás asuntos relacionados con reclamaciones dinerarias. En lo que respecta a la competencia territorial (ratione loci), son de aplicación las disposiciones generales sobre competencia territorial, concretamente, lo dispuesto en los artículos 22 a 41 del Código de Enjuiciamiento Civil. Por ejemplo, según estas disposiciones, podrá tener competencia territorial para conocer del asunto el órgano jurisdiccional (el tribunal de distrito en materia civil o el tribunal de primera instancia) del domicilio del deudor, del lugar donde se emitió el instrumento de deuda (por ejemplo, un cheque) o del lugar de aceptación o pago de una letra de cambio (ratione loci).

1.3 Requisitos formales

La petición se hará:

a) de forma oral ante el magistrado mediante la redacción del informe correspondiente (artículo 626, apartado 1, y artículo 215, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil), lo que no excluye la posibilidad de presentar asimismo una petición por escrito; o

b) de forma escrita ante el juez del tribunal de primera instancia, presentando una petición por escrito en la secretaría del tribunal en la que se incluyan los siguientes datos:

  1. el nombre del órgano jurisdiccional ante el cual se presenta la petición (el tribunal de distrito en materia civil o el tribunal de primera instancia);
  2. el tipo de acto jurídico que se realiza, concretamente, una «petición de requerimiento de pago»;
  3. el nombre, el apellido, el patronímico y el domicilio de las partes: el acreedor y el deudor (o sus representantes legales), y si se trata de una persona jurídica, el nombre comercial y la sede social;
  4. el objeto del acto jurídico expresado en griego, de forma clara, precisa, concisa y legible y, de incluirse documentos en otro idioma, como facturas, deberán proporcionarse las traducciones juradas correspondientes;
  5. la fecha y la firma de la parte o de su representante legal o mandatario autorizado y, cuando sea obligatoria la intervención de abogado, la firma de este último;
  6. la dirección y, en particular, el nombre y el número de la calle del lugar de residencia, la oficina o el establecimiento del demandante, su representante legal y su mandatario autorizado;
  7. la petición de requerimiento de pago; y
  8. la pretensión, el importe exacto de la deuda dineraria o de los valores y los intereses que procedan sobre estos importes (artículo 626, apartados 1 y 2, y artículos 118 y 119, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No, no es obligatorio el uso de un formulario normalizado.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Sí, la intervención de un abogado es obligatoria para la presentación de peticiones ante un tribunal de primera instancia en relación con una deuda de más de veinte mil euros (20 000 EUR), o ante un tribunal de distrito en materia civil en relación con una deuda de entre doce mil euros (12 000 EUR) y veinte mil euros (20 000 EUR).

Si la petición se presenta ante un tribunal de distrito en materia civil y el importe de la deuda no supera los doce mil euros (12 000 EUR), la parte puede iniciar el procedimiento o defenderse sin que sea necesaria la intervención de abogado (artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La petición de requerimiento de pago deberá incluir una descripción concisa del tipo de acto jurídico en el que se funda la pretensión (deuda), por ejemplo, un contrato de préstamo, un contrato de compraventa, impagos de alquileres o cheques por cobrar. El tipo de contrato o acto jurídico en general en el que se funda la pretensión también permite justificar la exigencia del pago, y deberá especificarse el momento en el que se convirtió en exigible, por ejemplo, el momento en el que el deudor debió pagar el importe exigido y no lo hizo. Por tanto, deberán mencionarse en la petición los documentos aportados que acrediten la naturaleza y el importe de la pretensión.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

La existencia de una pretensión que justifique un requerimiento de pago solo puede acreditarse mediante documentos, puesto que en este procedimiento no es posible realizar interrogatorios de testigos. Dichos documentos deberán enviarse junto con la petición y se conservarán en la secretaría del órgano jurisdiccional hasta que expire el plazo para oponerse, a efectos de notificación al demandado o al deudor del requerimiento de pago. Todos los documentos (públicos y privados) con valor probatorio, con arreglo a los artículos 432 a 465 del Código de Enjuiciamiento Civil, incluidos los valores (por ejemplo, los cheques y las letras de cambio), se aceptan como medios de prueba. Dichos documentos deberán precisar de forma inequívoca la capacidad y los datos (el nombre completo) del acreedor o beneficiario y del deudor, así como los motivos y el importe de la pretensión.

En particular, los documentos que no sean públicos y que, con arreglo al artículo 443 del Código de Enjuiciamiento Civil, deban incluir la firma manuscrita de su emisor para tener valor probatorio serán considerados documentos privados y cualquier persona que asuma las obligaciones derivadas de dichos instrumentos será considerada emisor.

Cualquier documento redactado adecuadamente por un funcionario público o por una persona que desempeñe una función pública será considerado un documento público (por ejemplo, una escritura pública).

1.4 Inadmisión de la petición inicial

La petición será inadmitida en los siguientes casos:

a) si no se cumplen los requisitos para que se emita el requerimiento de pago, es decir, si no se acredita de forma inmediata e inequívoca, mediante los documentos aportados, la pretensión, el importe de la reclamación o la identidad del deudor o beneficiario; o

b) si el demandante no aporta las explicaciones que el juez solicite o se niega a seguir las recomendaciones para la presentación o la rectificación de su petición o la certificación de la autenticidad de las firmas de los documentos privados aportados (artículos 628 y 627 del Código de Enjuiciamiento Civil). Dado que el juez competente puede solicitar al demandante que proporcione información complementaria o documentos o que realice rectificaciones, si este no atiende la solicitud, su petición será inadmitida por ese motivo.

La inadmisión figurará al final de la petición, junto con una explicación breve del motivo en el que se funde dicha inadmisión. Esto significa que el juez no se pronunciará sobre el requerimiento solicitado y, por tanto, la inadmisión no podrá recurrirse. Naturalmente, el acreedor o demandante podrá interponer una demanda a través del juicio ordinario (véase supra el apartado 1.1.3) o presentar una nueva petición de requerimiento de pago (artículo 628, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.5 Recursos

No existe ningún recurso contra la inadmisión de peticiones de requerimiento de pago.

1.6 Declaración de oposición

Si se admite la petición y se emite el requerimiento de pago, el deudor podrá formular oposición en un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de notificación del requerimiento (artículo 632, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil). La oposición también podrá formularse antes de que se notifique el requerimiento de pago.

El órgano jurisdiccional con competencia territorial (ratione loci) y en la materia (ratione materiae) será el tribunal de distrito en materia civil o el tribunal de primera instancia que hubiese emitido el requerimiento de pago.

Según el artículo 632, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, la oposición se tramitará con arreglo a las disposiciones de los artículos 643, 649 y 650 del mismo Código, que regulan los procedimientos especiales para litigios sobre instrumentos de deuda y arrendamientos, así como las disposiciones aplicables a procedimientos ordinarios que no sean contrarias a las disposiciones aplicables a los procedimientos especiales mencionados anteriormente [artículo 591, apartado 1, letra a), del Código de Enjuiciamiento Civil].

La oposición, que deberá notificarse en el plazo de quince (15) días hábiles mencionado anteriormente para considerarse admisible, deberá enviarse al domicilio del abogado que firmó la petición de requerimiento de pago o al domicilio de la persona contra la que se formula la oposición, a menos que se hubiese notificado un cambio de domicilio mediante un acto jurídico [artículo 632, apartado 1, letra b), del Código de Enjuiciamiento Civil].

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

La presentación de la oposición no suspenderá la ejecución del requerimiento de pago, que es un título con fuerza ejecutiva directa (artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil). Sin embargo, mediante el procedimiento de medidas cautelares establecido en el artículo 686 del Código de Enjuiciamiento Civil y tras la presentación de la solicitud por parte del deudor demandado, el órgano jurisdiccional que emitió el requerimiento de pago podrá ordenar su suspensión, con o sin garantía o de forma condicional, hasta que se haya dictado una resolución definitiva sobre la oposición.

Los requisitos para la aceptación de la solicitud de suspensión de la ejecución del requerimiento de pago son los siguientes: a) la presentación oportuna de la oposición y b) la posibilidad fundada de que se acepte al menos uno de los motivos en los que se basa la oposición.

La resolución mediante la cual se ordene la suspensión del requerimiento de pago lo dejará sin efecto y, por consiguiente, anulará la fuerza ejecutiva del título ejecutivo.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

En ausencia de oposición oportuna (en el plazo de quince días desde la notificación del requerimiento de pago), la persona a cuyo favor se ha emitido el requerimiento de pago podrá volver a notificarlo al deudor, quien tendrá una segunda oportunidad para oponerse a él. Concretamente, el deudor podrá presentar oposición en el plazo de diez días hábiles desde la fecha de la segunda notificación. En ese caso, no se ordenará la suspensión mencionada anteriormente (véase el apartado 1.7).

Si transcurre el plazo de diez días sin que el deudor se oponga al requerimiento de pago, este adquirirá fuerza de cosa juzgada (res iudicata), quedando así confirmada la validez no solo del requerimiento de pago, sino también de la pretensión, sobre la base de los motivos históricos y jurídicos proporcionados en el requerimiento de pago.

La fuerza de cosa juzgada (res iudicata) de un requerimiento de pago que no fue objeto de oposición oportuna solo podrá anularse mediante el recurso extraordinario de revisión. Este recurso podrá interponerse por un número muy limitado de motivos esencialmente formales (artículo 633, apartado 2, y artículo 544 del Código de Enjuiciamiento Civil), en el plazo establecido en el artículo 544, apartados 3 y 4, del Código de Enjuiciamiento Civil, ante el órgano jurisdiccional que emitió el requerimiento de pago.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

El requerimiento de pago es un título con fuerza ejecutiva desde el momento de su emisión (artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil). Por consiguiente, no hará falta realizar ninguna otra acción para que este adquiera fuerza ejecutiva y, si no se ordena su suspensión, se incoará el procedimiento de ejecución, en resumen, de la siguiente forma:

Se agregará el título ejecutivo al requerimiento de pago con la frase «En nombre del pueblo griego» al comienzo y la frase «Se ordena a todos los agentes judiciales que ejecuten esta resolución, etc.» al final del documento, se expedirá una copia oficial del documento (título de ejecución) y, a continuación, se notificará al demandado el requerimiento de pago (llamamiento) de la deuda reclamada.

Sin embargo, si no se notifica en el plazo de dos (2) meses desde su emisión, el requerimiento de pago perderá validez (artículo 630 A del Código de Enjuiciamiento Civil).

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

La decisión sobre la oposición a la ejecución no es definitiva, sino que puede recurrirse.


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Última actualización: 27/07/2018

Procedimientos monitorios - España


1 Existencia del proceso monitorio

Sí existe, se denomina Proceso Monitorio. La finalidad esencial del mismo es la protección del crédito, materializándose en la creación de un título ejecutivo para aquellas deudas que cumplimenten una serie de requisitos que el legislador ha expresado.

Los letrados de la Administración de Justicia,  tienen competencia para tramitar y, en su caso, resolver, los procesos monitorios, en los términos previstos por la legislación procesal.

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Al cobro de deudas dinerarias ciertas, vencidas, líquidas  y exigibles por cantidad determinada; sin límite de cuantía desde el 31-10-2011; cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.

b) Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

c) Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.

d) En el ámbito de la propiedad horizontal, cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No, desde el 31-10-2011.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Facultativo.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No, excepto en las deudas derivadas de impago de gastos comunes en las Comunidades de Propietarios o condominios de inmuebles urbanos, ya que en este caso es también competente el tribunal del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.

1.2 Tribunal competente

Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o donde se halle el inmueble urbano en régimen de Comunidad de propietarios.

1.3 Requisitos formales

Debe presentarse un escrito identificando acreedor y el deudor, justificando brevemente el origen de su deuda y la cuantía.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No es obligatorio, pero existen formularios normalizados en los Decanatos de los juzgados o Servicios Comunes Procesales. Este formulario se puede descargar  activando el enlace.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no es preciso valerse de procurador y abogado. No obstante, si la parte desea ser defendida por un letrado, es obligatorio poner este hecho en conocimiento de la contraria para que pueda adoptar las medidas que estime necesarias en defensa de su derecho.

Para las actuaciones en caso de oposición o de ejecución es preceptiva la intervención de abogado y procurador si la cuantía reclamada excede de 2.000 €.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

Hay que justificar sucintamente el origen de la deuda.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Vid supra 1.1.1.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Si no se cumplen los requisitos anteriores, de competencia territorial y aportación de un principio de prueba, o no se subsanase un defecto procesal, el tribunal la inadmite a trámite. Esta decisión es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial.

En el caso de contratos entre empresarios y consumidores, el juez deberá controlar de oficio la existencia o no de cláusulas abusivas. Si el Juez estima, previa audiencia de las partes la existencia de cláusulas abusivas, determinará las consecuencias de tal consideración, que podrán implicar la improcedencia de la pretensión o la continuación del procedimiento sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Esta decisión es igualmente recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial

1.5 Recursos

Frente a la decisión de inadmisión de la petición inicial, existe un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que ha de interponerse en el plazo de 20 días ante el mismo Juzgado.

1.6 Declaración de oposición

El deudor requerido de pago tiene un plazo de 20 días desde la fecha del requerimiento de pago, a los que habrá que añadir el día hábil siguiente del vencimiento al del plazo, hasta las 15 horas para pagar u oponerse. La oposición debe formularse de forma escrita, sin que quepa la comparecencia ante el Juzgado para manifestarla de forma oral, y deberá ir firmada por abogado y procurador cuando la cuantía exceda de 2.000 €; no existen motivos de oposición tasados, de forma que el deudor puede alegar tanto razones de fondo como puramente formales o procesales.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Cuando la cuantía de la pretensión no exceda de 6.000 euros, el Letrado de Administración de Justicia  dicta Decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal, dando traslado de la oposición al solicitante, quien puede impugnarla por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, pueden solicitar la celebración de vista.

Cuando el importe de la reclamación exceda de 6.000 euros, si el solicitante no interpone la demanda correspondiente dentro del plazo de 1 mes desde el traslado del escrito de oposición, se sobreseerán las actuaciones y se condenará en costas al peticionario.

Si presenta la demanda, se da traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de 20 días y se siguen los trámites del juicio ordinario.

Si la cuantía es superior a 6.000 euros, el juzgado concede al acreedor el plazo de un mes para presentar demanda de juicio ordinario.

Si a la vista de las alegaciones de la oposición el acreedor no desea continuar el juicio ordinario, debe desistir expresamente.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si el deudor no atiende el requerimiento de pago o no comparece, el Letrado de la Administración de Justicia dicta Decreto dando por terminado el proceso monitorio y da traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Presentar demanda de ejecución. Si la cuantía excede de 2.000 euros es necesario firma de abogado y procurador.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No cabe recurso. Solo cabe formular oposición a la ejecución en base a  supuestos tasados.


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Última actualización: 02/04/2019

Procedimientos monitorios - Francia


1 Existencia del proceso monitorio

Los artículos 1405 a 1425 del Código de Procedimiento Civil (code de procédure civile) establecen un procedimiento simplificado llamado procedimiento de requerimiento de pago (procédure d’injonction de payer).

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Este procedimiento es aplicable al cobro de todas las deudas contractuales y deudas originadas por el incumplimiento de una obligación jurídica de una cuantía determinada.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

Este procedimiento es aplicable al cobro de todas las deudas contractuales y deudas originadas por el incumplimiento de una obligación jurídica de una cuantía determinada.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Este procedimiento es facultativo.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Solo es competente para conocer de este procedimiento el tribunal del lugar de residencia del deudor o de los deudores demandados, lo cual excluye la posibilidad de recurrir a él cuando el único deudor resida en el extranjero.

1.2 Tribunal competente

La demanda puede interponerse ante el juzgado de primera instancia (tribunal d’instance), el juzgado de proximidad (juridiction de proximité), el presidente del tribunal de lo mercantil (tribunal de commerce) y, a partir del 1 de enero de 2013, ante el presidente del tribunal de primera instancia (tribunal de grande instance) dentro de los límites de sus respectivas competencias.

El tribunal del lugar de residencia del deudor o de los deudores demandados tiene competencia exclusiva para conocer de estos procedimientos. Esta norma es de orden público, y la falta de competencia debe ser apreciada de oficio por el propio juez.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

La petición debe contener obligatoriamente los datos que figuran a continuación:

  • el nombre, el apellido, la profesión y el domicilio de los acreedores y de los deudores o, en el caso de las personas jurídicas, su forma social, su denominación y domicilio social;
  • la indicación precisa de la cuantía reclamada, acompañada de un desglose de la deuda y de documentación que permita determinar su origen.

Si bien la utilización del formulario no es obligatoria, se recomienda su uso. Se trata de un formulario CERFA disponible en el sitio web de la administración francesa (véase el sitio web del Ministerio de Justicia) y en la secretaría de todos los órganos jurisdiccionales competentes.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

La demanda puede ser presentada por el propio acreedor o por cualquier representante.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

No es necesario justificar el origen de la deuda en detalle, sino solo de forma somera (véase la respuesta 1.3.1 anterior).

