Responsabilidad parental

La patria potestad se refiere a todos los derechos y obligaciones respecto de un menor y sus bienes. Aunque este concepto varía de un Estado miembro a otro, en general comprende la custodia y los derechos de visita.

Si su pareja es nacional de otro país y tienen uno o más niños y se van a separar, deberán ponerse de acuerdo sobre su custodia.


¿Qué hay que hacer primero?

Qué es la custodia de menores. Qué son derechos de visita

Mientras los padres conviven, suelen mantener la custodia conjunta de sus hijos. Pero, si se divorcian o se separan, tienen que decidir cómo van a seguir ejerciendo esa responsabilidad.

Pueden decidir que el niño viva alternativamente con ambos o que viva con uno de ellos. En este caso, el otro progenitor suele tener derecho a visitar al niño en determinados momentos.

Los derechos de custodia cubren también otros derechos y deberes relacionados con la educación y el cuidado del niño, lo que incluye el derecho de velar por el niño y sus bienes. Normalmente, los padres tienen la patria potestad pero esta puede otorgarse también a una institución a la que se haya concedido la tutela del niño.

Quién decide sobre la custodia y los derechos de visita

Los padres pueden decidir sobre ambas cosas por acuerdo mutuo. Si no se ponen de acuerdo, puede recurrirse a un mediador o un abogado. Para encontrar mediador puede hacer click en el enlace a pie de página.

Si los padres no llegan a un acuerdo, pueden acudir a un juez. Este podrá decidir que la custodia la ejerzan los dos (custodia compartida) o concedérsela a uno de ellos (custodia exclusiva). En caso de que la custodia la tenga solo uno, el juez podrá establecer derechos de visita para el otro progenitor.

Si los padres tienen distinta nacionalidad, la normativa de la UE fija el órgano jurisdiccional que entiende del asunto. Para saber qué órgano es competente puede hacer click en el enlace a pie de página.

Se trata sobre todo de impedir que ambos progenitores acudan al tribunal cada uno en su país y se dicten dos resoluciones para el mismo asunto. El principio es que el tribunal competente es el del país donde resida habitualmente el menor.

¿La resolución del tribunal se ejecutará en el otro país de la UE?

El sistema de reconocimiento y ejecución de las resoluciones garantiza que, una vez dictada, la resolución del tribunal competente se aplique en otros países de la UE. Esto facilita el ejercicio de sus derechos a quienes ejerzan la patria potestad.

Así, por ejemplo, una sentencia sobre derechos de visita se reconocerá en otro Estado miembro de la UE sin más trámite, lo que reforzará la relación entre el niño y sus dos progenitores.

Qué normativa europea se aplica

La normativa que resuelve asuntos transfronterizos entre los niños y sus padres se contiene en el Reglamento Bruselas IIbis. Dicha normativa se aplica por igual a todos los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio. El El enlace abre una nueva ventanaReglamento Bruselas IIbis es la piedra angular de la cooperación judicial de la UE en Derecho de matrimonio y asuntos de patria potestad. El Reglamento se aplica desde el 1 de marzo de 2005 en todos los países de la UE menos Dinamarca.

Para obtener información detallada sobre un país, seleccione la bandera nacional correspondiente.

Enlaces relacionados


La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.

Última actualización: 18/01/2019

Responsabilidad parental - Bélgica

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La patria potestad es un mecanismo jurídico de protección y de representación de un menor hasta que alcance la mayoría de edad o se emancipe, respecto a su persona y sus bienes. La patria potestad se rige por los artículos 371 a 387 ter y 203 del Código Civil.

El pleno derecho de la patria potestad lo ejercen los padres jurídicos del niño, es decir, las personas que, de acuerdo con la ley, se consideran tales en virtud de la relación de paternidad, maternidad o comaternidad por sangre, adopción o ley. En el supuesto de que la ley no reconozca a los padres biológicos como los padres legales, tampoco serán los titulares de la patria potestad.

El niño permanecerá bajo la autoridad de su padre y su madre hasta la mayoría de edad (18 años) o emancipación. Las decisiones sobre el alojamiento, el mantenimiento, la sanidad, la supervisión, la educación, la formación o el desarrollo del niño corresponden a los padres (artículo 203 del Código Civil).

Entre los atributos de la patria potestad, distinguimos la autoridad sobre el niño, la gestión de sus bienes y determinados derechos correspondientes a este tipo de autoridad. La autoridad sobre la persona del niño se subdivide en el «derecho de guarda», que consiste en «vivir» con el niño (ya sea cuidándolo, vigilándolo o tomando las decisiones educativas relacionadas con la presencia del niño en la casa), y el derecho a la educación, que consiste en tomar decisiones sobre la manutención, la educación y la formación del niño. En lo que respecta a la gestión de los bienes del niño, distinguimos el derecho de administración y el derecho de disfrute legal de esos bienes. Por derechos específicos se entienden las atribuciones de los padres sobre el matrimonio, la adopción y la emancipación del niño.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La patria potestad sobre el menor normalmente la ejercen de forma conjunta cada uno de sus progenitores. Independientemente de que los progenitores vivan juntos o estén casados, si se ha establecido la filiación del niño con respecto a cada uno de ellos, pueden ejercer conjuntamente (tanto el uno como el otro) los diferentes derechos de la patria potestad (artículos 373 y 374 del Código Civil).

Si la filiación no se ha establecido respecto a uno de los progenitores (padre o madre) o si uno de ellos ha fallecido, está ausente o no puede expresar su voluntad, el otro ejercerá solo esta autoridad.

En lo que concierne a terceros (de buena fe), se considera que cada uno de los progenitores actúa con el consentimiento del otro cuando lleva a cabo de manera individual un acto de patria potestad (artículo 373 del Código Civil).

Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre la organización del alojamiento del niño, las decisiones importantes sobre su salud, educación, formación, tiempo de ocio y orientación religiosa o filosófica, o si ese acuerdo se considera contrario al interés del niño, el juzgado de familia puede otorgar el ejercicio exclusivo de la patria potestad a uno de los progenitores.

En este caso, el otro progenitor conserva los siguientes derechos, según las modalidades definidas: 1) derecho de supervisión, es decir, el derecho a estar informado de la situación del niño y de recurrir al juzgado de familia competente si considera que el otro progenitor no ha respetado el interés del niño; 2) derecho a las relaciones personales. Estas relaciones solo se podrán denegar por motivos muy graves (artículo 374 del Código Civil).

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En caso de que ni el padre ni la madre estén en condiciones de ejercer la patria potestad, debe nombrarse un tutor (artículo 375 del Código Civil).

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En principio, la separación o el divorcio de los padres no influye en las normas que determinan el ejercicio de la patria potestad. El principio jurídico consiste en el ejercicio conjunto de la patria potestad por cada uno de los padres del niño (véase el punto 2). Significa que ambos ejercen y seguirán ejerciendo los atributos de la patria potestad y que no pueden tomar decisiones individuales que impidan que la otra parte pueda ejercer sus propios derechos. Por tanto, deben obtener el consentimiento del otro progenitor y, en caso de que no se lo conceda, no podrán llevar a cabo la acción en cuestión. Sin embargo, en lo que respecta al alojamiento del niño, por ejemplo, el progenitor que viva con él podrá tomar en un determinado momento decisiones relativas a los horarios, a las reglas de convivencia, etc.

Los padres pueden llegar a un acuerdo sobre las modalidades del ejercicio de la patria potestad, a favor del interés del niño.

De no ser así, deberá recurrirse al juzgado de familia, que puede decidir si otorga el ejercicio exclusivo de la patria potestad a uno de los padres (véase punto 2).

Es necesario determinar las modalidades de alojamiento del niño, el lugar de inscripción en los registros de población y las modalidades según las cuales los padres contribuyen a la manutención, educación y formación del niño.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres no tienen la obligación de presentarse ante el juzgado de familia. Pueden celebrar un convenio privado en el que se resuelva la cuestión de la patria potestad del niño. Los padres pueden, en todo momento e incluso durante un procedimiento, recurrir a un mediador homologado y formado a los efectos (abogado, notario u otro mediador homologado) (artículo 1730 del Código Judicial).

Si los padres desean, según sea necesario, que se ejecute esta resolución, deben presentar dicho convenio ante el juzgado de familia competente para que analice si se respeta el interés del niño.

En caso de divorcio por diferencias irreconciliables (véase la ficha «Divorcio - Bélgica»), los padres pueden, en cualquier fase del procedimiento, solicitar al juzgado de familia que homologue el acuerdo sobre las medidas provisionales relativas a los niños. El juez puede negarse a homologar ese acuerdo si considera que es contrario a los intereses de los niños.

En caso de divorcio de mutuo acuerdo (véase la ficha «Divorcio - Bélgica), las partes deben indicar en los convenios reguladores del divorcio las medidas relativas a la patria potestad (ejercicio de la autoridad parental, derecho a relaciones personales, administración de los bienes del niño) y las modalidades en que cada uno contribuye a la manutención, a la educación, a la sanidad, a la formación y al desarrollo del niño durante el procedimiento de divorcio y después de este. El ministerio fiscal emite un dictamen y el juzgado de familia puede suprimir o modificar las disposiciones contrarias al interés de los menores. El juzgado de familia dicta la sentencia de divorcio y homologa los convenios relativos a los menores.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Una vez que se presenta una demanda, el secretario informa a las partes de la posibilidad de recurrir a la mediación, a la conciliación o a cualquier otro modo de resolución amistosa de conflictos (art. 1253ter/1 del Código Judicial). Además, el juez puede proponer en todo momento a las partes que se valore la posibilidad de conciliación o mediación. Si están de acuerdo, el juez suspende el proceso para que las partes analicen si pueden llegar a un acuerdo o si la solución es la mediación, o también puede remitir el asunto a la cámara de conciliación (art. 1253ter/3 del Código Judicial).

Si las partes llegan a un acuerdo, el tribunal lo homologa, siempre y cuando no sea manifiestamente contrario al interés del niño (artículo 1253ter/2 del Código Judicial).

Cualquiera de las partes puede asimismo proponer recurrir a la mediación independientemente del procedimiento judicial (artículo 1730 del Código Judicial). El acuerdo obtenido por un mediador acreditado también puede ser objeto de una homologación en las condiciones antes mencionadas.

Por último, las partes siempre pueden consultar con expertos (asistente social, psicólogo, psiquiatra infantil, entre otros) para obtener una opinión formada o solicitar, en el marco del procedimiento judicial, que se nombre a un experto. En el marco del procedimiento mencionado, el ministerio fiscal puede involucrar a los servicios sociales para recabar información relacionada con los niños; el juzgado de familia tiene en cuenta la opinión de los niños (artículo 1253ter/6 del Código Judicial).

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

A falta de un acuerdo, si el acuerdo de los progenitores es parcial o si es contrario al interés del niño, es el juzgado de familia el que se pronuncia sobre el ejercicio de la patria potestad, teniendo en cuenta los deseos expresados por los progenitores y por el niño (si está en edad de hacerlo), así como la situación y las circunstancia de la causa. Cuestiones sometidas al juzgado:

- El ejercicio conjunto o exclusivo de la patria potestad (véase el punto 2).

- El lugar en el que niño está inscrito a título principal en los registros de la población (es decir, su domicilio).

- Sus modalidades de alojamiento (a falta de acuerdo y en caso de patria potestad conjunta, se da preferencia al alojamiento alterno del niño si al menos uno de los padres lo solicita. Si esta no es la fórmula más adecuada, cabe prever un alojamiento secundario más amplio u otras fórmulas. El juzgado de familia tendrá en cuenta las circunstancias concretas, así como el interés del niño y de los progenitores.).

- La pensión alimenticia (cada progenitor debe asumir, de manera proporcional a sus recursos, los gastos relacionados con el alojamiento, la manutención, la salud, la vigilancia, la educación, la formación y el desarrollo infantil).

El juzgado de familia puede asimismo verse obligado a pronunciarse sobre la educación y la formación del niño. Las partes aún pueden someter al juzgado de familia cuestiones específicas como el reparto de los periodos de vacaciones entre los progenitores, la distribución de determinados gastos, la inscripción en un colegio, etc. Depende del caso concreto.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El hecho de que uno de los progenitores sea titular de la patria potestad exclusiva no constituye un cheque en blanco respecto a las decisiones que afectan al niño. Es necesario analizar lo que se ha acordado en el caso en cuestión. Al mismo tiempo (véase el punto 2), el otro progenitor mantiene el derecho de supervisar la educación del niño.

El hecho de cambiar de domicilio con el niño sin notificarlo al otro progenitor puede tener repercusiones en el alojamiento del niño, en los derechos de visita, etc. En tal caso, la parte que no haya sido notificada o que no esté de acuerdo puede acudir al juzgado de familia (artículo 374 y 387bis del Código Civil) o, en caso de urgencia por extrema necesidad, al juez de medidas provisionales (artículo 584, párrafo 4, del Código Judicial).

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

(Véase el apartado 2). Significa que ambos ejercen y seguirán ejerciendo los atributos de la patria potestad (la guarda y custodia del niño, el derecho a la educación del niño y el derecho a la administración y uso legal de los bienes del niño) y que no pueden tomar decisiones individuales que impidan que la otra parte pueda ejercer sus propios derechos. Por tanto, deben obtener el consentimiento del otro progenitor y, en caso de que no se lo conceda, no pueden actuar. Sin embargo, en lo que respecta a la guarda y custodia del niño, por ejemplo, el padre en cuyo domicilio se halle podrá tomar en un determinado momento decisiones relativas a los horarios, a las reglas de convivencia, etc. En lo que concierne a terceros (de buena fe), se considera que cada uno de los progenitores actúa con el consentimiento del otro cuando lleva a cabo de manera individual un acto de autoridad parental (artículo 373 del Código Civil).

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

En virtud del artículo 572bis, punto 4, del Código Judicial, el tribunal de familia examina las demandas sobre la patria potestad, el alojamiento o los derechos de visita respecto de menores. Los documentos que se deben adjuntar a la demanda varían en función de la acción interpuesta.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Determinadas causas sujetas a la competencia del juzgado de familia, como las relacionadas con la patria potestad, el derecho de alojamiento y el derecho de visita, se consideran urgentes por ley y pueden iniciarse por demanda contradictoria, por citación o por demanda conjunta. Se tramitará como procedimiento de urgencia. Si la causa se inicia por citación, el plazo será, por lo menos, de 2 días (véase el artículo 1035, párrafo 2, del Código Judicial). En los otros casos, la vista inicial tiene lugar a más tardar en los 15 días siguientes a la presentación del escrito de demanda en la Secretaría (artículo 1253ter/4, §2 del Código Judicial).

En todos los casos sobre menores, las partes deben comparecer en persona en la vista inicial, así como en las vistas en las que se traten cuestiones relativas a los niño y en la vista oral (artículo 1253ter/2, apartados 1 y 2, del Código Judicial). Por otro lado, los menores tienen derecho a ser oídos en los asuntos que les afecten sobre la patria potestad, el derecho de alojamiento y el derecho de visitas (1004/1, §1 del Código Judicial).

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Se aplican las reglas del Derecho común (véase la ficha «Asistencia jurídica gratuita - Bélgica»).

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Teniendo en cuenta que en el marco de un divorcio por consentimiento mutuo, las parte se han puesto de acuerdo sobre las modalidades de la patria potestad, el Ministerio Fiscal ha emitido su opinión y el juzgado de familia ha homologado los convenios y pronunciado el divorcio, no cabe en principio la posibilidad de apelar.

En los demás casos específicos, es posible apelar una resolución relativa a la patria potestad en un plazo que normalmente es de un mes. El plazo empezará a contar a partir de la notificación de la sentencia o de su notificación (apelación contra un auto dictado por demanda unilateral). En algunas ocasiones se utiliza la fecha en que se dicta sentencia (por ejemplo, apelación del Ministerio Fiscal) para dar comienzo al plazo.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Corresponde al juzgado de familia que haya establecido los periodos de estancia del niño con cada uno de los progenitores o el derecho de visita de uno de los progenitores, o incluso de un tercero, acompañar su resolución con medidas coercitivas (artículo 387 ter, §1er, párrafo 5, del Código Civil). Es quien debe determinar la naturaleza de estas medidas y los procedimientos para su ejercicio en relación con al interés del niño. Asimismo debe designar, si lo considera necesario, las personas que pueden acompañar al agente judicial para ejecutar su resolución. El juzgado de familia puede imponer una multa coercitiva para garantizar el respeto de la resolución que debe aplicarse.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Desde el 1 de marzo de 2005 y con arreglo al Reglamento n.° 2201/2003 llamado «Bruselas II bis», se reconocen, en principio, de pleno derecho todas las resoluciones relativas a la responsabilidad parental emitidas en un Estado miembro (salvo en Dinamarca). No obstante, para llevar a cabo la ejecución, salvo en lo que respecta a las resoluciones relativas al derecho de visitas y a las de devolución del menor en caso de sustracción, debe presentarse una solicitud de otorgamiento de la ejecución ante el juzgado de familia, que decidirá según las formas del procedimiento de urgencia.

Sin embargo, este procedimiento simplificado no se aplica a las resoluciones adoptadas antes de esta fecha al margen de un procedimiento de divorcio. En este caso, es conveniente seguir el procedimiento habitual de reconocimiento y de ejecución.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Todas las personas que quieran oponerse al reconocimiento de una resolución dictada en el extranjero pueden acudir al juzgado de familia. Este juzgado puede suspender el procedimiento si la resolución en cuestión es objeto de un recurso en su país de origen.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Normalmente los órganos jurisdiccionales belgas aplican la legislación del país en el que se encuentra la residencia habitual del niño.

Sin embargo, se aplica la legislación del país de nacionalidad del niño si la del país de residencia habitual no permite garantizar la protección sobre la persona o los bienes del menor. La legislación belga se aplica si es imposible, material o jurídicamente, adoptar las medidas previstas en la legislación extranjera aplicable.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 27/06/2019

Responsabilidad parental - Bulgaria

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

Los conceptos de responsabilidad parental y de custodia se expresan en la legislación de Bulgaria con los términos «derechos y obligaciones parentales» y «ejercicio de los derechos parentales», respectivamente. El concepto de responsabilidad parental abarca así el conjunto de derechos y deberes que un progenitor tiene en relación con sus hijos menores de edad.

La legislación búlgara distingue entre los menores que no han cumplido los 14 años y los que tienen entre 14 y 18 años. Los derechos y obligaciones parentales se ejercen en relación con ambos grupos.

En caso de adopción, los derechos y obligaciones del adoptado y sus descendientes, por una parte, y del adoptante y sus parientes, por otra, son idénticos a los existentes entre parientes de sangre, en tanto que se extinguen los existentes entre el adoptado y sus descendientes, por una parte, y sus parientes de sangre, por otra.

En caso de divorcio, el tribunal debe pronunciarse también sobre el ejercicio de los derechos parentales, las relaciones personales y la manutención de los hijos nacidos del matrimonio, así como sobre el uso de la vivienda familiar, todo ello en aras del interés superior de los menores.

En este sentido, debe decidir a cuál de los cónyuges se conceden los derechos parentales y adoptar medidas sobre su ejercicio, sobre las relaciones personales entre los menores y sus padres y sobre la manutención de los menores. Al decidir a cuál de los padres concede los derechos parentales, debe examinar todas las circunstancias, en aras del interés superior del menor, y oír a los padres y a los menores que hayan cumplido al menos 10 años.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Lo más habitual es que los dos progenitores ejerzan de forma solidaria los derechos parentales.

La ley contiene disposiciones explícitas sobre el derecho de los abuelos a seguir en contacto con los menores.

Los hijos menores de edad están obligados a vivir con sus padres salvo que haya motivos importantes que justifiquen lo contrario. Si se incumple esta obligación, el tribunal podrá disponer la devolución del menor a sus padres, a petición de estos y tras oír al menor si este ha cumplido al menos 10 años.

Ambos progenitores pueden representar por separado a sus hijos menores de 14 años y dar su consentimiento para la presentación de demandas en el caso de los menores de 14 a 18 años, exclusivamente en aras de su interés superior.

Los bienes muebles e inmuebles de los menores de edad, a excepción de los que sean perecederos, pueden transmitirse, gravarse o, en general, enajenarse con autorización del tribunal de primera instancia de su lugar habitual de residencia tan solo si se considera necesario y redunda claramente en su beneficio. Carecerán de validez y efecto cualesquiera donaciones, préstamos y garantías de deudas de terceros mediante prenda o hipoteca concedidos por un menor.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si la conducta de uno de los progenitores constituye una amenaza para la persona, la educación, la salud o los bienes del menor, el tribunal de primera instancia adoptará las medidas pertinentes en aras del interés superior de este, ya sea por iniciativa propia o a petición del otro progenitor o de la fiscalía, trasladándole, si fuera necesario, a un alojamiento apropiado.

Se adoptarán las mismas medidas si los progenitores no pueden ejercer sus derechos parentales por enfermedad física o mental de larga duración, por ausencia prolongada o por otras causas objetivas. Se podrá privar a un padre o madre de sus derechos parentales en los siguientes casos, todos ellos de especial gravedad: si no atiende al menor y no paga la pensión de alimentos durante un periodo prolongado y sin causa justificada o si ha ingresado al menor en una institución especializada y no le ha sacado de ella en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que debía hacerlo.

La competencia en los procedimientos judiciales sobre retirada de derechos parentales corresponde al tribunal de primera instancia, que actuará por propia iniciativa o a petición del otro progenitor o de la fiscalía. En todos los casos en los que se restrinjan o retiren los derechos parentales, el tribunal resolverá también sobre las relaciones personales entre los padres y el menor.

El tribunal podrá restablecer los derechos parentales si las circunstancias cambian o a petición del progenitor.

El tribunal notifica de oficio al municipio de residencia del progenitor la retirada de los derechos parentales o su posterior restablecimiento, con el fin de que se designe a una persona que los ejerza respecto de los menores de 14 a 18 años o se nombre a un tutor que los ejerza respecto de los menores de 14 años.

A petición de los servicios sociales, el tribunal puede disponer que el menor viva fuera de la familia si los padres han fallecido, son desconocidos, se les han retirado los derechos parentales, tienen restringido el ejercicio de los mismos o no se ocupan del menor durante un periodo prolongado por razones objetivas o sin causa justificada o cuando el menor sea víctima de violencia doméstica y exista un riesgo grave para su desarrollo físico, mental, moral, intelectual y social. En tal caso, puede confiarse al menor a una institución social o a una familia de acogida, incluidos los supuestos previstos en el artículo 11 del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la protección del niño.

El tribunal puede disponer que el menor conviva con familiares o con una familia de acogida o en una institución especializada. En tanto se dicte la resolución judicial, los servicios sociales de la localidad en la que resida el menor se ocuparán de asignarle un alojamiento temporal.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En caso de que los padres convivan pero mantengan un desacuerdo sobre aspectos relacionados con los derechos parentales, se someterá la cuestión al tribunal de primera instancia, que les oirá a ellos y, si fuera necesario, al menor. Contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso con arreglo a las normas generales.

En caso de que los padres no convivan y no alcancen un acuerdo sobre quién asumirá la custodia del menor, se someterá la cuestión al tribunal de primera instancia del lugar de residencia habitual del menor, que resolverá tras oír a este si tiene 10 años o más. Contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso con arreglo a las normas generales.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres pueden otorgar convenios extrajudiciales sobre la concesión y el ejercicio de los derechos parentales y sobre el contacto de los menores con el progenitor que no asuma tales derechos, pero estos acuerdos no son jurídicamente vinculantes. Aun en caso de que se haya otorgado un convenio de este tipo, el padre o la madre podrán iniciar un procedimiento judicial sobre los derechos parentales o sobre el contacto con el menor, y el tribunal resolverá en tal caso sobre el ejercicio de los derechos parentales, con independencia de lo previsto en el convenio. Se aplicará el mismo marco jurídico a las cuestiones relativas al contacto del menor con el progenitor que no tenga su custodia y no conviva con él.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los litigios familiares pueden someterse a mediación, que se ajustará a lo previsto en la Ley sobre mediación, pero el acuerdo sobre derechos parentales que se alcance no será jurídicamente vinculante hasta que sea ratificado por un tribunal de conformidad con lo establecido en el Código de enjuiciamiento civil.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El juez puede resolver sobre cualquier cuestión que se le someta, como la fijación del lugar de residencia habitual del menor, la determinación de cuál de los progenitores ejercerá los derechos parentales, la organización de los contactos entre el menor y el otro progenitor, los derechos del progenitor en materia de visitas y acceso al menor, la obligación de alimentos frente al menor, la elección de centro escolar, el nombre del menor, etc. Véanse las respuestas a las preguntas 3 y 4.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

En general, es el progenitor que ejerce los derechos parentales el que toma las decisiones sobre la vida diaria del menor, incluida, por ejemplo, la elección del centro escolar. Se requiere el consentimiento de los dos progenitores en algunos casos: por ejemplo, para la expedición de documentos de identidad para el menor o para la salida de este del territorio, independientemente de la duración del viaje o de su finalidad, incluidas las vacaciones.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si los padres no conviven, el tribunal debe decidir a cuál de ellos corresponden los derechos parentales y cómo se relacionará el otro con el menor. Sin perjuicio de ello, no existen restricciones que impidan a los padres llegar a un acuerdo judicial que establezca formas de contacto del otro progenitor con el menor más amplias de lo que resulte de las prácticas habituales. Según la jurisprudencia y los acuerdos más habituales en materia matrimonial, se suele convenir que el menor pase con el otro progenitor dos o más días no laborables al mes y un número fijo de semanas durante las vacaciones escolares.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El órgano jurisdiccional competente es el tribunal de primera instancia del lugar de residencia habitual del demandado. Si la demanda está vinculada a una petición de alimentos, el demandante también podrá presentarla ante el tribunal del lugar de su residencia habitual.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los procedimientos que deben seguirse en los asuntos relativos a derechos parentales son los aplicables con carácter general.

Si el asunto se plantea en el marco de un asunto de divorcio pendiente, los progenitores pueden solicitar al tribunal que adopte medidas temporales para el ejercicio de los derechos parentales sobre el menor y para la organización del contacto de este con el otro progenitor.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Las partes pueden beneficiarse de asistencia jurídica gratuita con arreglo a las condiciones generales que regulan su concesión en virtud de la Ley sobre asistencia jurídica.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Contra las resoluciones del tribunal de primera instancia cabe recurso ante el tribunal regional, de conformidad con la normativa establecida con carácter general, dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la copia de la resolución.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las resoluciones judiciales se ejecutan con arreglo a lo previsto en el Código de enjuiciamiento civil, que regula explícitamente la obligación de llevar a cabo o abstenerse de llevar a cabo determinadas acciones y la obligación de entregar al menor. De la ejecución se ocupa un agente judicial público o privado elegido por el solicitante.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

La legislación aplicable es la contenida en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y en el artículo 621 del Código de enjuiciamiento civil (en vigor desde el 24 de julio de 2007).

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

La legislación aplicable es la contenida en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y en el artículo 622 del Código de enjuiciamiento civil (en vigor desde el 24 de julio de 2007).

La competencia general corresponde al tribunal de primera instancia del lugar de residencia habitual del demandado o, si este no tiene residencia permanente en Bulgaria, del lugar de residencia habitual del demandante o, si tampoco este tiene residencia habitual en Bulgaria, al tribunal de primera instancia de Sofía.

Las solicitudes de reconocimiento y ejecución de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero o de una decisión adoptada por otra autoridad extranjera sobre el ejercicio de derechos parentales o el restablecimiento de derechos parentales en caso de traslado ilícito de un menor con arreglo al Convenio europeo de 1980 relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, que se firmó en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980 (ratificado por la Ley nº 21 de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Bulgaria nº 104 de 2003) («Convenio de Luxemburgo») se presentan ante el tribunal de primera instancia de Sofía. El tribunal celebra una audiencia pública con la participación del Ministerio de Justicia o el demandante, las partes de la sentencia o resolución dictada por el órgano jurisdiccional extranjero y un representante de la fiscalía. El tribunal oye al menor, si así lo solicitan los servicios sociales del municipio en que este resida. El procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de una resolución de un órgano jurisdiccional o una decisión de una autoridad extranjeros se suspende en las siguientes circunstancias: si hay un procedimiento judicial abierto sobre el fondo del litigio y ese caso se inició después del procedimiento en el Estado en el que se dictó la resolución o decisión en cuestión. Este mismo procedimiento se aplica cuando exista otra resolución o decisión sobre el ejercicio de los derechos parentales en proceso de reconocimiento y/o ejecución en los tribunales búlgaros. Si el procedimiento se suspende con arreglo a estas disposiciones, se notificará inmediatamente al tribunal en cuestión y el juez deberá resolver en el plazo de un mes a partir de esa notificación.

El tribunal debe resolver en el plazo de un mes a partir de la fecha de la solicitud. Contra la resolución cabe recurso ante el tribunal de apelación de Sofía, que decidirá con carácter definitivo.

Se aplica el mismo procedimiento a las demandas de reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas tras el traslado del menor si la resolución estima que el traslado fue ilícito. El reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada en otro Estado que sea parte del Convenio de Luxemburgo se rechazará en virtud de los artículos 8 y 9 si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 1, del Convenio y se aceptará exclusivamente en la medida en que sea ejecutable en el Estado en el que se dictó. Este mismo procedimiento se aplica a los casos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La relación entre los padres y el menor se rige por las leyes del Estado en que tengan su residencia habitual. Si los padres y el menor no tienen la misma residencia habitual, la relación entre ellos se rige por las leyes del Estado del que el menor sea nacional o por las leyes del Estado en el que tenga su residencia habitual, si fueran más favorables para él. La tutela y la custodia se rigen por las leyes del Estado en el que tenga su residencia habitual la persona sujeta a ellas. La relación entre la persona bajo tutela o custodia y el tutor o titular de la custodia se rige por las leyes que fueran aplicables cuando se estableció la tutela o custodia.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 17/10/2016

Responsabilidad parental - Chequia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El término «responsabilidad parental» está consagrado en el Código civil (Ley n.º 89/2012) y abarca una serie de derechos y obligaciones de los padres, que son en concreto:

  • el cuidado de los hijos, en particular, de su salud y de su desarrollo físico, intelectual, afectivo y moral;
  • la protección de los menores;
  • el mantenimiento del contacto personal con los menores;
  • la garantía de su crianza y educación;
  • la determinación de su lugar de residencia y
  • la representación de los menores y la administración de sus bienes.

La responsabilidad parental surge al nacer el niño y concluye cuando este alcanza la plena capacidad de obrar. La duración y el ámbito de la responsabilidad parental solo pueden ser modificados por un tribunal. La responsabilidad parental es ejercida por los padres atendiendo al interés del hijo. Antes de adoptar una decisión que afecte al interés del hijo, deben informarle de todo lo necesario para que pueda formarse su propia opinión al respecto y comunicársela a ellos, a menos que no esté capacitado para recibir adecuadamente la información, formarse su propia opinión o comunicársela. Los padres deben prestar especial atención a la opinión del hijo y tenerla en cuenta al decidir. La responsabilidad parental en lo que respecta a la persona del menor debe adecuarse, en lo que respecta al modo de ejercicio y al alcance, a su grado de desarrollo. Al adoptar cualquier decisión sobre la educación o el trabajo del menor, los padres deben tener en cuenta sus opiniones, aptitudes y capacidades.

Hasta que el menor adquiera la capacidad de obrar, sus padres están facultados para guiarle aplicando medidas educativas adecuadas a la evolución de sus aptitudes, incluida la imposición de restricciones para proteger su moral, su salud y sus derechos, así como los derechos de terceros y el orden público. El menor debe atenerse a estas medidas. Los recursos educativos deben ser adecuados a las circunstancias, no poner en peligro la salud del menor o su desarrollo y no perjudicar su dignidad humana.

Hay que tener claro que los menores que carecen de plena capacidad de obrar pueden realizar, no obstante, actos jurídicos adecuados a la madurez intelectual y afectiva propia de su edad. Los padres están obligados y facultados para representarles en los procedimientos judiciales para los que ellos no tengan capacidad. Los padres deben representarles conjuntamente, si bien pueden actuar por separado; en caso de actuación de uno de ellos en una cuestión que afecte a un hijo frente a terceros de buena fe, se entenderá que actúa con el consentimiento del otro progenitor. Ninguno de los progenitores puede representar a su hijo cuando eso provoque un conflicto de intereses entre los dos o entre los hermanos del mismo. En tal caso, el tribunal debe designar un tutor. Si en un procedimiento judicial los padres no se ponen de acuerdo sobre quién de ellos debe representar al menor, será el tribunal el que decida (a instancia de uno de ellos) quién y cómo le representará.

Los padres tienen la obligación y el derecho de administrar los bienes del menor con la diligencia debida. Deben administrar de forma segura los fondos que no se consideren necesarios para cubrir los gastos relacionados con los bienes del menor. Los padres actuarán como representantes del menor en los procedimientos judiciales relativos a partes concretas de sus bienes, salvo que ello dé lugar a un conflicto de intereses entre ellos o entre los hermanos del mismo. En tal caso, el tribunal designará un tutor. Si los padres incumplen la obligación de cuidar de los bienes del menor con la diligencia debida, deberán indemnizarle solidariamente por los daños y perjuicios. Si los padres no se ponen de acuerdo sobre aspectos esenciales relativos a la administración de los bienes del menor, será el tribunal el que decida a instancia de uno de ellos. Los padres necesitan la autorización judicial para los actos jurídicos relativos a bienes actuales o futuros de los menores o partes concretas de los mismos, a menos que se trate de cuestiones ordinarias o que, pese a ser excepcionales, se refieran a bienes de escaso valor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental incumbe al padre y a la madre, a menos que alguno de ellos haya sido privado de ella. Es irrelevante que los padres estén casados o no y que el menor haya nacido dentro o fuera del matrimonio.

Los padres ejercen la responsabilidad parental de mutuo acuerdo. En caso de que la demora en la toma de una decisión relativa al menor pueda resultar perjudicial, podrá decidir uno de los padres por sí solo, si bien deberá informar sin dilación al otro del estado de la cuestión. Si uno de los padres actúa en una cuestión que afecte al hijo frente a terceros de buena fe, se entenderá que actúa con el consentimiento del otro progenitor. Si los padres no se ponen de acuerdo sobre una cuestión importante para el menor, referida en particular a sus intereses, será el tribunal el que decida a instancia de cualquiera de ellos; lo mismo ocurrirá si uno de los padres excluye al otro de una decisión sobre una cuestión importante para aquel. Se consideran cuestiones importantes, en particular, las relativas a la determinación del lugar de residencia del menor y la elección de su educación o empleo, pero no cuestiones médicas ordinarias o trámites similares.

La responsabilidad parental puede ser suspendida judicialmente si los padres no pueden ejercerla por causas graves y se considera necesario para el interés del menor. Asimismo, puede ser judicialmente restringida o limitada en cuanto a su ejercicio o su alcance, determinándose el alcance de la restricción, si no es ejercida debidamente y lo exige el interés del menor. Puede ser privado judicialmente de la responsabilidad parental el progenitor que haga un uso indebido de ella o de su ejercicio, o que la descuide de forma grave. En caso de comisión de un delito doloso por un progenitor contra su hijo o de utilización de un hijo no responsable penalmente para cometer un delito, los tribunales evaluarán si concurren motivos para privarle de la responsabilidad parental.

En caso de fallecimiento o desconocimiento de uno de los padres, o de privación o suspensión de la responsabilidad parental en lo que a él respecta, será ejercida por el otro; lo mismo ocurrirá en caso de limitación judicial de la misma o de su ejercicio. En caso de que no tenga la plena responsabilidad parental ninguno de los padres, o de suspensión de la misma o de su ejercicio para ambos, o de que esté afectada de alguno de los modos anteriormente expuestos, los tribunales designarán un tutor del menor, que asumirá los derechos y las obligaciones de los padres o los ejercerá en su nombre. En caso de restricción de la responsabilidad parental o de su ejercicio, los tribunales designarán asimismo un tutor del menor.

En caso de adopción, los derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental se transfieren al adoptante en el momento en que surta efecto la adopción.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En caso de restricción judicial de la capacidad de obrar de uno de los padres, el tribunal decidirá también sobre su responsabilidad parental. En caso de paternidad de un menor que no haya adquirido aún la plena capacidad de obrar por declaración o por matrimonio, quedará suspendido el ejercicio de la responsabilidad parental por su parte hasta que la adquiera; ello no obstará al ejercicio de las obligaciones y derechos de cuidado del menor, a menos que un tribunal decida suspenderlo hasta la adquisición de la plena capacidad de obrar. En caso de restricción de la capacidad de obrar de uno de los padres, se suspenderá el ejercicio de la responsabilidad parental por su parte mientras esté vigente la restricción, a menos que un tribunal decida, en vista de sus características personales, que debe conservar el ejercicio de la obligación y el derecho de cuidado del hijo y de contacto personal con él.

Si ninguno de los padres puede ejercer la plena responsabilidad parental frente a su hijo, los tribunales designarán un tutor del menor. El tutor tiene fundamentalmente los mismos derechos y obligaciones de los padres frente al hijo, excepto las obligaciones de asistencia y de alimentos. En casos excepcionales, puede modificarse el ámbito de los derechos y obligaciones en función de la persona del tutor o la situación del menor, así como del motivo por el que los padres no tengan todos los derechos y obligaciones. El tutor debe tener plena capacidad de obrar y su modo de vida debe garantizar su capacidad para desempeñar debidamente su función. El tribunal puede designar como tutores a dos personas (normalmente, casadas). Si ello no es contrario al interés del niño, el tribunal designará como tutor a la persona indicada por los padres. El tribunal puede designar también como tutor a un pariente u otra persona cercana al menor o su familia, a menos que un progenitor lo excluya expresamente. En defecto de tal persona, el tribunal designará como tutor a otra persona adecuada. Si no puede designarse a una persona física como tutor del menor, el tribunal encomendará a un organismo público la protección social y jurídica del menor hasta la designación de otro tutor o hasta que este acepte tal función. El tutor está sujeto a supervisión judicial, debe elaborar una lista de los bienes al inicio y al final de su función y ha de presentar informes regulares al tribunal sobre el menor y su desarrollo y rendir cuentas de la administración de sus bienes. Las decisiones del tutor sobre asuntos no ordinarios deben ser autorizadas el tribunal.

Otra posibilidad es entregar al niño en acogida. La acogida es la custodia personal del menor por otra persona que, a diferencia de lo que ocurre en la adopción, no le acepta como propio. Al criar al niño, el progenitor de acogida ejerce los derechos y obligaciones de los padres en la medida razonable. Tiene la obligación y la facultad de decidir sobre las cuestiones cotidianas del menor, representarle en ellas y administrar sus bienes, y debe informar a sus padres sobre las cuestiones importantes. Si las circunstancias lo exigen, el tribunal determinará otras obligaciones y derechos de los padres de acogida. Los padres del menor conservarán sus derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental, incluido el derecho a mantener contacto personal regular y a ser informados sobre el menor, excepto los derechos y obligaciones que la ley asigne a los padres de acogida, a menos que el tribunal acuerde otra cosa por motivos justificados. El progenitor de acogida no tiene obligación de asistencia y de alimentos frente al menor.

El progenitor de acogida debe garantizar la debida custodia del menor, residir en la República Checa y aceptar la entrega del mismo en acogida. Normalmente, suele ser un pariente, pero puede ser también otra persona a quien un organismo público encargado de la protección social y jurídica del menor asigne la acogida (a tal efecto, los tribunales regionales mantienen registros de solicitantes aptos para ser padres de acogida). El tribunal puede entregar al niño en acogida de forma temporal (por ejemplo, durante la estancia del progenitor en un centro de tratamiento) o por tiempo indefinido. La acogida puede servir, por tanto, para cubrir una crisis familiar o para garantizar la custodia en un entorno familiar alternativo. Para reducir el número de niños entregados a instituciones o centros de tipo institucional, se da preferencia a la acogida sobre el acogimiento institucional. El progenitor de acogida recibe prestaciones de acogida del Estado (por ejemplo, una contribución para cubrir las necesidades del menor, una contribución al final del período de acogida, una remuneración por la acogida, etc.).

El Código civil regula también la custodia del menor por otra persona en caso de que no puedan ejercerla personalmente ni los padres ni un tutor. Este tipo de custodia no es una alternativa a la acogida ni a la asistencia previa a la adopción, y tiene preferencia sobre el acogimiento institucional del niño. El responsable de la custodia debe garantizar la debida custodia del menor, residir en la República Checa y aceptar la entrega del niño bajo su cuidado personal. Sus obligaciones y derechos serán los establecidos por el tribunal y, en su defecto, los previstos en la normativa sobre acogida.

Para la gestión de los asuntos del menor, salvo en lo que concierna al estado civil, los padres, al igual que los representantes legales, pueden firmar un acuerdo de representación por un experto u otra persona adecuada. En tal caso, no resultará afectada la representación legal del menor por parte de los padres. En caso de desacuerdo entre los representantes legales y los contractuales, decidirá el juez en función del interés del menor.

Si la crianza del menor o su estado físico, intelectual o mental y su correcto desarrollo se ven amenazados o perturbados en tal grado que resulte contrario a sus intereses, así como en caso de que existan motivos graves por los que los padres no pueden encargarse de la crianza, el tribunal puede entregar al niño en acogimiento a una institución como medida necesaria. Así lo hará, en particular, si las medidas anteriores no surten efecto. En caso de acogimiento, el tribunal considerará siempre si es adecuado dar preferencia a la custodia por una persona física. Podrá acordarse el acogimiento en una institución por un período máximo de tres años, prorrogable (repetidamente) si persisten los motivos iniciales (siempre por un máximo de tres años). Si desaparecen los motivos por los que se acordó o puede establecerse otro régimen de custodia del menor, el tribunal cancelará sin demora el acogimiento en la institución y decidirá a quién se encomienda el menor, atendiendo a las circunstancias.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Es condición esencial para el divorcio de los padres que haya una resolución judicial sobre la custodia del menor. Al adoptarla, el tribunal considerará el interés del menor y sólo se apartará de lo acordado por los padres si lo considera necesario para dicho interés. El tribunal puede dejar al menor bajo la custodia de uno de los padres, o bajo custodia compartida o custodia conjunta, así como bajo la custodia de otra persona si lo considera necesario para su interés. Para todo ello ha de tener en cuenta la personalidad del menor y, en particular, sus capacidades en relación con las posibilidades de desarrollo, el estilo de vida de sus padres, la orientación emocional y los antecedentes del propio menor, la capacidad de los padres para criarle, la estabilidad actual y previsible del entorno educativo en el que vaya a vivir y sus vínculos afectivos con sus hermanos, abuelos y otros parientes o personas. Ha de tener en consideración asimismo cuál de los padres le ha cuidado y ha dirigido adecuadamente su educación afectiva, intelectual y moral, así como cuál de ellos ofrece mejores oportunidades de desarrollo saludable y positivo. Ha de atender igualmente al derecho del menor a ser cuidado por ambos padres y a mantener contacto regular con ellos, así como al derecho del progenitor a quien no se adjudique su custodia a tener información regular sobre él y a acordar con el otro su crianza. En todo caso, el tribunal puede aprobar también el acuerdo al que hayan llegado los padres al respecto, a menos que resulte claro que el método convenido de ejercicio de la responsabilidad parental no se ajusta al interés del menor.

Si los padres del menor que no goza de plena capacidad de obrar no conviven y no pueden ponerse de acuerdo sobre el régimen de su custodia, lo decidirá el tribunal sin necesidad de solicitud previa, siguiendo reglas similares a las previstas para el caso de divorcio de los padres.

Ambos progenitores, el que tenga la custodia del menor y el otro, deben decidir conjuntamente el contacto que mantendrá este último con él. Si no llegan a un acuerdo o el interés de la crianza del menor y las relaciones familiares lo exigen, será el tribunal el que regule ese contacto. En casos justificados, el tribunal puede determinar el lugar de contacto. Si lo requiere el interés del menor, el tribunal puede restringir o prohibir el derecho de un progenitor al contacto personal con él.

Si cambian las circunstancias, el tribunal modificará la resolución sobre el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados de la responsabilidad parental, sin necesidad de solicitud previa.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

En caso de divorcio de los padres, el acuerdo entre estos sobre el método de ejercicio de la responsabilidad parental regulará cómo cuida al menor cada uno de ellos, así como el contacto con él. El acuerdo entre los padres está sujeto a la aprobación del tribunal, el cual la concederá a menos que resulte claro que el método convenido no se ajusta al interés del menor. Lo mismo es de aplicación al acuerdo entre los padres si no conviven.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Para proteger el interés del menor, el tribunal, durante el procedimiento sobre su custodia, orientará a los padres para encontrar una solución conciliatoria. El tribunal puede obligarles a acudir a reuniones extrajudiciales de conciliación o mediación, o a seguir una terapia familiar durante un máximo de 3 meses, o a asistir a reuniones con un psicólogo infantil.

También puede recurrirse a los servicios de centros de asesoramiento matrimonial y familiar con psicólogos y trabajadores sociales cualificados.

Además, los organismos responsables de la protección social y jurídica de los menores pueden persuadir o informar al progenitor que no respete los derechos del niño o del otro progenitor (por ejemplo, a la custodia o al contacto regular) sobre la legislación y las consecuencias de su comportamiento, así como imponer a ambos la obligación de acudir a un asesoramiento especializado si no pueden resolver los problemas de la crianza del menor, en particular en caso de conflicto sobre la modificación del régimen de crianza o el régimen de visitas.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Siempre que se cumplan las condiciones establecidas, el tribunal puede decidir, a solicitud de los padres, sobre las siguientes cuestiones relativas a sus relaciones con los hijos:

  1. derechos de carácter personal (a decidir el nombre y apellido del menor o a autorizar su adopción),
  1. custodia y régimen de contactos con el menor,
  1. formas alternativas de custodia (tutela, custodia por otra persona, acogida familiar o acogimiento en institución),
  1. obligación de alimentos,
  1. representación y administración de los bienes del menor y autorización de sus actos jurídicos,
  1. asuntos importantes para el menor sobre los cuales los padres no consigan ponerse de acuerdo (se consideran tales, en particular, la determinación del lugar de residencia del niño y la elección de su educación o empleo, pero no cuestiones médicas ordinarias u otros trámites similares).

Más habitualmente, el tribunal decidirá a quién confía el niño y el régimen de contactos y de alimentos.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

La custodia del menor es solo una parte de las obligaciones y derechos incluidos en la responsabilidad parental. Si el progenitor a quien no se ha confiado la custodia del menor no ha sido privado de su responsabilidad parental ni se ha restringido o suspendido esta, continúa ejerciéndola en relación con los demás aspectos de la misma y no pierde el derecho a decidir sobre cuestiones importantes del menor. La responsabilidad parental es ejercida por los padres de mutuo acuerdo y atendiendo al interés del menor. Si la omisión de la adopción de una decisión relativa al menor implica riesgos, podrá tomar la decisión o autorizarla por sí solo cualquiera de los padres, informando sin dilación al otro del estado de la cuestión.

Si los padres no se ponen de acuerdo sobre una cuestión importante para el menor, en particular con respecto a sus intereses, el tribunal resolverá a instancia de cualquiera de ellos; lo mismo ocurrirá si uno de los padres excluye al otro de una decisión sobre una cuestión importante para el menor. El tribunal resolverá también sobre la solicitud presentada por uno de los padres en caso de que no consigan ponerse de acuerdo sobre cuál de ellos representará al menor en un procedimiento judicial o en cuestiones importantes relativas a la administración de sus bienes.

Los padres deben informarse mutuamente de todo lo importante en relación con el menor y sus intereses.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

El Código civil distingue entre la custodia por uno de los padres, la custodia compartida o conjunta y la custodia por un tercero. El tribunal decidirá entre estas tres posibilidades atendiendo al interés del menor. El tribunal puede abstenerse de decidir la custodia compartida o conjunta si los padres son capaces de comunicarse y cooperar.

Custodia conjunta (crianza conjunta)

En este régimen, no se confía al menor a ninguno de los padres en particular. En la práctica, es la situación que se produce cuando uno de los padres puede atender las necesidades educativas del menor y el otro sus actividades deportivas, los estudios de idiomas u otras actividades extracurriculares. Ambos padres comparten la asistencia sanitaria y las necesidades materiales del menor (alimentación, limpieza, vestido, etc.). La custodia conjunta es preciso que sea aceptada por ambos padres.

Custodia compartida (crianza alterna)

El menor queda alternativamente bajo la custodia de uno de los padres durante un período determinado. El tribunal determina cómo se ejercen los derechos y obligaciones durante estos períodos.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Puede presentarse la demanda correspondiente ante el tribunal de distrito (en Praga; en Brno, ante el tribunal municipal) competente por el lugar de residencia del menor o, si no tiene dirección permanente, por el lugar de su residencia de hecho. En los asuntos relativos a menores, el tribunal puede pronunciarse también sin necesidad de demanda previa.

Los requisitos de la demanda dependen del tipo de esta. En cualquier caso, es necesario siempre indicar el nombre, apellido y dirección del demandante, el número de identidad suyo y de sus representantes, la descripción de los hechos básicos, la indicación de las pruebas en que se basa el demandante y una descripción clara de lo que pide al tribunal.

Deben adjuntarse a la demanda todos los documentos importantes sobre el asunto, como el certificado de nacimiento y de matrimonio, las resoluciones judiciales previas sobre el menor, etc. La demanda debe presentarse en papel, con las copias precisas para que una quede en el tribunal y se entregue otra a cada interviniente, si es preciso.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

El tribunal puede iniciar un procedimiento en materia de custodia de un menor sin necesidad de demanda.

Como cuestión prejudicial, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, el tribunal puede decidir, en caso de que sea necesario para regular provisionalmente las relaciones de los progenitores o de que haya dudas sobre la ejecución de una resolución judicial, imponer a uno de ellos el pago de una pensión alimenticia o confiar al menor a la custodia de uno de ellos o de otra persona. Este tipo de resolución suele adoptarse a instancia de parte; no obstante, en caso de que se inicie de oficio un procedimiento sobre el fondo del asunto (por tanto, también sobre la custodia de un menor por el tribunal), puede también adoptarse una cuestión prejudicial sin solicitud previa. El tribunal competente para la cuestión prejudicial es el competente sobre el fondo, a menos que la ley establezca otra cosa. La solicitud de inicio de una cuestión prejudicial debe contener los requisitos establecidos en el artículo 42.4 y el artículo 75 de la Ley de enjuiciamiento civil (Ley 99/1963, con sus modificaciones), en particular: información sobre el tribunal competente para examinar la solicitud; quién la formula y a qué se refiere, con una descripción de los hechos que la justifican; qué quiere lograrse con ella, describiendo la resolución judicial que se pretende; una descripción de por qué es necesario regular provisionalmente las relaciones de las partes o por qué hay dudas sobre la ejecución de una decisión judicial, así como la fecha de la solicitud y la firma del solicitante o su representante. Deben adjuntarse a la solicitud los documentos a que se haga referencia. En términos generales, en las cuestiones prejudiciales, para garantizar la posible indemnización de los daños y perjuicios por la medida solicitada, el solicitante debe depositar al menos el mismo día en que presente la solicitud una fianza en la cantidad determinada. La fianza, sin embargo, no es necesaria en materia de alimentos de los hijos o de medidas que el tribunal pueda imponer de oficio. El tribunal debe resolver sobre la solicitud sin demora. Si no hay riesgo inmediato, la resolución debe tomarse en el plazo de 7 días desde la presentación de la solicitud. El tribunal resolverá sin audiencia de las partes. En su resolución, el tribunal indicará al solicitante que debe presentar la demanda correspondiente en el plazo que señale. También puede determinar que la medida adoptada en la cuestión prejudicial solo tenga una determinada duración.

La Ley de procedimientos judiciales especiales (Ley 292/2013, con sus modificaciones) regula una cuestión prejudicial especial en caso de que un menor se halle en situación de descuido, independientemente de que exista o no una persona con derecho a la custodia, o de que se vean perturbados o amenazados su vida o su desarrollo normal u otras cuestiones importantes. En tal caso, el tribunal, en cuestión prejudicial iniciada a solicitud de un organismo competente para la protección social y jurídica del menor, regulará las relaciones de este durante un plazo básico, ordenando que se le coloque en un entorno adecuado que determine. De este modo, es posible entregar en acogida al menor durante el tiempo en que el progenitor no puede cuidarle por causas graves y, transcurrido ese tiempo, entregarle en acogida previa a la adopción o resolver que no es preciso el consentimiento de los padres para la adopción. El tribunal decidirá sobre la solicitud de cuestión prejudicial sin demora, en el plazo máximo de 24 horas desde su presentación. La resolución se ejecutará inmediatamente en cooperación judicial con las autoridades competentes.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

De acuerdo con la Ley de tasas judiciales (Ley 549/1991, con sus modificaciones), los procedimientos de guarda y custodia de menores están exentos de tasas. Por tanto, el demandante no está obligado a pagarlas.

En ciertos casos es posible designar un representante legal gratuitamente o a un coste reducido. El tribunal designará un representante a solicitud de una parte respecto a la cual pueda preverse que el tribunal la eximirá total o parcialmente de tasas, si es preciso para proteger sus intereses. Si es preciso a tal fin, se le asignará un abogado. La designación de un representante debe estar justificada por la situación de la parte en cuestión (en la práctica, puede ser por circunstancias económicas adversas o por una situación social adversa, aunque siempre teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso) y no debe haber un ejercicio o protección de derechos arbitrario o manifiestamente ineficaz.

La Ley sobre prestación de asistencia jurídica gratuita en conflictos transfronterizos en la Unión Europea (Ley 629/2004, con sus modificaciones) regula el acceso a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales en un Estado miembro de la UE en que intervenga una persona física residente en otro Estado miembro. La asistencia está relacionada con el procedimiento judicial en las fases de juicio y ejecución.

La Ley sobre el ejercicio de la abogacía (Ley 85/1996) determina las condiciones en las que se puede solicitar la designación gratuita de un abogado directamente por el Colegio de Abogados checo.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, es posible recurrir una resolución sobre la responsabilidad parental. Los tribunales de distrito son los de primera instancia en los casos en que estén en juego los derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental. Contra sus resoluciones cabe recurso ante los tribunales regionales (o ante el municipal de Praga), que debe interponerse en el plazo de 15 días desde la recepción de la resolución escrita, salvo que haya prohibición legal (por ejemplo, no son recurribles las resoluciones por las que se aprueba el acuerdo de custodia de los hijos entre los padres). Se considera presentado un recurso dentro de plazo, aunque haya transcurrido el período de quince días, si el recurrente seguía información incorrecta del tribunal de recurso.

Debe señalarse que algunas resoluciones son provisionalmente ejecutables, por lo que pueden ejecutarse aunque se hayan recurrido. Es lo que ocurre con las resoluciones que impongan el cumplimiento de obligaciones de alimentos o prorroguen la duración de una medida educativa por la que se retire provisionalmente la custodia a los padres o a otra persona.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

En la República Checa, hay que solicitar ante los tribunales la ejecución de las resoluciones sobre custodia de los menores. El procedimiento de ejecución está sujeto a la Ley de procedimientos judiciales especiales (Ley 292/2013, con sus modificaciones).

El tribunal competente es el tribunal de distrito (en Praga; en Brno, el tribunal municipal) que sea competente por razón del lugar de residencia del menor en virtud de acuerdo de los padres, resolución judicial u otros hechos decisivos. La demanda de ejecución debe incluir toda la información precisa (el titular del derecho y los obligados, el alcance y contenido de la obligación y el plazo de cumplimiento y la especificación del título ejecutivo (la resolución que se ejecuta).