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

La demanda debe ir acompañada de documentos que justifiquen el origen de la deuda (factura, contrato de arrendamiento, de compraventa, de crédito, desglose de la deuda, etc.). El procedimiento de requerimiento de pago se rige por las normas del procedimiento civil.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El tribunal que deba determinar la admisibilidad de la demanda antes de dictar la orden de requerimiento de pago podrá desestimarla total o parcialmente si la considera infundada.

1.5 Recursos

La decisión de desestimación de la demanda no puede recurrirse, pero el acreedor puede utilizar la vía del juicio ordinario, es decir, puede interponer una demanda ante el tribunal competente con arreglo al procedimiento ordinario.

1.6 Declaración de oposición

El deudor dispone de un mes para oponerse a la orden de requerimiento de pago mediante declaración ante la secretaría del tribunal que dictó la resolución o por carta certificada dirigida a dicha secretaría. No existe ningún otro requisito formal para formular la oposición.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

La oposición debe formularse ante el tribunal. La secretaría del tribunal convoca a todas las partes (incluidas aquellas que no formularon la oposición) a la vista. El tribunal conoce, dentro del límite de su competencia, de la demanda principal y también de las demandas incidentales y de los medios de defensa en cuanto al fondo.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación, el acreedor solicita a la secretaría del tribunal que dictó la orden que inserte la apostilla ejecutiva. No existen requisitos formales para efectuar dicha solicitud (mediante declaración o por correo ordinario). La inserción de la apostilla ejecutiva confiere a la resolución todos los efectos de una sentencia dictada en juicio contradictorio.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Esta decisión no puede recurrirse, ni siquiera en casación. Solo pueden recurrirse en casación las condiciones de inserción de la apostilla ejecutiva por parte de la secretaría.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaSitio web del Ministerio de Justicia

El enlace abre una nueva ventanaSitio web Legifrance


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Última actualización: 26/07/2018

Procedimientos monitorios - Croacia


1 Existencia del proceso monitorio

La República de Croacia aplica el requerimiento europeo de pago, y el procedimiento de emisión de dichos requerimientos está regulado por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o parničnom postupku) [Narodne novine (NN; Diario Oficial de la República de Croacia) n.os 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 y 89/14; en lo sucesivo, «LEC»] y del Reglamento sobre formas de presentación de una petición de requerimiento europeo de pago y del escrito de oposición contra el requerimiento europeo de pago (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN n.º 124/13).

1.1 Ámbito del procedimiento

El procedimiento para emitir un requerimiento europeo de pago se aplica al cobro de deudas pecuniarias cuyo importe sea fijo y que sean exigibles en el momento de presentar la petición del requerimiento europeo de pago. El Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1896/2006») instituyó un proceso monitorio europeo, y dicho Reglamento se aplica en los asuntos transfronterizos de naturaleza civil y mercantil, independientemente del tipo de órgano jurisdiccional, con las excepciones contempladas en el Reglamento.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Reclamaciones que se refieren a deudas económicas (deudas pecuniarias). El objeto de la demanda solo pueden ser deudas que constituyan obligaciones contractuales o extracontractuales y que sean nominales.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No hay límite máximo para la cuantía de la reclamación.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El uso del procedimiento no es obligatorio, dado que el demandante tiene libertad para decidir el modo de ejercitar su derecho, siempre que no contravenga las normas de Derecho imperativo ni el orden público. El órgano jurisdiccional emitirá el requerimiento de pago si se han cumplido todos los requisitos para dicha emisión, aunque el demandante no haya sugerido la emisión de dicho requerimiento en su demanda. En consecuencia, la emisión del requerimiento de pago es obligatoria para el órgano jurisdiccional si se han cumplido los requisitos pertinentes.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Sí.

1.2 Tribunal competente

La competencia para conocer de las peticiones y revisiones de requerimientos europeos de pago (y para expedir un título ejecutivo del mismo) conforme al Reglamento (CE) n.º 1896/2006 corresponde exclusivamente al juzgado de comercio de Zagreb (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Requisitos formales

La petición de requerimiento europeo de pago y el escrito de oposición al requerimiento se deben presentar exclusivamente en forma legible por máquina si el órgano jurisdiccional estima que estos escritos son susceptibles de procesamiento mecánico.

La manera de presentar peticiones de requerimiento europeo de pago y el escrito de oposición contra dicho requerimiento está regulada por el Reglamento sobre las formas de presentación de la petición de requerimiento europeo de pago y del escrito de oposición contra el requerimiento europeo de pago (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) [Narodne Novine (NN; Diario Oficial de la República de Croacia) n.º 124/13; en lo sucesivo, «Reglamento»], que entró en vigor el 17 de octubre de 2013.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

La petición del requerimiento europeo de pago y el escrito de oposición contra el requerimiento se presentarán en los formatos prescritos por el Reglamento n.º 1896/2006 ante el órgano jurisdiccional competente, en papel por correo o en persona. En consecuencia, es obligatorio el uso de un formulario en el procedimiento para la emisión de un requerimiento europeo de pago, y los formularios pueden descargarse desde el sitio web del juzgado de comercio de Zagreb (El enlace abre una nueva ventanahttp://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Cualquier parte (persona física o jurídica) puede optar libremente por representarse a sí misma en el proceso o contratar a un representante, que suele ser un abogado, salvo disposición en contrario en la LEC. En consecuencia, la representación por abogado no es obligatoria en el procedimiento de emisión del requerimiento europeo de pago.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La parte está obligada a rellenar el formulario A (Petición de requerimiento europeo de pago) en formato legible por máquina. El punto 6 de dicho formulario ofrece una serie de posibles fundamentos jurídicos para la reclamación.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

El punto 10 del formulario A permite que la parte adjunte los medios de prueba de que disponga y describa a qué se refiere cada medio de prueba. Los medios de prueba y la obtención de los mismos están regulados por los artículos 219 a 271 de la LEC; el órgano jurisdiccional decide cuáles de los medios presentados se aceptarán para la apreciación y valoración de los hechos. Asimismo, el órgano jurisdiccional decide, según su criterio, qué hechos considera probados, tras una valoración rigurosa y detenida de todos los medios de prueba, tanto individualmente como en conjunto, y teniendo en cuenta los resultados de todo el proceso.

Hay más información sobre los medios de prueba y la obtención de los mismos en el apartado «Obtención de pruebas: Croacia».

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Se aplica la norma general del artículo 109 de la LEC a la inadmisión de las peticiones. Este artículo dispone que, si la petición no es comprensible o no incluye todos los elementos necesarios para resolver sobre ella, el órgano jurisdiccional ordenará al demandante que subsane las deficiencias, es decir, que modifique la petición de conformidad con las instrucciones proporcionadas, y la devolverá para que se realicen las correcciones o modificaciones pertinentes. La petición se considerará desistida si no se devuelve al órgano jurisdiccional corregida conforme a las instrucciones recibidas de dicho órgano en el plazo dispuesto; si se devuelve sin ninguna corrección o modificación, no se admitirá.

1.5 Recursos

El único recurso disponible para el demandado frente a una petición de requerimiento europeo de pago es el escrito de oposición. La solicitud de revisión del requerimiento europeo de pago de conformidad con el artículo 20, apartados 1 o 2, del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se decide por auto, contra el cual no cabe recurso. Solo cabe recurso de apelación contra la resolución ejecutoria por motivos asociados a la pretensión a que se refiere el requerimiento europeo de pago si dichos motivos se hubiesen manifestado con posterioridad a la notificación del requerimiento y no pudieron alegarse en el escrito de oposición en virtud del artículo 16 del Reglamento n.º 1896/2006.

1.6 Declaración de oposición

El demandado puede interponer un escrito de oposición al requerimiento europeo de pago ante el órgano jurisdiccional de origen utilizando el formulario F, que se presenta junto con el requerimiento europeo de pago. El escrito de oposición debe enviarse en los 30 días siguientes a la fecha en que se dio traslado del requerimiento al demandado, y este debe indicar en el escrito de oposición que impugna la reclamación, sin necesidad de especificar los motivos.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el demandado presenta un escrito de oposición contra el requerimiento europeo de pago en el sentido del artículo 16 del Reglamento n.º 1896/2006, el proceso ulterior se sustanciará de conformidad con las disposiciones de la LEC relativas a los escritos de oposición contra un requerimiento de pago (artículos 445 bis y 451 a 456 de la LEC), teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento n.º 1896/2006.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si en los 30 días posteriores a la entrega del requerimiento de pago al demandado, teniendo en cuenta un período de tiempo apropiado para que sea posible la recepción del escrito, no se presentase ante el órgano jurisdiccional, este deberá declarar la ejecutividad del requerimiento europeo de pago utilizando el formulario G.

Un requerimiento europeo de pago ejecutivo (artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 1896/2006) emitido por un órgano jurisdiccional de la República de Croacia constituye un título ejecutivo en virtud del cual puede solicitarse la ejecución en la República de Croacia del mismo modo que en virtud de una resolución ejecutiva de un órgano jurisdiccional croata.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Como norma, el demandante debe solicitar explícitamente al órgano jurisdiccional que emita un certificado de ejecutividad; el órgano jurisdiccional declara la ejecutividad del requerimiento europeo de pago utilizando el formulario G.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

El demandado puede solicitar una revisión del requerimiento europeo de pago por los motivos contemplados en las disposiciones del artículo 507 quindecies de la LEC, teniendo en cuenta los motivos del artículo 20 del Reglamento n.º 1896/2006, y el órgano jurisdiccional que conoce de la petición puede suspender la ejecución aplicando las disposiciones correspondientes de la Ley de ejecución (Ovršnog zakona) relativas a la suspensión de la ejecución a instancia del deudor.


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Última actualización: 23/08/2018

Procedimientos monitorios - Italia

Nota: la versión original de esta página italiano se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


1 Existencia del proceso monitorio

Entre otros procedimientos simplificados, la Ley de Enjuiciamiento Civil italiana prevé un procedimiento monitorio (procedimento di ingiunzione) (artículos 633 y siguientes). Se trata de un procedimiento ex parte, puesto que el órgano jurisdiccional decide sobre la solicitud del acreedor sin tomar declaración al deudor ni permitirse que presente por escrito su respuesta o sus alegaciones.

Solo se toma declaración al deudor posteriormente, en caso de que impugne la orden de pago.

La orden de pago puede solicitarse solo para ciertas reclamaciones (demanda de pago de una cantidad de dinero o entrega de una cantidad específica de bienes fungibles, etc.) y está sujeta a determinadas condiciones establecidas en el Código Civil (por ejemplo, los acreedores deben aportar pruebas escritas de su demanda).

Si el órgano jurisdiccional que concede la demanda considera que está fundada, ordenará al deudor que pague la cantidad de dinero dentro de un plazo determinado de habitualmente 40 días, pero también notificaré al deudor que puede recurrir la orden dentro del mismo plazo y que, de no hacerlo, la orden de pago será definitiva y podrá ser ejecutada.

1.1 Ámbito del procedimiento

El procedimiento es aplicable a las demandas presentadas por acreedores a quienes se les debe dinero o una cantidad específica de bienes fungibles, o por cualquier persona con derecho a recibir un bien mueble específico.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Cuando el procedimiento se refiera a una demanda pecuniaria, debe especificarse con precisión la cantidad en cuestión. Esto impide que se pueda recurrir a una orden de pago para reclamaciones extracontractuales, por ejemplo, para reclamar una indemnización por un daño sufrido como consecuencia de un acto ilegal.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No, no hay un umbral superior. Una orden de pago puede requerirse para demandas por cualquier valor.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El uso del procedimiento monitorio es opcional. Un acreedor siempre tiene la opción de emprender una acción legal ordinaria.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Sí.

1.2 Tribunal competente

La orden de pago debe solicitarse ante el juez de paz (giudice di pace) o ante el órgano jurisdiccional general (tribunale) que sería competente en el caso de un procedimiento ordinario. El juez de paz tiene competencia para conocer solamente de las demandas de escasa cuantía, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase el anexo que se menciona más abajo). Cuando la solitud se presenta ante un órgano jurisdiccional general, este se compone de un solo juez.

Las demandas relativas a las tasas por servicios jurídicos prestados, ya sean judiciales o extrajudiciales, o al reembolso de los honorarios de abogados, oficiales de justicia o cualquier persona que haya prestado sus servicios en el curso de un proceso judicial, las analiza el órgano jurisdiccional que conoció del asunto al que se refiere la demanda del acreedor.

Los abogados pueden solicitar una orden de pago contra sus clientes ante el órgano jurisdiccional del lugar donde estén registrados como parte de un colegio/asociación de abogados (consiglio dell’ordine). De igual modo, los notarios pueden presentar demandas ante el órgano jurisdiccional del lugar donde estén registrados como parte de una asociación de notarios (consiglio notarile) (véase también la ficha sobre «Jurisdicción»).

1.3 Requisitos formales

La demanda de pago debe contener la información que recoge el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase el anexo que se menciona más abajo), y debe presentarse ante la oficina del secretario judicial del órgano jurisdiccional, junto con los documentos que la acompañen.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No, no existe un formulario especial.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Por norma, sí es obligatoria. No obstante, en determinados casos los demandantes pueden representarse a sí mismos ante los órganos jurisdiccionales. Uno de esos casos se da cuando la demanda la conoce un juez de paz y concierne una cantidad de dinero de 1 100 EUR o menos. Otro caso se da cuando el demandante tiene cualificación para ejercer como abogado ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La solicitud debe describir la demanda y las razones que la justifican. Las razones para presentar la demanda no necesitan describirse en detalle, y pueden incluir una descripción breve de los hechos y documentos pertinentes.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Sí. Las pruebas escritas para la demanda incluyen, en particular, acuses de recibo y promesas unilaterales por escrito. Cuando una demanda esté relacionada con la provisión de bienes o servicios, y dicha provisión fue realizada de una empresa a otro, o de una empresa a una persona que no ejerce actividad profesional o comercial, las pruebas escritas de la demanda también pueden consistir en extractos reales de la contabilidad de la empresa acreedora, siempre que dicha contabilidad haya sido mantenida de la forma requerida por Ley. Las facturas comerciales también pueden constituir pruebas escritas de la demanda adecuadas, siempre que estén acompañadas de una copia sellada del registro de facturas del demandante.

En cuanto a las pruebas justificativas, se aplican normas específicas a las demandas relativas a tasas y reembolsos incoadas por abogados, notarios y miembros de otras profesiones, así como a las incoadas por el Estado y por las autoridades públicas.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Si el órgano jurisdiccional considera que la demanda no está lo suficientemente fundamentada, informará de ello al demandante a través del secretario judicial, solicitando que el demandante aporte pruebas adicionales. Si el demandante no responde o no retira la solicitud, o si su solicitud no puede ser aceptada, el órgano jurisdiccional la desestimará por medio de una resolución judicial motivada.

En tales casos, la demanda puede volver a presentarse bien a través de un procedimiento especial, bien a través del procedimiento ordinario.

1.5 Recursos

La denegación no puede recurrirse ni a través de un recurso ordinario ni a través de un recurso de casación.

1.6 Declaración de oposición

Si el órgano jurisdiccional acepta una demanda, expide una orden de pago que debe notificársele al demandado en el plazo de 60 días a partir de la resolución judicial cuando deba notificarse dentro de Italia, o de 90 días si debe notificarse fuera de Italia

Una vez recibe la orden de pago, el deudor tiene 40 días para impugnar la demanda.

Cuando existan razones suficientes para hacerlo, el plazo de presentación de alegaciones a la demanda puede reducirse a 10 días o ampliarse hasta 60 días. Si el demandado vive en otro país de la UE, el plazo es de 50 días y puede reducirse a 20 días. Si el demandado vive en un país de fuera de la UE, el plazo es de 60 días y puede reducirse a 30 o ampliarse a 120 días.

Los demandados pueden recurrir la demanda incluso después de que venza el plazo, si consiguen probar que no fueron informados a su debido tiempo por una notificación irregular de la orden de pago, por cualquier evento imprevisible o por causa de fuerza mayor. No puede presentarse ninguna alegación pasados 10 días a partir de la primera medida de ejecución.

El recurso contra una orden de pago (opposizione) debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que la dictó, por medio de una citación judicial (citazione) que debe notificársele al demandante en la dirección indicada en la demanda. La citación que impugna la orden de pago debe contener la información que habitualmente contienen las citaciones. En particular, el oponente debe enumerar las razones para oponerse a la demanda.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Una alegación de esta naturaleza da lugar a un procedimiento judicial ordinario, en el que el órgano jurisdiccional revisa la validez de la demanda de pago.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si no se presenta alegación alguna en el plazo previsto, o si el demandado no comparece ante el órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional que dictó la orden de pago declarará que esta puede ejecutarse en virtud de la solicitud del demandante.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Existen cuatro supuestos posibles.

El primero tiene lugar cuando el plazo de alegaciones a la demanda todavía no se ha agotado. El solicitante puede requerir que el órgano jurisdiccional declare la orden provisionalmente ejecutable con efecto inmediato. Esta solicitud puede concederse solo si se cumplen las condiciones especiales para la ejecución provisional, que están recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil: por ejemplo, si la demanda se origina en una letra de cambio o cheque, o si el retraso en la ejecución causaría un grave daño al acreedor. Como condición para la ejecución provisional en esta fase temprana, el órgano jurisdiccional puede requerir que el acreedor deposite una fianza a favor del deudor.