Antes de ordenar la ejecución de una resolución, el tribunal, si aprecia razones especiales para ello o si el obligado no fue informado de las consecuencias del incumplimiento de su obligación, puede requerirle el cumplimiento de la resolución o acuerdo e informarle de las posibilidades de ejecución de la misma y la imposición de multas o la retirada de la custodia. El tribunal puede solicitar también al organismo competente para la protección social y jurídica del menor que instruya al obligado para que cumpla su obligación sin necesidad de ordenar la ejecución.

Si el obligado no cumple su obligación tras el requerimiento judicial, el tribunal acordará la ejecución de la resolución y la imposición de una multa, en su caso de forma reiterada. La multa no puede exceder de 50 000 CZK. Otras medidas que puede acordar el tribunal son la celebración de una reunión con un mediador o con un experto en psicología infantil o la aprobación de un régimen de aclimatación para facilitar el contacto gradual entre el niño y la persona con derecho a mantener contacto con él.

Si pese a la ejecución de las medidas indicadas no se cumplen las obligaciones o se aprecia claramente que no se logrará por esta vía su cumplimiento, el tribunal acordará excepcionalmente la ejecución de la resolución de retirar al niño de la persona con quien no debe estar. Esa resolución se notificará al obligado durante la ejecución.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones sobre responsabilidad parental adoptadas por los tribunales de los Estados miembros de la UE se reconocen en la República Checa con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 («Reglamento n.º 2201/2003»), sin necesidad de un procedimiento especial. No obstante, cualquier interesado puede solicitar a un tribunal el reconocimiento o no reconocimiento de la resolución de que se trate. En la República Checa, son competentes para conocer de estos procedimientos en primera instancia los tribunales de distrito (en Praga; en Brno, el tribunal municipal). El tribunal de distrito competente es el general del demandante o el del distrito en que se hayan producido o puedan producirse los hechos objeto de reconocimiento.

Antes de ejecutar en la República Checa una resolución en materia de responsabilidad parental dictada en otro Estado miembro, ha de declararse ejecutable en un procedimiento especial previsto en el citado Reglamento n.º 2201/2003. La solicitud de declaración de ejecutoriedad debe presentarse en el tribunal de distrito competentes (en Praga; en Brno, el tribunal municipal). La competencia local se determina con arreglo al Reglamento n.º 2201/2003 en función del lugar de residencia habitual de la persona contra quien se solicita la ejecución o del menor; si estos lugares no se hallan en el Estado miembro de ejecución, la competencia local se determinará por el lugar de ejecución de la decisión.

Las resoluciones sobre el derecho de contacto con el niño o por las que se ordene su restitución con arreglo al artículo 11, apartado 8, del Reglamento 2201/2003 tendrán, conforme a los artículos 41 y 42, fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento si ha sido certificada en el Estado miembro de origen utilizando el modelo normalizado incluido en el anexo del Reglamento.

A la solicitud de reconocimiento o no reconocimiento de una resolución y a la declaración de ejecución ha de adjuntarse una copia de la resolución que cumpla los requisitos precisos para el reconocimiento de su autenticidad (por ejemplo, un duplicado o copia certificada) y la certificación prevista en el artículo 39 expedida por la autoridad competente del Estado miembro en el que se dictó la resolución, en el modelo normalizado incluido en el anexo del Reglamento. En caso de sentencia en rebeldía, hay que presentar también el original o copia certificada del documento que confirme que la parte en cuestión no compareció en el procedimiento, la demanda de inicio del procedimiento u otro documento similar o cualquier documento que indique que el demandado ha aceptado la sentencia inequívocamente. Si no se presenta la certificación o el documento requerido en el caso de sentencia en rebeldía, se aplicará lo previsto en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003.

Cumpliendo los requisitos establecidos en el citado Reglamento, el procedimiento de ejecución de una resolución en materia de responsabilidad parental de un Estado miembro de la UE es el mismo que el de ejecución de resoluciones nacionales. Véase más información en la pregunta anterior.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

El recurso contra una resolución judicial se presenta ante el tribunal que la dictó y es resuelto por el tribunal superior.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

En los procedimientos relativos a materias de responsabilidad parental, la ley aplicable se determina con arreglo al Convenio de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños Sobre ese convenio prevalecen los convenios internacionales bilaterales a los que esté sujeta la República Checa en relación con otros Estados, a menos que se haya realizado una declaración conforme al artículo 52.1 del mismo (así se hizo en relación con un acuerdo bilateral mutuo entre la República Checa y Polonia que garantiza la prevalencia del Convenio de 1996).


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 06/03/2019

Responsabilidad parental - Estonia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental es la custodia de un menor, que incluye el deber y el derecho del progenitor a cuidar del menor. La responsabilidad parental incluye el derecho a cuidar del menor (custodia de la persona), el derecho a administrar los bienes del menor (custodia de los bienes) y el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con el menor. La custodia de los bienes incluye el derecho y el deber de administrar los bienes del menor y también de representarlo. Esto no excluye el derecho del menor a administrar sus bienes de forma independiente en los casos previstos por la ley.

Un progenitor tiene poder de decisión en relación con el menor, que consiste en el derecho a decidir en las cuestiones diarias (normalmente relacionadas con el cuidado) relativas al menor. Por norma general, decidir en cuanto a las cuestiones diarias implica tomar decisiones ordinarias que se producen con frecuencia y no tienen un efecto permanente en el desarrollo del menor. Además del poder de decisión, un progenitor con derecho de custodia también tiene derecho de representación en relación con su hijo menor. Los progenitores con custodia compartida tienen un derecho de representación compartida.

Ambos progenitores tienen derecho de visita, lo que implica el deber y el derecho de ambos progenitores a mantener un contacto directo con sus hijos. El derecho de visita no depende de la existencia de la custodia. Los progenitores también tienen una obligación alimenticia en relación con sus hijos menores.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los derechos y deberes mutuos de los progenitores y los hijos se derivan de la filiación, que se confirma en virtud del procedimiento previsto por la ley. La mujer que da a luz a un menor es la madre de ese menor. El hombre que ha concebido un menor es el padre de ese menor. Se considerará que un menor ha sido concebido por el hombre que está casado con la madre del menor en el momento del nacimiento del menor, que ha reconocido su paternidad o cuya paternidad ha sido establecida por un órgano jurisdiccional.

Los progenitores con una relación conyugal entre sí tienen una responsabilidad parental compartida, es decir, la custodia de sus hijos. Si los progenitores de un menor no tienen una relación conyugal entre sí en el momento del nacimiento del menor, tendrán responsabilidad parental compartida a menos que hayan expresado su voluntad de ceder la responsabilidad parental a uno de los progenitores al presentar las declaraciones de intenciones relativas al reconocimiento de la paternidad o la maternidad.

Si ninguno de los progenitores del menor tiene el derecho de representación o no es posible confirmar el parentesco con el menor, se designará un tutor legal para el menor. En este caso, el tutor legal tendrá la custodia. El deber del tutor legal es garantizar la educación y el desarrollo del menor y la protección de los intereses personales y patrimoniales del menor.

El tutor legal puede ser una persona física adulta con plena capacidad jurídica activa (por ejemplo, un familiar del menor o un tercero) o una persona jurídica (una empresa o un gobierno local). Se designará una persona jurídica como tutor legal si no se encuentra a una persona física apta o si uno de los progenitores ha especificado en su testamento o contrato de sucesión que debe designarse a una persona jurídica como tutor legal. La persona jurídica deberá buscar sistemáticamente tutores que sean personas físicas para las personas bajo su tutela y facilitar asesoría y formación a dichos tutores.

Hasta el nombramiento de un tutor legal, los deberes del tutor los ejecutará temporalmente el municipio rural o el gobierno de la cuidad del lugar de residencia del menor introducido en el registro de población, siempre que se cumplan las condiciones previas para el establecimiento de la tutela. En el ejercicio de sus deberes como tutor, el municipio rural o gobierno de la ciudad tiene los derechos y deberes de un tutor legal.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si los padres no son capaces o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre el menor, pueden dar su consentimiento para que el menor sea dado en adopción. El consentimiento de un progenitor para la adopción no entrará en vigor hasta que hayan transcurrido ocho semanas desde el nacimiento del menor y no puede presentarse una solicitud de adopción ante un órgano jurisdiccional antes de la entrada en vigor del consentimiento de un progenitor. Con el consentimiento de uno de los progenitores, podrá darse en adopción al menor a una persona que lo quiera adoptar para que cuide de este antes de la entrada en vigor del consentimiento concedido para la adopción.

Si ninguno de los progenitores de un menor tiene derecho de representación o no es posible confirmar el parentesco de un menor, el órgano jurisdiccional decidirá designar a un tutor legal por propia iniciativa o sobre la base de una solicitud del municipio rural o gobierno de la ciudad o una persona interesada.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los progenitores están divorciados o separados, deben decidir cómo solucionar los problemas adicionales de la custodia. Los progenitores que tienen la custodia pueden acordar la forma de ejercer su derecho de representación compartida. No obstante, la modificación del régimen de custodia, incluida la finalización de la custodia compartida, solo podrá efectuarse a través de un órgano jurisdiccional.

Cada uno de los progenitores tiene derecho a solicitar ante un órgano jurisdiccional, en procedimientos bajo solicitud, que la custodia de un menor se le transfiera de forma total o parcial. Un órgano jurisdiccional también puede pronunciarse sobre una disputa relativa a la custodia en una acción, si se solicita de forma conjunta con el divorcio o el pago de una pensión alimenticia.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los progenitores con custodia pueden organizar libremente el ejercicio de la custodia compartida. No obstante, la modificación del régimen custodia, incluida la finalización de la custodia compartida, solo es posible a través de un órgano jurisdiccional. Las cuestiones relacionadas con la custodia se deciden y determinan de forma legalmente vinculante en un órgano jurisdiccional. En la vista de cualquier causa relacionada con un menor, los órganos jurisdiccionales se guían principalmente por el interés superior del menor, teniendo en consideración todas las circunstancias y el interés legítimo de las personas correspondientes. Las disputas sobre la custodia son cuestiones del Derecho de familia que son vistas por los órganos jurisdiccionales en procedimientos bajo solicitud y en las que dichos órganos jurisdiccionales se pronuncian mediante un requerimiento judicial. Para que sus derechos en relación con un menor sean determinados, un progenitor debe presentar una solicitud ante un órgano jurisdiccional.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los progenitores con custodia pueden organizar libremente el ejercicio de la custodia compartida. No obstante, la modificación del régimen custodia, incluida la finalización de la custodia compartida, solo es posible a través de un órgano jurisdiccional. Para llegar a un acuerdo, los progenitores pueden utilizar el servicio de mediación familiar. El gobierno local puede remitirlos al proveedor de servicios correspondiente. Por ejemplo, los progenitores pueden acordar el procedimiento de acceso al menor por su cuenta o con la ayuda de un mediador familiar pero, si se incumple el acuerdo, deberán acudir a un órgano jurisdiccional para obtener un título ejecutivo (por ejemplo, un requerimiento judicial).

Para determinar el procedimiento de acceso a un menor, los órganos jurisdiccionales también actúan como órganos de conciliación en los procedimientos judiciales y buscan la obtención de un acuerdo entre los progenitores sobre el acceso al menor. Los órganos jurisdiccionales escuchan a las partes lo antes posible y centran su atención en la posibilidad de utilizar la asistencia de un orientador familiar, en concreto para lograr una posición común sobre el cuidado y la responsabilidad respecto al menor. Un órgano jurisdiccional puede suspender los procedimientos relativos a un menor, siempre que la suspensión no produzca una demora que perjudique al interés superior del menor y si las partes están preparadas para recibir orientación fuera del órgano jurisdiccional o si, en opinión del órgano jurisdiccional, la disputa puede resolverse mediante un acuerdo entre las partes por otros motivos.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

La competencia de los órganos jurisdiccionales incluye cuestiones relacionadas con el derecho de visita a los menores, los cambios en la custodia, el restablecimiento de la custodia, el deber de pagar una pensión alimenticia y los cambios en el importe de la pensión alimenticia a solicitud de un progenitor.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Los derechos y deberes mutuos de los progenitores y los menores se derivan de la filiación de los menores, lo que significa que el progenitor del que desciende un menor tiene el deber de cuidarlo. Los derechos y deberes mutuos de un progenitor y un menor dependen de quién tenga la custodia del menor, es decir, si solo un progenitor tiene la custodia del menor, dicho progenitor puede decidir en todas las cuestiones relacionadas con el menor sin consultar primero al otro progenitor.

Un progenitor puede tener la custodia exclusiva de un menor desde el nacimiento del menor, por ejemplo, en casos en que los progenitores hayan expresado su deseo de ceder la responsabilidad parental a uno de los progenitores al presentar las declaraciones de intenciones relativas al reconocimiento de la paternidad. Un progenitor también puede obtener la custodia exclusiva, por ejemplo, en los tres casos siguientes.

Un progenitor obtendrá la custodia exclusiva si ha solicitado ante un órgano jurisdiccional, en procedimientos bajo solicitud, que la custodia del menor se le transfiera de forma total o parcial. Un progenitor solicitará normalmente la custodia exclusiva si los progenitores con custodia compartida viven separados de forma permanente o por algún otro motivo no desean ejercer la custodia compartida.

Un progenitor también puede ejercer la custodia exclusiva en casos en los que los progenitores tengan la custodia compartida pero se haya suspendido la custodia de un progenitor. Si se suspende la custodia exclusiva concedida a un progenitor de conformidad con la ley o una resolución judicial y no hay motivo para prever que los motivos de la suspensión dejen de existir, un órgano jurisdiccional concederá la custodia al otro progenitor en pos del interés superior del menor.

Un órgano jurisdiccional también concederá la custodia al otro progenitor si el progenitor con custodia exclusiva ha fallecido o ha sido privado de la custodia, a menos que ello contravenga el interés superior del menor.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si los progenitores tienen custodia compartida, ejercen la custodia compartida en relación con su hijo y ejercen el deber de custodia bajo su propia responsabilidad y de forma unánime, teniendo en consideración el bienestar general del menor. Los progenitores con custodia compartida también tienen un derecho de representación compartida.

Si los progenitores que ejercen la custodia compartida no consiguen alcanzar un acuerdo en un asunto importante para el menor, un órgano jurisdiccional, a petición de uno de los progenitores, concederá el poder de decisión en este asunto a uno de los progenitores. En caso de transferencia de los poderes de decisión, un órgano jurisdiccional podrá restringir el ejercicio de los poderes de decisión o imponer obligaciones complementarias al progenitor que ejerce el derecho.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Las disputas relativas a la custodia son resueltas por los órganos jurisdiccionales del condado. En el caso de una disputa relativa a la custodia, el solicitante debe presentar una solicitud ante un órgano jurisdiccional del condado para la resolución del asunto en un procedimiento bajo solicitud. La solicitud debe presentarse ante el órgano jurisdiccional del condado del lugar de residencia del menor.

En la solicitud debe constar el nombre del órgano jurisdiccional, los datos personales del solicitante, la persona correspondiente y sus hijos, así como la solicitud explícita del solicitante. Asimismo, la solicitud debe indicar los hechos y el solicitante debe enumerar y presentar las pruebas a su disposición. La solicitud debe estar firmada por el solicitante o el representante del solicitante. En el caso de que se trate del representante, deberá adjuntarse a la solicitud un poder u otro documento que certifique la facultad de representación.

La solicitud y las pruebas documentales deben presentarse ante el órgano jurisdiccional por escrito en estonio. Si una petición, solicitud, reclamación o declaración de oposición presentada ante un órgano jurisdiccional por un participante en el procedimiento no está redactada en estonio, el órgano jurisdiccional solicitará que la persona que presenta estos documentos facilite una traducción en la fecha establecida por el órgano jurisdiccional.

Las cuestiones relativas a la determinación de los derechos de un progenitor en relación con un menor y la organización del acceso al menor, por ejemplo, las cuestiones relativas a la custodia, podrán resolverse en una acción conjunta con el divorcio o el pago de una pensión alimenticia.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los órganos jurisdiccionales conocen de cuestiones relacionadas con la custodia bajo solicitud de conformidad con las disposiciones relativas a acciones, teniendo en consideración las diferencias establecidas en relación con los procedimientos solicitados (véase el Código de enjuiciamiento civil [1]).

En un procedimiento de urgencia, un órgano jurisdiccional solo puede resolver una reclamación de pensión alimenticia de un progenitor que no conviva con el menor. Las cuestiones relativas a la custodia no pueden dirimirse en un procedimiento simplificado. No obstante, las cuestiones relativas a la custodia se ven bajo solicitud, por lo que difieren de una acción ordinaria. En un asunto bajo solicitud, el órgano jurisdiccional verifica los hechos y reúne las pruebas necesarias por su cuenta, a menos que la ley establezca lo contrario. El órgano jurisdiccional no estará sujeto a las solicitudes o hechos presentados por las partes en los procedimientos o a sus valoraciones de los hechos salvo que la ley establezca lo contrario. Los requisitos para las actas de las vistas y la entrega de documentos también son menos estrictos. En cuestiones relativas a la custodia, los órganos jurisdiccionales también pueden aplicar medidas para regular el ejercicio de la custodia o el acceso al menor durante los procedimientos o para garantizar el cumplimiento futuro de los acuerdos.

El órgano jurisdiccional aplicará medidas cautelares o provisionales si hay motivos para creer que la no aplicación de las medidas puede dificultar o imposibilitar la ejecución de una resolución. En un asunto relativo al Derecho de familia resuelto bajo solicitud, las medidas provisionales podrán ser aplicadas por cada uno de los órganos jurisdiccionales en cuya competencia territorial deben aplicarse las medidas. Estas medidas incluyen, por ejemplo, la restitución del menor al otro progenitor o el cumplimiento de la obligación alimenticia legal; entre otras cosas, los órganos jurisdiccionales pueden ordenar al denunciado que pague la pensión alimenticia durante el período de los procedimientos o que facilite una garantía del cumplimiento de la obligación de pago.

[1] Código de enjuiciamiento civil (RT I 2005, 26, 197; RT I, 21.06.2014, 58). En línea: El enlace abre una nueva ventanahttps://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Si el órgano jurisdiccional concluye que una persona física es incapaz de asumir los costes de los procedimientos debido a su situación financiera, el órgano jurisdiccional podrá eximir parcial o totalmente a la persona de los costes de la asistencia legal y el pago de una tasa federal.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Una resolución emitida en procedimientos bajo solicitud es un requerimiento en el que se aplican las disposiciones relativas a los requerimientos efectuados en acciones, salvo que la ley establezca lo contrario. Se podrá interponer un recurso contra un requerimiento sobre la custodia de conformidad con las disposiciones generales que rigen los procedimientos de interposición de recurso, si la persona que interpone el recurso considera que la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia se basa en un incumplimiento de una disposición legal (por ejemplo, si el órgano jurisdiccional de primera instancia ha aplicado de forma incorrecta una disposición legal de derecho sustantivo o procesal). Por los motivos anteriores, también podrá interponerse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las cuestiones relativas a la custodia se dirimen en procedimientos bajo solicitud. En un asunto de Derecho de familia resuelto bajo solicitud, el órgano jurisdiccional emite un requerimiento que es ejecutivo desde el momento de su entrada en vigor, salvo que la ley establezca lo contrario. Un requerimiento emitido en un asunto bajo solicitud es un instrumento de ejecución. En el caso de que un deudor no cumpla voluntariamente el requerimiento sobre la custodia, dicho requerimiento se ejecutará en un procedimiento de ejecución basado en la solicitud presentada por el demandante. A tal efecto, el demandante debe presentar una solicitud ante un agente judicial en cuya competencia territorial tenga su residencia o domicilio el deudor o en el lugar donde se encuentren los activos del deudor. En un asunto relativo al acceso a un menor, un agente judicial, en los procedimientos de ejecución, cooperará con un representante del gobierno local del lugar de residencia del menor o, excepcionalmente, del lugar de residencia de la persona obligada, que tenga experiencia en la interacción con menores. Si fuera necesario, un agente judicial puede sugerir al gobierno local que el menor sea trasladado temporalmente a una institución de bienestar social. Si la persona obligada impide la ejecución obligatoria, estará sujeta al pago de una sanción.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, una sentencia emitida en un Estado miembro se reconocerá en los otros Estados miembros sin que se requiera ningún procedimiento especial. El Reglamento se aplica a todos los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca.

Una sentencia sobre el ejercicio de la responsabilidad parental en relación con un menor emitida en un Estado miembro que sea ejecutiva en ese Estado miembro y haya sido entregada se ejecutará en otro Estado miembro cuando, previa solicitud de la parte interesada, haya sido declarada ejecutable ahí. A tal efecto, debe presentarse una solicitud de declaración de ejecutoriedad ante un órgano jurisdiccional.

El órgano jurisdiccional ante el que debe presentarse la solicitud puede encontrarse aquí.

Una parte que invoque o se oponga al reconocimiento de una resolución o solicite una declaración de ejecutoriedad debe presentar:

a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad; y

b) el certificado relativo a las resoluciones en materia de responsabilidad parental.

El formulario está disponible aquí.

Una resolución relativa a la responsabilidad parental no se reconoce:

a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, teniendo en cuenta el interés superior del menor;

b) si se ha dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posibilidad de audiencia al menor, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado miembro requerido;

c) si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se notificó o trasladó a dicha persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución;

d) a petición de cualquier persona que alegue que la resolución menoscaba el ejercicio de su responsabilidad parental, si el reconocimiento se dictó sin haber dado posibilidad de audiencia a dicha persona;

e) si la resolución es inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en el Estado miembro requerido;

f) si la resolución es inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en otro Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del menor, siempre y cuando la resolución dictada con posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido,

o

g) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 56 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

El órgano jurisdiccional ante el que debe presentarse la solicitud puede encontrarse aquí.

Una parte que invoque o se oponga al reconocimiento de una resolución o solicite una declaración de ejecutoriedad debe presentar:

a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad; y

b) el certificado relativo a las resoluciones sobre responsabilidad parental mencionado en el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.

El formulario está disponible aquí.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

De conformidad con la Ley de derecho privado internacional de Estonia [1], las relaciones entre un menor y los progenitores se rigen por el derecho del país de residencia del menor.

Asimismo, el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños es aplicable entre los Estados que firmaron el Convenio.

La determinación del derecho aplicable también estará sujeta a acuerdos sobre la asistencia legal. La República de Estonia ha suscrito acuerdos sobre asistencia legal con los países siguientes:

  • Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales entre la República de Estonia, la República de Lituania y la República de Letonia (1993);
  • Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, de familia y penal entre la República de Estonia y la Federación Rusa (1993);
  • Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil y penal entre la República de Estonia y Ucrania (1995);
  • Acuerdo sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, de derecho laboral y penal entre la República de Estonia y la República de Polonia (1999);

Todas las partes en los acuerdos sobre asistencia legal suscritos con Lituania, Letonia y Polonia también son partes del Convenio de la Haya de 1996, por lo que las partes han decidido aplicar las disposiciones del Convenio en la determinación del derecho aplicable.

[1] Ley de derecho privado internacional (RT I 2002, 35, 217). En línea: El enlace abre una nueva ventanahttps://www.riigiteataja.ee/en/eli/513112013009/consolide.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 04/07/2019

Responsabilidad parental - Irlanda

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El término jurídico «responsabilidad parental», al que se hace referencia en Irlanda como «tutela», se refiere a la posesión de todos los derechos y obligaciones relativos a un menor conferidos por ley, por un órgano jurisdiccional, o en virtud de un acuerdo jurídico. El titular de la responsabilidad parental posee los derechos de custodia y visita, entre otros relacionados con el bienestar del menor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Por regla general, si los progenitores de un menor están casados, son titulares de la responsabilidad parental conjunta sobre ese hijo. Si los progenitores no están casados, la madre suele ser titular de la responsabilidad parental, pero el padre natural puede ser designado como tutor mediante un acuerdo entre los progenitores o por un órgano jurisdiccional.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Sí. La Dirección de Servicios Sanitarios (Health Service Executive), a través de su división para la infancia y la familia (TUSLA), puede solicitar al juzgado de distrito (District Court) que dicte las resoluciones judiciales de custodia necesarias para menores de dieciocho años. En circunstancias excepcionales, el órgano jurisdiccional puede designar un tutor para que ejerza las funciones de responsabilidad parental cuando el padre o la madre no quiera o no desee ejercerlas. Se puede designar un tutor testamentario tras la muerte de un progenitor si se ha elegido uno en virtud de un testamento o un codicilo, o puede designarlo el órgano jurisdiccional. En ausencia de tal designación, el Health Service Executive, a través de su división para la infancia y la familia (TUSLA), puede solicitar al juzgado de distrito que dicte las resoluciones judiciales de custodia necesarias para menores de dieciocho años si los progenitores de un menor han fallecido o no están capacitados para cuidar de su hijo.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los padres de un menor se divorcian o se separan, la custodia y las modalidades de visita pueden decidirse mediante mutuo acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, los progenitores pueden solicitar que un juez dicte resoluciones en materia de custodia o de régimen de visita. Si ambos progenitores son tutores del menor, esto no se verá afectado en caso de divorcio o separación, si bien el órgano jurisdiccional podrá, en circunstancias muy excepcionales, y únicamente en caso de que el bienestar del menor así lo requiera, retirar la tutela a un progenitor no casado.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres que llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental deben presentarlo ante el órgano jurisdiccional y obtener una resolución judicial que recoja dicho acuerdo para que este sea legalmente vinculante. El órgano jurisdiccional debe asegurarse de que los acuerdos protegen adecuadamente los derechos del menor y puede negarse a dictar una resolución cuando no tenga la certeza de que uno o ambos progenitores cumplen con sus obligaciones para con el menor. Este acuerdo no puede poner fin al régimen de tutela de ninguno de los progenitores.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los progenitores pueden recurrir a métodos extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación o el asesoramiento.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El juez puede pronunciarse sobre todas las cuestiones relacionadas con el bienestar del menor, incluidas, entre otras, las relativas a la tutela, la custodia y el derecho de visitas. Véanse también las preguntas 4 y 5 anteriores. El órgano jurisdiccional no podrá retirar la tutela a los progenitores casados o a la madre natural, aunque podrá imponer condiciones sobre el ejercicio por una personade sus responsabilidades parentales.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

No. Si bien el progenitor que tiene atribuida la custodia en exclusiva de un menor tiene la capacidad de decidir sobre el control y el cuidado diarios del menor, un progenitor que no tenga la custodia pero sea tutor del menor tiene derecho a ser consultado acerca de todas las cuestiones que afecten al bienestar del menor, incluido, entre otros, el centro en el que va a estudiar y el lugar de residencia.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

La custodia compartida, que permite a ambos progenitores tomar decisiones relacionadas con el bienestar y el cuidado diario del menor, se concede a los progenitores siempre que no exista hostilidad patente entre ellos. Esto no significa que ambos progenitores tengan derecho a pasar el mismo tiempo con el menor; más bien, garantiza que ambos tienen derechos y obligaciones comparables para con el menor.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Normalmente, las partes que deseen presentar una demanda en materia de responsabilidad parental deben hacerlo ante el juzgado de distrito. No obstante, para ciertas demandas accesorias a los procedimientos matrimoniales puede ser necesario acudir a los juzgados de condado (Circuit Court) o al Tribunal Superior (High Court). El Tribunal Superior tiene competencia exclusiva en las cuestiones relativas a la sustracción de menores.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Sí. En aquellos casos en los que la notificación al demandado en la forma habitual pueda poner en situación de riesgo al menor, se puede presentar una demanda ex parte al órgano jurisdiccional, es decir, sin notificación a la otra parte.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí, a través del sistema de asistencia jurídica civil, que comprueba los recursos del solicitante.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí. Se puede recurrir una resolución del juzgado de primera instancia, es decir, el órgano jurisdiccional en el que se inició el procedimiento; sin embargo, por regla general no se puede recurrir la resolución de ningún tribunal de apelación.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las personas que deseen hacer que se ejecute una resolución en materia de responsabilidad parental deben consultar las normas de los correspondientes órganos jurisdiccionales o instituciones. Excepto en el caso de demandas ex parte, es necesario informar al demandado de la intención de iniciar procedimientos con vistas a ejecutar una sentencia.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Véase la respuesta a la pregunta 14.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Al Tribunal Superior (High Court), que tiene plena competencia en primera instancia.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La Ley sobre la Protección de los Niños (Convenio de La Haya) de 2000 confiere carácter vinculante al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, que se aplica en este ámbito; además, el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Bruselas II bis), también es aplicable en este ámbito.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 03/07/2019

Responsabilidad parental - Grecia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental es un derecho y una obligación de los padres. Abarca el cuidado del hijo menor de edad, la administración de sus bienes, así como su representación en cualquier asunto, transacción o juicio relacionado con su persona o sus bienes. Así pues, la responsabilidad parental garantiza la protección de los derechos personales y de los bienes del menor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental es ejercida por los padres de forma conjunta. Cualquier decisión de los padres en relación con el ejercicio de la misma se debe tomar teniendo en cuenta los intereses del hijo.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si uno de los padres se ve en la imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental por razones prácticas (por ejemplo, hospitalización o encarcelamiento), seguirá siendo titular de la misma, pero su ejercicio pasará exclusivamente al otro progenitor.

Si ambos progenitores se ven en la imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental, al hijo menor de edad se le asignará un tutor; los padres serán titulares de la responsabilidad parental, pero no podrán ejercerla.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En caso de divorcio o separación, y siempre que ambos progenitores estén vivos, serán los tribunales los que decidan sobre la responsabilidad parental. Puede concederse a uno de los dos o a ambos de forma conjunta, en caso de que estén de acuerdo y fijen simultáneamente el lugar de residencia del hijo. En todo caso, el órgano jurisdiccional puede decidir lo contrario y, en concreto, dividir el ejercicio de la responsabilidad parental entre los dos progenitores o encomendárselo a un tercero.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

En los casos en que corresponda al órgano jurisdiccional determinar el ejercicio de la responsabilidad parental, por ejemplo por divorcio o separación, deberá tener en cuenta los acuerdos a que puedan haber llegado los progenitores, aunque estos no tendrán carácter vinculante para aquel. Los acuerdos de este tipo no están sujetos a ningún trámite concreto, salvo el requisito de ser legalmente notificados al órgano jurisdiccional. El curso habitual consiste en presentar un documento redactado por las partes interesadas en el que se recoja el acuerdo. Así se prevé de forma explícita para el caso de divorcio de mutuo acuerdo cuando hay hijos menores de edad, ya que entonces se debe presentar al órgano jurisdiccional un acuerdo por escrito en el que se recoja la modalidad de custodia de los hijos y el régimen de contacto con estos.

En todos los demás aspectos, los progenitores pueden decidir de manera informal sobre el ejercicio de la responsabilidad parental, sin necesidad de ningún trámite ni procedimiento formal, repartiéndose su ejercicio práctico de forma que en unos aspectos sea ejercida por uno de ellos y en los demás por el otro: por ejemplo, uno de los progenitores puede tener la custodia del hijo y el otro administrar sus bienes y representar sus intereses.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Si los padres no llegan a un acuerdo sobre el ejercicio de la responsabilidad parental y se requiere una decisión en interés del menor, corresponderá tomarla a los tribunales. Un medio alternativo de resolución de conflictos es la mediación.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Si los padres no se ponen de acuerdo sobre una cuestión concreta en el ejercicio de su responsabilidad parental y plantean el caso a los tribunales, estos solo podrán decidir sobre ella. Puede tratarse de cualquier cuestión surgida en el ejercicio de la responsabilidad parental sobre la que haya desacuerdo entre los progenitores, en cuyo caso la resolución judicial deberá tener en cuenta los intereses del hijo. Puede tratarse de una cuestión objetivamente grave, como la elección del nombre de pila o la realización de una intervención quirúrgica, o bien de una cuestión objetivamente poco importante a la que, sin embargo, los padres conceden relevancia suficiente para llevarla a los tribunales.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Sí, en principio, siempre que la cuestión encaje dentro del alcance de las facultades de custodia concedidas. En todo caso, los padres pueden decidir en todo momento no seguir la resolución del órgano jurisdiccional por la que se conceda a uno de ellos la custodia exclusiva: pueden llegar a un acuerdo distinto, en virtud del cual se permita al otro progenitor participar en la custodia, siempre que este acuerdo favorezca a los intereses del menor.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Significa que las decisiones sobre el cuidado del hijo deben ser tomadas conjuntamente por los padres.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El órgano jurisdiccional competente es siempre el juzgado de primera instancia (μονομελές πρωτοδικείο). Las demandas se deben presentar ante él y notificarse a la parte demandada; hay que acompañar los documentos probatorios.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

El juzgado de primera instancia sigue el procedimiento especial que se establece en el artículo 681, letras B) y C), del Código de enjuiciamiento civil. El procedimiento sigue el modelo previsto para los procedimientos laborales, a fin de acelerar el trámite de audiencia. Debido al carácter fundamentalmente personal de los conflictos en materia de responsabilidad parental, también resultan de aplicación determinadas disposiciones del procedimiento previsto para los asuntos de Derecho matrimonial, así como del procedimiento establecido para la jurisdicción voluntaria en lo que respecta al órgano responsable de la investigación y a la obtención de pruebas de oficio por el juzgado. No obstante, cuando los conflictos en materia de ejercicio de la responsabilidad parental están ligados a alguna de las situaciones recogidas en el artículo 592, apartado 1, del Código de enjuiciamiento civil (divorcio y anulación del matrimonio) o en el artículo 614, apartado 1, del mismo Código (determinación de la paternidad), el procedimiento que debe seguirse es el contemplado en los artículos 598‑612 y 616‑622. El juzgado puede adoptar medidas provisionales (ασφαλιστικά μέτρα) en casos de urgencia y, cuando proceda, medidas cautelares (προσωρινή διαταγή).

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí, de conformidad con las condiciones generales aplicables a la asistencia jurídica gratuita.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Las sentencias sobre responsabilidad parental se pueden revocar o modificar cuando se produzca un cambio de las circunstancias que llevaron al juzgado a resolver. En los demás casos, puede interponerse contra ellas recurso de apelación por cuestiones de hecho o de derecho (έφεση), recurso de casación por cuestiones de derecho (αναίρεση), recurso de reposición (ανακοπή ερημοδικίας) o recurso de revisión (αναψηλάφηση)), de acuerdo con los requisitos habituales.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las sentencias sobre responsabilidad parental son directamente ejecutables, en virtud del artículo 950 del Código de enjuiciamiento procesal, si imponen obligaciones, es decir, si no se limitan a resolver la cuestión de la responsabilidad parental o la custodia del menor, o el régimen de contacto con él, sino que ordenan también por ejemplo, su restitución o regreso, o determinan el régimen de contacto, o prohíben a las partes emprender cualquier acción en contrario. En particular, a) las sentencias que ordenan la restitución o el regreso del hijo obligan al progenitor que lo tenga consigo a actuar de conformidad con lo decidido por el juzgado y, en caso de incumplimiento, pueden imponer automáticamente una sanción económica de hasta 50 000 EUR, cantidad que se entregará al demandante que solicite la restitución o regreso del hijo, o una pena de privación de libertad por un periodo máximo de un año, o bien ambas cosas (ejecución indirecta (έμμεση εκτέλεση)); y b) en caso de obstaculización del derecho de contacto de un progenitor sobre el hijo, las sentencias que establezcan el régimen pertinente pueden advertir al causante de la posible imposición de una sanción económica y de una pena de privación de libertad (ejecución complementaria (αναπληρωματική εκτέλεση)).

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las sentencias sobre responsabilidad parental dictadas en otros Estados miembros son reconocidas automáticamente por las autoridades administrativas griegas sin necesidad de ningún otro trámite. Los órganos jurisdiccionales griegos tienen competencia para decidir sobre la validez de una sentencia extranjera o sobre una solicitud de reconocimiento de una sentencia extranjera, sin un examen previo de la jurisdicción del Estado miembro de origen. Cuando se pretende obtener el reconocimiento en Grecia, los órganos jurisdiccionales griegos pueden denegar el reconocimiento de una sentencia sobre responsabilidad parental en los casos siguientes: a) cuando sea contraria a la política pública nacional, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo; o b) cuando sea irreconciliable con una sentencia posterior sobre responsabilidad parental dictada por un órgano jurisdiccional griego. Por otra parte, cuando son competentes en virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 por razón del lugar de residencia del hijo, los órganos jurisdiccionales griegos, en calidad de tribunales del Estado miembro en el que se pretende obtener el reconocimiento, pueden resolver la cuestión de la responsabilidad parental en sentido diferente, tomando su propia decisión posterior sobre el caso, sin un examen previo de la jurisdicción del Estado miembro de origen ni de la naturaleza vinculante de su sentencia (si, por ejemplo, es recurrible).

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

En los casos anteriormente descritos, el órgano jurisdiccional competente es el juzgado de primera instancia, que seguirá el procedimiento que proceda según el tipo de conflicto.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Las relaciones entre padres e hijos están reguladas por las normas siguientes, por orden de precedencia: 1) el Derecho de su última nacionalidad común; 2) el Derecho de su última residencia habitual común; 3) el Derecho de la nacionalidad del hijo.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 21/10/2016

Responsabilidad parental - España

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental se suele denominar en el Derecho español “patria potestad”. La constituyen los derechos y deberes que tienen las personas físicas, normalmente los progenitores, o jurídicas, a las que se encomienda la protección sobre la persona y la propiedad del menor por ministerio de la ley o por resolución judicial.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica. Comprende los siguientes deberes y facultades:

1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

2.º Representarlos y administrar sus bienes.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental sobre los menores la tienen los progenitores.

En los supuestos de separación, divorcio, ruptura o no convivencia de los progenitores el conjunto de derechos y deberes sobre los menores, su persona y sus bienes la tienen ambos progenitores, salvo supuestos excepcionales.

Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquél con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En Derecho español se pueden nombrar otros familiares, personas o instituciones, siempre bajo supervisión judicial, para que puedan ejercer la responsabilidad parental sobre los menores, en caso de incumplimiento o inadecuado ejercicio por parte de los padres de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los padres se divorcian o se separan la responsabilidad parental se puede determinar:

  • A propuesta de ambos padres en un Convenio Regulador, que deberá ser aprobado judicialmente.
  • Por decisión judicial en los procedimientos contenciosos

La responsabilidad parental como institución protectora del menor corresponde a ambos padres.

Las modalidades en cuanto a la guarda y custodia de los menores podemos resumirlas:

  • La atribución a uno solo de los progenitores. Normalmente se concede al progenitor no custodio un régimen de visitas.
  • Una atribución conjunta, alternando los periodos en que los menores están con uno y otro padre.
  • Excepcionalmente por las circunstancias que concurren y en interés del menor se puede atribuir por resolución judicial a otra persona, a propuesta de los propios padres o directamente por el Juez.

En los supuestos en que tiene atribuida la tutela del menor la Administración, se mantiene la situación, y no se atribuye a ninguno de los progenitores su custodia.

El régimen concreto de guarda se decide caso por caso en función del interés de los menores

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres que llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de la responsabilidad parental han de presentar firmado un Convenio Regulador con todos los acuerdos, debiendo constar, además de otras medidas, expresamente:

  • La guarda y custodia del menor.
  • El régimen de visitas con los padres.
  • El ejercicio de la responsabilidad parental.
  • El uso del domicilio familiar.
  • La pensión de alimentos para el menor.

El Convenio Regulador se presenta con la demanda en el Juzgado de primera Instancia competente, se ha de ratificar en el Juzgado por los padres. Se oirá a los menores cuando se estime necesario de ofcio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Tras recabar el criterio del Ministerio Fiscal, el Juez valora los acuerdos.

Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio, serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos. Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que éstos presten su consentimiento.

La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del juez una nueva propuesta para su aprobación, si procede.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La medida alternativa por excelencia a la resolución judicial, para llegar a un acuerdo entre las partes, la constituye la Mediación Familiar.

Para que tengan fuerza ejecutiva los Acuerdos que se adopten siempre tienen que estar aprobados en la resolución judicial.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

En la resolución judicial el Juez siempre ha de resolver las siguientes medidas en interés de los hijos menores, procurando no separar a los hermanos, y tras oírles si tienen suficiente juicio:

  • Las medidas judiciales sobre la custodia, y el cuidado, otorgándolo a uno u otro padre, o a ambos, y la educación.
  • El régimen de visitas, indicando el tiempo. modo y lugar en que los progenitores  se podrán comunicar con los hijos y tenerlos en su compañía.
  • Excepcionalmente este derecho de visitas se puede tener que limitar o suspender si concurren circunstancias graves, o se incumplen grave y reiteradamente los deberes por alguno de los padres.
  • Atribución de la patria potestad, y si hubiera causa para ello y conviene a los hijos sobre su ejercicio total o parcial por uno de los padres, e incluso sobre la privación de la misma si se revela causa para ello.
  • La pensión de alimentos que se ha de abonar por cada progenitor para satisfacer las necesidades del hijo, teniendo en cuenta las circunstancias económicas que concurren adoptando las medidas necesarias para asegurar su efectividad .
  • La atribución del uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario, en los casos en que no hay acuerdo entre los padres, teniendo preferencia  el cónyuge a quien se atribuye la custodia de  los hijos menores.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

La patria potestad, como norma general, les corresponde a los dos progenitores. Por tanto, la facultad de decidir y resolver sobre todas las cuestiones que afectan a un menor es de ambos padres, aunque solo uno de ellos tenga atribuida su custodia.

En caso de existir desacuerdo entre los progenitores en las decisiones que se pueden o deben adoptar sobre el hijo menor, las cuales pueden ser relativas a temas escolares y de educación como elegir el colegio o las actividades extraescolares, de atención sanitaria al elegir un médico, de formación personal al elegir el nombre o su formación religiosa, o de elección de lugar o país donde vivan los menores, etc. y no ser posible el acuerdo conjunto, cualquiera de los padres puede acudir al Juzgado para que se resuelva la controversia.

El Juez después de oír a ambos y al hijo, si tuviera juicio suficiente, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuir a uno de los padres total o parcialmente la facultad de decidir, o incluso distribuir entre ellos sus funciones. Todas estas medidas se pueden adoptar por un plazo máximo de dos años.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

En los supuestos en que la guarda de un menor se atribuya de manera conjunta a ambos padres, en la práctica se alterna el cuidado diario y la atención directa del menor por cada progenitor, por unos periodos previamente determinados. La forma de ejercer la custodia compartida puede variar, siendo habituales las estancias semanales o la distribución de los días de la semana alternándose los progenitores los fines de semana.

También supone un reparto de todos los periodos vacacionales entre ambos padres.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

En los procedimientos matrimoniales de separación o divorcio de mutuo acuerdo es competente el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio común del matrimonio, o el de cualquiera de los solicitantes.

En los procesos contenciosos matrimoniales es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal, en el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales elección del demandante el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del actor.

En los procesos que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia y alimentos de los hijos menores en que no hay matrimonio entre los padres es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores, y en el caso de residir en distintos partidos judiciales a elección del demandante el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor.

A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio, y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Regsitro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges, y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los procedimientos aplicables en estos casos son los siguientes:

En los supuestos en que existe un acuerdo entre las partes el procedimiento de mutuo acuerdo previsto en el art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la separación, el divorcio, y la adopción de medidas definitivas sobre guarda y custodia y alimentos de hijos menores, cuando no hay matrimonio.

Cuando no existe acuerdo entre las partes el procedimiento contencioso, regulado en los arts. 770 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicable también para los procesos familiares y de menores, cuando no existe matrimonio entre los padres.

En los supuestos de urgencia se pueden solicitar la adopción de medidas por los siguientes procedimientos:

Medidas provisionales previas a la interposición de la demanda de nulidad, separación, divorcio o en los procesos que versan sobre guarda y custodia de hijos menores y alimentos. Está regulado en el art.771 y 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se prevé expresamente que si existieran razones de urgencia se puedan adoptar las medidas en la primera resolución que se dicta, con carácter inmediato.

Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda del procedimiento matrimonial o de menores, como en los supuestos anteriores. Está previsto en el art. 773 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Se pueden obtener los beneficios de la justicia gratuita total o parcial, siempre que se acredite que se reúnen los requisitos para tener derecho a ello, conforme a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. (Ver “Justicia Gratuita - España”).

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Para saber qué resoluciones son apelables hay que distinguir entre todas las que se pueden dictar en esta materia de responsabilidad parental, así, tenemos:

  • Todas las resoluciones de los procedimientos contenciosos se pueden apelar a la Audiencia Provincial.
  • Las resoluciones de los procedimientos de mutuo acuerdo solo se pueden apelar, ante la Audiencia provincial, cuando se acuerde alguna medida que se aparte de los términos del Convenio Regulador.

Contra las resoluciones de las Medidas Provisionales Previas, o de Medidas Provisionales, o resolviendo sobre el ejercicio de la patria potestad no está previsto en la ley ningún recurso.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

En los casos en que no se cumplen voluntariamente las resoluciones judiciales sobre responsabilidad parental, se puede acudir al mismo Juzgado de Primera Instancia que las acordó, presentando una demanda ejecutiva para que se despache la ejecución forzosa de la medida o medidas incumplidas.

Se identificara la sentencia o resolución cuyo cumplimiento se pretende y la persona contra la que se pretende que se despache la ejecución.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones dictadas en un Estado Miembro sobre el ejercicio de la responsabilidad parental en procedimientos matrimoniales respecto de un hijo común, que fueran ejecutivas en dicho Estado Miembro y que hubieran sido notificadas, se reconocerán en España a solicitud de cualquiera de las partes interesadas sin necesidad de procedimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Para solicitar la ejecución se ha de presentar demanda ejecutiva ante el Juzgado donde se encuentre el menor y se pretenda la ejecución. Se ha de adjuntar la copia de la resolución que se quiere ejecutar, que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V. Es preciso Abogado y Procurador

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Para oponerse en España al reconocimiento de una decisión de responsabilidad parental adoptada por otro Estado Miembro, el interesado se deberá dirigir al Juzgado de Primera Instancia donde se pretende que se reconozca y alegar la concurrencia de alguna de las causas de denegación del reconocimiento prevista por el Reglamento 2201/2003.

Las causas que se pueden alegar son:

  • Que la resolución fuere manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño;
  • Que, excepto en los casos de urgencia, no se hubiere dado la oportunidad de ser oído al hijo,
  • Cuando la decisión se hubieere dictado en rebeldía, que no se hubiere entregado o notificado el escrito de demanda a menos que se acredite que se aceptó la resolución;
  • Si quien se opusiere al reconocimiento y alegare que la resolución mensocaba el ejercicio de la responsabilidad parental, no hubiere tenido la oportunidad de ser oído;
  • O si fuera inconciliable con otra resolución dictada posteriormente.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La ley aplicable es la de la residencia habitual del menor, conforme al Convenio de La Haya de 1996, Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 05/04/2019

Responsabilidad parental - Croacia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental es el conjunto de responsabilidades, obligaciones y derechos de los progenitores destinados a proteger y promover los derechos personales y patrimoniales del menor, así como el interés superior del menor. Los progenitores deben facilitar un cuidado parental conforme a las necesidades y capacidades de desarrollo del menor. Los progenitores no podrán renunciar a su derecho al cuidado parental. Los progenitores deben comentar y acordar los aspectos individuales del cuidado parental con el menor según su edad y madurez.

El cuidado parental incluye el derecho y la obligación de proteger los derechos personales del menor a la salud, el desarrollo, el cuidado y la protección, la crianza y la educación, el contacto, elegir el lugar de residencia, así como el derecho y la obligación de gestionar los bienes del menor. El cuidado parental también incluye el derecho y la obligación de representar los derechos e intereses personales y patrimoniales del menor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los progenitores tienen el derecho y la obligación de proporcionar el cuidado parental en igualdad de condiciones, de manera conjunta y de mutuo acuerdo. En el caso de aquellos progenitores que no conviven de forma permanente, deberán establecer unos acuerdos de cuidado parental mediante la redacción de un plan de cuidado parental compartido. El cuidado parental compartido también puede ser regulado por un órgano jurisdiccional y la resolución judicial se basará en los acuerdos de los progenitores en relación con todos los aspectos importantes del plan de cuidado parental compartido. Al ofrecer un cuidado parental compartido, los progenitores deben esforzarse por resolver cualquier problema de mutuo acuerdo.

Cualquiera de los progenitores podrá ofrecer cuidado parental por su cuenta de forma total, parcial o en la medida necesaria para decidir sobre un problema importante concreto en relación con el menor. En las situaciones anteriores, el derecho del otro progenitor a facilitar cuidado parental puede verse restringido únicamente mediante una resolución judicial, en consideración del interés superior del menor. En el caso de progenitores que facilitaran un cuidado parental compartido antes del fallecimiento de cualquiera de los progenitores, el progenitor superviviente debe facilitar el cuidado parental por su cuenta sin una resolución judicial si el otro progenitor ha fallecido o ha sido declarado fallecido. Cualquiera de los progenitores podrá ofrecer cuidado parental por su cuenta, de acuerdo con una resolución judicial a ese efecto, si los progenitores no han sido capaces de acordar un plan de cuidado parental compartido o un acuerdo alternativo durante los procedimientos judiciales. En ese caso, el órgano jurisdiccional dará preferencia al progenitor que ha mostrado voluntad de cooperar y llegar a un acuerdo sobre el cuidado parental compartido.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En el caso de que uno de los progenitores sea menor o una persona privada de capacidad jurídica en un ámbito concreto del cuidado parental, su cuidado parental se verá suspendido debido a obstáculos legales. Mientras la suspensión esté en vigor, el progenitor mencionado anteriormente podrá cuidar diariamente al menor por su cuenta, junto con el otro progenitor del menor, o junto con un tutor legal designado de conformidad con las disposiciones de la Ley de familia (Obiteljski zakon) sobre la designación de un tutor legal. El progenitor mencionado anteriormente no podrá representar al menor y, en caso de que haya sido privado de capacidad jurídica, no podrá representar al menor en el área en la que ha sido privado de dicha capacidad. El menor será representado por el otro progenitor o el tutor legal, que deberá cumplir con los deseos del otro progenitor.

En el caso de que los progenitores del menor o un progenitor y el tutor legal no estén de acuerdo en la representación del menor en decisiones importantes, el órgano jurisdiccional, en respuesta a una propuesta efectuada por el menor, cualquiera de los progenitores o el tutor legal, emitirá una resolución ex parte sobre quién debe representar al menor en el asunto en cuestión.

En respuesta a una propuesta efectuada por el menor, cualquiera de los progenitores o un centro de bienestar social, el órgano jurisdiccional emitirá una resolución ex parte para suspender el cuidado parental (suspensión del cuidado parental debido a obstáculos reales) si alguno de los progenitores está ausente o reside en una dirección desconocida, o si alguno de los progenitores, por motivos objetivos, no puede ofrecer el cuidado parental durante un período de tiempo prolongado. El progenitor en cuestión no podrá ofrecer el cuidado parental durante el período durante el cual su cuidado parental se ha suspendido por los motivos anteriores. Durante este período de suspensión, el cuidado parental lo facilitará el otro progenitor por su cuenta o el menor quedará bajo custodia de conformidad con las disposiciones de la Ley de familia. En respuesta a una propuesta efectuada por el menor, el progenitor cuyo cuidado parental se haya suspendido o un centro de bienestar infantil, el órgano jurisdiccional emitirá una resolución ex parte para finalizar la suspensión del cuidado parental debido a obstáculos reales cuando ya no existan los motivos por los cuales se impuso la suspensión.

En caso de que los progenitores compartan el cuidado parental y uno de ellos fallezca, el progenitor superviviente continuará ofreciendo el cuidado parental por su cuenta. Si el progenitor que ofrece el cuidado parental por su cuenta fallece, el órgano jurisdiccional, en respuesta a una propuesta efectuada por el menor, el progenitor superviviente o un centro de bienestar infantil, emitirá una resolución ex parte para confiar el cuidado parental al progenitor superviviente, si considera que es lo mejor en el interés superior del menor. En el caso de que ambos progenitores fallezcan, un centro de bienestar infantil asumirá la custodia del menor. Mientras se encuentre con vida, el progenitor que ofrece el cuidado parental, mediante un acta notarial [anticipirana naredba («decisión/directiva avanzada») en croata], designará a la persona que considere que facilitará el mejor cuidado al menor en caso de fallecimiento. En caso de que se designe a un tutor legal para el menor en caso de muerte de un progenitor, se tendrán en cuenta la opinión del menor y los deseos del progenitor superviviente, a menos que se considere que tener en consideración su opinión o sus deseos no sirve a los intereses superiores del menor.

De conformidad con el artículo 224 de la Ley de familia, se colocará a un menor bajo custodia si sus progenitores han fallecido, desaparecido, son desconocidos o han residido en una dirección desconocida durante al menos un mes; si sus progenitores han sido privados del derecho al cuidado parental; si sus progenitores, privados de capacidad jurídica en un área que les impide ofrecer cuidado parental, no han confiado el menor a una persona que cumpla los criterios para la tutela legal o si sus progenitores han dado su consentimiento para que el menor sea adoptado. De conformidad con el artículo 225 de la Ley de familia, un centro de bienestar infantil tomará la decisión de colocar al menor bajo custodia y designar a un tutor legal. Un centro de bienestar infantil colocará al menor bajo el cuidado diario de un tutor legal, otra persona, una familia adoptiva, un hogar para menores abandonados o una entidad legal que desempeñe actividades de bienestar social, salvo que la Ley de familia establezca lo contrario.

Se tomarán medidas para proteger los derechos personales y los intereses superiores del menor de acuerdo con la evaluación de los expertos si se observa que los intereses superiores y derechos del menor se han vulnerado o que se han puesto en riesgo los derechos, los intereses superiores y el desarrollo del menor. Se considerará que los derechos del menor se han puesto en riesgo si el cuidado es inadecuado, si el menor presenta dificultades psicosociales (manifestadas por su comportamiento, problemas emocionales, problemas en la escuela u otros problemas relativos a su crecimiento) o si es probable que se produzcan las circunstancias anteriores.

Para proteger los derechos y los intereses superiores del menor, un centro de bienestar social podrá:

1) tomar una medida de emergencia para separar al menor y facilitarle alojamiento fuera del hogar familiar;

2) emitir una advertencia después de un error u omisión en el cuidado parental;

3) realizar los arreglos necesarios para que los progenitores reciban ayuda y apoyo profesionales en relación con el cuidado parental; y

4) realizar los arreglos necesarios para que los progenitores reciban un apoyo profesional intensivo y se supervise el cuidado parental que ofrecen.

Para proteger los derechos personales y los intereses superiores del menor, un órgano jurisdiccional podrá:

1) colocar temporalmente al menor bajo el cuidado de otra persona, familia adoptiva o institución de bienestar social;

2) emitir una orden de alejamiento;

3) retirar a los progenitores el derecho a compartir el hogar con el menor y colocar al menor bajo el cuidado diario de otra persona, familia adoptiva o institución de bienestar social;

4) ofrecer apoyo para la crianza del menor, si presenta problemas de conducta, colocándolo bajo el cuidado de una familia adoptiva o una institución de bienestar social; o

5) privar a los progenitores del derecho a facilitar el cuidado parental.