El segundo supuesto tiene lugar cuando el deudor a quien se ha notificado la orden de pago no presenta sus alegaciones a tiempo. Cuando esto ocurre, el acreedor puede presentar una solicitud para la ejecución de la orden.

El tercer supuesto se da cuando el deudor ha presentado alegaciones y el caso sigue pendiente de resolución. En esa situación, el acreedor puede presentar una solicitud para la ejecución provisional de la orden de pago. Esta petición puede atenderse solo cuando se cumplen las condiciones recogidas en la Ley (por ejemplo, cuando la alegación no viene documentada por ningún tipo de prueba escrita). El órgano jurisdiccional puede también ordenar la ejecución provisional de solo una parte de la orden, es decir, hasta la cantidad que el deudor no ha impugnado. El órgano jurisdiccional también puede conceder la ejecución provisional de la orden de pago si el acreedor proporciona una fianza que cubra la cantidad del posible reembolso, más los y daños y perjuicios.

El cuarto supuesto se da cuando se desestima la alegación: como consecuencia de esa desestimación, la orden de pago se puede ejecutar, si es que no podía ejecutarse antes.

Las órdenes de pago que se han declarado ejecutivas en virtud de cualquiera de los supuestos anteriores también permiten al acreedor inscribir una hipoteca judicial sobre los bienes del deudor.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Una orden de pago que haya adquirido carácter ejecutivo debido a que el deudor no presentó alegaciones puede ser revocada en los casos excepcionales previstos en la legislación (por ejemplo, si se prueba que la decisión del órgano jurisdiccional se dictó sobre la base de pruebas que posteriormente resultaron ser falsas). Cuando la orden de pago afecta a derechos de terceros, esas terceras partes también pueden presentar alegaciones.

Una sentencia que agota el procedimiento de alegación puede recurrirse de acuerdo con el procedimiento ordinario.

Anexos relacionados

Orden de pago: Código de Procedimiento Civil, artículos 633-656PDF(112 Kb)it

Orden de Pago: Código de Procedimiento Civil, jurisdicciónPDF(46 Kb)it


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Última actualización: 02/05/2017

Procedimientos monitorios - Chipre


1 Existencia del proceso monitorio

No existe a nivel nacional un procedimiento particular de requerimiento de pago que no sea el previsto en el Reglamento nº 1896/2006, para cuya aplicación se han adoptado normas de procedimiento.

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

No aplicable.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No aplicable.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

No aplicable.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No aplicable.

1.2 Tribunal competente

No aplicable.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No aplicable.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No aplicable.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

No aplicable.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No aplicable.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

No aplicable.

1.5 Recursos

No aplicable.

1.6 Declaración de oposición

No aplicable.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

No aplicable.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

No aplicable.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No aplicable.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 26/03/2018

Procedimientos monitorios - Letonia

Nota: la versión original de esta página letón se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


1 Existencia del proceso monitorio

En Letonia existen dos posibilidades: la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, capítulo 50, artículos 400–406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y la ejecución de obligaciones previo requerimiento judicial (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, capítulo 50.1, artículos 406.1–406.10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Se permite la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas:

  1. en virtud de acuerdos relativos a obligaciones que están garantizadas con una hipoteca pública o un compromiso comercial;
  2. en virtud de acuerdos de duración determinada certificados notarialmente o de acuerdos de duración determinada con un efecto jurídico equivalente para el pago de una cantidad de dinero o para la devolución de bienes muebles;
  3. en virtud de acuerdos de duración determinada para el arrendamiento o el alquiler de propiedades que son certificados notarialmente o que pasan a constar en un registro de la propiedad y que disponen que el arrendatario o el inquilino tiene el deber de, en el momento de expirar el plazo, desocupar o devolver la propiedad arrendada o alquilada (excepto un apartamento), y de abonar los pagos de arrendamiento o de alquiler;
  4. en virtud de un pagaré no protestado.

Las obligaciones anteriores no serán objeto de ejecución forzosa si:

  1. dicha ejecución se refiere a bienes de propiedad estatal;
  2. la obligación se ha extinguido por prescripción, cuyo plazo queda patente en el propio documento.

La ejecución de obligaciones previo requerimiento judicial se permite en relación con obligaciones de pago que se demuestran en un documento y cuyo plazo de ejecución ya ha vencido; y en relación con obligaciones de pago de compensaciones que se contempla en un contrato de suministro de mercancías, de compra de mercancías o de prestación de servicios, si dichas obligaciones se demuestran en un documento y no se ha especificado un límite de tiempo.

La ejecución de obligaciones tras notificación del tribunal no se permite:

  1. para el pago de una obligación incumplida;
  2. si el lugar de residencia declarado o el lugar de residencia de facto del deudor no es conocido;
  3. si el lugar de residencia declarado o el lugar de residencia de facto del deudor no está en Letonia;
  4. si la multa exigida supera el importe de la deuda principal;
  5. si el interés exigido supera el importe de la deuda principal;
  6. para obligaciones de pago, si el importe de la deuda supera los 15 000 EUR.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

La aplicación de los procedimientos no es obligatoria.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

La ejecución de obligaciones previo requerimiento judicial no está permitida si el lugar de residencia declarado, el lugar de residencia de facto o la sede oficial del deudor no se encuentra en Letonia.

La ejecución forzosa de obligaciones no impugnada procede si se presenta una solicitud basada en documentos que comprometen bienes inmuebles, o en una obligación de desocupar o devolver bienes inmuebles arrendados o alquilados, si dicha propiedad inmobiliaria está localizada en Letonia. En Letonia es posible presentar una solicitud para la ejecución forzosa basada en una obligación de hipoteca naval, si la hipoteca está registrada en Letonia.

1.2 Tribunal competente

Las solicitudes de ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas se dirigirán a la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa):

  1. del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor, si la solicitud se refiere a obligaciones para el pago de dinero o para la devolución de bienes muebles, o a obligaciones impuestas por contratos que están garantizados por un compromiso comercial;
  2. del lugar donde está situado el ibein inmueble, si la solicitud se realiza en virtud de documentos que comprometen bienes inmuebles o de una obligación de desocupar o devolver la propiedad inmobiliaria arrendada o alquilada; si la obligación está garantizada con varios bienes inmuebles, y las solicitudes son competencia de las oficinas de registro de la propiedad de diferentes tribunales de distrito o municipales, la solicitud será tramitada por la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde esté situada una propiedad inmueble, a elección del solicitante.
  3. del lugar donde se ha registrado la obligación de hipoteca naval, si la solicitud se basa en una obligación de ese tipo.

Las solicitudes de ejecución de obligaciones previo requerimiento se presentarán ante la oficina del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de residencia del deudor, o en su defecto del lugar de residencia o de la sede oficial de facto del deudor.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

La solicitud de ejecución de obligaciones previo requerimiento debe establecerse de conformidad con el anexo 1 de la Norma Ministerial nº 792 de 21 de julio de 2009 sobre los modelos que se utilizarán para la ejecución de obligaciones previo requerimiento.

En el portal judicial de Letonia El enlace abre una nueva ventanahttp://www.tiesas.lv/, en la sección E-Pakalpojumi («servicios electrónicos»), E-veidlapas («formularios electrónicos»), se ofrece un modelo de solicitud para la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu). El modelo puede ser descargado y cumplimentado para su envío en formato impreso.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No, esto no es obligatorio. Las normas generales sobre representación se establecen en el capítulo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

No es necesario detallar los motivos de una solicitud.

Las solicitudes de ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas deben señalar la obligación y el documento que el acreedor quiere ejecutar, indicando la deuda principal que se desea recuperar así como posibles multas e intereses, y en el caso de un pagaré los gastos asociados al protesto y la compensación establecida por ley. La solicitud deberá adjuntar lo siguiente: el documento que se quiere ejecutar, y una copia certificada del mismo, o en el caso de un pagaré el documento de protesto, un documento que demuestre que se ha abonado la tasa estatal (valsts nodeva) y pruebas de que se ha producido la advertencia, a menos que se desprenda de la legislación que dicha advertencia no es necesaria.

La solicitud de ejecución de obligaciones previo requerimiento se presenta cumplimentando un modelo estándar que contiene datos sobre el solicitante y el deudor, la obligación de pago, los documentos que corroboran la obligación y el plazo para cumplir la obligación, la cantidad exigida y el modo de calcularla, una declaración del solicitante que certifique que la deuda no corresponde a una contrapartida o que la contrapartida ya se ha ejecutado, una petición al tribunal para que notifique al deudor y ordene la ejecución de la obligación de pago y la recuperación de las costas judiciales; y una declaración que certifique que el tribunal ha recibido información fidedigna sobre los hechos y que el solicitante es conocedor de que presentar solicitudes falsas está considerado un delito por el Derecho Penal.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Una solicitud de ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas deberá adjuntar lo siguiente: el documento que se va a ejecutar y una copia certificada del mismo, o en el caso de un pagaré el documento de protesto, un documento que demuestre que se ha abonado la tasa estatal, y pruebas de que se ha producido la advertencia, a menos que se desprenda de la ley que dicha advertencia no es necesaria (la prueba de que se ha producido la advertencia puede ser una declaración redactada por un agente judicial o su ayudante en la que se indique que el destinatario se ha negado a aceptar la advertencia).

Para la ejecución de obligaciones previo requerimiento, no es necesario presentar pruebas por escrito de la deuda, aunque la solicitud debe identificar los documentos que corroboren la obligación y el plazo para su cumplimiento. Si el deudor rebate la validez de la obligación de pago en los 14 días posteriores a la recepción de la notificación enviada por el tribunal, se suspenderá el procedimiento judicial de ejecución de obligaciones previo requerimiento. La decisión de suspender el procedimiento en virtud de una objeción del deudor no impide que el acreedor pueda iniciar una acción judicial ordinaria en relación con la deuda.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

En relación con una solicitud para la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas, el juez, actuando como órgano unipersonal, adopta una decisión en un plazo de siete días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sobre la base de la solicitud y de los documentos adjuntos, sin notificación previa al solicitante y al deudor. El juez desestimará la solicitud si es infundada, o si la multa indicada en la solicitud resulta desproporcionada para la deuda principal, o si el documento que se quiere ejecutar contiene disposiciones contractuales injustas que vulneran los derechos del consumidor.

En el caso de una ejecución de obligaciones previo requerimiento, si el tribunal acepta la solicitud pero en un plazo de 14 días a partir de la recepción de la notificación enviada por el tribunal el deudor presenta un escrito de oposición impugnando la validez de la obligación de pago o demuestra que la deuda ha sido pagada, el juez suspenderá los procedimientos.

1.5 Recursos

La decisión de un juez sobre una solicitud para la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas o la ejecución de obligaciones previo requerimiento no puede ser objeto de recurso.

1.6 Declaración de oposición

En el caso de una solicitud para la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas, el juez, actuando como órgano unipersonal, decidirá sin tener en cuenta la opinión del deudor.

En el caso de una solicitud de ejecución de obligaciones previo requerimiento, el juez envía una notificación al deudor y le propone pagar la cantidad indicada en la solicitud o bien presentar un escrito de oposición ante el tribunal en un plazo de 14 días a partir de la recepción de la notificación.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

En el caso de una solicitud para la ejecución de obligaciones previo requerimiento, si el deudor presenta un escrito de oposición impugnando la validez de la obligación de pago en un plazo de 14 días a partir de la recepción de la notificación, se suspenderá el procedimiento judicial de ejecución de obligaciones previo requerimiento. Si el deudor acepta una parte de la solicitud, se notificará al solicitante la respuesta del deudor y el plazo fijado para que el solicitante informe al tribunal si esa parte de la solicitud cuya ejecución se acepta ha sido entregada. Si el solicitante no está de acuerdo con la ejecución de una parte de la obligación, o si no responde en el plazo especificado en la notificación, se suspenderá el procedimiento judicial.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

En el caso de una solicitud para la ejecución de obligaciones previo requerimiento, si el deudor no presenta un escrito de oposición en el plazo especificado en la notificación, el juez adoptará una decisión, en un plazo de siete días a partir dela fecha de expiración del plazo habilitado para el escrito de oposición, ordenando la ejecución de la obligación de pago especificada en la solicitud y el cobro de las costas judiciales.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Ejecución de obligaciones previo requerimiento: la resolución del juez sobre la ejecución de la obligación de pago indicada en la solicitud surte efecto de inmediato; se trata de un documento ejecutivo conforme a las normas sobre ejecución de sentencias.

Ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas: el juez, tras examinar la validez de la solicitud y entendiendo que debe ser aceptada, adopta una decisión para determinar qué obligación será ejecutada y en qué medida. La resolución del juez surte efecto de inmediato; se trata de un documento con fuerza ejecutiva que puede ser ejecutado de conformidad con las normas sobre ejecución de sentencias. La resolución del juez es presentada para su ejecución junto con una copia certificada del documento ejecutivo.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Una resolución de un juez sobre una solicitud para la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas o para la ejecución de obligaciones previo requerimiento no puede ser recurrida; sin embargo, si el deudor opina que la demanda del solicitante es infundada en su fondo, podrá interponer una demanda contra el acreedor para rebatir la demanda (en el caso de la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se envía la copia certificada de la resolución judicial, y en el caso de la ejecución de obligaciones previo requerimiento, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se envía la copia certificada de la resolución). Cuando el deudor interpone esta demanda, puede solicitar la suspensión de la ejecución de obligaciones; si el acreedor ya ha obtenido satisfacción por medio del proceso de ejecución, el deudor puede solicitar que se garantice su reclamación. La demanda será interpuesta de conformidad con los procedimientos contemplados por la Ley de Enjuiciamiento Civil ante el tribunal que tramitó la solicitud anterior para la ejecución forzosa de obligaciones o la ejecución de obligaciones previo requerimiento. No obstante, si la demanda es competencia de un tribunal regional, deberá ser interpuesta ante el tribunal regional competente para la sección del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal que consideró la solicitud anterior.


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Última actualización: 07/02/2019

Procedimientos monitorios - Lituania


1 Existencia del proceso monitorio

Las peticiones relativas a un requerimiento europeo de pago se examinan de conformidad con las normas recogidas en el capítulo XXIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituania (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas), con sujeción a las excepciones previstas en el mismo.

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El procedimiento que recoge el capítulo XXIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituana es aplicable a asuntos en los que un acreedor presenta una petición relativa a demandas pecuniarias (derivadas de un contrato, un ilícito civil, relaciones laborales, el pago de la pensión alimenticia, etc.).

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Los asuntos tramitados de conformidad con el capítulo XXIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil también se podrán cursar mediante procedimiento contencioso o procedimiento documental, a elección del acreedor.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

De acuerdo con el capítulo XXIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se admitirán a trámite las peticiones cuando el deudor viva o tenga su domicilio social en el extranjero.

Cuando se haya incoado un procedimiento basándose en el crédito de un acreedor y, tras la emisión del requerimiento, resulte que se desconoce el lugar de residencia o el lugar de trabajo del deudor, el órgano jurisdiccional revocará dicho requerimiento y la petición del acreedor quedará pendiente de resolución. No cabrá recurso de apelación independiente contra dicha decisión judicial. En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional podrá revocar el requerimiento y dejar pendiente de resolución la petición del acreedor únicamente cuando hubiera fijado con anterioridad un plazo para que el acreedor aclarase el lugar de residencia o el lugar de trabajo del deudor, o adoptase medidas que permitiesen al tribunal dar traslado de los escritos procesales por otros medios.

1.2 Tribunal competente

Las causas que se basen en peticiones de requerimiento europeo de pago serán examinadas por los tribunales de distrito que correspondan en función del lugar de residencia.

1.3 Requisitos formales

Aparte de los requisitos generales establecidos respecto al contenido y la forma de los escritos procesales, en la petición de requerimiento deberá especificarse lo siguiente:

  1. el nombre, los apellidos, el número de identificación personal y el domicilio del acreedor o, cuando este sea una persona jurídica, su razón social completa, domicilio social, número de identificación y número de cuenta corriente, los datos de la entidad de crédito pertinente y, si la petición la presentase un representante, el nombre y el domicilio del representante del acreedor;
  2. el nombre, los apellidos, el número de identificación personal (de conocerse), el domicilio y el lugar de trabajo (de conocerse) del deudor y, cuando este sea una persona jurídica, su razón social completa, domicilio social, número de identificación y número de cuenta corriente (de conocerse), así como los datos de la entidad de crédito pertinente (de conocerse);
  3. la cuantía del crédito;
  4. en asuntos referentes al pago de intereses o a sanciones por incumplir los plazos de pago, el tipo, el importe y el período de cálculo de los intereses o la sanción;
  5. la pretensión, los hechos en los que se basa y las pruebas;
  6. una solicitud razonada para la aplicación de medidas provisionales respecto al deudor, cuando existan fundamentos jurídicos para adoptarlas y se disponga de información sobre el patrimonio del deudor;
  7. confirmación de que no concurren los motivos especificados en el artículo 431, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituania (cuando se emite el requerimiento judicial, no se ha incumplido la obligación [o parte de la obligación] que corresponde al acreedor, respecto a la cual se reclama el pago, y el deudor exige su cumplimiento; puede haberse incumplido parcialmente dicha obligación, en cuyo caso el acreedor exigirá el pago de esa parte; el deudor vive o tiene su domicilio social en el extranjero; se desconocen el lugar de residencia y el lugar de trabajo del deudor).
  8. un listado de los documentos adjuntos a la petición.