Como parte de las medidas destinadas a proteger los derechos y los intereses superiores del menor, la Ley de familia contiene disposiciones para regular la facilitación de un alojamiento temporal para el menor o la colocación temporal del menor bajo el cuidado de otra persona, privar a los progenitores del derecho a compartir un hogar con el menor, etc.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Los problemas de responsabilidad parental se resolverán mediante la elaboración de un plan de cuidado parental compartido o una resolución judicial.

El plan de cuidado parental compartido es un acuerdo escrito entre los progenitores en el que se establece la forma de ofrecer el cuidado parental compartido cuando los progenitores del menor no conviven como una familia de forma permanente.

El plan de cuidado parental compartido debe especificar lo siguiente:

1) el lugar y la dirección de residencia del menor;

2) el tiempo que debe pasar cada uno de los progenitores con el menor;

3) la forma de intercambiar información sobre el consentimiento necesario a la hora de tomar decisiones importantes para el menor y el intercambio de información importante en relación con el menor;

4) el nivel de obligación alimenticia para el progenitor que no vive con el menor; y

5) la forma en que se resolverán los problemas futuros.

Los progenitores podrán redactar el plan de cuidado parental compartido por su cuenta o como parte del proceso de asesoramiento obligatorio o el proceso de mediación familiar.

Si los progenitores no logran acordar el plan de cuidado parental compartido o si lo rechaza el órgano jurisdiccional, cualquiera de los progenitores o el menor pueden incoar una acción para resolver cualquier cuestión relativa al progenitor con el que residirá el menor, las formas de facilitar el cuidado parental, el contacto del menor con el otro progenitor o la pensión alimenticia del menor. En procedimientos destinados a determinar con qué progenitor residirá el menor, la facilitación del cuidado parental o el régimen de visitas del menor con el otro progenitor, el órgano jurisdiccional no estará sujeto a ninguna solicitud de las partes. El órgano jurisdiccional puede emitir una resolución sobre el progenitor con el que residirá el menor, las formas en que el menor mantendrá el contacto con el otro progenitor y la facilitación del cuidado parental de conformidad con un acuerdo entre los progenitores, si considera que el acuerdo sirve al interés superior del menor.

El órgano jurisdiccional emitirá una resolución ex officio para determinar con qué progenitor residirá el menor, las formas de facilitar el cuidado parental, el contacto del menor con el otro progenitor y la pensión alimenticia del menor, mediante una decisión por la que se establecerá la disolución irremediable del matrimonio o su anulación, o por la que se concederá el divorcio, y en otros casos en los que los progenitores vivan separados, o mediante una decisión en un caso en el que se haya disputado la maternidad o paternidad, si es posible emitir dicha resolución respecto al resultado de los procedimientos legales y los hechos del caso.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Para ser ejecutivo, el plan de cuidado parental compartido puede presentarse ante el órgano jurisdiccional como parte de los procedimientos ex parte, lo cual permitirá al órgano jurisdiccional comprobar su contenido y aprobar o rechazar el plan de conformidad con las disposiciones de la Ley de familia. El plan de cuidado parental compartido puede modificarse en función de la edad y la madurez del menor o si las modificaciones están justificadas por cambios significativos de las circunstancias. Si se modifica, el plan debe presentarse ante el órgano jurisdiccional como parte de los procedimientos ex parte, para que el órgano jurisdiccional revise su contenido y apruebe o rechace las modificaciones.

El órgano jurisdiccional puede emitir una resolución sobre el progenitor con el que residirá el menor, las formas en que el menor mantendrá el contacto con el otro progenitor y la facilitación del cuidado parental de conformidad con un acuerdo entre los progenitores, si considera que el acuerdo sirve al interés superior del menor. Si los progenitores deciden facilitar un cuidado parental compartido, el acuerdo debe regular todos los asuntos importantes planteados en el plan de cuidado parental compartido. En relación con las medidas correctoras legales o la modificación de la resolución judicial, la resolución judicial basada en el acuerdo de los progenitores sobre la facilitación del cuidado parental compartido tendrá el mismo efecto legal que el plan de cuidado parental compartido, aprobado por el órgano jurisdiccional. No es necesario incluir notas explicativas en la resolución en relación con el cuidado parental o el contacto del menor con el otro progenitor si la resolución se basa en el acuerdo anterior de los progenitores sobre la facilitación del cuidado parental compartido.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre el plan de cuidado parental compartido, un centro de bienestar social les alentará a alcanzar un acuerdo como parte del proceso de mediación familiar, a menos que el caso en cuestión no esté sujeto a los requisitos de mediación obligatorios. Si los progenitores que pretenden obtener el divorcio no se ponen de acuerdo sobre el plan de cuidado parental compartido, un centro de bienestar social les notificará que, como parte del procedimiento de divorcio iniciado por una acción de cualquiera de los cónyuges, el órgano jurisdiccional llevará a cabo las siguientes acciones ex officio:

1) emitir una resolución para determinar con cuál de los progenitores residirá el menor, las disposiciones del cuidado parental, el contacto del menor con el otro progenitor y la pensión alimenticia del menor;

2) permitir al menor que exprese su opinión de conformidad con la Ley de familia; y

3) nombrar a un tutor especial para el menor de conformidad con las disposiciones de la Ley de familia.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

De conformidad con el artículo 413 de la Ley de familia, el órgano jurisdiccional emitirá una resolución ex officio para determinar con qué progenitor residirá el menor, las formas de facilitar el cuidado parental, el contacto del menor con el otro progenitor y la pensión alimenticia del menor, mediante una decisión por la que se establecerá la disolución irremediable del matrimonio o su anulación, o por la que se concederá el divorcio, y en otros casos en los que los progenitores vivan separados, o mediante una decisión en un caso en el que se haya disputado la maternidad o paternidad, si es posible emitir dicha resolución respecto al resultado de los procedimientos legales y los hechos del caso. El órgano jurisdiccional puede

1) limitar o prohibir el contacto del menor con el otro progenitor;

2) resolver que este contacto sea supervisado por un experto;

3) determinar una medida para proteger los derechos e intereses superiores del menor según las circunstancias del caso; o

4) resolver sobre el contacto con el padrastro o la madrastra si ya convivían y cuidaban al menor cuando el matrimonio se disolvió.

De conformidad con el artículo 417 de la Ley de familia, en procedimientos para decidir sobre el contacto del menor con el otro progenitor, el órgano jurisdiccional debe informar a los progenitores que este contacto es de especial importancia para el bienestar del menor, animar a los progenitores a alcanzar un acuerdo y participar en el proceso de medicación familiar en casos no relacionados con la violencia doméstica y, si los progenitores no alcanzan un acuerdo, garantizar que el lugar en el que el menor mantendrá el contacto con el otro progenitor sea adecuado para el menor, teniendo en consideración las limitaciones geográficas y temporales del otro progenitor. La resolución judicial debe contener detalles relativos a la forma, la hora y el lugar en el que el otro progenitor puede recoger y devolver al menor y, si es necesario, detalles sobre los costes del contacto. En las notas explicativas de la resolución, el órgano jurisdiccional incluirá una advertencia escrita en la que se detallen las consecuencias legales de incumplir con el deber de facilitar el contacto del menor con el otro progenitor (incluida una multa, la privación de libertad o la decisión de modificar la resolución por la que se determina con qué progenitor vivirá el menor).

De conformidad con el artículo 418 de la Ley de familia, el órgano jurisdiccional, en los procedimientos para determinar el contacto del menor con el otro progenitor, podrá estipular una o más medidas para garantizar la ejecución si sospecha que es improbable que el progenitor con el que reside el menor cumpla la resolución del régimen de visitas, específicamente:

1) nombrar a una persona que ayude en la ejecución de la resolución o la organización que permite que el menor esté en contacto con el otro progenitor; y

2) ordenar que el progenitor con el que reside el menor deposite una garantía en efectivo. Al estipular estas medidas, el órgano jurisdiccional, en concreto, tendrá en cuenta el comportamiento pasado del progenitor con el que reside el menor.

De conformidad con el artículo 419 de la Ley de familia, el órgano jurisdiccional, en los procedimientos para determinar el contacto del menor con el otro progenitor, podrá estipular una o más medidas para garantizar la restitución del menor o evitar que el progenitor visitante retenga ilícitamente al menor (por ejemplo, ordenando al progenitor visitante que entregue su pasaporte durante las horas de contacto en el órgano jurisdiccional que estipuló la medida, ordenando al progenitor visitante que deposite una garantía en efectivo, prohibiendo cualquier enajenación o gravamen de los derechos patrimoniales del progenitor visitante [los detalles de dicha prohibición se introducirán en los registros públicos], solicitando al progenitor visitante que acuda regularmente a un organismo autorizado, como un centro de bienestar social, junto con el menor y en la ubicación en la que tiene lugar el contacto, determinando la ubicación en la que tendrá lugar el contacto, prohibiendo que el menor abandone el país donde tendrá lugar el contacto e introduciendo los detalles de dicha prohibición en un sistema informático nacional o transnacional. Al estipular las medidas anteriores, el órgano jurisdiccional, concretamente, debe tener en consideración el comportamiento pasado del progenitor visitante.

De conformidad con el artículo 421 de la Ley de familia, no es necesario incluir notas explicativas en la resolución por la que se establece el cuidado parental o la organización de las visitas del menor si la resolución se basa en un acuerdo entre los progenitores, alcanzado de conformidad con las disposiciones de la Ley de familia, o si la resolución se pronunció oralmente en presencia de todas las partes y las partes se han comprometido a no emplear medidas correctivas legales.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

De conformidad con el artículo 99 de la Ley de familia, cualquiera de los progenitores debe representar al menor por su cuenta en las áreas del cuidado parental en las que el otro progenitor se haya visto restringido de conformidad con las disposiciones de la Ley de familia o una resolución judicial.

El artículo 105 de la Ley de familia establece que cualquiera de los progenitores podrá ofrecer cuidado parental por su cuenta de forma total, parcial o en la medida necesaria para decidir sobre una cuestión importante concreta en relación con el menor. En las situaciones anteriores, el derecho del otro progenitor a facilitar cuidado parental puede verse restringido únicamente mediante una resolución judicial, en consideración del interés superior del menor. En el caso de progenitores que facilitaran un cuidado parental compartido antes del fallecimiento de cualquiera de los progenitores, el progenitor superviviente debe facilitar el cuidado parental por su cuenta sin una resolución judicial si el otro progenitor ha fallecido o ha sido declarado fallecido. Al resolver sobre el cuidado parental exclusivo, el órgano jurisdiccional decidirá si el progenitor al que se le ha otorgado el cuidado parental debe representar al menor en los asuntos relativos a los derechos personales esenciales del menor por su cuenta o con el consentimiento del otro progenitor, según lo especificado en el artículo 100 de la Ley de familia (representar al menor en los asuntos relativos a sus derechos personales fundamentales significa representarlo en caso de cualquier cambio del nombre o la residencia permanente o temporal del menor, o su libertad de elegir o modificar su afiliación religiosa).

De conformidad con el artículo 110 de la Ley de familia, independientemente de si el cuidado parental es exclusivo o compartido, los progenitores estarán facultados para tomar las decisiones cotidianas relativas al menor por su cuenta en los momentos en los que el menor resida con cualquiera de ellos. En caso de emergencia, por ejemplo, cuando exista una amenaza inmediata para el menor, cualquiera de los progenitores estará facultado para tomar cualquier decisión necesaria en vista del interés superior del menor sin obtener el consentimiento del otro progenitor. Debe informar al otro progenitor sobre esta cuestión lo antes posible.

Independientemente de que el cuidado parental sea exclusivo o compartido, los progenitores deben intercambiar información sobre la salud del menor y la coherencia de su educación, así como información sobre las actividades curriculares y extracurriculares del menor. Cualquier intercambio de información debe ser rápido y transparente, y centrarse únicamente en el menor.

Ninguno de los progenitores debe hacer un uso indebido de su deber de cooperación para controlar al otro progenitor.

Además de lo anterior, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de familia, el progenitor que ha visto restringido algún ámbito concreto del cuidado parental está facultado para mantener contacto con el menor, tomar decisiones diarias sobre el menor, tomar medidas urgentes en caso de amenaza inmediata para el menor y recibir información sobre circunstancias importantes relacionadas con los derechos personales del menor. Estos derechos solo serán limitados o revocados por una resolución judicial si la limitación o la revocación son necesarias para proteger el interés superior del menor. El progenitor que no facilita cuidado parental al menor está facultado para solicitar información sobre las circunstancias importantes relacionadas con los derechos personales del menor al otro progenitor si tiene un interés legítimo en hacerlo y en la medida que dicha acción no entre en conflicto con el interés superior del menor. En caso de disputa, el órgano jurisdiccional, en procedimientos ex parte y en respuesta a una propuesta efectuada por el menor o cualquiera de los progenitores, emitirá una resolución para garantizar la protección de los intereses superiores del menor.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

De conformidad con el artículo 108 de la Ley de familia, cuando los progenitores tengan la custodia compartida, deben tomar cualquier relación importante relativa al menor y otorgar su consentimiento de mutuo acuerdo. Las decisiones importantes para el menor hacen referencia a la representación del menor en asuntos relativos a sus derechos personales esenciales y la representación en asuntos relativos a bienes valiosos y derechos patrimoniales del menor. Las decisiones importantes para el menor también pueden tomar la forma de otras decisiones que podrían afectar significativamente a la vida del menor, como las relativas al contacto del menor con personas cercanas, procedimientos o tratamientos médicos extraordinarios y la libertad del menor de elegir una escuela. Todas estas decisiones serán válidas siempre que el otro progenitor haya dado su consentimiento. En casos excepcionales, por ejemplo, un procedimiento médico urgente, se aplicarán las disposiciones de las reglamentaciones especiales relativas a la protección de los derechos de los pacientes. El artículo 100 de la Ley de familia contiene disposiciones sobre la representación del menor en asuntos relativos a sus derechos personales esenciales (en caso de cualquier cambio en el nombre o la residencia temporal o permanente del menor, o su libertad de elegir o modificar su afiliación religiosa). La representación en asuntos relativos a los derechos personales esenciales del menor se considerará válida si el progenitor que representa al menor ha obtenido el consentimiento por escrito del otro progenitor facultado para representar al menor. En los casos establecidos por la ley, no se requiere dicho consentimiento si el progenitor con el que reside el menor ha obtenido el consentimiento de un centro de bienestar social. Si el progenitor que representa al menor no puede obtener el consentimiento por escrito, el órgano jurisdiccional, en procedimientos ex parte y en respuesta a una propuesta efectuada por el menor o cualquiera de los progenitores, decidirá qué progenitor representará al menor en el asunto correspondiente para proteger sus intereses superiores.

El artículo 101 de la Ley de familia contiene disposiciones sobre la representación en asuntos relativos a los bienes valiosos o derechos patrimoniales del menor.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley de familia, en caso de que los progenitores facultados para representar al menor no lleguen a un acuerdo en las decisiones importantes para el menor, el órgano jurisdiccional decidirá, en procedimientos ex parte y en respuesta a una propuesta efectuada por el menor o cualquiera de los progenitores, cuál de los progenitores representará al menor en el asunto de que se trate. Si las decisiones importantes hacen referencia a los derechos personales del menor, los progenitores deben participar en el proceso de asesoramiento obligatorio antes de interponer una acción ex parte.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Las propuestas y las acciones deben interponerse ante el órgano jurisdiccional municipal con competencia local.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zakon o parničnom postupku), los órganos jurisdiccionales municipales siempre resuelven en primera instancia en las disputas siguientes: para determinar si un matrimonio se ha disuelto de forma irrevocable o si debe anularse un matrimonio y concederse el divorcio a los cónyuges; las disputas relativas a la determinación o disputa de paternidad o maternidad; las que determinan con cuál de los progenitores residirá el menor; y las relativas al cuidado parental, en las que exista una acción en curso para establecer si el matrimonio se ha disuelto de forma irrevocable, para anular el matrimonio o conceder un divorcio.

De conformidad con la Ley de familia, el asesoramiento obligatorio debe realizarse antes de que se presente una solicitud de divorcio entre los cónyuges que facilitan cuidados compartidos a un hijo menor o antes de que se inicien otros procedimientos legales relativos al cuidado parental y el contacto. Las disposiciones de la Ley de familia relativas al asesoramiento obligatorio antes de presentar una petición de divorcio entre los cónyuges que otorgue la custodia compartida de un hijo menor se aplican mutatis mutandis al asesoramiento obligatorio llevado a cabo antes de iniciar una acción para determinar el cuidado parental y el contacto del menor con el otro progenitor, en caso de que el matrimonio o la relación de sus progenitores se haya disuelto de forma irrevocable. La ley estipula los casos en los que no se recurre al asesoramiento obligatorio. El proceso de asesoramiento obligatorio empieza una vez que una de las partes presenta una solicitud a tal efecto. La solicitud se dirige al centro de bienestar social, por escrito o verbalmente (mediante una declaración que se introducirá en un registro). El servicio de asesoramiento obligatorio lo facilitará un equipo de expertos del centro de bienestar social competente para el lugar en el que el menor tiene su residencia permanente o temporal, o el lugar en el que los cónyuges o miembros de la pareja de hecho tuvieron su último domicilio compartido, ya fuera de forma permanente o temporal. El asesoramiento obligatorio es un proceso que implica la participación personal de los miembros de la familia (no se permiten representantes). Una vez finalizado el proceso de asesoramiento obligatorio, el centro de bienestar social preparará un informe que tendrá una validez de seis meses desde la fecha de finalización del asesoramiento.

Es obligatoria la asistencia a la primera reunión de mediación familiar antes de que el solicitante pueda presentar una solicitud de divorcio.

En función del tipo de acción interpuesta (una disputa conyugal, una disputa para establecer o disputar la maternidad o paternidad, una disputa de cuidado parental, una disputa relativa al contacto, una acción de divorcio de mutuo acuerdo o una acción para solicitar la aprobación de un plan de cuidado parental compartido), el solicitante debe presentar, entre otros documentos, el informe del asesoramiento obligatorio, la prueba de la participación en la primera reunión de mediación familiar o el plan de cuidado parental compartido. Los documentos exigidos dependen de la acción interpuesta.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

En todas las acciones relativas a los asuntos relacionados con menores del Derecho de familia, los organismos competentes deben tomar medidas urgentes y al mismo tiempo velar por el interés superior del menor.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí. La asistencia jurídica gratuita está regulada por la Ley de asistencia jurídica gratuita (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne novine [NN; Boletín Oficial de la República de Croacia] n.º 143/2013).

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí. Las partes pueden interponer un recurso contra una resolución en primera instancia en un plazo de quince días desde la fecha de entrega de una copia de la resolución, a menos que se haya previsto un límite temporal diferente en la Ley de enjuiciamiento civil. A menos que la ley establezca lo contrario, podrán interponerse recursos contra una resolución en primera instancia derivada de acciones ex parte especiales reguladas por la Ley de familia. Los recursos deben interponerse en un plazo de quince días desde la fecha de entrega de la resolución.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

El órgano jurisdiccional con el que debe contactarse es el órgano jurisdiccional municipal con competencia local. Los procedimientos de ejecución se realizarán de acuerdo con las disposiciones de la Ley de ejecución (Ovršni zakon), pero la Ley de familia contiene disposiciones especiales sobre la ejecución prevista para garantizar la entrega del menor y en relación con la ejecución prevista para garantizar el contacto con el menor (artículos 509-525 de la Ley de familia).

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Deberá incoarse una acción para que una resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero sea reconocida de conformidad con la Ley sobre resolución de los conflictos de leyes resultantes de la aplicación de disposiciones extranjeras a determinadas obligaciones civiles (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) (NN n.º 53/91, 8/01).

Desde el 1 de julio de 2013, Croacia ha estado aplicando el Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000) El capítulo III de dicho Reglamento se aplica mutatis mutandis al reconocimiento y la validación de la ejecutoriedad de las sentencias relativas a la responsabilidad parental.

Deberán presentarse ante el órgano jurisdiccional municipal con competencia local una solicitud de reconocimiento o no reconocimiento, una solicitud de validación de la ejecutoriedad y una propuesta de ejecución.

Las propuestas y las acciones deben interponerse ante el órgano jurisdiccional municipal con competencia local.

Las disposiciones del Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, se aplican a los procedimientos de reconocimiento y ejecución de las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales extranjeros.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Los recursos deben interponerse ante un órgano jurisdiccional municipal. Un órgano jurisdiccional del condado emitirá una resolución sobre el recurso.

Los procedimientos de recurso están sujetos a las disposiciones del Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 y a las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento civil.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

De conformidad con el artículo 40 de la Ley sobre resolución de los conflictos de leyes resultantes de la aplicación de disposiciones extranjeras a determinadas obligaciones civiles, el Derecho aplicable a las relaciones paternofiliales es el Derecho del país del que los progenitores y los menores son nacionales. Si los progenitores y los menores son nacionales de diferentes países, el Derecho aplicable es el del país en el que todos ellos tienen su residencia permanente. Si los progenitores y los menores son nacionales de diferentes países y no tienen su residencia permanente en el mismo país, se aplicará el Derecho croata si el menor o alguno de los padres es un nacional croata. Las relaciones paternofiliales no cubiertas por las disposiciones anteriores están sujetas al Derecho del país del que es ciudadano el menor.

Desde el 1 de enero de 2010, Croacia ha estado aplicando el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

Para más información, véase:

Ley de familia (NN n.º 103/15)

Ley de ejecución de resoluciones judiciales (NN n.º 112/12, 25/13, 93/14)

Ley sobre resolución de los conflictos de leyes resultantes de la aplicación de disposiciones extranjeras a determinadas obligaciones civiles (NN n.º 53/91, 88/01)

Ley de asistencia jurídica gratuita (NN n.º 143/2013)

Ley por la que se desarrolla el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 (NN n.º 127/2013)

Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 16/07/2019

Responsabilidad parental - Italia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

En el Derecho de Italia, el concepto de «autoridad parental» (potestà genitoriale) fue sustituido por el concepto de «responsabilidad parental» (responsabilità genitoriale) por la ley que reforma la filiación (Ley n.º 219/2012) y el Decreto legislativo n.º 154/2013, cuyas disposiciones entraron en vigor el 7 de febrero de 2014.

La responsabilidad parental es el deber de mantener, criar, educar y ofrecer apoyo moral a los hijos, teniendo en cuenta sus capacidades, inclinaciones y aspiraciones.

Los hijos también tienen derecho a mantener una relación equilibrada y continua con ambos progenitores, a recibir cuidados, a ser criados, educados y contar con el apoyo moral de cada uno de ellos y mantener relaciones significativas con los ascendientes y familiares de cada progenitor.

Los propios hijos también tienen deberes: respetar a sus progenitores y participar en la manutención de la familia mientras convivan con esta.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental nace por ministerio de la ley cuando los progenitores están casados entre sí. En este caso, ambos progenitores tienen responsabilidad parental sobre sus hijos.

Si los progenitores no están casados entre sí, el progenitor que reconoce al menor es el que tiene la responsabilidad parental. Si ambos progenitores reconocen al menor, ambos tienen y ejercen la responsabilidad parental sobre el menor, del mismo modo que si estuvieran casados. Si los progenitores no están casados entre sí y no reconocen al menor al mismo tiempo, el segundo reconocimiento no tendrá lugar sin el consentimiento del progenitor que ya lo ha reconocido.

La responsabilidad parental debe ser ejercida por los progenitores de mutuo acuerdo, teniendo en consideración las capacidades, inclinaciones naturales y aspiraciones del menor. En concreto, los progenitores deben establecer la residencia habitual del menor de mutuo acuerdo.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si el menor carece temporalmente de un entorno familiar adecuado, se tomarán medidas para que el menor sea acogido por otra familia.

Asimismo, cuando los progenitores no muestren la capacidad suficiente para encargarse de la educación de sus hijos, por ejemplo, cuando son extremadamente beligerantes, los órganos jurisdiccionales con frecuencia conceden la custodia a los servicios sociales del lugar de residencia de la familia. Esto suele conllevar una limitación del ejercicio de la responsabilidad parental: normalmente, las decisiones relativas a la salud, educación y crianza del menor son tomadas por los servicios sociales del lugar de residencia de la familia. En estos casos, con frecuencia el menor continúa viviendo con sus progenitores o con uno de ellos. En los casos más graves, el órgano jurisdiccional ordena la retirada del menor del domicilio familiar.

Si un progenitor incumple o ignora sus deberes o abusa de las facultades derivadas, lo cual produce daños graves al menor, el órgano jurisdiccional puede ordenar la retirada de la responsabilidad parental de dicho progenitor.

Si ambos progenitores han fallecido, se les han retirado las responsabilidades parentales o no pueden ejercer sus responsabilidades parentales por cualquier otro motivo, se nombrará a un tutor. El tutor cuida al menor, le representa en todos los procedimientos civiles y administra sus bienes.

El Código Civil también prevé la posibilidad de que el órgano jurisdiccional nombre a un tutor especial cuando los progenitores no pueden o no desean (o cuando el progenitor que ejerce la responsabilidad parental exclusiva no puede o no desea) realizar uno o más actos en interés del menor, fuera del alcance de la administración rutinaria. En estos casos, el tutor especial está autorizado a realizar estos actos específicos.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

La responsabilidad parental de ambos progenitores no termina después de la separación, disolución, cese de los efectos civiles, anulación o nulidad del matrimonio.

La forma habitual de custodia, que garantiza la guarda y custodia compartida, es la custodia compartida, por la que ambos progenitores ejercen la responsabilidad parental.

Las decisiones de mayor interés para los hijos que hacen referencia a la educación, la crianza, la salud y la elección de la residencia habitual del menor se toman de mutuo acuerdo entre los progenitores y en el interés superior del menor, teniendo en consideración sus capacidades, inclinaciones naturales y aspiraciones; en cambio, para las cuestiones administrativas rutinarias, los progenitores pueden ejercer sus responsabilidades parentales por separado (artículo 337 ter del Código Civil).

La custodia compartida no implica necesariamente que el menor divida equitativamente su tiempo entre cada uno de los progenitores. Normalmente, la orden de separación o divorcio determina quién es el progenitor cohabitante, es decir, el progenitor con quien convive el menor permanentemente, y a continuación se establecen las condiciones en las que el progenitor no cohabitante puede pasar tiempo con el menor. También es posible dividir equitativamente el tiempo que los hijos pasan con cada progenitor si los progenitores viven cerca y tienen estilos de vida similares, siempre que dicho arreglo no tenga un efecto perjudicial en la vida social o escolar de los hijos.

No obstante, si la custodia compartida no satisface los intereses superiores del menor, el juez puede conceder la custodia exclusiva a un progenitor, mediante una decisión motivada (artículo 337 quater del Código Civil).

Los casos más frecuentes en los que se concede la custodia exclusiva son: 1. si uno de los progenitores pone en riesgo el bienestar físico y psicológico del menor (un progenitor violento, con antecedentes penales significativos, con adicción a las drogas o alcohólico); 2. si un progenitor es incapaz de mantener materialmente o moralmente al menor o no ha mostrado ningún interés en el menor; 3. si un progenitor tiene un trato denigrante hacia el otro progenitor frente al menor; 4. si la hostilidad entre los progenitores es tal que puede llegar a perturbar el equilibrio y el desarrollo psíquico y físico del menor.

En el caso de la custodia exclusiva, la responsabilidad parental es ejercida únicamente por el progenitor que tiene la custodia, pero las decisiones de mayor interés para el menor deben tomarlas ambos progenitores, salvo que se establezca lo contrario por circunstancias graves concretas, por ejemplo, un comportamiento violento o abusivo (artículo 337 quater del Código Civil).

Un progenitor que no ejerce la responsabilidad parental tiene el derecho y el deber de supervisar la educación, la crianza y las condiciones de vida del menor (último párrafo del artículo 316).

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

El acuerdo entre los progenitores sobre cómo ejercerán la responsabilidad parental después de la separación debe presentarse ante el órgano jurisdiccional con competencia local, que determinará si el acuerdo garantiza los derechos y el bienestar de los hijos; si es así, el tribunal lo aprobará.

Si una pareja casada con hijos menores desea separarse o divorciarse y también ha alcanzado un acuerdo sobre la custodia de los hijos y el ejercicio de la responsabilidad parental, puede elegir entre dos soluciones:

a) puede presentar una solicitud conjunta ante el órgano jurisdiccional para que apruebe el acuerdo;

b) puede utilizar «negociaciones asistidas por un abogado» (artículo 6 del Decreto legislativo n.º 132/2014): constituyen un acuerdo mediante el cual las partes aceptan cooperar de buena fe y de forma justa para resolver amistosamente la disputa relativa a su separación y la custodia de los hijos.

Si los hijos son menores (pero también adultos con incapacidad o con una discapacidad grave o no autosuficientes desde el punto de vista económico), el acuerdo alcanzado a raíz de una negociación asistida debe presentarse, en un plazo de diez días, ante el fiscal en el órgano jurisdiccional competente, que autorizará el acuerdo si considera que es favorable al interés de los hijos. No obstante, si el fiscal considera que el acuerdo no es favorable al interés superior de los hijos, lo remitirá, en un plazo de cinco días, al presidente del órgano jurisdiccional, que establecerá una fecha, en los siguientes treinta días, para la comparecencia de las partes y actuará sin demora.

Una vez autorizado el acuerdo, es equivalente a las órdenes del órgano jurisdiccional en relación con la separación o el divorcio.

Si los progenitores no están casados, solo es posible la primera solución (es decir, un acuerdo aprobado por el órgano jurisdiccional).

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Para resolver los problemas relativos al ejercicio de la responsabilidad parental, los progenitores pueden acudir a un mediador de familia. El objetivo de la mediación no es la reconciliación de la pareja, sino lograr que se alcance un acuerdo mutuo sobre las condiciones para el ejercicio de la responsabilidad parental y evitar y mitigar así cualquier forma de conflicto. No obstante, las soluciones compartidas acordadas deben presentarse ante el órgano jurisdiccional, que evaluará si se han respetado los intereses del menor.

Si la disputa persiste, se llevará ante el órgano jurisdiccional con competencia para los procedimientos de separación, divorcio y custodia del menor.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Deben diferenciarse dos situaciones.

a) Si los progenitores están en desacuerdo en cuestiones particularmente importantes, deben llevar la disputa ante un órgano jurisdiccional. En esos casos, el órgano jurisdiccional propone en primer lugar las soluciones más favorables a los intereses del menor y la unidad familiar. Si la disputa persiste, el órgano jurisdiccional concede la facultad de decidir sobre la cuestión específica al progenitor que considera más probable que vele por los intereses del menor.

b) Los progenitores pueden incoar una acción ante los órganos jurisdiccionales para obtener una resolución sobre la custodia de los hijos y su acogimiento (normalmente cuando los progenitores se separan). En este caso, el órgano jurisdiccional decide sobre:

  • la custodia de los hijos, caso en el que elige principalmente la solución de custodia compartida (es decir, ambos progenitores),
  • el tiempo y las condiciones de residencia con cada progenitor, el importe del sustento económico del menor y, en general, la contribución de cada progenitor a los gastos incurridos en el cuidado, la educación y la crianza de los hijos.

Las decisiones más importantes deben tomarse de mutuo acuerdo incluso cuando los progenitores se separan o divorcian, por lo que, si los progenitores están en desacuerdo en cualquier cuestión individual, pueden llevar la disputa ante los órganos jurisdiccionales según se explica en el punto a).

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Un progenitor al que se le haya concedido la custodia exclusiva de los hijos posee el ejercicio exclusivo de la responsabilidad parental, salvo que el órgano jurisdiccional ordene lo contrario. El progenitor en cuestión también puede, en concreto, tomar decisiones administrativas no rutinarias de forma independiente.

No obstante, aunque se haya concedido la custodia exclusiva a uno de los progenitores, ambos progenitores deben tomar las decisiones más favorables para los intereses del menor (la educación, la crianza y la salud), salvo que la decisión de custodia establezca lo contrario.

En general, los jueces dictan que no es necesario el consentimiento del progenitor que no tiene la custodia cuando dicho progenitor está ausente, se muestra indiferente, está ilocalizable o se ha comportado de forma violenta o abusiva en el pasado.

El progenitor que no tiene la custodia de los hijos tiene el derecho y el deber de supervisar su educación, crianza y condiciones de vida y puede acudir a los órganos jurisdiccionales cuando considere que se han tomado decisiones que contravienen los intereses de los hijos.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si se concede la custodia compartida, ambos progenitores ejercen la responsabilidad parental y deben acordar la dirección de las vidas de los hijos y tomar decisiones conjuntas sobre la educación, la crianza, la salud y la elección del lugar de residencia habitual de los hijos y asegurarse de que estas decisiones son favorables al interés superior de los hijos. En relación únicamente con las decisiones sobre cuestiones administrativas rutinarias, por norma general los progenitores ejercen la responsabilidad parental por separado, durante los períodos respectivos en los que los hijos conviven con ellos.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El Tribunal de Competencia General (Tribunale ordinario) tiene competencia para todos los procedimientos relativos a la custodia de los hijos y las cuestiones asociadas relativas a la responsabilidad parental.

Si una disputa hace referencia a la retirada o limitación de la responsabilidad parental o el restablecimiento de la responsabilidad parental, sin la intervención de ningún factor relativo a la custodia de los hijos, el órgano jurisdiccional con competencia es el Tribunal de Menores (Tribunale per i minorenni).

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Si la cuestión relativa a la custodia y el ejercicio de la responsabilidad parental respecto a los hijos durante el matrimonio forma parte de la disputa de separación o divorcio, el procedimiento es el que se establece en el apartado sobre Divorcio.

Las medidas relativas a la custodia y el ejercicio de la responsabilidad parental para los hijos nacidos en el matrimonio las toma el órgano jurisdiccional en una sesión cerrada, tras buscar jurisprudencia y haber escuchado al fiscal y los progenitores; en una emergencia, el órgano jurisdiccional puede ordenar medidas temporales en interés del menor.

En ambos casos, el juez puede ordenar medidas temporales urgentes para proteger a los hijos. Los procedimientos difieren en función de si hacen referencia a los hijos de parejas no casadas o casadas, pero el Tribunal de Competencia General tiene competencia en ambos casos.

Al igual que en todos los procedimientos relativos a los hijos, el menor es escuchado por el juez si es mayor de doce años o en cualquier caso en el que tenga capacidad de discernimiento.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Puede obtenerse asistencia jurídica para sufragar los costes de los procedimientos de separación, divorcio o custodia de los hijos o procedimientos relativos a la limitación o retirada de la responsabilidad parental.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Los recursos contra decisiones sobre la responsabilidad parental pueden interponerse ante el Tribunal de Apelación (Corte d’Appello, órgano jurisdiccional de segunda instancia).

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las decisiones del órgano jurisdiccional sobre la responsabilidad parental son ejecutables.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

El reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la UE es automático. No obstante, en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, cualquiera de las partes interesadas puede solicitar una resolución por la que se reconozca o no una decisión.

Para que se ejecute la decisión, la parte interesada debe presentar una solicitud de ejecución al Tribunal de Apelación con competencia local. Una vez que una decisión se declara ejecutable, se ejecuta en las mismas condiciones que se aplicarían si la decisión se hubiera tomado en ese Estado miembro.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

La autoridad judicial competente es el Tribunal de Apelación con competencia local (en referencia al lugar donde se ejecuta la decisión, de conformidad con las normas nacionales). La acción legal se realiza en forma de procedimiento contencioso y concluye con una sentencia declarativa, contra la cual podrá interponerse un recurso sobre una cuestión de Derecho (ricorso per cassazione).

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Italia ha ratificado el Convenio de La Haya de 1996, por lo que se aplican las disposiciones del Convenio. Así, la asignación y extinción de la responsabilidad parental, el ejercicio de la responsabilidad parental y la retirada o la limitación de la responsabilidad parental se rigen por el derecho del Estado de residencia habitual del menor.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 28/06/2019

Responsabilidad parental - Chipre

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El concepto de «responsabilidad parental» incluye dar un nombre al menor, cuidarlo, administrar sus bienes y representarlo en cualquier asunto o transacción legal que afecte al menor o a sus bienes. En la práctica, incluye todas las cuestiones relativas al menor (como persona) y sus bienes.

La responsabilidad parental abarca los deberes y derechos de los progenitores que ejercen esta responsabilidad conjunta. Esta responsabilidad debe tener en consideración los intereses del menor (sección 6 de la Ley 216/1990).

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental de un menor la ejercen ambos progenitores de forma conjunta.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Sí, en estos casos, el órgano jurisdiccional puede designar a un tutor con responsabilidad parental (sección 18, apartado 2, de la Ley de relaciones entre los progenitores y los hijos, Ley 216/1990).

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En el caso de un divorcio, anulación o nulidad de un matrimonio, la cuestión de la responsabilidad parental será determinada por el órgano jurisdiccional, que podrá concederla a uno de los dos progenitores, a ambos de forma compartida o a terceros (secciones 14 y 15 de la Ley 216/1990). Si el órgano jurisdiccional concede la responsabilidad parental a un único progenitor, también puede decidir en cuanto a los derechos de acceso al menor del otro progenitor, teniendo en consideración el interés del menor (sección 17 de la Ley 216/1990).

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

El órgano jurisdiccional debe emitir una orden sobre el acuerdo para que este sea legalmente vinculante.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Actualmente, no existen medios para resolver una disputa alternativos a los procedimientos judiciales.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El juez puede regular cualquier asunto relativo al menor, como la responsabilidad parental, los derechos de acceso, la educación, la salud, la administración de los bienes, el nombre, la pensión alimenticia, los viajes al extranjero y la sustracción.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

No, porque hay cuestiones, como la administración de los bienes del menor, que no están cubiertas por la «custodia» en el sentido más estricto de la palabra.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

En la práctica, la custodia compartida significa que los progenitores deben tomar decisiones conjuntas en las cuestiones relativas al menor. Normalmente significa que el menor convivirá en igualdad de condiciones con ambos progenitores.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El órgano jurisdiccional con competencia es el Tribunal de Familia del distrito en el que reside habitualmente el menor. Los procedimientos se inician con la presentación de una solicitud de incoación sin una declaración jurada. En esta fase no se requiere documentación adjunta.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

La solicitud se entrega a la otra parte, a la que se requiere que comparezca ante el órgano jurisdiccional en la fecha especificada en la solicitud, para presentar sus opiniones. En los casos en los que interviene un menor, no existe ningún procedimiento de urgencia excepto en los casos de sustracción de menores. Dicho esto, por su naturaleza, los órganos jurisdiccionales se aseguran de dar prioridad a estos casos. Asimismo, se aplican el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 30 de la Constitución de la República de Chipre a todos estos procedimientos; estas disposiciones establecen que todos los procedimientos llevados ante un órgano jurisdiccional deben completarse en un tiempo razonable.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí, siempre que cumpla los criterios establecidos por la ley y haya obtenido una orden judicial sobre dicho asunto de conformidad con la ley 165(I)/2002.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí. Es posible interponer un recurso ante el Tribunal de Apelación de Familia.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

El órgano jurisdiccional con competencia para ejecutar una orden de responsabilidad parental es el órgano jurisdiccional que emitió dicha orden. Los procedimientos se inician con la presentación de una solicitud mediante emplazamiento sin declaración jurada, con el formulario de Tipo I mencionado en el Reglamento Procedimental 2/90.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Debe registrar la solicitud para el reconocimiento y la ejecución de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003. La solicitud debe registrarse en el Tribunal de Familia del distrito de residencia del menor o el lugar de residencia del demandado, si el menor vive en el extranjero.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

El órgano jurisdiccional con competencia es el Tribunal de Familia del distrito de residencia del menor o el lugar de residencia del demandado, si el menor vive en el extranjero.

Cuando la solicitud mencionada anteriormente se entregue al demandado, este estará facultado para comparecer y presentar un escrito de contestación según se especifica en la Ley 121(I)/2000. Estos procedimientos forman parte del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 2201/2003.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Se aplica el Derecho de la República de Chipre y, en concreto, la Ley 216/1990. En caso de que ninguna de las partes resida en Chipre, la Ley 216/1990 establece que los tribunales de familia de la República no tienen competencia en el caso.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 08/07/2019

Responsabilidad parental - Letonia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El menor se encuentra bajo la custodia de los progenitores hasta que alcance la mayoría de edad.

La custodia es el derecho y el deber de los progenitores de cuidar el menor y sus bienes, y representarlo en sus relaciones personales y patrimoniales.

Cuidar a un menor significa atenderlo y supervisarlo, e implica el derecho a determinar su lugar de residencia.

El cuidado de los hijos es su manutención, es decir, facilitarles alimentos, ropa, vivienda, atención sanitaria, cuidados y educación, así como su crianza (garantizando su desarrollo mental y físico, teniendo en cuenta su personalidad, capacidades e intereses en la medida de lo posible y preparando al menor para el trabajo socialmente útil).

La supervisión del menor significa velar por la seguridad del menor y evitar cualquier peligro proveniente de terceros. El derecho a determinar el lugar de residencia del menor supone la elección geográfica del lugar de residencia y de la vivienda.

Cuidar de los bienes del menor significa mantener y utilizar estos bienes para conservarlos y potenciar su valor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los progenitores que conviven ejercen la custodia parental compartida. Si los progenitores están separados, la custodia parental compartida se mantiene. El cuidado y la supervisión del menor son ejercidos por el progenitor con el que convive el menor. Los progenitores toman decisiones conjuntas en asuntos que pueden tener un impacto significativo en el desarrollo del menor.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si la salud o la vida del menor se encuentran en riesgo por culpa de los progenitores (debido a una conducta o negligencia intencional) o los progenitores abusan de sus derechos o no facilitan cuidados y supervisión al menor, por lo que ponen en riesgo su desarrollo físico, mental o moral, el órgano jurisdiccional puede privar a los progenitores del derecho de custodia.

Al privar a un progenitor de la custodia, el órgano jurisdiccional transfiere la custodia exclusiva del menor al otro progenitor. Si la custodia ejercida por el otro progenitor no puede proteger adecuadamente al menor del peligro o si se ha privado de la custodia a ambos progenitores, el órgano jurisdiccional encarga al tribunal de familia que garantice el cuidado fuera del hogar para el menor.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los progenitores están separados, la custodia parental compartida se mantiene. El cuidado y la supervisión del menor son ejercidos por el progenitor con el que convive el menor. Los progenitores toman decisiones conjuntas en asuntos que pueden tener un impacto significativo en el desarrollo del menor. Los desacuerdos de los progenitores los resuelve el tribunal de familia, salvo que la ley establezca lo contrario. La custodia parental compartida finaliza cuando se establece la custodia exclusiva de un progenitor en virtud de un acuerdo entre los progenitores o una resolución judicial.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Si los progenitores están de acuerdo en la cuestión de la responsabilidad parental y la ejecutan por propia voluntad, no es necesario obtener la aprobación de otra autoridad u órgano jurisdiccional.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

En caso de disputa, los desacuerdos los resolverá un tribunal de familia. Si el tribunal de familia no es capaz de resolver los desacuerdos entre los progenitores, o no se ejecuta la resolución del tribunal de familia, los progenitores apelan al órgano jurisdiccional del distrito (o del distrito urbano).

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Si los progenitores apelan a un órgano jurisdiccional, es para solicitar la custodia compartida o la custodia exclusiva. Asimismo, si es necesario, el juez decide en los asuntos relativos a la pensión alimenticia, el lugar de residencia, etc. Un progenitor con derecho de custodia exclusiva ejerce la custodia del menor, que incluye el derecho de actuar en nombre del menor en sus relaciones personales y patrimoniales y el derecho de establecer el lugar de residencia del menor. Cada uno de los progenitores tiene el deber y el derecho de mantener una relación personal y contacto directo con el menor. Esta disposición también es aplicable si el menor está separado de la familia o no convive con uno o ambos progenitores. El progenitor que no convive con el menor tiene el derecho de recibir información sobre este, especialmente información sobre su desarrollo, salud, logros académicos, intereses y condiciones de vida. Una disputa de los progenitores sobre la custodia se decidirá teniendo en consideración los intereses del menor y buscando la opinión del menor, si es capaz de expresarla.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Un progenitor con custodia exclusiva del menor tiene todos los derechos y deberes derivados de la custodia. Los progenitores tienen el deber de mantener al menor según sus capacidades y situación financiera. Este deber recae en el padre y la madre hasta que el menor pueda mantenerse por sí mismo.

El deber de mantener al menor no finaliza si el menor está separado de la familia o no vive con uno de los progenitores.

Los órganos jurisdiccionales, al tomar una decisión sobre el establecimiento de la custodia exclusiva, tienen en consideración las circunstancias del caso, es decir, con qué progenitor vive el menor en el momento en que se emprende la acción y qué progenitor ejerce la custodia diaria del menor. El menor tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con cada uno de los progenitores (derechos de acceso). Cada uno de los progenitores tiene el deber y el derecho de mantener una relación personal y contacto directo con el menor. El progenitor que no convive con el menor tiene el derecho de recibir información sobre este, especialmente información sobre su desarrollo, salud, logros académicos, intereses y condiciones de vida. Conceder la custodia exclusiva del menor a un progenitor no significa que el otro progenitor esté privado del derecho de custodia.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si el menor se encuentra bajo la custodia compartida de ambos progenitores, ambos progenitores pueden actuar en nombre del menor en sus relaciones personales y patrimoniales. Los progenitores tomarán decisiones conjuntas sobre todas las cuestiones relativas al desarrollo del menor.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Las reclamaciones derivadas de los derechos de custodia y acceso se presentarán ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del menor. El lugar de residencia registrado de los progenitores se considerará como el lugar de residencia del menor en las reclamaciones derivadas de los derechos de custodia y acceso. Si los lugares de residencia registrados de los progenitores del menor están situados en diferentes territorios administrativos, el lugar de residencia del menor será el lugar de residencia registrado del progenitor con el que convive. Si los progenitores del menor o el menor no tienen un lugar de residencia registrado, el lugar de residencia del menor será el lugar de residencia de los progenitores.

La reclamación deberá presentarse en virtud del artículo 128 de la Ley de enjuiciamiento civil. El artículo 129 de la Ley de enjuiciamiento civil se aplica en términos de los documentos que deben adjuntarse a la reclamación.

También puede adjuntarse a la reclamación una opinión del tribunal de familia sobre el asunto.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los procedimientos judiciales en casos civiles se rigen por las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento civil de Letonia. Los casos relativos a la protección de los derechos e intereses del menor son considerados por un órgano jurisdiccional fuera de turno. El órgano jurisdiccional solicita la opinión del tribunal de familia en asuntos relativos a la concesión de la custodia, el cuidado del menor y el procedimiento para ejercer el derecho de acceso e invita a un representante a asistir a una vista y averiguar la opinión del menor si este es capaz de expresarla considerando su edad y grado de madurez.

El órgano jurisdiccional considera casos civiles en sesiones abiertas, excepto, por ejemplo, en casos de derechos de custodia y acceso. De forma similar, el órgano jurisdiccional puede declarar la sesión, o parte de esta, cerrada en interés del menor tras la solicitud motivada de los participantes en el caso o según el criterio del órgano jurisdiccional.

Las partes tienen derecho a presentar una solicitud motivada al órgano jurisdiccional para una consideración más rápida del caso. A continuación el órgano jurisdiccional examina la solicitud motivada.

A petición de una de las partes, una sentencia puede determinar que las resoluciones o parte de estas sobre la pensión alimenticia del menor y en los casos relativos a la custodia y el derecho de acceso sean ejecutables sin demora.

A petición de una de las partes, el órgano jurisdiccional emite una resolución que establece temporalmente la pensión alimenticia del menor hasta que se emite la sentencia.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Las personas con bajos ingresos o desfavorecidas a quienes se les ha asignado este estatus en virtud del procedimiento estipulado en la legislación, así como las personas que repentinamente se encuentran en una posición y situación financiera que les impide proteger sus derechos (debido a desastres naturales, circunstancias de fuerza mayor u otras circunstancias que escapan al control de las personas) o que se encuentran plenamente bajo el amparo del estado o la administración municipal (en adelante, una «situación especial»), tienen derecho a solicitar ayuda financiera para obtener asistencia legal.

Previa presentación de una solicitud motivada, el órgano jurisdiccional o el juez considera la situación financiera de la persona y la exime parcial o totalmente del pago de las costas judiciales en el presupuesto del estado y suspende el pago impuesto de las costas judiciales en el presupuesto del estado o las divide en plazos.

De conformidad con la Ley de enjuiciamiento civil, los demandantes están exentos del pago de las costas judiciales del presupuesto del estado para reclamaciones relativas a la recuperación de la pensión alimenticia para un menor.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Podrá interponerse un recurso contra esta sentencia de conformidad con el procedimiento general, es decir, presentando un recurso (en el Tribunal Regional) o un recurso de casación (en el Tribunal Supremo).

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las resoluciones judiciales se ejecutan una vez que entran en vigor o inmediatamente si son declaradas ejecutables inmediatamente.

Las resoluciones judiciales son ejecutadas por un agente judicial jurado.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales extranjeros son reconocidas y ejecutadas por los tribunales de Letonia.

Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales extranjeros son reconocidas y ejecutadas en virtud del procedimiento establecido por la Ley de enjuiciamiento civil y en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.

Se presenta una solicitud de declaración de ejecutoriedad para que sea tenida en consideración por el órgano jurisdiccional del distrito (o del distrito urbano) del lugar de residencia permanente de la persona contra la que se solicita la ejecución o el lugar de residencia permanente del menor al que hace referencia la ejecución. El juez dicta una resolución de declaración de ejecutoriedad o una resolución por la que se rechaza la declaración de ejecutoriedad según su propio criterio de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos adjuntos en el plazo de 10 días desde el día de presentación de la solicitud sin invitar a las partes.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

En un caso de reconocimiento de la decisión de un órgano jurisdiccional extranjero, puede presentarse una reclamación individual sobre la resolución de un órgano jurisdiccional de primera instancia al órgano jurisdiccional del distrito y podrá interponerse un recurso contra la resolución judicial del órgano jurisdiccional del distrito sobre la reclamación individual ante el Senado presentando una reclamación individual.

Un participante en el caso cuyo lugar de residencia o lugar habitual de residencia se encuentre en Letonia podrá presentar una reclamación individual en un plazo de 30 días desde la fecha en que se emitió una copia de la resolución judicial, mientras que el participante en el caso cuyo lugar de residencia o lugar de residencia habitual no se encuentre en Letonia podrá presentar dicha reclamación en el plazo de 60 días desde la fecha en que se emitió una copia de la resolución judicial.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Letonia está sujeta al Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños y los acuerdos bilaterales sobre asistencia legal suscritos entre la República de Letonia y la Federación Rusa, Ucrania, la República de Bielorrusia, la República de Uzbekistán, la República de Kirguistán y la República de Moldavia.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 09/07/2019

Responsabilidad parental - Lituania

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

Los derechos y deberes entre los hijos y los progenitores están regulados por las disposiciones de la parte IV del tomo III del Código Civil de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, en adelante «el Código Civil»). El artículo 3.155 del Código Civil prevé que los menores reciban el cuidado de sus progenitores hasta que lleguen a la mayoría de edad o la emancipación. Los progenitores tendrán el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos para que sean honestos, cuidar de su salud y, habida cuenta de su estado físico y mental, crear condiciones favorables para su desarrollo completo y armonioso para prepararlos para una vida independiente en sociedad. El capítulo XI del tomo III del Código Civil establece los derechos y deberes parentales en relación con los hijos y el capítulo XII establece los derechos y deberes patrimoniales entre los progenitores y los hijos.

El artículo 3.227, apartado 2, del Código Civil establece que los progenitores adoptivos sean tratados como los progenitores del menor según la ley desde el día de entrada en vigor de la resolución judicial sobre la adopción, excepto en los casos excepcionales previstos por el artículo 3.222, apartado 4, del Código Civil.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

El artículo 3.156 del Código Civil establece que el padre y la madre tendrán los mismos derechos y deberes en relación con sus hijos. Los progenitores tendrán los mismos derechos y deberes en relación con sus hijos, independientemente de si nacieron dentro o fuera del matrimonio, después del divorcio o la anulación del matrimonio o la separación.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si los progenitores son incapaces o no están dispuestos a ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos, podrá nombrarse a otra persona en su lugar. A tal efecto, el Código Civil establece la institución de la tutela y la curatela de los menores. Las normas básicas que regulan la colocación de un menor bajo tutela/curatela temporal o permanente se establecen en los artículos 3.254 y 3.257.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los progenitores se divorcian, la responsabilidad parental futura se determina según el tipo de divorcio.

Si el matrimonio se disuelve de mutuo acuerdo entre los cónyuges, estos deberán presentar ante el órgano jurisdiccional un acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del matrimonio (separación de bienes, pagos de la pensión alimenticia para los hijos, etc.). El artículo 3.53, apartado 3, del Código Civil establece que, al conceder un decreto de divorcio, el órgano jurisdiccional aprobará un acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del matrimonio de los cónyuges que regule los pagos de la pensión alimenticia para los hijos menores de edad y entre los cónyuges, el lugar de residencia de sus hijos menores, la participación de los cónyuges en la educación de los hijos y otros derechos y deberes patrimoniales. El contenido de este acuerdo se incorpora en el decreto de divorcio. Cuando existe un cambio significativo en las circunstancias (enfermedad o incapacidad de trabajar de uno de los antiguos cónyuges, etc.), los antiguos cónyuges o uno de ellos pueden solicitar al órgano jurisdiccional que modifique los términos y condiciones de su acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del matrimonio.

Si el matrimonio se disuelve de acuerdo con la solicitud de uno de los cónyuges, la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional también debe indicar la forma en que el solicitante desempeñará sus obligaciones hacia el otro cónyuge y sus hijos menores. Al conceder un divorcio, el órgano jurisdiccional debe resolver las cuestiones relativas al lugar de residencia y la pensión alimenticia de los hijos menores, la pensión alimenticia de uno de los cónyuges y la separación de los bienes conjuntos de los cónyuges, excepto en los casos en los que los bienes se han dividido de mutuo acuerdo entre los cónyuges con la certificación de un notario (artículo 3.59 del Código Civil).

Un divorcio basado en el incumplimiento de ambos cónyuges tiene las mismas consecuencias que la disolución del matrimonio de mutuo acuerdo entre los cónyuges (artículos 3.51 a 3.54 del Código Civil). Los procedimientos de divorcio basados en el incumplimiento de uno de los cónyuges están sujetos, mutatis mutandis, al artículo 3.59 del Código Civil.