En un asunto relativo al pago de la pensión alimenticia también deberán consignarse la fecha y el lugar de nacimiento del deudor, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia del beneficiario (si la petición la presenta una persona diferente a este), el importe solicitado en concepto de pensión alimenticia mensual y el período durante el cual se pretende recibir dicho pago.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Es recomendable utilizar los impresos normalizados aprobados por el Ministerio de Justicia.

En el Portal de Servicios Electrónicos de los Tribunales y Juzgados de Lituania se facilita un modelo de impreso para la petición de un requerimiento judicial: El enlace abre una nueva ventanahttps://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

Este aspecto no está regulado.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No es necesario adjuntar pruebas a la petición de requerimiento judicial.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El tribunal desestimará la petición de requerimiento judicial en los siguientes casos:

– en las circunstancias recogidas por el artículo 137, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituania (no debería someterse el asunto a un órgano jurisdiccional por la vía civil; la demanda no es competencia del órgano jurisdiccional en particular; la persona que ha planteado el asunto al tribunal ha incumplido el procedimiento previo de adjudicación extrajudicial que establece la legislación para esa categoría de causas en concreto; se ha emitido un laudo arbitral o una resolución judicial en vigor en un litigio entre esas mismas partes respecto a la misma cuestión, sobre la base de los mismos fundamentos jurídicos, o existe una resolución judicial en vigor en la que se admite la renuncia al crédito por parte del reclamante o se aprueba un acuerdo de conciliación entre las partes; se encuentra pendiente en el órgano jurisdiccional un asunto relativo a una controversia entre las mismas partes con respecto al mismo objeto y basada en los mismos fundamentos jurídicos; las partes han llegado a un acuerdo para referir el asunto a un tribunal de arbitraje; se ha presentado la petición en nombre de una persona sin capacidad jurídica; la petición ha sido presentada en nombre del interesado por una persona no facultada a tal efecto);

- la petición no cumple los requisitos de admisibilidad que recoge el artículo 431, apartados 1 y 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituania o no está claramente justificada.

1.5 Recursos

Cabrá recurso de apelación independiente contra una resolución de desestimación de la petición.

1.6 Declaración de oposición

El deudor puede presentar una declaración de oposición a la demanda del acreedor, o a una parte de esta, ante el órgano jurisdiccional que haya emitido el requerimiento. Si el deudor ha pagado una parte del crédito contraído con el acreedor o si reconoce una parte de dicho crédito pero no lo ha pagado, podrá oponerse a la validez de la parte restante del crédito.

La declaración de oposición por parte del deudor a la demanda del acreedor deberá manifestarse por medio de un escrito, en el plazo de veinte días desde la notificación del requerimiento judicial al deudor. Las declaraciones de oposición deben cumplir los requisitos generales establecidos respecto a la forma y contenido de los escritos procesales, salvo el que se refiere a indicar los fundamentos jurídicos de la oposición. Si el deudor ha presentado la declaración de oposición tras el vencimiento del plazo especificado, por motivos justificados, el órgano jurisdiccional podrá renovar el plazo a instancia del deudor. Cabrá recurso de apelación independiente contra una resolución por la que se desestime una petición de este tipo por parte del deudor.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Cuando el tribunal reciba una declaración de oposición del deudor, deberá notificar al acreedor, en un plazo máximo de tres días hábiles, que puede interponer una demanda de acuerdo con la normativa general por la que se rijan los procedimientos contenciosos (incluidas las normas sobre competencias jurisdiccionales) y pagar la parte adicional de las tasas judiciales, en un plazo máximo de catorce días desde la recepción de la notificación judicial. No se podrán suspender las medidas provisionales aplicadas por el órgano jurisdiccional antes de que haya finalizado el plazo de interposición de la demanda.

Si el deudor paga parte de los créditos contraídos con el acreedor como el tribunal le ha ordenado o reconoce parte del crédito pero no realiza su pago y se opone únicamente a la parte restante de este, el tribunal emitirá un nuevo requerimiento en el que se concederá el crédito en la medida en que el deudor no se haya opuesto al mismo, conforme a las normas recogidas en el capítulo pertinente. Si el deudor se opone al requerimiento judicial únicamente en lo que se refiere al pago de las costas procesales, el órgano jurisdiccional decidirá sobre este asunto mediante una resolución. El acreedor podrá iniciar diligencias respecto a la parte de los créditos que no se hayan satisfecho conforme al procedimiento establecido en el artículo pertinente.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si el acreedor no presenta al tribunal un escrito de demanda debidamente redactado en el plazo de catorce días, no se tendrá por interpuesta la demanda y se le devolverá al acreedor mediante una resolución judicial. Asimismo, se revocarán el requerimiento judicial y cualquier medida provisional adoptada. Esta resolución podrá impugnarse mediante un recurso de apelación independiente, aunque eso no impedirá al acreedor presentar una demanda siguiendo el procedimiento general.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Si el deudor no se opone a la petición del acreedor en un plazo de veinte días, el requerimiento judicial seguirá su curso. No se puede aplicar un requerimiento judicial con carácter urgente.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No cabrá recurso de apelación ni de casación contra un requerimiento judicial.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 27/07/2018

Procedimientos monitorios - Luxemburgo

Nota: la versión original de esta página francés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: inglés.


1 Existencia del proceso monitorio

Además del proceso monitorio europeo, Reglamento (CE) nº 1896/2006, de 12 de diciembre de 2006, la legislación luxemburguesa permite el cobro rápido de créditos pendientes por medio de la «solicitud de medidas cautelares» («ordonnances sur requête») ante el tribunal de distrito (para los créditos de más de 10 000 EUR). El proceso ante el juez de paz (para los créditos de hasta 10 000 EUR) se examina entre los procedimientos relativos a demandas de poca cuantía: véase la ficha «Procedimientos relativos a demandas de poca cuantía - Luxemburgo».

1.1 Ámbito del procedimiento

Es responsabilidad de la persona interesada iniciar un procedimiento de urgencia o iniciar un procedimiento en materia de requerimiento de pago.

El procedimiento de urgencia, «provisión de fondos», debe ir seguido de un procedimiento sobre el fondo, de tal modo que la totalidad de los procedimientos que se efectúen no pueda considerarse económica.

Los procedimientos previstos en materia de solicitud de provisión (provision sur requête) y, por tanto, de requerimiento de pago son, a fin de cuentas, los procedimientos de cobro de deudas más rápidos y más económicos.

El procedimiento varía en función de la cuantía del importe pendiente de cobro.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El procedimiento de solicitud de medidas cautelares se aplica a los créditos dinerarios de un importe principal superior a 10 000 EUR (excluidos intereses y gastos).

El procedimiento de solicitud de medidas cautelares solo cabe si los deudores tienen su domicilio en Luxemburgo.

El recurso al procedimiento de solicitud de medidas cautelares solo está disponible para los créditos dinerarios documentados por escrito. La solicitud de medidas cautelares no podrá, por ejemplo, servir para obtener una condena rápida de pago de daños y perjuicios.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Facultativo.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

El proceso monitorio europeo.

1.2 Tribunal competente

El acreedor que quiera conseguir que se dicten medidas cautelares por un importe superior a 10 000 EUR deberá dirigirse al presidente del tribunal de distrito que sea competente en el territorio donde esté situado el domicilio del deudor, a menos que pueda dejar constancia de una cláusula atributiva de competencia válida. Existen dos tribunales de distrito en el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo: en Luxemburgo y en Diekirch.

Son aplicables las normas generales en materia de competencia.

1.3 Requisitos formales

La demanda para obtener la solicitud de medidas cautelares deberá presentarse en la secretaría del tribunal de distrito. Esta deberá contener, so pena de nulidad, los nombres, apellidos, profesiones y domicilios o residencias de las partes demandantes y demandadas, el objeto de la demanda, la exposición de los motivos y los documentos justificativos de la demanda.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No existe un formulario preestablecido.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No es necesario recurrir a un abogado para presentar una demanda de requerimiento de pago.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

El acreedor deberá indicar el objeto de su demanda (es decir, el importe que reclama) y exponer sus medios (es decir, los motivos por los cuales se debe el dinero). Esta exposición podrá ser sumaria, pero deberá estar motivada. La extensión de las explicaciones que deben proporcionarse, en la práctica, variará en función de la complejidad del expediente: si los documentos en sí contienen una explicación, la explicación podrá ser sumaria.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

El acreedor deberá completar su solicitud mediante la presentación de documentos. El juez se basará fundamentalmente en los documentos proporcionados para apreciar si la demanda es o no admisible.

Tan solo es posible la presentación de «documentos»; el acreedor no podrá (en esta fase del procedimiento) proponer que se demuestre el fundamento de su crédito por otros medios, como por ejemplo, con ayuda de testigos.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El juez rechazará la demanda si considera que la existencia del crédito no está suficientemente demostrada por las explicaciones proporcionadas.

La orden de desestimación deberá estar motivada, como cualquier otra resolución judicial.

1.5 Recursos

La orden de desestimación no se podrá recurrir. No obstante, cabe señalar que tampoco impide al acreedor iniciar otros procedimientos ante el juez que entienda sobre el fondo del asunto o ante el juez de medidas provisionales.

1.6 Declaración de oposición

El deudor al que se ha notificado la orden de requerimiento de pago tiene un plazo de quince días para oponerse a este requerimiento.

La oposición se realiza por medio de una declaración escrita depositada en la secretaría por el deudor o su representante legal. Debe contener una indicación, al menos sumaria, de los motivos en los que se fundamenta y debe ir acompañada de cualquier documento que justifique la oposición.

El secretario judicial anotará la declaración de oposición en el registro de la secretaría, entregará un resguardo al opositor y notificará la oposición al demandante.

Téngase en cuenta que, aunque el plazo para impugnar sea de quince días, seguirá siendo posible presentar una oposición siempre que el acreedor no haya solicitado la expedición del certificado. Considerando que es poco habitual que un acreedor solicite el certificado inmediatamente una vez transcurridos los quince días, el deudor a menudo dispone de un plazo más largo que el que establece la ley, sin disponer no obstante de una certidumbre, como sucede durante los quince días iniciales.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

La oposición del deudor detiene el procedimiento, lo que significa que la expedición inmediata de un título ejecutivo deja de ser posible. Por el contrario, se mantienen algunos efectos de la notificación; por ejemplo, los intereses continúan devengándose a partir de la fecha en que se ha notificado la orden al deudor.

El juez examina la oposición. Si se considera que la oposición está bien fundamentada, el juez lo hará constar en un auto motivado y pronunciará que la orden que había dictado se considerará carente de validez. En el caso de que la oposición solo esté fundamentada parcialmente, el juez dictará sentencia en relación con la parte del crédito que se reconozca como fundamentada. Si se desestima la oposición, el juez pronunciará en su auto la condena del deudor.

Es importante mencionar que, en el marco de este procedimiento, el juez podrá pronunciarse sin haber procedido a la audiencia de las partes. El juez podrá hacer comparecer a las partes en la audiencia, pero el debate en audiencia pública no es obligatorio.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si el deudor no presenta oposición en el plazo de quince días a partir de la notificación, el acreedor podrá solicitar al tribunal la expedición de un título ejecutivo.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

La demanda se presentará ante el secretario judicial mediante una declaración por escrito realizada por el acreedor o su representante legal, y se depositará en el registro.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Si se había notificado la orden al propio deudor, el título ejecutivo tendrá los efectos de una orden contradictoria y ya no podrá recurrirse en apelación una vez transcurridos quince días a partir de la notificación. Si, por el contrario, la orden condicional no había podido entregarse en mano al deudor, el título ejecutivo tendrá los efectos de una orden dictada en rebeldía y se podrá presentar oposición durante ocho días a partir de la notificación.

Información complementaria

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.legilux.lu/; El enlace abre una nueva ventanahttps://justice.public.lu/fr.html


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Última actualización: 21/01/2019

Procedimientos monitorios - Malta

Nota: la versión original de esta página inglés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


1 Existencia del proceso monitorio

El Derecho maltés prevé un procedimiento especial para las reclamaciones sin oposición con arreglo al Capítulo 12, artículo 166A, de la Legislación de Malta (Código de Organización y Procedimiento Civil).

1.1 Ámbito del procedimiento

Este procedimiento debe emplearse en acciones legales en las que la deuda no supere los 23 293,73 EUR.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Las reclamaciones admisibles a trámite son aquellas que buscan el pago de deudas seguras, líquidas y vencidas, que no suponen la ejecución de un acto y que, como se ha mencionado, no superan la cantidad de 23 293,73 EUR. Cuando no se trate de una deuda líquida, el acreedor puede proceder con arreglo a este artículo solamente si limita su crédito a una cantidad que no exceda los 23 293,73 EUR y si renuncia expresamente a cualquier parte de su reclamación que pueda superar dicha cantidad una vez liquidada.

El acreedor puede proceder con arreglo a este artículo solo si el deudor se encuentra en Malta y si no se trata de un menor o una persona incapacitada de conformidad con la ley, y si la deuda no deriva de una herencia vacante.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

Sí, el límite superior es de 23 293,73 EUR.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El empleo de este procedimiento es opcional.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No, este procedimiento solo puede emplearse si el deudor se encuentra en Malta.

1.2 Tribunal competente

El órgano jurisdiccional competente para este procedimiento es el Tribunal de Magistrados de Malta o de Gozo (Jurisdicción Inferior), en función del caso.

1.3 Requisitos formales

El acreedor debe presentar una carta judicial, cuyo contenido debe confirmar bajo juramento, que se notificará al deudor y en la que se enunciarán claramente la causa de la reclamación y las razones por las que la reclamación debe satisfacerse y se expondrán los hechos que respaldan la reclamación. Si no se cumple con lo anterior, será considerada nula. Para ser válida, la carta judicial debe indicar al deudor que si no responde en los treinta días siguientes a la notificación, presentando una nota impugnando la reclamación para que se incluya en el expediente correspondiente, dicha carta judicial devendrá en título ejecutivo.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No existe un formulario estandarizado. Sin embargo, es obligatorio que al comienzo de la carta judicial aparezca el siguiente párrafo:

«Esta carta judicial se envía con arreglo a lo dispuesto en el artículo 166a del Capítulo 12 y si no responde a ella en el plazo de treinta (30) días, devendrá en un título ejecutivo. Por lo tanto, es de su interés consultar a un abogado o a un procurador sin demora».

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Sí, la carta judicial debe estar firmada por un abogado. No obstante, el deudor que desee responder a la carta judicial para impugnar la reclamación no necesita estar representado ni por un abogado ni por un procurador.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La razón que sustenta la reclamación debe exponerse con detalle. De hecho, la carta judicial debe incluir la razón en la que se basa la reclamación, las razones por las que la reclamación debe satisfacerse y una exposición de los hechos que respaldan la reclamación. Si no se cumple con lo anterior, será considerada nula.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No, la ley no requiere la presentación de pruebas escritas respecto de la reclamación en cuestión. Sin embargo, la ley establece que debe realizarse una declaración jurada de los motivos fácticos de la reclamación.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Este requerimiento de pago no se realiza mediante una solicitud, sino a través de una carta judicial. Por tanto, el órgano jurisdiccional no puede rechazar la reclamación si no existe oposición por parte del deudor. Si el deudor se opone a la reclamación, el acreedor no podría recuperar la cantidad que se le debe a través de este tipo de requerimiento de pago y tendría, por tanto, que presentar una demanda. Cabe destacar que cuando el deudor se oponga debidamente a la reclamación, el requerimiento de pago no puede volver a utilizarse en contra del deudor respecto de la misma reclamación que recogía la carta judicial notificada al deudor.

1.5 Recursos

No se pueden presentar recursos en este procedimiento. Si el deudor se opone a la reclamación, el acreedor debe presentar una demanda. Sin embargo, si el deudor se opone en los treinta días siguientes a la fecha de la notificación de la orden de pago (carta judicial), dicha orden deviene en título ejecutivo. El deudor, en este punto, puede oponerse a este título ejecutivo en los veinte días posteriores a la primera notificación del título ejecutivo o de otro acto judicial. Este título ejecutivo se rescindirá y declarará nulo si el órgano jurisdiccional determina que:

i) el deudor no tenía conocimiento de la carta judicial porque no se le notificó debidamente, o

ii) si la carta judicial no contenía los elementos que la legislación exige (mencionados anteriormente).

1.6 Declaración de oposición

Cuando el deudor recibe la carta judicial puede rechazar la reclamación del acreedor.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Cuando el deudor se opone debidamente a la reclamación, el acreedor no puede continuar con este procedimiento. Nótese que cuando el deudor se opone debidamente a la reclamación, el procedimiento especial descrito en este apartado no puede volver a utilizarse en contra del deudor respecto de la misma reclamación que recogía la carta judicial notificada al deudor.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

En ausencia de una declaración de oposición, el acreedor puede continuar con el procedimiento y obtener un título ejecutivo.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

La carta judicial presentada de conformidad con este procedimiento (y que no haya sido impugnada) debe registrarse. El solicitante que pretende registrar la carta judicial que reúne los requisitos para devenir en título ejecutivo debe presentar una copia legalizada de la carta judicial, e incluir además pruebas de la notificación y, de existir, copia de cada respuesta recibida al respecto, ante el secretario de los tribunales.