En el asunto de la separación, uno de los cónyuges puede solicitar al órgano jurisdiccional vivir por separado del otro cónyuge si ya no puede tolerar la convivencia con su cónyuge o se ha vuelto imposible o puede perjudicar gravemente los intereses de los hijos menores por circunstancias especificas que pueden no depender del otro cónyuge, o si los cónyuges ya no están interesados en convivir. Al conceder la separación legal, el órgano jurisdiccional debe designar al cónyuge con el que convivirán los hijos y resolver las cuestiones relativas a la pensión alimenticia de los hijos y la participación del padre separado (o la madre separada) en la educación de los hijos. Ambos cónyuges pueden solicitar conjuntamente al órgano jurisdiccional la aprobación de su separación si han alcanzado un acuerdo sobre las consecuencias de su separación en términos del lugar de residencia, la pensión alimenticia y la educación de sus hijos menores, la división de sus bienes y la pensión alimenticia que debe recibir cada uno. Cuando los cónyuges hayan alcanzado un acuerdo sobre las consecuencias de su separación, el órgano jurisdiccional aprobará el acuerdo siempre que respete el orden público y no perjudique los derechos e intereses legítimos de los hijos menores o uno de los cónyuges. Una vez aprobado el acuerdo, el órgano jurisdiccional lo incorpora en la resolución sobre la separación legal.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Si los progenitores conviven, la organización y la forma de pensión alimenticia son determinadas por ellos de mutuo acuerdo. No existe un modelo especial para este acuerdo o procedimiento para concluirlo. El artículo 3.193 del Código Civil establece que, en caso de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 3.51 del Código Civil) o separación (artículo 3.73 del Código Civil), los cónyuges suscribirán un acuerdo en el que se establecerán sus deberes mutuos en la manutención de sus hijos menores, así como los medios, el importe y la forma de pensión alimenticia. El acuerdo será aprobado por el órgano jurisdiccional (artículo 3.53 del Código Civil). Los progenitores de hijos menores también pueden suscribir un acuerdo sobre la pensión alimenticia de sus hijos si su divorcio se basa en otros motivos. Si uno de los progenitores no cumple con el acuerdo sobre la pensión alimenticia de sus hijos menores según lo aprobado por el órgano jurisdiccional, el otro progenitor adquiere el derecho de presentar al órgano jurisdiccional una demanda de ejecución.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los progenitores disponen de servicios de mediación como alternativa para la resolución de conflictos sin tener que acudir a los órganos jurisdiccionales. La mediación judicial también está disponible en todos los órganos jurisdiccionales ordinarios. La mediación judicial es gratuita. Es una forma más rápida y barata de resolver las disputas. Cabe destacar que la mediación judicial garantiza la confidencialidad y cualquiera de las partes puede retirarse de la mediación judicial sin aducir motivos. La derivación de una disputa a la mediación judicial podrá iniciarla el juez (cámara) de la causa civil o cualquiera de las partes de la disputa. Para más información sobre la mediación y una lista de mediadores, consulte el sitio web de los órganos jurisdiccionales de Lituania.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Si los progenitores acuden al órgano jurisdiccional, el juez puede decidir en torno a todos los asuntos relativos a sus hijos, incluido su lugar de residencia, los derechos de visita/acceso de los progenitores, la pensión alimenticia de los hijos menores y cualquier otra cuestión indicada en la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El artículo 3.156 del Código Civil establece que el padre y la madre tendrán los mismos derechos y deberes en relación con sus hijos. Esto se aplica independientemente de si nacieron dentro o fuera del matrimonio, después del divorcio o la anulación del matrimonio o la separación. Los progenitores tienen el derecho y el deber de criar a sus hijos, responsabilizarse de su educación y desarrollo, velar por su salud y ofrecerles orientación espiritual y moral. En el desempeño de estos deberes, los derechos de los progenitores prevalecen sobre los derechos de otras personas. Los progenitores deben crear las condiciones para que sus hijos asistan a las instituciones educativas hasta que alcancen la edad establecida por la ley.

La custodia exclusiva de un progenitor puede determinarse únicamente en casos en los que la autoridad parental del otro progenitor esté limitada. En caso de que los progenitores (el padre o la madre) incumplan sus deberes de educación de sus hijos, abusen de su autoridad parental, proporcionen un trato cruel a sus hijos, ejerzan una mala influencia en sus hijos debido a una conducta inmoral o no cuiden a sus hijos, el órgano jurisdiccional podrá emitir una resolución de limitación temporal o indefinida de su autoridad parental (la del padre o la madre). Al emitir dicha resolución, el órgano jurisdiccional tendrá en consideración las circunstancias específicas en las que se basa la solicitud de limitación de la autoridad parental. Los progenitores, no obstante, conservan el derecho de contacto con el menor, excepto cuando contravenga los intereses del menor. En caso de que la autoridad parental esté limitada durante un período indefinido, el menor podrá ser dado en adopción sin el consentimiento específico de los progenitores.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Los progenitores deciden en todas las cuestiones relativas a la educación de sus hijos y otras cuestiones de la responsabilidad parental de mutuo acuerdo. Si no alcanzan un acuerdo, cualquier disputa se resolverá en el órgano jurisdiccional.

El padre o la madre del menor o los progenitores (tutores/curadores) de los progenitores menores de edad sin capacidad legal podrán presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional sobre el derecho de visita al menor de los progenitores o la participación en la educación del menor. El órgano jurisdiccional determina la organización de las visitas del padre o madre separados con un menor teniendo en consideración los intereses del menor en vista a permitir que el padre o la madre separados puedan tener la mayor participación en la educación del menor. Podrá ordenarse un contacto mínimo con el menor solo en casos en los que el contacto máximo constante sea perjudicial para los intereses del menor.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Si una persona desea presentar una solicitud sobre la responsabilidad parental, debe presentar una solicitud al órgano jurisdiccional del distrito. Las formalidades que deben cumplirse y los documentos que deben adjuntarse a la solicitud dependen de los requisitos establecidos en la solicitud y los derechos y deberes que se impugnan o deben resolverse o determinarse (en referencia a la responsabilidad parental).

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Las principales disputas y cuestiones de la responsabilidad parental se analizan de acuerdo con un procedimiento simplificado.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

La disponibilidad de asistencia jurídica gratuita está regulada por las disposiciones de la Ley sobre asistencia jurídica garantizada estatal (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas). La posibilidad de obtener asistencia legal garantizada estatal depende de la situación financiera de la persona.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, es posible interponer un recurso contra dicha decisión ante el órgano jurisdiccional superior de conformidad con las normas generales de enjuiciamiento civil.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

La decisión de un órgano jurisdiccional es ejecutada por agentes judiciales.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, sin que se requiera ningún procedimiento especial para reconocer una resolución emitida en el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en Lituania. Este Reglamento se aplica a todos los Estados miembros de la UE con la excepción de Dinamarca.

Las resoluciones sobre derechos de acceso y las resoluciones que exigen la restitución del menor emitidas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE están sujetas a la ejecución de conformidad con las normas establecidas en la parte IV del Código de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, en adelante «el Código de Enjuiciamiento Civil»).

Las solicitudes de asunción de competencias de un órgano jurisdiccional de un país extranjero y las solicitudes de transferencia de competencias a un órgano jurisdiccional de un país extranjero, según lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo (y los artículos 8 y 9 del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996), son consideradas por el Tribunal de Apelación de Lituania (Lietuvos apeliacinis teismas).

Estas solicitudes se consideran de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo 39 del Código de Enjuiciamiento Civil, siempre que el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo no establezca lo contrario. Estas solicitudes no están sujetas a costas judiciales.

Las solicitudes presentadas ante el Tribunal de Apelación de Lituania deben cumplir los requisitos generales para documentos procesales (artículo 111 del Código de Enjuiciamiento Civil). En cumplimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, la solicitud y los apéndices adjuntos deben presentarse en la lengua del estado, de lo contrario, deben adjuntarse las traducciones de dichos documentos al lituano. En caso de que un solicitante resida fuera de la República de Lituania y no se haya nombrado a un representante para el caso o una persona autorizada para obtener los documentos procesales que resida o tenga el domicilio profesional en la República de Lituania (artículo 805 del Código de Enjuiciamiento Civil), la solicitud debe indicar una dirección en la República de Lituania o la dirección de un dispositivo de terminal de telecomunicaciones en la que puedan entregarse los documentos del procedimiento. No obstante, estos requisitos no se aplican a las solicitudes presentadas ante el Tribunal de Apelación de Lituania por parte del órgano jurisdiccional de un país extranjero.

Cuando corresponda, el Tribunal de Apelación de Lituania puede encargar al Servicio de Adopción y Protección de los Derechos de los Menores del Estado bajo el mando del Ministerio de Seguridad Social y Empleo de la República de Lituania (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) que emita una opinión sobre la conveniencia de asumir o transferir las competencias. El Tribunal de Apelación de Lituania establece un límite de tiempo dentro del cual debe presentarse dicha opinión.

Las solicitudes serán consideradas por el Tribunal de Apelación de Lituania a más tardar en un plazo de seis semanas desde la fecha de recepción de la solicitud por el órgano jurisdiccional.

Después de considerar una solicitud para la asunción de competencias de un órgano jurisdiccional extranjero y adoptar la decisión de conceder la solicitud, el Tribunal de Apelación de Lituania, teniendo en consideración las circunstancias del caso, nombrará a un órgano jurisdiccional lituano competente para considerar el caso en Lituania. Los procedimientos establecidos en el órgano jurisdiccional del país extranjero se transfieren al órgano jurisdiccional lituano competente para el examen de los méritos del caso. En ese caso, las disposiciones del artículo 35 del Código de Enjuiciamiento Civil se aplican mutatis mutandis y los procedimientos continúan en el órgano jurisdiccional lituano competente. Cuando corresponda, el órgano jurisdiccional lituano competente establece la posición de las partes en los procedimientos y toma medidas para eliminar los obstáculos que afectan a los documentos procedimentales.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Los recursos deberán interponerse ante el Tribunal Supremo de Lituania (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Se analizarán como recursos de casación de conformidad con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La legislación aplicable a las relaciones entre los progenitores y los hijos se determina en el artículo 1.32 del Código Civil. Las relaciones personales y patrimoniales entre los progenitores y los hijos se rigen por la ley del estado en el que suele residir el menor. Si ninguno de los progenitores reside habitualmente en el estado en el que suele residir el menor y el menor y ambos progenitores son ciudadanos del mismo estado, se aplicará el Derecho del estado del que todos son ciudadanos.

En las cuestiones relativas a la responsabilidad parental, el órgano jurisdiccional competente se determina de conformidad con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

La ley aplicable a la protección de menores, su tutela y curatela se determina en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores.

Las obligaciones alimenticias (pensión alimenticia) en la familia se rigen por el Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 10/07/2019

Responsabilidad parental - Hungría

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

En la práctica, la responsabilidad parental (custodia parental) implica determinar el nombre del menor, cuidar y educar al menor, determinar su residencia, administrar sus bienes, los derechos y deberes de su representación legal y el derecho a designar a un tutor o excluir a alguien de la tutela.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

En ausencia de un acuerdo entre los progenitores o una disposición de la autoridad de tutela o el órgano jurisdiccional que establezca lo contrario, los progenitores tendrán custodia compartida independientemente de si conviven o no.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En Hungría, la tutela es un régimen jurídico que garantiza el cuidado de los menores, su representación y la administración de sus bienes por parte de un tutor designado por la autoridad de tutela en ausencia de un progenitor con custodia parental. La necesidad de designar a un tutor puede notificarla cualquier persona a la autoridad de tutela. Un pariente cercano del menor o la persona con quien reside el menor están obligados a notificar a la autoridad de tutela la necesidad de designar a un tutor, del mismo modo que el órgano jurisdiccional u otra autoridad.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En ausencia de un acuerdo entre los progenitores o una disposición de la autoridad de tutela o el órgano jurisdiccional que establezcan lo contrario, los progenitores tendrán custodia compartida aunque ya no convivan. Los progenitores separados pueden acordar la división de los derechos y deberes de la responsabilidad parental, pero deben asegurar un estilo de vida equilibrado para el menor (alternar la ubicación del menor no es posible, por ejemplo, si hay demasiada distancia entre los domicilios de los progenitores y eso puede suponer una carga excesiva para el menor). El acuerdo de los progenitores lo aprueba el órgano jurisdiccional. Si los progenitores no son capaces de alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones derivadas de los derechos y deberes de la custodia parental, el órgano jurisdiccional decide cuál de los progenitores tendrá la custodia. Al tomar una decisión, el órgano jurisdiccional valora dónde se garantiza mejor el desarrollo físico, mental y moral del menor.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Cuando el matrimonio se disuelve mediante una declaración común de voluntad e intenciones de los cónyuges de disolver el matrimonio y se presenta ante el órgano jurisdiccional por escrito, la solicitud incluye los acuerdos de los progenitores relativos a la custodia. El órgano jurisdiccional aprueba el acuerdo mediante una resolución definitiva durante el procedimiento de divorcio, ya que el matrimonio no puede disolverse de mutuo consentimiento sin dicho acuerdo.

Si es necesario, el órgano jurisdiccional debe tomar una decisión sobre la custodia parental cuando se disuelve un matrimonio, aunque no se efectúe una solicitud a tal efecto. La resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia, en ausencia de interposición de un recurso, será firme únicamente cuando hayan transcurrido quince días después del plazo para la interposición de recurso.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los cónyuges pueden recurrir a la mediación antes de iniciar los procedimientos de divorcio o durante los procedimientos, voluntariamente o por iniciativa del órgano jurisdiccional, con el fin de resolver de mutuo acuerdo las disputas relacionadas con su relación o la disolución del matrimonio, como la cuestión de la responsabilidad parental. Pueden redactar su acuerdo como resultado de la mediación para la inclusión en los procedimientos de transacción judicial. Para garantizar que la responsabilidad parental se ejerce correctamente y con la cooperación necesaria de los progenitores, el órgano jurisdiccional o la autoridad de tutela durante el procedimiento puede (a petición o por propia iniciativa en las cuestiones relativas a su competencia) ordenar a los progenitores que participen en la mediación para establecer la cooperación necesaria entre el progenitor con custodia y el progenitor que no convive con el menor y garantizar los derechos del progenitor que vive por separado.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

En caso de disputa, el órgano jurisdiccional decide qué progenitor tendrá la custodia parental tras escuchar a ambos progenitores y, en casos justificados, al menor. El órgano jurisdiccional puede decidir conceder la custodia completa a un progenitor o que un progenitor ejerza determinados derechos y deberes de la custodia parental y el otro progenitor ejerza otros derechos y deberes. El órgano jurisdiccional puede autorizar al progenitor que no convive con el menor a realizar determinadas tareas relacionadas con el cuidado y la educación del menor o, excepcionalmente, administrar parcial o completamente los bienes del menor y actuar como representante legal en cuestiones relacionadas con los bienes del menor. Si es en interés del menor, el órgano jurisdiccional puede limitar o suprimir el derecho de decidir sobre una cuestión fundamental que afecte al futuro del menor. No obstante, el órgano jurisdiccional no puede ordenar la custodia parental compartida, ya que esta solo puede establecerse por acuerdo de los progenitores, el cual será aprobado por el órgano jurisdiccional.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

No. Si el órgano jurisdiccional concede la custodia a uno de los progenitores, el progenitor que no convive con el menor puede continuar ejerciendo los derechos de responsabilidad parental en cuestiones fundamentales que afecten al futuro del menor. Determinar y modificar el nombre de un menor, determinar la residencia del menor, si es distinta a la residencia del progenitor, determinar la residencia del menor en el extranjero para una estancia o establecimiento a largo plazo, modificar la nacionalidad del menor y elegir la escuela y la carrera del menor se consideran cuestiones fundamentales.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

El órgano jurisdiccional no puede ordenar la custodia compartida, solo aprueba el acuerdo de los progenitores a tal efecto en el curso de los procedimientos matrimoniales, teniendo en consideración los intereses del menor. Una condición de la aprobación es que los progenitores separados deben garantizar un estilo de vida equilibrado para su hijo al ejercer la custodia compartida. Si el órgano jurisdiccional considera que no es factible, puede denegar la aprobación del acuerdo. No obstante, en situaciones que requieren una acción inmediata, uno de los progenitores puede decidir de forma independiente y debe informar al otro progenitor sin demora (por ejemplo, en relación con una intervención médica urgente).

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Pueden acudir o bien a la autoridad de tutela, o bien a un órgano jurisdiccional en las cuestiones relativas a la custodia parental, en caso de que, como progenitores, tengan una disputa relativa al ejercicio de la custodia compartida o si la custodia debe ser fijada por un órgano jurisdiccional.

La demanda debe presentarse ante el órgano jurisdiccional en el que se encuentra la residencia de la parte demandada (o, en su ausencia, el lugar de estancia de la parte demandada) o el lugar donde se encontraba la última residencia compartida de los cónyuges.

La demanda debe presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. Consulte también el apartado ¿Cómo debe procederse? en relación con la presentación de procedimientos y el contenido de la solicitud. Además de la información normalmente solicitada, también deben indicarse los detalles sobre la contracción del matrimonio y el nacimiento del menor en el matrimonio y todavía en vida y adjuntarse los certificados de nacimiento del menor en los asuntos relacionados con la responsabilidad parental.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

El procedimiento judicial en una demanda para establecer los derechos de custodia parental y la asignación del menor a una tercera persona:

Si los progenitores separados no han alcanzado un acuerdo, el órgano jurisdiccional decide, previa solicitud o según su propio criterio, qué progenitor tendrá la custodia. Al tomar una decisión, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta los intereses del menor y valora dónde se garantiza mejor el desarrollo físico, mental y moral del menor.

Las acciones legales para decidir quién debe ejercer la responsabilidad parental, la custodia o los cambios en los derechos de custodia individuales, la asignación del menor a una tercera persona o la modificación de dicha asignación podrá iniciarlas un progenitor o una autoridad de tutela. Las acciones deberá incoarlas un progenitor contra el otro o la autoridad de tutela contra ambos progenitores. Una acción para cambiar la asignación del menor a una tercera persona deberá incoarse contra la persona a la que se le asignó el menor.

En el curso de los procedimientos, el órgano jurisdiccional debe escuchar a ambos progenitores y, en casos justificados, al menor, si así lo solicita. Si el menor tiene al menos 14 años, el órgano jurisdiccional solo podrá decidir sobre la custodia parental del menor y la asignación del menor con su consentimiento, a menos que la elección del menor ponga en peligro su desarrollo.

El órgano jurisdiccional puede obligar a los progenitores a acudir a la mediación para garantizar que se ejerce correctamente la responsabilidad parental y que los progenitores cooperan de la forma necesaria para garantizarla.

El procedimiento de la autoridad de tutela en una disputa relativa a la custodia compartida:

Si los progenitores no son capaces de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones relativas a la custodia compartida (independientemente de que convivan o vivan separados), cualquiera de los progenitores puede solicitar a la autoridad de tutela que tome una decisión, excepto en cuestiones relativas a la libertad de conciencia o libertad de religión.

Si los progenitores separados facultados para ejercer la custodia parental compartida aceptan dividir entre ellos los derechos y deberes derivados, o que los derechos de custodia sean ejercidos por uno de ellos en el futuro, la autoridad de tutela, bajo su petición, registrará este acuerdo en las actas. Las actas también deben registrar el acuerdo por el que se determina cuál de los progenitores criará al menor y el ejercicio compartido de los derechos de custodia parental en cuestiones fundamentales que afecten al futuro del menor, salvo que el órgano jurisdiccional haya establecido lo contrario.

Los progenitores deben ser informados de que pueden modificar el acuerdo y de que el acuerdo no tiene la misma fuerza que una decisión del órgano jurisdiccional en procedimientos matrimoniales o iniciados para la resolución de la custodia parental.

En procedimientos matrimoniales, el órgano jurisdiccional regula provisionalmente según su criterio los asuntos relativos a la asignación de un menor y el lugar de residencia del menor con un progenitor o una tercera persona, la extensión o limitación de los derechos de custodia parental o los contactos entre alguno de progenitores y el menor.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Consulte el apartado ¿Cómo debe procederse? en relación con esta cuestión.

En procedimientos para retirar o restablecer la custodia parental y los relativos a la asignación o transferencia de un menor o los derechos de acceso, se concede a las partes el derecho de aplazamiento de los pagos independientemente de sus ingresos y situación financiera. El derecho al aplazamiento de los pagos significa que las tasas y otras costas incurridas en el curso de los procedimientos son avanzadas por el Estado en vez de las partes, pero las costas avanzadas deberá rembolsarlas la parte que pierda el litigio al Estado al final del procedimiento.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, los procedimientos relativos a la custodia parental están sujetos a recurso de conformidad con las normas generales. Cualquiera de los progenitores o el menor podrá interponer un recurso. El plazo para presentar un recurso es de quince días desde la fecha de notificación de la decisión.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Para ejecutar una decisión relacionada con la responsabilidad parental, el órgano jurisdiccional de primera instancia emite una orden de ejecución o, en el caso de una decisión extranjera (transacción judicial) certificada de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento [CE] n.º 2201/2003), el órgano jurisdiccional del distrito que actúa en la sede del órgano jurisdiccional regional de la residencia habitual del menor o la persona sujeta a la decisión de ejecución o el Tribunal del Distrito Central de Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság) en Budapest.

Cuando se ejecuta una decisión de un órgano jurisdiccional (acuerdo aprobado por el órgano jurisdiccional) relativa a la entrega y asignación de un menor, el órgano jurisdiccional apela a la persona sujeta a la decisión para que cumpla su deber voluntariamente y establece un plazo apropiado y, en caso de incumplimiento, el órgano jurisdiccional ordena la entrega del menor con la asistencia de la policía.

El menor se entregará a la persona que solicita la ejecución o, en ausencia de dicha persona, a su representante autorizado por la autoridad de tutela o a la autoridad de tutela. Cuando se entrega el menor, la persona sujeta a la obligación de entregar al menor debe informar a la persona que se responsabiliza del menor del estado de salud del menor o cualquier circunstancia cuyo desconocimiento pueda poner en riesgo la vida o la integridad física del menor.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Una decisión emitida en un Estado miembro en un asunto de responsabilidad parental será reconocida por los órganos jurisdiccionales de Hungría sin ningún procedimiento especial. El contenido de la decisión no se revisará bajo ninguna circunstancia.

No obstante, cualquiera de las partes interesadas puede solicitar una decisión de reconocimiento o no reconocimiento de una decisión en el órgano jurisdiccional competente.

Ejecución:

Una decisión relativa al ejercicio de la responsabilidad parental emitida en un Estado miembro que es ejecutable en el Estado miembro correspondiente y que ha sido entregada se ejecutará en Hungría si se declara ejecutable en Hungría a petición de la parte interesada.

El órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro en el que se emitió la decisión expide un certificado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo previa solicitud de la parte interesada.

El órgano jurisdiccional del distrito que actúa en la sede del órgano jurisdiccional regional de la residencia habitual del menor o la persona sujeta a la obligación ejecutable, o el Tribunal del Distrito Central de Buda en Budapest, emite una orden de ejecución basada en una decisión extranjera (transacción judicial) a la que se adjunta dicho certificado.

La decisión del órgano jurisdiccional extranjero es ejecutable si, en función de su naturaleza, la decisión cumple con lo siguiente: es la sentencia de un órgano jurisdiccional que determina un incumplimiento en el procedimiento civil; en procedimientos penales es la parte de la sentencia del órgano jurisdiccional que determina un incumplimiento en la reclamación civil relacionada; o es un acuerdo aprobado por el órgano jurisdiccional.

De conformidad con la orden de ejecución, el procedimiento de ejecución se efectúa de acuerdo con la legislación de ejecución húngara.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Una decisión emitida en un Estado miembro será reconocida por los órganos jurisdiccionales de Hungría sin ningún procedimiento especial. El contenido de la decisión no se revisará bajo ninguna circunstancia.

No obstante, cualquiera de las partes interesadas puede solicitar una decisión de reconocimiento o no reconocimiento de una decisión en el órgano jurisdiccional competente.

Cualquiera de las partes puede interponer un recurso contra una decisión tomada en un asunto de solicitud de declaración de ejecutoriedad.

El recurso se resolverá de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos legales.

Los recursos contra una declaración de ejecutoriedad deben presentarse en el plazo de un mes desde la entrega de la declaración. Si la parte contra la que se solicita la ejecución reside habitualmente en otro Estado miembro (no en Hungría), el plazo para el recurso es de dos meses desde la fecha de entrega en persona o en su residencia. No se concederá una ampliación del plazo por motivos de distancia.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Hungría forma parte del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, que incluye normas relativas a la ley aplicable y determinados tratados de asistencia mutua bilaterales también incluyen estas normas.

De conformidad con el Derecho nacional de Hungría, la ley personal aplicable al menor regula las relaciones entre el progenitor y el menor de conformidad con el Derecho de familia, en concreto, el nombre, la ubicación, el cuidado y la representación legal del menor y la administración de los bienes del menor, con excepción de las obligaciones alimenticias. En relación con el estado familiar del menor y la relación del menor con sus progenitores de conformidad con el Derecho de familia, se aplicará el Derecho húngaro a los menores que sean ciudadanos húngaros o que vivan en Hungría (con excepción de las obligaciones alimenticias), si es más ventajoso para el menor.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 04/07/2019

Responsabilidad parental - Malta

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El término está consagrado en el Código Civil maltés (capítulo 16 de las Leyes de Malta) y abarca todos los derechos y obligaciones de los padres para con sus hijos. El término «responsabilidad parental», que en la legislación maltesa se denomina «patria potestad», incluye la custodia, las visitas y las decisiones sobre cuestiones tales como el lugar de residencia, los desplazamientos, las obligaciones de manutención, la educación, así como las decisiones importantes relacionadas con la salud y la administración de los bienes del menor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los padres biológicos o, en el caso de adopciones, los padres adoptivos tras finalizar los procedimientos de adopción. La madre soltera tiene la responsabilidad parental, salvo si el padre registra el nacimiento del menor conjuntamente con la madre.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Cuando un menor se encuentra bajo una resolución judicial o una decisión de tutela, la guarda y custodia corresponde al Estado con arreglo a la Children and Young Persons (Care Orders) Act (ley relativa a decisiones de tutela de menores), contenida en el capítulo 285 de las Leyes de Malta.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En caso de divorcio o separación, la cuestión de la responsabilidad parental se determina mediante una resolución judicial o se resuelve a través de la mediación. También puede determinarse mediante un documento ejecutivo jurídicamente vinculante acordado entre las partes y firmado en presencia de un notario.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Si dicho acuerdo se celebra al margen de un procedimiento de separación, para que sea jurídicamente vinculante debe ser ratificado por un órgano jurisdiccional e inscribirse en el Registro Público. Por otra parte, si se alcanza un acuerdo sobre la responsabilidad parental durante los procedimientos de separación o divorcio, el acuerdo se presenta ante el órgano jurisdiccional que conoce de dichos procedimientos y se dicta una sentencia judicial que aprueba o no el acuerdo.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Una alternativa en estos casos es el proceso de mediación. Si los progenitores siguen sin llegar a un acuerdo durante este proceso, el procedimiento se iniciará ante el Juzgado de lo Civil (Sala de Familia).