Una vez se reciban los documentos mencionados en el subartículo 2), el secretario debe revisarlos y comprobar si el deudor ha presentado una nota de respuesta en el plazo establecido. Si se cumplen las condiciones para el registro de la carta judicial como título ejecutivo, debe proceder a registrar los documentos presentados en un registro, conocido como el Registro de Cartas Judiciales como Títulos Ejecutivos, que deberá ser gestionado por el secretario a los efectos del artículo 166A.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No existe la posibilidad de presentar un recurso. Sin embargo, un título ejecutivo obtenido de conformidad con las disposiciones de este artículo puede rescindirse y declararse nulo y sin efecto si se realiza una solicitud ante el Tribunal de Magistrados de Malta o Gozo, en función del caso, presentada por el deudor en los 20 días siguientes a la primera fecha de notificación de la orden de ejecución o de otro acto judicial que derive de dicho título, y cuando el órgano jurisdiccional considere que:

a) el deudor no tenía conocimiento de la carta judicial mencionada porque no se le notificó debidamente, o

b) la carta judicial no contenía todos los elementos requeridos.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 22/03/2017

Procedimientos monitorios - Países Bajos


1 Existencia del proceso monitorio

Se ha de distinguir entre el proceso monitorio europeo y los procedimientos relativos al cobro de deudas y otras reclamaciones en los Países Bajos. Puede consultarse información sobre estos últimos en la sección «Demandas de escasa cuantía».

El proceso monitorio europeo [Reglamento (CE) n.º 1896/2006, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2008] posibilita el cobro de créditos transfronterizos no impugnados asociados a asuntos civiles y mercantiles mediante un procedimiento uniforme basado en ciertos formularios (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.overheid.nl/).

Un asunto transfronterizo es un litigio en el que al menos una de las partes tiene su domicilio o su residencia habitual en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se ha acudido. El proceso monitorio europeo se estableció para el cobro de créditos pecuniarios, de importe determinado, vencidos y exigibles en la fecha en que se presenta la petición de requerimiento europeo de pago.

El Reglamento se aplica entre todos los países de la UE, a excepción de Dinamarca. Los Países Bajos adoptaron la Ley de aplicación del Reglamento n.º 1896/2006 [Uitvoeringswet (EBB-Vo)], de 29 de mayo de 2009, para aplicar el proceso monitorio europeo en los Países Bajos.

Los Países Bajos no cuentan con un procedimiento uniforme para cobrar las deudas pecuniarias no impugnadas y no transfronterizas. El procedimiento monitorio fue derogado a finales de 1991 con la introducción del procedimiento ante las secciones cantonales (kantongerechtprocedure). Es necesario presentar una demanda con emplazamiento para que la parte haga valer sus derechos frente al deudor reticente en este tipo de casos. Véase también las secciones «Demandas de escasa cuantía» y «¿Cómo proceder?».

El proceso monitorio europeo se ha establecido para deudas superiores a 2 000 euros.

El requerimiento europeo de pago se realiza por escrito utilizando formularios. Estos formularios están disponibles en todos los idiomas oficiales en la sección Formularios dinámicos en el Portal de Europeo de e-Justicia (https://e-justice.europa.eu).

En los Países Bajos, el juzgado de distrito (Rechtbank) de La Haya ha sido designado como el órgano jurisdiccional competente para tratar las demandas monitorias europeas. Los Países Bajos han optado por aceptar únicamente formularios presentados en neerlandés a efectos de este procedimiento. El órgano jurisdiccional que conozca de la petición de requerimiento europeo de pago cobrará tasas judiciales. Para más información sobre las tasas aplicables, consulte El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/.

Petición de requerimiento europeo de pago

La petición de requerimiento europeo de pago al juzgado de distrito de La Haya debe presentarse mediante el formulario A (https://e-justice.europa.eu).

Si el formulario A está incompleto, el órgano jurisdiccional utilizará el formulario B para que el demandante tenga la oportunidad de completar o rectificar la petición en un plazo determinado.

Si la petición cumple únicamente algunas de las condiciones establecidas, el órgano jurisdiccional utilizará el formulario C para proponer modificaciones a la petición original del demandante. El demandante debe responder a esta propuesta en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional. Si el demandante acepta la propuesta, el órgano jurisdiccional emitirá el requerimiento europeo de pago con respecto a la parte de la petición que haya sido aceptada. Si el demandante así lo desea, puede intentar cobrar la parte restante de la deuda conforme a la normativa nacional. Si el demandante no responde en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional o rechaza las modificaciones propuestas a su petición original, el órgano jurisdiccional rechazará la petición original en su totalidad. Si el formulario de la petición cumple todos los requisitos, el órgano jurisdiccional normalmente emite el requerimiento europeo de pago en un plazo de 30 días (utilizando el formulario E).

Oposición al requerimiento europeo de pago

El órgano jurisdiccional notificará al demandado el requerimiento europeo de pago enviándolo por correo certificado con acuse de recibo o mediante una notificación a través de agente judicial. Se comunicará al demandado que puede elegir entre las siguientes opciones:

  • abonar al demandante la cantidad indicada en el requerimiento de pago, o
  • interponer, en los 30 días siguientes a la notificación o traslado del requerimiento al demandado, un escrito de oposición utilizando el formulario F.

Si se interpone un escrito de oposición, concluye el proceso monitorio europeo. El proceso continúa entonces conforme a las normas del Derecho procesal nacional (véase también la sección 1.7). Si el demandado no interpone un escrito de oposición en el plazo previsto, el órgano jurisdiccional declara ejecutivo el requerimiento europeo de pago (utilizando el formulario G) y envía esta declaración al demandante.

Un requerimiento de pago que haya sido declarado ejecutivo en el Estado miembro de origen será reconocido en todos los Estados miembros y podrá ejecutarse en cualquiera de ellos sin necesidad de una declaración de ejecutividad.

1.1 Ámbito del procedimiento

Puede dictarse un requerimiento europeo de pago para deudas pecuniarias en asuntos civiles o mercantiles que sean exigibles y posean el carácter de «deudas transfronterizas» (véase también la sección 1.1.1). Para que exista una deuda transfronteriza, el acreedor y el deudor deben tener su domicilio en Estados miembros de la UE distintos.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El ámbito de aplicación material del proceso monitorio europeo está restringido a los asuntos civiles y mercantiles. Los siguientes asuntos están excluidos del ámbito de aplicación del proceso monitorio europeo:

  • asuntos fiscales;
  • asuntos aduaneros;
  • asuntos contencioso-administrativos;
  • asuntos relativos a la responsabilidad civil del Estado;
  • asuntos asociados al Derecho concursal, al régimen económico matrimonial, al Derecho sucesorio y a la seguridad social, y
  • asuntos relativos a obligaciones extracontractuales (concretamente, derivadas de ilícitos civiles), a menos que sean objeto de un acuerdo entre las partes o que haya habido un reconocimiento de deuda o estén relacionadas con deudas liquidadas derivadas de una situación de copropiedad.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No existe límite máximo para el proceso monitorio europeo ni para los procedimientos nacionales de cobro de deudas.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El proceso monitorio europeo es facultativo.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

En caso de que se pretenda la ejecución de una sentencia en un país no perteneciente a la UE, la posibilidad de aplicar el proceso monitorio europeo y, en su caso, de ejecutar el requerimiento europeo de pago dependerá del Derecho internacional privado de ese país. En muchos casos se exigirá una orden de ejecución (exequátur).

1.2 Tribunal competente

En los Países Bajos se ha designado al juzgado de distrito de La Haya como órgano jurisdiccional competente para conocer de las peticiones con arreglo al proceso monitorio europeo. Los Países Bajos han optado por aceptar únicamente formularios presentados en neerlandés a efectos de este procedimiento. El demandante deberá abonar una tasa judicial al presentar la petición de requerimiento europeo de pago. Para conocer la tarifa aplicable, consulte El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Requisitos formales

El requerimiento europeo de pago debe ser expedido tan rápido como sea posible, y en cualquier caso, en los 30 días posteriores a la presentación de la petición.

La petición de requerimiento europeo de pago debe presentarse mediante el formulario A (https://e-justice.europa.eu). Los Países Bajos han optado por aceptar únicamente formularios presentados en neerlandés.

El formulario de petición puede presentarse en papel o utilizando cualquier otro medio de comunicación aceptado por el órgano jurisdiccional.

Conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1896/2006, en la petición deben constar:

a) los datos de identificación de las partes y del órgano jurisdiccional al que se presenta la petición;

b) el importe de la deuda;

c) si se exige interés, el tipo de interés y el período del mismo;

d) la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda;

e) una descripción de los medios de prueba;

f) los fundamentos de la competencia del órgano jurisdiccional, y

g) la naturaleza transfronteriza del asunto.

En un proceso monitorio europeo, el demandante debe declarar que ha cumplimentado el formulario A de buena fe y de manera veraz. El requerimiento europeo de pago se expide exclusivamente sobre la base de la información aportada por el demandante, que no es verificada por el órgano jurisdiccional.

El requerimiento europeo de pago se notifica al demandado mediante correo certificado con acuse de recibo o por notificación mediante un agente judicial. La devolución del acuse de recibo al registro del órgano judicial permite que el órgano judicial determine si el requerimiento europeo de pago puede declararse ejecutivo provisionalmente. Si el requerimiento se entrega mediante notificación de un agente judicial, el órgano judicial encargará dicha tarea a un agente judicial.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Sí, el uso de formularios es obligatorio en el proceso monitorio europeo. Los formularios pueden descargarse en https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No, para el proceso monitorio europeo no es necesaria la representación por abogado y no es necesario que las partes comparezcan ante el órgano jurisdiccional. En el caso de un procedimiento de cobro de deuda en los Países Bajos, la obligatoriedad de la representación por abogado depende de la naturaleza del procedimiento y de la cuantía de la deuda. Véanse también las secciones «Escasa cuantía» y «Cómo llevar un asunto al tribunal».

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

El motivo de la reclamación, incluida una descripción de los medios de prueba en los que se basa la reclamación, debe incluirse en el formulario A del proceso monitorio europeo, pero no es necesario presentar una descripción más detallada.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

En principio, no es necesaria una mayor fundamentación de la demanda en el proceso monitorio europeo. Los medios de prueba de que se dispone deben describirse en el formulario A.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

La petición se rechazará si no cumple los requisitos establecidos. Si la petición de requerimiento europeo de pago satisface únicamente algunas de las condiciones establecidas, se dará al demandante la oportunidad de completarla o rectificarla o aceptar las modificaciones propuestas por el órgano jurisdiccional. Si el demandante no responde en el plazo establecido por el órgano jurisdiccional o rechaza la propuesta del mismo, se rechazará la petición de requerimiento europeo de pago íntegramente. No cabe recurso contra la inadmisión de la petición. No obstante, el demandante puede ejercitar su derecho presentando otra petición de requerimiento europeo de pago o utilizando otro procedimiento contemplado por el Derecho del Estado miembro.

1.5 Recursos

No hay posibilidad de recurso. No obstante, el demandado tiene la opción de solicitar una revisión. Para más información, véase la sección 1.8. En caso de tratarse de otro procedimiento propio de los Países Bajos, en principio existe la posibilidad de recurso.

1.6 Declaración de oposición

El demandado puede interponer un escrito de oposición en los 30 días posteriores al traslado o la notificación del requerimiento de pago. Para ello, deberá interponer dicha objeción debe utilizar el formulario F (https://e-justice.europa.eu) y expresar su mera oposición a la demanda. No es necesaria una mayor fundamentación.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el demandado interpone un escrito de oposición en plazo (en 30 días) utilizando el formulario F, finalizará el proceso monitorio europeo. El proceso continuará mediante un nuevo proceso ordinario sobre el fondo, a menos que el demandante se hubiese opuesto al traslado al procesos civil ordinario que corresponda en un apéndice de la petición de requerimiento europeo de pago. El demandante también puede hacerlo posteriormente, pero siempre antes de la expedición del requerimiento de pago (artículo 7, apartado 4, del Reglamento n.º 1896/2006).

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si el demandado no interpone un escrito de oposición en el plazo de 30 días, el órgano jurisdiccional utilizará el formulario G para declarar de oficio la ejecutividad del requerimiento europeo de pago y trasladará el requerimiento europeo de pago ya ejecutivo al demandante. Un requerimiento europeo de pago que haya sido declarado ejecutivo será ejecutable en cualquier Estado miembro sin necesidad de una declaración de ejecutividad. El artículo 9 de la Ley de aplicación del Reglamento n.º 1896/2006 ofrece al demandado la oportunidad de interponer una solicitud de revisión (véase también la sección 1.8.2).

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

La ejecución del requerimiento europeo de pago está regulada por el Derecho nacional del Estado miembro de ejecución, salvo disposición en contrario en el Reglamento n.º 1896/2006. Una copia del requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo por el órgano jurisdiccional de origen debe ser entregada al órgano jurisdiccional o autoridad ejecutante. Dicho documento debe cumplir las condiciones necesarias para determinar su autenticidad. También debe aportarse una traducción al neerlandés del requerimiento europeo de pago.

Durante la fase ejecutoria, la ejecución solo se puede desestimar a instancia del demandado. Dicha desestimación es posible si el requerimiento europeo de pago es incompatible con una resolución o requerimiento anterior expedido en cualquier Estado miembro o en un tercer país. Esta resolución (o requerimiento) anterior debe referirse a los mismos hechos y debe cumplir las condiciones necesarias en el Estado miembro de ejecución, y en el proceso judicial en el Estado miembro de origen no debe haber sido posible plantear la excepción de incompatibilidad.

La ejecución se desestimará si el demandado ya ha pagado la cantidad que consta en el requerimiento europeo de pago. En ningún caso el órgano jurisdiccional revisará el requerimiento europeo de pago en cuanto al fondo.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

El requerimiento europeo de pago es definitivo y deviene firme, a menos que el demandado solicite una revisión.

Esta posibilidad se contempla en el artículo 9 de la Ley de aplicación del Reglamento n.º 1896/2006. Esto implica que, en determinadas circunstancias, el demandado puede solicitar que el órgano jurisdiccional de origen revise el requerimiento europeo de pago, incluso después de transcurridos los 30 días de plazo para interponer el escrito de oposición. Esta solicitud debe presentarse en las 4 semanas posteriores a la notificación del requerimiento de pago al demandado, a la fecha en que cesen las circunstancias excepcionales que impedían formular la objeción o a la fecha en que el demandado tenga conocimiento cierto de que el requerimiento europeo de pago se expidió de manera errónea.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 12/09/2018

Procedimientos monitorios - Austria

Nota: la versión original de esta página alemán se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.


1 Existencia del proceso monitorio

1.1 Ámbito del procedimiento

En la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung) (ZPO) austriaca se prevé un proceso monitorio muy acreditado en la práctica. La mayoría de estos procedimientos de requerimiento de pago se tramitan a través de medios electrónicos, con lo que se agilizan y simplifican en gran medida.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El ámbito de aplicación del proceso monitorio se limita a las deudas dinerarias. Se excluyen, sin embargo, las reclamaciones de pago sobre las que se decide en un tipo de procedimiento especial conocido como jurisdicción voluntaria(Außerstreitverfahren). El proceso monitorio no se aviene a los principios de este procedimiento, en el que el órgano jurisdiccional debe esclarecer de oficio, es decir, sin que medie solicitud de las partes, todos los hechos decisivos para dictar una resolución. Asimismo, tampoco es aplicable el proceso monitorio a los asuntos del Derecho social y cambiario, debido a las peculiaridades procesales de dichos asuntos.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

El límite de la cuantía del proceso monitorio es de 75 000 EUR desde el 1 de julio de 2009. Aquellas demandas cuyas cuantías superen ese límite se sustancian en el proceso civil «ordinario» mediante un escrito preparatorio.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

Cuando se trata de las cuantías mencionadas con anterioridad, en Austria es obligatorio recurrir al proceso monitorio.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

El proceso monitorio no se aplica cuando el demandado tiene su domicilio, residencia habitual o sede social en el extranjero. Estas causas se sustancian a través de los procesos civiles «ordinarios». En este caso, una vez interpuesta la demanda, el órgano jurisdiccional competente comunica al demandado su obligación de presentar una contestación a la demanda en un plazo de cuatro semanas o señala una fecha para el juicio.

El proceso monitorio europeo está disponible de forma opcional para hacer valer las reclamaciones de pago en contra de un demandado cuya residencia se encuentre en otro Estado miembro.

1.2 Tribunal competente

Las deudas dinerarias de una cuantía de hasta 15 000 EUR (desde el 1 de enero de 2013) deben reclamarse ante los tribunales de distrito (Bezirksgericht). Las reclamaciones de un valor superior a 15 000 EUR y hasta 75 000 EUR se hacen valer antes los tribunales de primera instancia, siempre y cuando no formen parte de forma excepcional del ámbito de competencia especial (competencia material) de los tribunales de distrito.

La competencia en el caso del proceso monitorio nacional se regula por las normas generales al respecto; no existe una reglamentación particular en este sentido. Puede obtenerse información sobre las normas de competencia del Derecho austriaco en la página sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales. Para saber cuál es el órgano jurisdiccional competente en un procedimiento civil concreto puede consultarse el sitio web del Ministerio Federal de Justicia austriaco, (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.justiz.gv.at/) en la sección eGovernmentGerichtssuche»).

El tribunal de distrito para asuntos mercantiles de Viena es el único tribunal de Austria competente en la ejecución del proceso monitorio europeo.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Es obligatorio el uso de un formulario estandarizado. En Austria existen diferentes formularios para el proceso monitorio, según se trate de reclamaciones de pago que se tramitan mediante el proceso monitorio «ordinario», mediante el proceso monitorio que se sigue en los tribunales de trabajo o mediante el proceso monitorio europeo. Los formularios se pueden descargar en la sección Bürgerservice del sitio web del Ministerio Federal de Justicia (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.justiz.gv.at/) o rellenarse en línea.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Cuando la cuantía de litigio supera los 5 000 EUR, es obligatoria la representación de un abogado para interponer la demanda. Esta obligación no afecta a los asuntos que competen por ley a los tribunales de distrito, con independencia de la cuantía de la reclamación (competencia material). En este caso hay una «obligación relativa de asistencia letrada»: las partes pueden actuar por sí mismas, pero si desean ser representadas, solo pueden hacerlo a través de un abogado.

En el proceso monitorio europeo no existe obligación de recurrir a un abogado.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

Por lo que respecta a los requisitos del contenido, no existen grandes diferencias con la demanda que se interpone en los procedimientos ordinarios. No es preciso que el demandante exponga los fundamentos de Derecho en los que se apoya su reclamación. Sin embargo, las circunstancias que se alegan para motivar la reclamación deben describirse con suficiente detalle, con el fin de concretarla y formular una solicitud precisa («valor concluyente» de la demanda).

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

En Austria no existe la obligación de aportar pruebas en el proceso monitorio. La presentación de un documento como prueba de la pretensión no constituye una condición para solicitar un requerimiento de pago. Sin embargo, si el demandante hubiera conseguido o intentado conseguir fraudulentamente que se dictara resolución de requerimiento de pago facilitando datos incorrectos o incompletos en la demanda, será sancionado con una multa en virtud de las disposiciones que a tal efecto prevé la ZPO.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El órgano jurisdiccional realiza únicamente un examen general de la demanda. No investiga la corrección del contenido, sino solo la fundamentación legal de la pretensión («valor concluyente» de la demanda). Cuando la reclamación satisface los requisitos de fondo y forma, es decir, contiene una petición determinada, la alegación de los hechos de los que se deriva, los datos sobre los medios de prueba y los datos sobre competencia jurisdiccional y, además, la pretensión está suficientemente individualizada, el órgano jurisdiccional dicta la resolución de requerimiento de pago. La ZPO austriaca no prevé la desestimación formal de la petición de resolución de requerimiento de pago. Si el órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que ya no se dan las condiciones para dictar la resolución de requerimiento de pago, no rechaza la solicitud, sino que promueve directamente de oficio un procedimiento ordinario. En el caso de que solo se hayan producido algunos defectos de forma, el tribunal está facultado para incoar primero un procedimiento de corrección (Verbesserungsverfahren) en el que exige al demandado que subsane los vicios de que se trate.

1.5 Recursos

Dado que en la ZPO austriaca no existe una decisión de desestimación de la petición de resolución de requerimiento de pago, sino que se produce el traspaso automático al procedimiento ordinario, no hay posibilidad de interponer recurso alguno.

1.6 Declaración de oposición

El plazo para recurrir una resolución de requerimiento de pago es de cuatro semanas. Empieza a correr a partir de la notificación al demandado de una copia escrita de la resolución. El órgano jurisdiccional no puede acortar ni prorrogar dicho plazo.

Los recursos contra las resoluciones de requerimiento de pago dictadas por un tribunal de primera instancia (cuando la cuantía del litigio sea de entre 15 000 y 75 000 EUR) deben recoger el contenido de la contestación de la demanda. El recurso tiene que incluir, además, una petición determinada, los hechos y circunstancias en los que se fundamentan las objeciones, y los medios de prueba en los que el demandado basa sus alegaciones. Para presentar ante los tribunales un recurso de estas características es obligatoria la representación de un abogado.

No está prevista la representación de un abogado en los procedimientos de recurso ante los tribunales de distrito (cuando la cuantía de litigio asciende hasta 15 000, o hasta 75 000 EUR cuando se trata de competencia material). En estos procedimientos, para interponer el recurso, es suficiente con que el demandado comunique al órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución de requerimiento de pago, en un escrito firmado por él, que desea oponerse a dicha resolución. No es preciso que exponga los motivos de su oposición tal y como haría en los procesos ante el tribunal. El demandado también puede interponer el recurso de forma oral ante el tribunal que haya dictado la resolución o ante el tribunal de distrito que corresponda a su lugar de residencia.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el demandado interpone puntualmente un recurso de oposición, la resolución de requerimiento de pago deja de surtir efecto y el tribunal incoa de manera automática el procedimiento ordinario sobre la demanda y resuelve la causa teniendo en cuenta las alegaciones de la demanda y las objeciones planteadas contra ella.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

El proceso monitorio austriaco tiene una sola fase. Si el demandado no se opone a la resolución de requerimiento de pago o no lo hace en tiempo oportuno, la resolución pasa a ser directamente ejecutable, sin necesidad de solicitud del demandante. La ley no prevé una segunda resolución judicial.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

El órgano jurisdiccional declara de oficio la ejecutabilidad de la resolución. Con una copia escrita de la resolución de requerimiento de pago ejecutable, el demandante puede promover el procedimiento de ejecución contra el demandado.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

En el proceso monitorio austriaco la resolución de requerimiento de pago solo puede impugnarse mediante recurso de oposición; no existe ningún otro recurso a disposición del demandado. La decisión sobre las costas recogida en la resolución de requerimiento de pago puede ser impugnada, mediante un recurso de costas, tanto por el demandante como por el demandado, en un plazo de 14 días contado a partir de la notificación. Cuando se ha producido un defecto importante en la notificación, el demandado puede solicitar la anulación del título de ejecutabilidad en cualquier momento. Si, por circunstancias imprevisibles o inevitables, el demandado no ha interpuesto a su debido tiempo el recurso de oposición, puede solicitar una restitutio in integrum en un plazo de 14 días a partir de la desaparición de los impedimentos, para que empiece a contar de nuevo el plazo de interposición del recurso de oposición.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 02/06/2018

Procedimientos monitorios - Polonia


1 Existencia del proceso monitorio

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El órgano jurisdiccional expide un requerimiento de pago si el demandante interpone una reclamación pecuniaria u otra acción sustitutiva.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

Pueden expedirse requerimientos de pago independientemente del importe de la demanda.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El procedimiento es facultativo. El órgano jurisdiccional expide un requerimiento de pago a petición del demandante formulada por escrito en demanda.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

No se puede incoar un proceso monitorio si el requerimiento de pago no puede ser notificado al demandado en Polonia.

1.2 Tribunal competente

El proceso monitorio es de la competencia de los tribunales provinciales (okręgowy) y de distrito (rejonowy).

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No hay un formulario.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No es obligatorio estar representado por un abogado (przymus adwokacki) en un proceso monitorio.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

El escrito de demanda debe especificar la pretensión de forma precisa y exponer los hechos que la fundamentan.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Deben exponerse los hechos en que se fundamenta la demanda, adjuntando los siguientes documentos al escrito de demanda:

a)     un documento oficial;

b)     una factura aceptada por el deudor;

c)     un requerimiento de pago dirigido al deudor y la declaración escrita del deudor reconociendo la deuda;

d)     un requerimiento de pago aceptado por el deudor, devuelto por el banco e impagado por falta de fondos en la cuenta bancaria.

El órgano jurisdiccional también expide el requerimiento de pago contra el deudor en virtud de pagarés o cheques debidamente cumplimentados cuya autenticidad y contenido sean incuestionables.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El órgano jurisdiccional no admite a trámite el escrito de demanda:

  1. si no cabe incoar un proceso judicial;
  2. si el objeto del litigio entre las mismas partes está pendiente de resolución o ya ha sido juzgado con carácter definitivo;
  3. si una de las partes no posee legitimación procesal o si el demandante no posee capacidad jurídica para actuar judicialmente y no está representado por un representante legal o si la composición de los órganos de gobierno de la persona jurídica demandante es deficiente hasta el punto de que le impide actuar.

1.5 Recursos

Véase el apartado 1.6.

1.6 Declaración de oposición

El escrito de oposición se presenta ante el órgano jurisdiccional que expidió el requerimiento de pago. En el escrito, el demandado deberá especificar si se opone al requerimiento en su totalidad o en parte, y presentar los fundamentos de Derecho (que se deben formular antes de iniciarse el litigio sobre el fondo, so pena de perder el derecho a hacerlo en un momento posterior), así como las circunstancias de hecho y los medios de prueba. El órgano jurisdiccional ignorará las alegaciones y los medios de prueba que se presenten tarde, a menos que la parte demuestre que no tuvo culpa de su omisión en el escrito de oposición o que la presentación posterior de las alegaciones y los medios de prueba no retrasa la resolución del litigio, o bien la existencia de otras circunstancias excepcionales.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si se ha presentado correctamente el escrito de oposición, el juez señalará la fecha de la audiencia y ordenará que se dé traslado del escrito al demandante.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Una vez expedido, el requerimiento de pago constituye una orden de retención (tytuł zabezpieczenia) y puede ser ejecutado sin necesidad de ser declarado ejecutivo.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Tras la expiración del plazo para presentar el escrito de oposición, el requerimiento de pago será ejecutivo sin necesidad de más trámites.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No cabe recurso contra un requerimiento de pago expedido en virtud del proceso monitorio.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 01/08/2018

Procedimientos monitorios - Portugal


1 Existencia del proceso monitorio

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Se recurre a este procedimiento siempre que una parte pretenda conferir fuerza ejecutiva a un requerimiento de pago de obligaciones pecuniarias nacidas de contratos por una cuantía igual o inferior a 15 000 EUR o de obligaciones derivadas de transacciones comerciales, con independencia de su cuantía.

A los efectos de este procedimiento, se considera transacción comercial cualquier negocio «entre empresas o entre empresas y entidades públicas que dé origen al suministro de bienes o a la prestación de servicios contra el pago de una remuneración» (artículo 3, letra b), del El enlace abre una nueva ventanaDecreto Ley nº 62/2013, de 10 de mayo de 2013, que transpone la Directiva nº 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, al Derecho de portugués.

No están cubiertos por el citado procedimiento relativo a las transacciones comerciales los «contratos celebrados con consumidores», «los intereses por otros pagos distintos de la remuneración de transacciones comerciales» o «los pagos efectuados en concepto de indemnización por responsabilidad civil, incluidos los realizados por compañías de seguros» (artículo 2, apartado 2, del mismo Decreto Ley).

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

Como ya se ha indicado en la respuesta a la pregunta anterior, las obligaciones pecuniarias resultantes de contratos pueden reclamarse a través del procedimiento monitorio portugués, siempre que su cuantía no exceda de 15 000 EUR.

No obstante, como se ha mencionado, en el caso de las transacciones comerciales no existe ese límite máximo.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El uso de este procedimiento es facultativo, es decir, no se obliga al acreedor a utilizar esta vía procesal.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

El régimen jurídico del proceso monitorio no prevé una excepción en el caso de que el deudor resida fuera del territorio portugués.

1.2 Tribunal competente

La demanda de requerimiento de pago se puede presentar en papel o en formato electrónico en cualquier lugar del país, ante los tribunales de distrito competentes para recibirla. En estos casos, los tribunales remiten la demanda por vía electrónica a la oficina nacional de requerimiento de pagos [Balcão Nacional de Injunções].

Los abogados y los procuradores deben presentar las demandas de requerimiento de pago por vía electrónica y pueden hacerlo desde cualquier lugar del país —no necesitan personarse en ninguna secretaría o tribunal para presentarlas (véase el artículo 19, apartado 1, de las disposiciones adjuntas al El enlace abre una nueva ventanaDecreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre de 1998, modificado por el Decreto Ley nº 34/2008, de 26 de febrero de 2008)—.

Ahora los usuarios pueden realizar un seguimiento del progreso del procedimiento por Internet gracias a la instauración de una oficina nacional de requerimientos de pago, una secretaría exclusiva que canaliza la tramitación de las demandas de requerimiento de pago. Los abogados y procuradores pueden acceder al formulario electrónico en El enlace abre una nueva ventanahttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Se puede crear un título ejecutivo por vía electrónica en relación con la demanda de requerimiento de pago. El demandante puede acceder a él a través de la página web del Ministerio de Justicia.

A cada título ejecutivo se le asigna una referencia única, que permite al demandante consultarlo, o bien a cualquier otra entidad a quien facilite la referencia.

El procedimiento se rige de conformidad con disposiciones específicas contempladas en la legislación pertinente y, en los ámbitos no cubiertos por tales disposiciones, en virtud de disposiciones generales sobre jurisdicción.

A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del anexo del Decreto Ley nº 169/98, de 1 de septiembre de 1998, se instauró una nueva secretaría general denominada Oficina nacional de requerimientos de pago en virtud del Decreto ejecutivo nº 220-A/2008, de 4 de marzo de 2008, a la que se concedió competencia exclusiva para tramitar los requerimientos de pago en todo el territorio nacional.

1.3 Requisitos formales

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del anexo del Decreto Ley nº 269/98, anteriormente mencionado, en la demanda de requerimiento de pago el demandante debe:

a)      mencionar la secretaría del tribunal a la que se dirige;

b)      identificar a las partes;

c)      indicar el lugar en el que debe realizarse la notificación, indicando si se trata de un domicilio convenido en un contrato escrito;

d)     exponer sucintamente los hechos en los que fundamenta su pretensión;

e)      formular la petición, especificando el valor del capital, los intereses devengados y otras cantidades adeudadas;

f)       confirmar que se han pagado las tasas judiciales;

g)      indicar, si procede, que la pretensión versa sobre una «transacción comercial» cubierta por la disposición por la que se establece el régimen especial relativo a los atrasos de pago en las transacciones comerciales (Decreto Ley nº 32/2003, de 17 de febrero de 2003);

h)      indicar su domicilio;

i)        indicar su dirección de correo electrónico, si desea recibir comunicaciones o notificaciones por este medio;

j)        indicar si desea que el proceso se tramite como acción declarativa en caso de no poder realizarse la notificación;

k)      indicar el tribunal competente para valorar los documentos en el caso de que el asunto tenga que continuar como acción declarativa;

l)        señalar si desea que la notificación la haga un procurador de ejecución o un agente judicial y, en caso afirmativo, indicar su nombre y su domicilio profesional;

m)    firmar la petición de requerimiento.

El Decreto ejecutivo nº 220-A/2008, de 4 de marzo de 2008, establece los siguientes requisitos en cuanto a la presentación o envío de demandas de requerimiento de pago:

«1. Por cuanto atañe al medio:

a)      archivo informatizado en formato XML, con las especificaciones publicadas en el El enlace abre una nueva ventanaPortal de Citius;

b)      en El enlace abre una nueva ventanapapel, según el formulario aprobado en el Decreto ejecutivo nº 808/2005, de 9 de septiembre de 2005;

c)      en formato electrónico.

2. Por cuanto atañe al método de envío:

2.1. En un archivo informatizado

a) a través de internet si se trata de usuarios del sistema Citius (actualmente, solo abogados y procuradores);

b) personalmente, en la Oficina nacional de requerimientos de pago, en un soporte físico apropiado (disquete, CD-ROM, unidad USB), solo en el caso de los trámites en el distrito de Oporto, de conformidad con el artículo 8 del Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre, y solo cuando los demandantes no estén representados por abogados o procuradores;

c) personalmente en la secretaría judicial competente, en virtud del artículo 8 de las disposiciones adjuntas al Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre de 1998. Solo los demandantes que no estén representados por abogados o procuradores podrán presentar peticiones de requerimientos de pago en los archivos de estas secretarías judiciales.

2.2. En papel y entregada personalmente

En las secretarías judiciales competentes, en virtud del artículo 8 de las disposiciones adjuntas al Decreto Ley nº 269/98, de 1 de septiembre de 1998.

2.3. En formato electrónico

A través de internet (El enlace abre una nueva ventanahttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/), si se trata de usuarios del sistema Citius (actualmente, solo abogados y procuradores).

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

Debe utilizarse un formulario de demanda de requerimiento de pago aprobado por el Decreto ejecutivo del Ministerio de Justicia.

El formulario puede descargarse en dos formatos electrónicos de uso general a través del portal de Citius.

El formulario tipo también se encuentra disponible, previa petición, en las secretarías de los tribunales competentes para la recepción de las peticiones de requerimientos de pago.

El formulario electrónico se encuentra a disposición de los abogados y procuradores en El enlace abre una nueva ventanahttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

La asistencia letrada no es obligatoria en este procedimiento aunque nada impide al demandante designar un representante legal, si así lo desea.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

El instrumento jurídico que regula el proceso monitorio sólo exige que el demandante exponga sucintamente los hechos en los que fundamenta su pretensión.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No es obligatorio presentar una prueba escrita de la pretensión.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

La demanda de requerimiento solo podrá rechazarse si:

a) no va dirigida a la secretaría judicial competente o si el demandante no hubiera especificado «el tribunal competente para valorar los documentos», si estos se entregan para su traslado;

b) no indica quiénes son las partes, el domicilio del demandante o el lugar de notificación del deudor;

c) no está firmada, solo en el caso de que no se haya presentado en formato electrónico;

d) no está redactada en portugués:

e) no se ha utilizado el modelo aprobado por el Decreto ejecutivo del Ministerio de Justicia;

f) no se indica el pago de las tasas procesales;

g) la suma reclamada excede de 15 000 EUR y no se indica que se trata de una transacción comercial, como se señala en la respuesta a la pregunta 1.1;

h) la petición no se corresponde con el importe o la finalidad del procedimiento.

No se lleva a cabo una evaluación previa de los fundamentos de la demanda, ya que de acuerdo con este procedimiento, la demanda no se somete a un órgano jurisdiccional, es decir a un tribunal en el sentido propio del término, sino que es simplemente examinada por un funcionario de la Administración de Justicia.

1.5 Recursos

Cabe interponer recurso contra la decisión de inadmisibilidad ante el juez o, en el caso de los órganos jurisdiccionales compuestos por más de un juez, ante aquél que estuviere de guardia.

1.6 Declaración de oposición

Si la demanda de requerimiento de pago se admite a trámite, el deudor requerido dispondrá de un plazo de 15 días (contado a partir de la fecha en que se le considere válidamente notificado) para oponerse a la pretensión.

El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado.

Cuando haya más de un demandante, el deudor requerido deberá presentar tantas copias de su escrito de oposición como demandantes vivan en domicilios diferentes, a menos que tengan el mismo representante legal.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el deudor requerido impugna la pretensión del solicitante dentro del plazo establecido, no se podrá apostillar la fórmula ejecutoria, es decir, no se constituye el pretendido título ejecutivo.

En este caso el proceso monitorio se convertirá automáticamente en un proceso declarativo.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si, una vez notificado, el deudor requerido no presenta oposición, el secretario apostillará en el requerimiento de pago la siguiente fórmula: «Este documento tiene fuerza ejecutiva.» (artículo 14, apartado 1, del anexo del Decreto Ley nº 269/98). Esto significa que el documento podrá utilizarse como base para proceder al cobro judicial coercitivo del crédito.

No sucederá así únicamente en el caso de que la petición no se ajuste al importe o a la finalidad del procedimiento, en cuyo caso el secretario no incluirá la fórmula ejecutiva.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

La inclusión de la fórmula ejecutiva anteriormente mencionada por el secretario no está supeditada a una acción específica del demandante, sino que es automática en cuanto se tiene constancia evidente de la entrega de la notificación y una vez comprobada la falta de oposición en el curso del procedimiento.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

No cabe recurso contra esta decisión (la orden para atribuir fuerza ejecutiva).

Sin embargo, hay que tener presente que la atribución de fuerza ejecutiva no reviste naturaleza de acto jurisdiccional, es decir, de intervención de un tribunal con el fin de resolver un litigio entre particulares, sino que se trata simplemente de una intervención por la que se expide un título extrajudicial.

Información complementaria


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 30/04/2018

Procedimientos monitorios - Rumania


1 Existencia del proceso monitorio

El requerimiento de pago está previsto en los artículos 1013 a 1024 del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil rumano, en vigor desde el 15 de febrero de 2013.

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El requerimiento de pago es aplicable al cobro de deudas ciertas, líquidas y exigibles, por cantidad determinada, derivadas de contratos civiles, incluidos los celebrados entre profesionales y órganos de contratación, acreditadas mediante un documento o establecidas en virtud de una ley, un reglamento u otro documento, y reconocidas por las partes mediante su firma u otros medios reconocidos por ley. Esta sección no comprende las pretensiones de los acreedores en procedimientos de insolvencia.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El requerimiento de pago es facultativo, y la parte interesada podrá interponer una demanda por la vía del juicio ordinario.

El requerimiento de pago es un procedimiento especial, más sencillo que el del juicio ordinario y que permite al acreedor obtener un título ejecutivo en condiciones distintas de las previstas por el Código de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, cuando la oposición formulada por el deudor esté justificada, el órgano jurisdiccional podrá inadmitir la pretensión del acreedor dictando una resolución definitiva.

El acreedor podrá interponer una demanda por la vía del juicio ordinario si el órgano jurisdiccional inadmite la reclamación de requerimiento de pago, efectúa un requerimiento de pago parcial (en este caso, el ejercicio de la acción por la vía del juicio ordinario permitirá al acreedor obligar al deudor a pagar el resto de la deuda) o anula el requerimiento de pago.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Sí. El nuevo Código de Enjuiciamiento Civil no hace distinciones respecto del lugar de residencia del demandado, y el requerimiento de pago se aplicará incluso cuando el demandado resida en otro Estado miembro o en un país tercero.

1.2 Tribunal competente

Será competente para conocer de una reclamación relativa a un requerimiento de pago el órgano jurisdiccional con competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto en primera instancia. En el caso del requerimiento de pago, el juez determinará la competencia del órgano jurisdiccional por propia iniciativa.

¿Este procedimiento se rige por las normas generales sobre competencia (en este caso, puede incluirse un enlace a esta ficha) o está sujeto a otros principios?

La competencia para resolver las reclamaciones relativas a requerimientos de pago se rige por las normas generales sobre competencia jurisdiccional.

La competencia para conocer de las reclamaciones de deudas pecuniarias de hasta 200 000 RON corresponde a los juzgados de primera instancia. La competencia para conocer de las reclamaciones de deudas pecuniarias de un importe igual o superior a 200 000 RON corresponde a los tribunales de distrito.

Las normas sobre competencia para conocer de procedimientos especiales de requerimiento de pago se complementan con las normas generales sobre competencia según la cuantía.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No existe ningún formulario normalizado. Sin embargo, el acreedor demandante deberá cumplir unos requisitos formales mínimos para presentar la reclamación. Concretamente, deberá incluir los siguientes datos: el nombre y el domicilio del acreedor y, cuando corresponda, el nombre y la sede social de la empresa, el nombre y el domicilio del deudor, cuando este sea una persona física, o el nombre y la sede social de la empresa, cuando este sea una persona jurídica y, según corresponda, el número del certificado de registro expedido por el registro mercantil o el registro de entidades jurídicas, el código de identificación fiscal y la cuenta bancaria, el importe de la deuda, los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se funda la obligación de pago, los períodos de referencia, la fecha de vencimiento del pago y cualquier otro elemento que permita acreditar la pretensión.

Asimismo, deberá adjuntarse a la reclamación el contrato o cualquier otro documento en el que figure el importe de la deuda, así como el comprobante de la notificación del requerimiento de pago al deudor. En lo que respecta a la notificación del requerimiento al deudor, esta se hará por medio del agente judicial o por carta certificada, con certificación del contenido y acuse de recibo, en la que se exija al deudor que salde la deuda en el plazo de quince días desde la recepción de la notificación. Este requerimiento interrumpirá la prescripción de la obligación.

Deberán entregarse tantas copias de la reclamación y de los documentos adjuntos como partes haya y una copia adicional para el órgano jurisdiccional.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No, la intervención de un abogado no es necesaria, aunque sí recomendable.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La ley exige que la reclamación contenga una serie de datos mínimos. El acreedor demandante deberá incluir la cuantía de la pretensión, los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se funda la obligación de pago, los períodos de referencia, la fecha de vencimiento del pago y cualquier otro elemento que permita acreditar la pretensión.

Si las partes no fijaron un tipo de interés de demora, se aplicará el establecido por el Banco Nacional de Rumanía. El tipo de interés de demora aplicable el primer día natural del semestre será válido para el resto de dicho semestre. Los intereses se computarán de la siguiente forma:

  • en el caso de los contratos celebrados entre profesionales, desde la fecha de vencimiento del pago;
  • en el caso de los contratos celebrados entre profesionales y órganos de contratación, sin que sea necesario informar al deudor sobre su retraso en el pago, si la fecha de vencimiento se estipuló en el contrato, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del pago y, si la fecha de vencimiento del pago no se estipuló en el contrato, en el plazo de treinta días desde la recepción de la factura por parte del deudor o, en caso de duda, en el plazo de treinta días desde la aceptación de las mercancías o de los servicios o, si el requerimiento de pago se notificó antes de la recepción de las mercancías o de los servicios, en el plazo de treinta días desde la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios. Si la ley o el contrato prevén un procedimiento de aceptación o control para la certificación de conformidad de las mercancías o los servicios en cuestión, y el deudor recibió la factura o el requerimiento de pago en la fecha de control o en un momento anterior, los intereses de demora empezarán a computarse a los treinta días desde dicha fecha;
  • en los demás casos, desde la fecha de la declaración de mora, con arreglo a las disposiciones de la ley.

El acreedor podrá reclamar una indemnización adicional por daños y perjuicios en concepto de gastos ocasionados por el cobro de la deuda, como resultado de la falta de cumplimiento oportuno de la obligación de pago por parte del deudor.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Sí, deberá adjuntarse a la petición el contrato o cualquier otro documento que acredite los importes adeudados (facturas, recibos impresos, recibos escritos a mano, etc.). Para que la reclamación se considere admisible, también deberá adjuntarse el comprobante de notificación del requerimiento de pago al deudor.

Para resolver sobre la pretensión, el juez citará a las partes, de conformidad con las disposiciones sobre cuestiones urgentes, a fin de obtener explicaciones y aclaraciones y para volver a instar al deudor a que satisfaga la deuda o para procurar que las partes se pongan de acuerdo sobre los métodos de pago. La citación se notificará a las partes diez días antes de la fecha de la audiencia. Se adjuntará a la citación enviada al deudor una copia de la reclamación y de la documentación adjunta como prueba de la deuda. En dicha citación deberá constar que la oposición ha de formularse al menos tres días antes de la fecha de la audiencia y que, si el deudor no la formula, el órgano jurisdiccional podrá considerar, en vista de las circunstancias del caso, que este reconoce las pretensiones del demandante. La oposición no se notificará al demandante, quien conocerá su contenido al consultar el expediente.

Si el acreedor declara haber recibido el pago, el órgano jurisdiccional así lo reconocerá dictando una resolución definitiva, que cierra el procedimiento. Si el acreedor y el deudor se ponen de acuerdo sobre el pago, el órgano jurisdiccional dejará constancia de ello y dictará una resolución interlocutoria. Dicha resolución será definitiva y tendrá fuerza de cosa juzgada.

Si, en vista de los documentos aportados y las declaraciones de las partes, el órgano jurisdiccional considera justificada la pretensión del acreedor, efectuará el requerimiento de pago y fijará la cuantía y el plazo del pago. Si, en vista de los elementos probatorios, el órgano jurisdiccional determina que la pretensión del acreedor está justificada parcialmente, efectuará un requerimiento de pago parcial y fijará el plazo para el pago. En ese caso, el acreedor podrá interponer una demanda por la vía del juicio ordinario a fin de obligar al deudor a pagar el resto de la deuda. El plazo para el pago no podrá ser inferior a diez días ni superior a treinta días desde la fecha de notificación del requerimiento. El órgano jurisdiccional no fijará otro plazo para el pago, a menos que las partes acuerden lo contrario. El requerimiento de pago será entregado a las partes que hubiesen comparecido ante el órgano jurisdiccional o notificado a cada una de ellas a la mayor brevedad posible, de conformidad con la ley.

Si el deudor no formula oposición, el requerimiento de pago se efectuará en el plazo de cuarenta y cinco días como máximo desde la fecha de presentación de la reclamación. En este plazo no se computará el tiempo necesario para notificar los escritos procesales ni los retrasos provocados por el acreedor, incluidos aquellos que resulten de la necesidad de rectificar o completar la reclamación.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Si el deudor se opone a la pretensión, el órgano jurisdiccional evaluará si esta está justificada en vista de la documentación del expediente y las explicaciones y aclaraciones aportadas por las partes. Si la contestación a la demanda está justificada, el órgano jurisdiccional inadmitirá la reclamación del acreedor mediante resolución. Si los motivos invocados por el deudor en la contestación a la demanda sobre el fondo del asunto suponen la práctica de pruebas distintas de las que ya obren en autos y las pruebas en cuestión resultasen admisibles con arreglo al procedimiento ordinario, el órgano jurisdiccional inadmitirá la reclamación de requerimiento de pago del acreedor mediante resolución. Ulteriormente, el acreedor podrá interponer una demanda por la vía del juicio ordinario.

1.5 Recursos

El deudor podrá solicitar la anulación del requerimiento de pago en el plazo de diez días desde la fecha de entrega o notificación de dicho requerimiento. En el mismo plazo, el acreedor podrá solicitar la anulación de la resolución en la que se declare inadmisible el requerimiento de pago o se ordene un requerimiento de pago parcial. Los únicos motivos que podrán alegarse al solicitar la anulación de la resolución serán la inobservancia de los requisitos para efectuar el requerimiento de pago y, cuando corresponda, las causas de extinción de la obligación tras efectuarse el requerimiento de pago. La solicitud de anulación será tramitada por dos jueces del órgano jurisdiccional que hubiese efectuado el requerimiento de pago. Esta solicitud no suspenderá la ejecución del requerimiento. Sin embargo, esta podrá concederse a petición del deudor, tras el depósito de una fianza cuyo importe será determinado por el órgano jurisdiccional. Si el órgano jurisdiccional competente admite la solicitud de anulación del requerimiento total o parcialmente, anulará el requerimiento de pago en todo o en parte, según corresponda, y dictará una resolución definitiva.

Si el acreedor solicita la anulación del auto de conclusión del proceso en el que se declare inadmisible el requerimiento de pago o se ordene un requerimiento de pago parcial y el órgano jurisdiccional competente admite dicha solicitud, dictará una resolución definitiva en la que ordenará la emisión del requerimiento de pago.

La resolución de inadmisión de la solicitud de anulación será definitiva.

1.6 Declaración de oposición

-

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

-

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

El requerimiento de pago tendrá fuerza ejecutiva aunque se solicite su anulación y adquirirá provisionalmente valor de cosa juzgada hasta que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la solicitud de anulación. Esta solicitud no suspenderá la ejecución del requerimiento. Sin embargo, esta podrá ser suspendida a petición del deudor, tras el depósito de una fianza cuyo importe será determinado por el órgano jurisdiccional. El requerimiento de pago será definitivo si el deudor no solicita su anulación o si dicha solicitud es inadmitida. Si el órgano jurisdiccional competente admite la solicitud de anulación presentada por el acreedor, dictará una resolución definitiva en la que ordenará la emisión del requerimiento de pago.

La parte interesada podrá oponerse a la ejecución del requerimiento de pago con arreglo a la legislación general aplicable. La oposición solo podrá estar motivada por irregularidades en el proceso de ejecución y por las causas de extinción de la obligación de pago que surjan tras adquirir la resolución carácter definitivo.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Véase la respuesta a la pregunta 1.8.1.


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Última actualización: 01/10/2018

Procedimientos monitorios - Eslovenia

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1 Existencia del proceso monitorio

La ley eslovena establece el procedimiento para emitir una orden de pago en los artículos 431 a 441 de la Ley de Procedimiento Civil (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Ámbito del procedimiento

Se trata de un procedimiento especial acelerado para ejecutar un crédito o derecho de cobro vencido basado en un documento al que la ley otorga valor probatorio (documento auténtico). La orden de pago se emite tanto en casos nacionales como transfronterizos.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El crédito en que se basa la orden de pago solo puede contener la deuda monetaria. Solo pueden ejercitarse de este modo los créditos correspondientes a deudas contractuales o no contractuales nominalmente determinadas. Una excepción es la notificación de resolución del arrendamiento de locales comerciales y la consiguiente retirada de existencias, sujetas a un procedimiento especial para la emisión de una orden de pago. Esta excepción se recoge en el artículo 29 de la Ley de Edificios y Locales Comerciales (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), en el cual se establece que tras la notificación de resolución por el arrendador y la solicitud de desocupación del edificio o local comercial, el tribunal emitirá una orden de desocupación si de la citada notificación o solicitud, del contrato de arrendamiento o de las pruebas previstas en dicho artículo se deduce que el arrendador está facultado para resolver el contrato o solicitar la desocupación del edificio o local.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No hay un límite superior para la cuantía de la reclamación.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Civil, el órgano jurisdiccional decidirá también de oficio sobre la emisión de una orden de pago aunque el demandante no lo haya solicitado cuando se cumplan las condiciones para ello; es decir, si el demandante presenta una demanda ordinaria sin proponer la emisión de una orden de pago. La emisión de una orden de pago es, por tanto, obligatoria para el juez, con independencia de la solicitud del demandante, si se cumplen los requisitos para su emisión.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Sí.

1.2 Tribunal competente

En Eslovenia, la competencia para decidir sobre una propuesta de emisión de una orden de pago se determina del mismo modo que la de otras demandas; esto significa que la competencia ratione materiae corresponde a los juzgados de distrito (okrožna sodišča) y a los juzgados locales (okrajna sodišča). La competencia ratione materiae se determina en función de la cuantía del litigio (o de la naturaleza del caso, como en los asuntos mercantiles). Los órganos jurisdiccionales locales tienen competencia para conocer de los litigios sobre derechos de propiedad cuando el valor del bien no excede de 20 000 EUR. Los órganos jurisdiccionales de distrito tienen competencia para conocer de los litigios sobre derechos de propiedad cuando el valor del bien excede de 20 000 EUR. Los órganos jurisdiccionales de distrito son los únicos competentes para conocer y resolver en primera instancia los asuntos de derecho mercantil. Los litigios mercantiles son aquellos en los que una parte del proceso civil es una persona jurídica (empresa, institución o colectivo). Son también litigios mercantiles aquellos en los que una de las partes es el Estado o una instancia territorial local dotada de autogobierno, como los municipios.

La competencia territorial determina cuál de los tribunales con competencia ratione materiae es competente para conocer de un caso concreto. La regla general en materia de competencia territorial es que las demandas contra una persona física o jurídica deben presentarse ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de su residencia permanente o domicilio social. La competencia territorial para conocer de las demandas contra personas físicas o jurídicas extranjeras corresponde al órgano jurisdiccional del lugar en que la persona física tiene su residencia en Eslovenia o la persona jurídica tiene su sucursal. Existe también una regla legal de competencia territorial especial en función del objeto del litigio y las partes del mismo.

Puede obtener más información al respecto en las respuestas del apartado «Acudir a los tribunales».

1.3 Requisitos formales

La emisión de una orden de pago está sujeta a dos requisitos: la demanda debe hacer referencia a un crédito o derecho de cobro vencido basado en un documento auténtico. La demanda o petición de emisión de una orden de pago debe contener todos los elementos propios de una demanda: una referencia al órgano jurisdiccional, los nombres y domicilios temporales o permanentes de las partes, los nombres de los representantes legales o agentes, una solicitud concreta en la que se exponga el objeto principal del asunto y las peticiones accesorias, los hechos en que se basa la pretensión, las pruebas que la respaldan y la cuantía reclamada, junto con la firma del demandante. Debe adjuntarse también el documento auténtico (original o copia certificada).

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

La ley eslovena no establece un modelo normalizado de demanda de emisión de una orden de pago. La petición debe incluir los elementos legalmente previstos citados en el punto 1.3 (elementos obligatorios de una demanda).

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No es necesario que las partes actúen representadas por un abogado en el procedimiento para la emisión de una orden de pago. La representación ante un órgano jurisdiccional de distrito debe realizarse a través de un abogado o una persona perteneciente al colegio de abogados. La representación de un abogado es obligatoria en los procedimientos extraordinarios.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La demanda debe indicar la justificación y el nivel de la deuda, y las pruebas que acrediten la veracidad de las alegaciones, así como la cuantía, la divisa y la fecha de vencimiento del crédito o derecho de cobro. Si se reclaman intereses, estos deben definirse exactamente (el tipo y el período reclamados). La fecha de vencimiento del crédito debe aparecer claramente en el documento auténtico.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Sí, el original o la copia certificada del documento auténtico deben adjuntarse a la demanda o la petición de emisión de una orden de pago. No es necesario adjuntar el original o la copia certificada del documento auténtico para la emisión de una orden de pago en los litigios mercantiles, basta una copia certificada por un órgano autorizado de una persona jurídica.

Un documento auténtico es aquel que carece de la fuerza de un título ejecutivo pero muestra un alto grado de probabilidad de que exista el crédito. Son documentos auténticos los así reconocidos en la Ley de Procedimiento Civil u otra ley. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Civil, son documentos auténticos los siguientes: documentos públicos, documentos privados en los que la firma del deudor haya sido autenticada por un órgano autorizado al efecto, letras de cambio y cheques, con las oposiciones y protestos, si son precisos para la creación del derecho de cobro, extractos de libros de contabilidad autenticados, facturas y documentos que tengan carácter de documento público en virtud de reglamentaciones especiales. Los documentos extranjeros que cumplan las condiciones para su uso en Eslovenia pueden constituir también documentos auténticos.

Excepción: sin mediar la presentación un documento auténtico, el órgano jurisdiccional emite una orden de pago contra un demandado cuando la demanda hace referencia a un crédito o derecho de cobro vencido de cuantía no superior a 2 000 EUR y la demanda indica la justificación y el nivel de la deuda y hay pruebas que acrediten la veracidad de lo reclamado, exceptuándose de este caso los litigios mercantiles (artículo 494 de la ZPP).

1.4 Inadmisión de la petición inicial

El órgano jurisdiccional denegará la solicitud de emisión de una orden de pago si no se cumplen los requisitos previos: un crédito o derecho de cobro vencido derivado de un documento auténtico.

Si el tribunal no desestima la petición, continúa tramitándose la demanda.

1.5 Recursos

No cabe recurso contra la decisión denegatoria de una demanda de emisión de una orden de pago, y el demandante no puede impugnarla tampoco a través de un recurso contra la sentencia.

El demandado puede oponer excepciones legales frente a la orden de pago emitida. El plazo para presentarlas es de ocho días desde la notificación de la orden de pago al demandado (tres días en caso de litigios relativos a letras de cambio y cheques). La excepción debe probarse, en caso contrario se considerará injustificada. La decisión del órgano jurisdiccional sobre las excepciones alegadas es susceptible de recurso.

Si el demandado cuestiona una orden de pago únicamente en relación con la decisión sobre las costas, dicha decisión solo podrá impugnarse mediante la interposición de un recurso.

1.6 Declaración de oposición

El demandado puede oponer excepciones contra la reclamación del demandante. Las excepciones deben motivarse. Deben exponerse también los hechos en que se basen y aportarse las pruebas, pues en caso contrario se considerarán injustificadas (artículo 435, apartado 2, de la ZPP). El demandado debe, por tanto, exponer los hechos jurídicamente significativos por los que puede rechazarse la reclamación (si se demuestra su veracidad). Los hechos alegados deben ser concretos y específicos.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el órgano jurisdiccional no rechaza ni desestima la excepción opuesta por el demandado por haberse presentado esta fuera de plazo o ser incompleta o no ajustada a la ley u otro motivo, continuará la tramitación de la demanda.

Las partes pueden alegar nuevos hechos y aportar nuevas pruebas en la primera vista principal, y el demandado puede plantear también nuevas objeciones relativas a la parte cuestionada de la orden de pago.

En su sentencia sobre la cuestión principal, el órgano jurisdiccional decidirá si la orden de pago debe mantenerse total o parcialmente en vigor o debe anularse (artículo 436 de la Ley de Procedimiento Civil).

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

A menos que la parte contraria plantee una objeción o un recurso, la resolución o la orden de pago serán firmes y ejecutables.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

El demandante debe solicitar expresamente al tribunal un certificado en el que se haga constar su carácter ejecutivo. La sentencia del tribunal es ejecutiva una vez firme y transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario de las obligaciones (párrafo primero de la Ley de Ejecución y Garantía de Derechos).

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Una orden de pago frente a la cual no se hayan planteado objeciones o estas hayan sido denegadas o desestimadas será firme y no podrá ya ser impugnada mediante un recurso.

La orden de pago firme solo puede impugnarse a través de un recurso extraordinario.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.pisrs.si/Pis.web/

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Última actualización: 03/11/2015

Procedimientos monitorios - Eslovaquia


1 Existencia del proceso monitorio

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

El requerimiento de pago se inscribe en los denominados procedimientos abreviados. El procedimiento se regula en los artículos 265 y siguientes de la Ley n.º 160/2015 2015 de los procedimientos civiles contradictorios (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok; en lo sucesivo, «LPCC»).

Solo puede decretarse un requerimiento de pago si el demandante reclama el pago de una suma de dinero basándose en hechos alegados por él mismo y sobre los que el órgano jurisdiccional no albergue dudas, especialmente si dichos hechos están documentados de forma fehaciente. En tal caso se dicta una resolución que establezca un requerimiento de pago sin solicitar la declaración del demandado y sin celebrar una audiencia. En dicha resolución se obliga al demandado a abonar la suma de dinero o parte de la misma y a asumir las costas del proceso en los 15 días posteriores a la notificación, o a interponer un escrito de oposición en el mismo plazo. A los efectos del proceso monitorio, se considera que una declaración relativa a las costas procesales constituye una resolución.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El uso del procedimiento es facultativo, su finalidad es dirimir el asunto de manera eficiente y rentable. La expedición del requerimiento de pago no depende de una petición explícita del demandante: el órgano jurisdiccional puede expedir un requerimiento de pago incluso si el demandante ha pedido que el órgano jurisdiccional decida mediante sentencia.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Si el requerimiento de pago se notifica en el extranjero, se aplica el proceso monitorio europeo. El proceso monitorio europeo se inicia presentando el formulario A en virtud del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

1.2 Tribunal competente

El órgano jurisdiccional competente en primera instancia es el tribunal de distrito (okresný súd) con competencia material y territorial.

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

El uso de un formulario en este procedimiento no es obligatorio, pero si el demandante presenta, junto con su solicitud para el inicio del proceso, un requerimiento de pago en un formulario publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia de la República Eslovaca (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) El enlace abre una nueva ventanahttp://www.justice.gov.sk/, entonces, siempre que se hayan cumplido las condiciones legales para la emisión de un requerimiento de pago y se hayan abonado las tasas judiciales, el órgano jurisdiccional emitirá el requerimiento de pago en los 10 días siguientes al día en que se hayan cumplido las condiciones.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No es necesaria la presencia de un abogado en este procedimiento.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

Este es un procedimiento abreviado en el que la decisión se basa únicamente en los hechos alegados por el demandante. En consecuencia, es necesario que los hechos que fundamentan la pretensión del demandante estén suficientemente documentados y que la actuación solicitada esté contemplada en el Derecho objetivo.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

La deuda debe estar justificada documentalmente, por ejemplo, mediante un contrato. En todos los casos, la prueba en que se fundamenta la demanda se debe adjuntar a la misma.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Si el órgano jurisdiccional no expide el requerimiento de pago, se sigue el procedimiento descrito en el artículo 168, apartado 1, de la LPCC, es decir, el procedimiento es similar al que se seguiría en cualquier otro litigio.

Si se interpone una demanda para obtener el pago de una suma de dinero en virtud de un contrato regulado por el Derecho de los consumidores y el demandado es un consumidor, el órgano jurisdiccional no expedirá el requerimiento de pago si el contrato u otros documentos contractuales contienen condiciones abusivas (artículo 299, apartado 2, de la LPCC).

1.5 Recursos

El recurso para impugnar la expedición del requerimiento de pago se ejercita mediante un escrito de oposición. Puede recurrirse en apelación solo para impugnar la resolución sobre las costas procesales. El órgano jurisdiccional decide sobre ello mediante un procedimiento sumario, es decir, sin audiencia.

1.6 Declaración de oposición

El escrito de oposición, que tiene carácter de recurso, debe presentarse en los 15 días posteriores a la notificación del requerimiento de pago, ante el órgano jurisdiccional que lo expidió, y debe estar fundamentado. Debe abonarse una tasa judicial por la presentación del escrito de oposición.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Una vez presentado el escrito de oposición en plazo y debidamente fundamentado, el requerimiento de pago queda anulado y el órgano jurisdiccional señala fecha para una audiencia.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Tras la expiración del plazo sin que se haya presentado un escrito de oposición, el requerimiento de pago tendrá pleno efecto.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

El requerimiento de pago debe cumplir las condiciones de legalidad: llevar un sello de validez y ejecutividad, que se obtiene del órgano jurisdiccional que emitió el requerimiento de pago. Posteriormente, debe interponerse una demanda de ejecución.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Si no se presenta un escrito de oposición durante el plazo legal para impugnar el requerimiento de pago, el requerimiento tendrá el mismo efecto que una sentencia ejecutiva. Puede interponerse un recurso extraordinario para impugnar una resolución ejecutiva en el sentido de los requerimientos de pago monitorios, pero solo cuando se hayan cumplido todos los requisitos legales. La posibilidad de interponer un recurso extraordinario depende de las circunstancias y los hechos de cada caso.


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Última actualización: 14/01/2019

Procedimientos monitorios - Finlandia


1 Existencia del proceso monitorio

En Finlandia existe un procedimiento especial de orden de pago diseñado específicamente para el cobro de deudas no impugnadas. En estos casos, puede ordenarse al demandado el pago de su deuda al demandante mediante la denominada sentencia por incomparecencia.

La demanda puede presentarse electrónicamente en el sitio web de la administración judicial finlandesa (El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/en/). Véase más información en el apartado «Tratamiento automático – Finlandia».

1.1 Ámbito del procedimiento

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Este procedimiento puede emplearse para todo tipo de reclamaciones económicas que las partes puedan convenir contractualmente.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No, no existe un límite máximo ni mínimo de la cuantía de la reclamación.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El procedimiento es voluntario.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

En principio, no hay ninguna disposición que exija que el demandado viva en Finlandia, pero los órganos jurisdiccionales finlandeses deben ser competentes para poder aplicar el procedimiento. Por ejemplo, de acuerdo con el Reglamento Bruselas I, la competencia se determina según la regla principal, por la que las reclamaciones de pago deben tramitarse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado.

1.2 Tribunal competente

Los órganos jurisdiccionales competentes en esta materia son los ordinarios de primera instancia. En Finlandia, son los juzgados de distrito (käräjäoikeus). La regla general es que el órgano jurisdiccional competente es el de distrito del lugar de residencia del demandado. Las disposiciones ordinarias en materia de jurisdicción son aplicables al procedimiento de la orden de pago (Véase el apartado de «Competencia jurisdiccional - Finlandia»).

1.3 Requisitos formales

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

La solicitud de citación o demanda debe formularse por escrito, con los datos siguientes: objeto de la reclamación, motivos (brevemente), posible reclamación de costes de interposición de la demanda y datos de contacto del demandante y el demandado. El escrito debe estar firmado,

No existe un formulario de ámbito nacional, aunque algunos juzgados de distrito han elaborado modelos de uso voluntario.

Las demandas sin oposición pueden presentarse también electrónicamente en el sitio web de la administración judicial finlandesa (El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/en/).

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

No se exige un abogado para el demandante ni para el demandado, aunque se permite su uso.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

Deben identificarse los motivos de la reclamación, para que pueda distinguirse de otras reclamaciones.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

No se requieren pruebas en los casos de cobro de deudas no impugnadas. El demandante solo debe presentar pruebas suficientes si el demandado se opone a la reclamación.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

En la práctica, un impedimento para una sentencia por incomparecencia es la oposición del demandado a la reclamación por causa justificada, en cuyo caso dejará de considerarse como una demanda sin oposición. Otras situaciones que pueden plantearse son la inadmisión de la demanda, lo que suele ocurrir si el juzgado de distrito en cuestión no es competente o si el demandante no subsana, previo requerimiento, los defectos de la demanda. En principio, una demanda puede desestimarse también inmediatamente mediante una resolución judicial si claramente no está motivada, es decir, carece absolutamente de fundamento jurídico. Aparte de esto, el órgano jurisdiccional no examinará la validez de la demanda.

1.5 Recursos

Si el demandado decide oponerse, el demandante no puede recurrir la resolución por la que se considere que no puede tramitarse la reclamación como una demanda sin oposición. En tales casos, el asunto se tramitará ante el juzgado de distrito en un procedimiento civil ordinario. El demandante sí puede recurrir contra la inadmisión o la desestimación de su demanda.

1.6 Declaración de oposición

Esta cuestión se ha formulado pensando en el tipo de sistema en el que primero se emite la «sentencia por incomparecencia / orden de pago» y solo posteriormente se ofrece al demandado la oportunidad de oponerse. En Finlandia se envía primero la demanda al demandado y, si este no se opone, se dicta una resolución por incomparecencia.

El juzgado de distrito puede solicitar al demandado que responda a la demanda por escrito en un determinado plazo. El plazo lo fija el juzgado de distrito, y normalmente suele ser de entre dos y tres semanas. En su respuesta, el demandado debe indicar si se opone a la demanda y, en caso afirmativo, por qué motivos. El demandado puede indicar también en su respuesta las pruebas que, en su caso, se propone aportar, así como formular una reclamación por los costes. El demandado debe comunicar también sus datos de contacto y firmar la respuesta.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Si el demandado presenta su oposición a la demanda en el plazo establecido, la demanda no se considerará ya sin oposición y no podrá dictarse una sentencia por incomparecencia. En estos supuestos, el caso pasará automáticamente al procedimiento civil ordinario.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Si el demandado no se opone a la demanda en plazo, se dictará una sentencia por incomparecencia por el importe reclamado. La sentencia es inmediatamente ejecutiva.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

El demandado no puede recurrir la sentencia por incomparecencia ante el tribunal de apelación (hovioikeus), pero puede presentar ante el juzgado de distrito una solicitud denominada de «devolución» para que el caso vuelva al juzgado de distrito que dictó la sentencia para su reconsideración. La solicitud debe presentarse en el plazo de 30 días desde la fecha de notificación de la sentencia por incomparecencia al demandado. Si el demandado no presenta esta solicitud, la sentencia será firme.


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Última actualización: 08/02/2018