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El juez puede decidir sobre todas las decisiones que se consideren importantes para el bienestar del menor, como su lugar de residencia, qué progenitor tendrá los derechos de custodia, visita y acceso, y la obligación de pagar una pensión de alimentos para el menor.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El órgano jurisdiccional no suele conceder la guarda y custodia exclusiva a un solo progenitor, pero esto depende de cada caso. Ahora bien, si el órgano jurisdiccional concede la guarda y custodia exclusiva a uno de los progenitores, existen una serie de cuestiones que deberán tratarse con el consentimiento del otro progenitor, en particular las cuestiones relativas al acceso o el traslado del menor a un tercer país, que afectarían directamente a los derechos de visita del progenitor que no tiene la custodia.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Significa que ambos progenitores se conciertan y adoptan de común acuerdo las decisiones relativas al menor. Esto no incluye las actividades cotidianas, sino tan solo las principales decisiones relacionadas con el lugar de residencia, la educación o las cuestiones sanitarias. El artículo 136, apartado 3, del El enlace abre una nueva ventanaCódigo Civil hace referencia a los actos de administración extraordinaria para los que se exige el consentimiento de ambos progenitores.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Si no se llega a un acuerdo en la fase de mediación, debe presentarse una demanda ante el Juzgado de lo Civil (Sala de Familia). No existe una lista oficial de los documentos necesarios, por lo que pueden adjuntarse a la demanda toda la documentación y los certificados pertinentes, en particular, aquellos que proporcionen pruebas de la patria potestad, incluido cualquier acuerdo sobre la guarda y custodia, o sentencias dictadas.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Se fija la fecha de la audiencia en la que se examinará la demanda. En la audiencia, el juez oirá a las partes y a los testigos citados por cada una de ellas. Si lo considera necesario, el órgano jurisdiccional puede encargar a psicólogos y asistentes sociales que elaboren un informe sobre el menor. Los expertos designados por el órgano jurisdiccional elaborarán un informe tras entrevistarse con los progenitores, el menor y otros profesionales relacionados de algún modo con el caso. Si la parte demandante aduce razones válidas que justifiquen suficientemente la urgencia del caso, la demanda se tramitará por el procedimiento de urgencia. Si es en interés del menor, se dicta una sentencia provisional sobre el asunto urgente, por ejemplo, un impedimento de salida, guarda y custodia, etc.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí, se puede solicitar asistencia jurídica gratuita, que está supeditada, no obstante, a una prueba de recursos del solicitante, tal como se prevé en el título X del libro tercero del Código de Organización y Procedimiento Civil (El enlace abre una nueva ventanacapítulo 12 de las Leyes de Malta). Puede obtenerse más información sobre la asistencia jurídica gratuita en la sección sobre asistencia jurídica gratuita.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Solo se puede recurrir por cuestiones de Derecho como, por ejemplo, que a una parte no se le permita presentar testigos y que el órgano jurisdiccional no proporcione ninguna razón válida que lo justifique. En tales casos, se puede presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Una resolución del Juzgado de lo Civil (Sala de Familia) es automáticamente ejecutiva; sin embargo, en los casos en que alguno de los progenitores no cumpla con dicha sentencia, el progenitor cuya patria potestad se vea restringida puede dar parte a la policía, que iniciará, en consecuencia, un procedimiento penal ante el Tribunal de Magistrados (Court of Magistrates) para ejecutar la resolución, lo cual podrá ir unido a la imposición de una multa y/o una pena de privación de libertad. Además, se puede presentar una demanda ante el Juzgado de lo Civil (Sala de Familia) para modificar la resolución judicial.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

El procedimiento que debe seguirse es el que se recoge en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Bruselas II bis), a saber: el juez competente expide un certificado que, junto con la sentencia y una solicitud de reconocimiento y ejecución de la resolución, se presenta ante el Juzgado de lo Civil (Sección de Familia). También se debe proporcionar una dirección a efectos de notificaciones. Todos los documentos deben traducirse al maltés o al inglés.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Puede presentarse un escrito de oposición ante el mismo órgano jurisdiccional al que se haya presentado la demanda de ejecución y reconocimiento de resoluciones judiciales. El escrito de oposición debe recoger los motivos por los que dicho reconocimiento y ejecución debe denegarse y esto se hace mediante una contestación a la demanda.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La legislación aplicable es el Reglamento (CE) n.° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1347/2000.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 10/07/2019

Responsabilidad parental - Países Bajos

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El término «responsabilidad parental» significa la autoridad que se tiene sobre un menor y la responsabilidad de criarlo y cuidar de él.

El artículo 247 del libro 1 del Código Civil (Burgerlijk Wetboek) dispone lo siguiente a este respecto:

1. La responsabilidad parental incluye el derecho y la obligación de los progenitores de educar y cuidar a sus hijos menores.

2. Por educación y cuidado se entiende asumir la responsabilidad del bienestar mental y físico y de la seguridad del menor y fomentar el desarrollo de su personalidad. Los progenitores no deben ejercer violencia física o psicológica contra el menor ni someterlo a tratos humillantes al educarlo y cuidarlo.

3. La responsabilidad parental incluye la obligación de ambos progenitores de fomentar el desarrollo de un vínculo entre el hijo y el otro progenitor.

4. Si ambos progenitores tienen la guarda y custodia compartida del hijo, este deberá recibir el cuidado y la atención de los dos por igual, tras la disolución del matrimonio o de la pareja registrada por motivos distintos del fallecimiento, la separación judicial o la ruptura de la convivencia, en caso de que así se hubiese registrado el vínculo, en virtud del artículo 252, apartado 1.

5. Para poner en práctica lo estipulado en el apartado 4 anterior, los progenitores pueden llegar a un convenio o acuerdo de responsabilidad parental que regule los aspectos prácticos relacionados con la guarda y custodia tras la disolución del matrimonio o de la pareja registrada por motivos distintos del fallecimiento, la separación judicial o la ruptura de la convivencia, en caso de que así se hubiese registrado el vínculo, en virtud del artículo 252, apartado 1, siempre y cuando sea necesario regular dichos aspectos prácticos.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los progenitores tienen la autoridad y la responsabilidad de educar y cuidar a sus hijos menores. Sin embargo, hay excepciones a esta regla.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si los progenitores no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre su hijo, la justicia puede otorgarla a otra persona.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En caso de divorcio, ambos progenitores conservan la responsabilidad parental sobre sus hijos. Ambos siguen siendo responsables de su educación y cuidado. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. En algunos casos, la justicia puede otorgar la guarda y custodia a uno de ellos. La filiación (que, por definición, no es lo mismo que la responsabilidad parental) y los derechos y deberes asociados con esta también pueden regularse de otro modo en el acuerdo de responsabilidad parental que se establece en caso de divorcio.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

En caso de divorcio, los progenitores deben firmar un acuerdo de responsabilidad parental que ha de ser aprobado por el órgano jurisdiccional que declare el divorcio.

Véase también: El enlace abre una nueva ventanahttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La mediación es una forma de resolver los litigios relacionados con la filiación.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El juez puede resolver sobre todas las cuestiones relacionadas con el convenio de ejercicio de la responsabilidad parental, incluida la guarda y custodia del menor, el reparto de las tareas relacionadas con su cuidado y educación y su lugar de residencia principal.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

No, el progenitor que tiene la guarda y custodia del menor tiene la obligación de informar al otro progenitor sobre las cuestiones importantes relacionadas con la persona [HM-B1] y los bienes del menor, y de consultarlo sobre las decisiones que tome en relación con el menor. Sin embargo, será el progenitor que tiene la guarda y custodia quien decida en última instancia.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Significa que, aunque en el convenio de ejercicio de la responsabilidad parental los progenitores hubiesen acordado repartirse de otra forma las tareas relacionadas con el cuidado y la educación del menor, ambos tienen los mismos derechos y obligaciones en relación con su guarda y custodia (véase la pregunta 1).

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Para obtener la guarda y custodia de un menor, debe presentarse una solicitud ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de residencia del menor. Los documentos que deben presentarse dependen de la situación de los progenitores y del menor. Para más información sobre los documentos necesarios, visite los apartados El enlace abre una nueva ventanaNormas del procedimiento (procesreglement) y Guarda y custodia y Derechos de visita (Gezag en omgang). Si necesita ayuda, consulte a un abogado.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

No existe un procedimiento específico aplicable en estos casos. Sí, existen procedimientos para dictar medidas provisionales.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí, puede obtenerse asistencia jurídica gratuita, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Para El enlace abre una nueva ventanamás información respecto de la asistencia jurídica gratuita, consulte el sitio web del Consejo de Asistencia Jurídica Gratuita (Raad voor Rechtsbijstand).

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, las resoluciones en materia de responsabilidad parental pueden recurrirse ante los tribunales de apelación (gerechtshof).

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

En estos casos se sigue el procedimiento judicial ordinario.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

En principio, no es necesario hacer nada. Las resoluciones sobre responsabilidad parental se reconocen de forma automática si el Estado miembro en cuestión es parte del Reglamento Bruselas II bis. Este Reglamento es aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea, a excepción de Dinamarca.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Los recursos deben presentarse ante el órgano jurisdiccional competente del país en el que se dictó la resolución.

Para poder presentar un recurso en un asunto familiar en los Países Bajos, se necesita asistencia letrada. El abogado puede presentar el recurso ante la El enlace abre una nueva ventanasecretaría del tribunal de apelación. Tras dictarse la resolución sobre el asunto familiar, el abogado tiene tres meses para recurrirla. El tribunal de apelación aplica este plazo de forma estricta. La fecha oficial de presentación del recurso es la fecha en la que la secretaría del tribunal lo recibe.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Los órganos jurisdiccionales de los Países Bajos solo aplican la legislación de los Países Bajos.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 01/07/2019

Responsabilidad parental - Austria

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La patria potestad (responsabilidad parental) es una obligación y un derecho de los progenitores. Comprende el cuidado y crianza, la administración de los bienes y la representación del menor, así como otros asuntos (artículo 158 del Código Civil austriaco).

En virtud del artículo 160 del Código Civil austriaco, el cuidado del menor de edad incluye en particular la salvaguardia del bienestar físico y la salud del menor, su supervisión directa, su crianza, en especial el desarrollo de su potencial físico, intelectual, psíquico y moral, el fomento de sus talentos, capacidades, aficiones y posibilidades de desarrollo, y su formación escolar y profesional. El cuidado conlleva también el tratamiento médico del menor; la crianza incluye el derecho a decidir el domicilio del niño (artículo 162 del Código Civil austriaco), y también por ejemplo la decisión sobre un posible viaje al extranjero, así como la selección de la escuela o la decisión de profesar una religión o convertirse a otra. También forma parte del derecho de crianza el derecho a elegir el nombre de pila del menor.

La administración de los bienes del menor engloba por ejemplo la disposición de la manutención del niño (fijación y modificación, recepción y acuse de recibo, cobro y uso de la manutención). El artículo 164 del Código Civil austriaco establece que los progenitores han de administrar los bienes del menor con la cautela propia de unos progenitores ordenados.

Por representación legal se entiende el derecho y el deber de llevar a cabo actos jurídicos en nombre del menor. Entre ellos se incluyen las actuaciones de representación del menor que de inmediato confieren a este derechos u obligaciones, así como los consentimientos. La representación legal puede guardar relación con el cuidado, la crianza y la administración de bienes, ya se trate de una «relación externa» con estos asuntos (por ejemplo, la concertación de un acuerdo de tratamiento con el médico, o el consentimiento para que el menor reciba tratamiento médico) o, si por el contrario se asume personalmente la realización de estas tareas, de una «relación interna» (por ejemplo, la administración de medicamentos, el cambio de pañales de un bebé o la supervisión para que el menor haga sus deberes escolares). No obstante, existe una representación legal también fuera de estos ámbitos (representación legal «pura»), por ejemplo para la modificación del nombre, el cambio de nacionalidad, el reconocimiento de una paternidad extramatrimonial o la salvaguardia de los derechos a la protección de la personalidad del menor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

En principio, en el caso de los hijos nacidos durante el matrimonio válido o en el caso de que los progenitores se casen con posterioridad al nacimiento del menor, la patria potestad corresponde a ambos progenitores (artículo 177, párrafo 1, del Código Civil austriaco). En el caso del hijo no nacido durante un matrimonio válido, la patria potestad se asigna por ley exclusivamente a la madre (artículo 177, párrafo 2, primera frase, del Código Civil austriaco).

Según el artículo 177, párrafo 2, segunda frase, del Código Civil austriaco, los progenitores –no casados– pueden optar excepcionalmente por asumir conjuntamente la patria potestad ante el encargado del registro civil y estando presentes en persona simultáneamente, después de haber sido informados de las consecuencias jurídicas correspondientes, siempre y cuando la patria potestad no se haya regulado ya judicialmente. Si los progenitores no viven en un hogar común, tienen que acordar en casa de qué progenitor recibirá el menor el cuidado que le corresponde. Alternativamente, los progenitores pueden alcanzar o presentar un acuerdo ante un tribunal (artículo 177, párrafo 3, del Código Civil austriaco). Por último, el tribunal también puede confiar a ambos progenitores la patria potestad (artículo 180, párrafo 2, del Código Civil austriaco).

A la patria potestad conjunta solo se le puede poner fin mediante una resolución judicial. En ese caso, el tribunal debe procurar que se llegue a un acuerdo amistoso. Cuando esto no sea posible, tendrá que confiar la patria potestad a un progenitor solo o de nuevo a ambos de forma conjunta (artículo 180 del Código Civil austriaco). Si se asigna la patria potestad a ambos progenitores, el tribunal también tiene que establecer en qué hogar recibirá principalmente el menor el cuidado que le corresponde. A la hora de adoptar estas decisiones, el interés superior del menor es el criterio decisivo.

En el supuesto de que la patria potestad solo se confiera a uno de los progenitores, el otro disfrutará del derecho a tener contacto personal con el menor y del derecho a estar informado, a manifestar su parecer y a la representación en virtud del artículo 189 del Código Civil austriaco.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si ninguno de los progenitores puede ejercer la patria potestad, el tribunal ha de decidir a qué pareja de abuelos (o, de modo subsidiario, a qué abuelo o abuela) o a qué pareja de progenitores adoptivos (o a qué progenitor adoptivo) se debe asignar la patria potestad. En la medida en que sea posible recurrir a abuelos o a progenitores adoptivos a la hora de asignar la patria potestad, en general —si el interés superior del menor no exige otra cosa— tiene prioridad la pareja por encima del abuelo o abuela o progenitor adoptivo individual. Si ambos progenitores se enfrentan a algún impedimento para ejercer la patria potestad en el mismo ámbito concreto, cabe aplicar lo expuesto anteriormente a dicho ámbito concreto. El criterio decisivo para asignar la patria potestad es el interés superior del menor.

Si el progenitor que ostenta la patria potestad exclusiva no puede ejercerla, el tribunal tiene que decidir si esta debe asignarse en parte o en su totalidad al otro progenitor o a una pareja de abuelos (o a un abuelo o abuela) o a una pareja de progenitores de acogida (o a un progenitor de acogida). No obstante, el otro progenitor tiene prioridad frente a los abuelos o progenitores de acogida si en su hogar está garantizado el interés superior del menor.

En el caso de que ni los progenitores ni los abuelos ni los progenitores de acogida puedan asumir la patria potestad, está previsto que esta pueda otorgarse a otra persona adecuada (artículo 204 del Código Civil austriaco). El elemento decisivo para seleccionar a dicha persona es el interés superior del menor; los deseos de este y los deseos de los progenitores deberán recibir la consideración correspondiente (artículo 205, párrafo 1, del Código Civil austriaco). Pueden aspirar a asumir la patria potestad: en primer lugar, los familiares; en segundo lugar, otras personas cercanas; en último lugar, otro tipo de personas adecuadas, entre ellas el personal de instituciones de protección de la infancia y de la juventud (artículo 209 del Código Civil austriaco).

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Tras la separación o la declaración de nulidad del matrimonio, sigue vigente la patria potestad conjunta. Sin embargo, si los progenitores desean que la patria potestad permanezca en su totalidad para ambos igual que cuando estaba vigente el matrimonio, deben presentar al tribunal dentro de un plazo razonable un acuerdo en el que conste con quién de los dos vivirá el menor principalmente. El tribunal tiene que autorizar dicho acuerdo si este se corresponde con el interés superior del menor. No es admisible articular la patria potestad de ambos de tal modo que a un progenitor le corresponda por ejemplo solo el cuidado y crianza del hijo, mientras que el otro solo tenga que hacerse cargo de la administración de los bienes y la representación del menor; al progenitor en cuyo hogar vive principalmente el menor, le corresponde siempre la patria potestad plena. Si no se ha llegado a tal acuerdo dentro de un plazo razonable desde la disolución del matrimonio o si ese acuerdo no se corresponde con el interés superior del menor, y si tampoco se logra un acuerdo amistoso –en todo caso recurriendo a una mediación–, entonces el tribunal tendrá que decidir a qué progenitor habrá que asignar en exclusiva la patria potestad en lo sucesivo.

Los progenitores también pueden acordar que solo uno de los dos asuma la patria potestad después de la disolución del matrimonio. Evidentemente, en un caso así no es necesario un acuerdo que especifique con cuál de los progenitores vivirá el menor principalmente. Estas consideraciones no solo son válidas en caso de disolución del matrimonio, sino también cuando los progenitores de un menor de edad aún están casados pero viven separados de forma permanente. En este caso, no obstante, el tribunal adoptará una decisión solo si uno de los progenitores se lo solicita.

En el supuesto de la separación de una pareja de hecho, son aplicables las mismas consideraciones anteriores referentes a la patria potestad en caso de disolución del matrimonio de los progenitores. Por tanto, el tribunal puede asignar a los progenitores de un hijo extramatrimonial la patria potestad conjunta –siempre y cuando haya un acuerdo sobre el lugar de residencia del menor que se corresponda con el interés superior de este– en el caso de que se haya disuelto el hogar común, pero también si dicho hogar nunca ha existido.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Véase la pregunta 4.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los progenitores pueden acudir a las instituciones de protección a la infancia y a la juventud para asesorarse (asesoramiento familiar) o a instituciones de asistencia privadas. Alternativamente, pueden recurrir a una mediación o a centros de asesoramiento para matrimonios, para progenitores o de otra índole.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Oficialmente, el juez de tutela solo puede iniciar un procedimiento y tomar una decisión en el ámbito de la patria potestad y en la regulación del derecho de visita. Si el interés superior del menor está en grave peligro, se debe informar al personal de las instituciones de protección a la infancia y a la juventud, el cual puede establecer en caso de peligro las medidas correspondientes dentro de un plazo determinado –las cuales pueden llegar hasta la retirada de la patria potestad–.

La manutención del hijo no puede regularse de oficio, sino solo a petición del representante legal en el caso de menores de edad o del propio titular del derecho a manutención si este es mayor de edad. Dicha manutención debe hacerse valer en el procedimiento no contencioso, lo cual también es aplicable a los hijos mayores de edad. Quien tiene la competencia funcional a este respecto es un auxiliar de justicia.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El progenitor que no ostenta la patria potestad tiene derecho, frente a quien sí la ostenta, a ser informado puntualmente de cuestiones importantes que afecten al menor y de medidas previstas que en el caso de la patria potestad conjunta requieren una representación colectiva (artículo 167, párrafos 2 y 3, del Código Civil austriaco) y a pronunciarse al respecto (derecho a la información y derecho a manifestar el propio parecer). La manifestación del parecer ha de tenerse en cuenta cuando el deseo expresado en ella se corresponde mejor con el interés superior del menor. Estos derechos se extienden también a cuestiones menos importantes (siempre que no se trate de meros asuntos de la vida cotidiana) cuando, a pesar de la buena disposición del progenitor que no ostenta la patria potestad, no se produce ningún contacto personal regular con el hijo, por ejemplo porque dicho contacto resulta imposible debido a las circunstancias vitales o porque el menor rechaza ese contacto (artículo 189, párrafo 3, del Código Civil austriaco).

Si el progenitor que tiene la patria potestad se niega reiteradamente a cumplir con estas obligaciones, el tribunal podrá adoptar las disposiciones oportunas, previa solicitud, en caso de que el interés superior del menor corra peligro, pero también podrá actuar de oficio (artículo 189, párrafo 4, del Código Civil austriaco). Por ejemplo, el tribunal puede encomendar tareas concretas al progenitor obligado o facultar al progenitor que no ostenta la patria potestad para informarse por sí mismo a través del médico o en la escuela. Si el progenitor que tiene la patria potestad pone en riesgo con su conducta el interés superior del menor, cabe considerar también la posible retirada parcial o total de la patria potestad con arreglo al artículo 181 del Código Civil austriaco.

El derecho a la información y el derecho a manifestar el propio parecer se pueden limitar o retirar por vía judicial cuando su ejercicio pone en serio peligro el interés superior del menor. Lo mismo cabe aplicar cuando el titular de los derechos abusa de estos o los ejerce de una manera que resulta inaceptable para el otro progenitor. Tales derechos se suprimen también cuando el progenitor titular de ellos incluso rehúsa sin motivo el contacto con el menor (artículo 189, párrafo 2, del Código Civil austriaco).

La patria potestad siempre se ha de ejercer del modo que mejor se ajuste al interés superior del menor. A la hora de valorar el interés superior del menor, se deben tener debidamente en cuenta la personalidad de este y sus necesidades, en particular sus talentos, capacidades, aficiones y posibilidades de desarrollo, así como las condiciones de vida de los progenitores.

Todas las personas que ostentan la patria potestad (progenitores, abuelos, progenitores de acogida u otros titulares de la patria potestad) y las personas que tienen otro tipo de derechos y obligaciones respecto del menor (por ejemplo, derecho de visita), han de renunciar, para salvaguardar el interés superior del menor, a todo aquello que pudiera perjudicar la relación del menor con otras personas a quienes les corresponden derechos y obligaciones respecto del menor, o que pudiera dificultar el cumplimiento de las obligaciones de aquellas personas (mandato de buena conducta, artículo 159 del Código Civil austriaco).

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Con respecto a la representación legal, impera el principio de la representación exclusiva, es decir, que cada uno de los progenitores tiene por sí mismo el derecho y la obligación de representar al hijo. Sus actos jurídicos también producen efectos jurídicos cuando el otro progenitor no está conforme (artículo 167, párrafo 1, del Código Civil austriaco). La conformidad de ambos progenitores con derecho a la representación solo se prevé en los supuestos restrictivamente enumerados en el artículo 167, párrafo 2, del Código Civil austriaco (por ejemplo, la modificación del nombre de pila o el apellido, la asunción de una confesión religiosa o la conversión a otra, la entrega a terceros cuidadores, etc.).

Para actos de representación y autorizaciones con respecto a asuntos de bienes que no se encuadran dentro de la gestión económica ordinaria, es necesario obtener el consentimiento del otro progenitor que tiene derecho a la representación legal así como una autorización judicial (artículo 167, párrafo 3, del Código Civil austriaco). Aquí se incluyen por ejemplo los casos siguientes: la enajenación de bienes inmuebles o la imposición de cargas sobre estos, la renuncia a un derecho sucesorio, la aceptación incondicional o el rechazo de una herencia, y la aceptación de una donación sobre la que pesan cargas.

En los procedimientos civiles, cada uno de los progenitores también tiene su propio derecho a representar al menor. Mientras los progenitores no se pongan de acuerdo o el tribunal no haya designado como representante a uno de los dos o a un tercero, será representante aquel progenitor que haya emprendido el primer acto procesal (artículo 169 del Código Civil austriaco). A este respecto, los progenitores deben atenerse al mandato de buena conducta (véase la pregunta 9).

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

En virtud del artículo 109 de la Jurisdiktionsnorm (JN) (normativa sobre jurisdicción de los tribunales ordinarios en asuntos de derecho civil), la competencia corresponde al tribunal de distrito en cuya jurisdicción el menor de edad tenga su residencia habitual o, si esta no se encuentra en el territorio nacional, su residencia (simple de facto). Si no hay una residencia fijada en el territorio nacional, tiene la competencia el tribunal en cuya jurisdicción el representante legal tenga su residencia habitual; a falta de tal residencia en el territorio nacional, será competente el tribunal en cuya jurisdicción un progenitor tenga su residencia habitual y, si esto no es posible, el tribunal de distrito de Viena (Innere Stadt Wien). A diferencia de la residencia (simple), la residencia habitual depende por regla general de una determinada duración y continuidad (aproximadamente seis meses).

Una solicitud de transmisión de la patria potestad exclusiva o de participación en la patria potestad puede presentarse por escrito por correo o verbalmente en los denominados «días de atención» (al menos una vez por semana principalmente los martes por la mañana) al tribunal de distrito competente, donde se hará constar en acta. Las partes no tienen obligación de estar representadas por un abogado; pero, si desean estarlo, pueden elegir a un solo abogado (obligación relativa de representación letrada; artículo 101, párrafo 1, de la Außerstreitgesetz o AußStrG [Ley sobre procedimientos no contenciosos]).

Los documentos presentados deben incluir un título de asunto, el nombre y apellido y la dirección del interviniente, de su representante y –en la medida en que se requiera– el nombre y apellido y la dirección de las demás partes que conozca, y en asuntos relacionados con el estado civil también el lugar y la fecha de nacimiento y la nacionalidad de las partes (artículo 10, párrafo 3, de la AußStrG).

Si el documento presentado tiene un fallo de forma o de contenido que impida seguir adelante con el procedimiento, el tribunal no debe rechazarlo o devolverlo, sino en primer lugar tratar de subsanar la deficiencia (artículo 10, párrafo 4, de la AußStrG).

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Cabe aplicar el procedimiento no contencioso con arreglo a la Außerstreitgesetz (AußStrG).

En función del criterio del interés superior del menor, el tribunal también debe conceder o retirar provisionalmente –en un procedimiento de urgencia– la patria potestad y el ejercicio del derecho a tener contactos personales, en especial con objeto de mantener los contactos fiables y en aras de la claridad jurídica. Esto puede ser necesario particularmente tras la disolución del matrimonio o del hogar común de los progenitores (artículo 180, párrafo 1, inciso 1, del Código Civil austriaco). Esta resolución adquirirá carácter vinculante y ejecutoriedad de modo provisional, siempre que el tribunal no disponga otra cosa.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

En el procedimiento civil, según los artículos 63 a 73 del Código de Procedimiento Civil austriaco, la ayuda para sufragar los costes del procedimiento debe concederse previa solicitud cuando una parte no esté en condiciones de asumir dichos costes sin menoscabo de su sustento necesario. Según el artículo 7, párrafo 1, de la AußStrG, estas disposiciones deben aplicarse mutatis mutandis en el procedimiento no contencioso (por ejemplo, en procedimientos referentes a la manutención del menor).

El sustento necesario se fija de manera abstracta en la horquilla comprendida entre la renta media estadística de un trabajador por cuenta ajena y el mínimo de subsistencia. Se considera menoscabado cuando la parte y su familia con derecho a manutención ni siquiera estarían en condiciones de llevar una vida humilde, en cuyo caso hay que tener en cuenta el patrimonio utilizable o la posibilidad de ir ahorrando determinadas sumas durante un procedimiento más prolongado. También es posible conceder una ayuda parcial.

La ayuda para sufragar los costes del procedimiento solo se debe conceder en la medida en que las diligencias judiciales o la defensa jurídica previstas no parezcan a todas luces ser fruto de la mala fe o carecer de perspectivas de éxito. La ayuda para sufragar los costes del procedimiento se puede conceder tanto a personas físicas como jurídicas. La nacionalidad de la parte no tiene relevancia.

La ayuda comprende en particular la exención provisional del pago de los costes judiciales, de testigos, de peritos y de intérpretes, pero también los gastos de viaje de la parte, siempre que sea necesaria su presencia física. Siempre que por ley se ofrezca la representación a través de un abogado (por ejemplo para cuantías reclamadas superiores a 5 000 euros o en procedimientos ante los tribunales de los estados federados) o siempre que se juzgue necesario por la naturaleza del caso, habrá que asignar temporalmente un abogado austriaco de forma gratuita. La labor del abogado comprende también un asesoramiento jurídico previo al procedimiento con vistas a una posible resolución extrajudicial.

En el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil austriaco se establece que la parte que disfruta de la ayuda para sufragar los costes del procedimiento ha de comprometerse a pagar posteriormente la totalidad o una parte de las sumas de cuyo pago se la ha exonerado temporalmente y que aún están pendientes de abonar, así como a remunerar conforme a la tarifa establecida al abogado asignado, siempre que pueda hacerlo sin menoscabar su sustento necesario. Una vez transcurridos tres años desde la conclusión del procedimiento, la obligación de pago deja de ser exigible. Para comprobar que se dan las condiciones necesarias para el pago posterior, el tribunal puede requerir a la parte que, dentro de un plazo razonable, aporte una nueva declaración de bienes acompañada de los justificantes exigibles.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Las resoluciones del tribunal de primera instancia relativas a la responsabilidad parental pueden recurrirse (artículo 45 de la AußStrG). El plazo para presentar el recurso es de catorce días desde que se remite por escrito la copia auténtica de la resolución (artículo 46, párrafo 1, de la AußStrG). Por lo general, el tribunal de segunda instancia es el que resuelve sobre el recurso.

En determinados casos, se permite recurrir una decisión adoptada en el marco del procedimiento de recurso del tribunal de recurso, ello mediante un nuevo recurso denominado Revisionsrekurs ante el Tribunal Supremo (véase el artículo 62 de la AußStrG). Un Revisionsrekurs solo es admisible si guarda relación con la solución de una cuestión jurídica que reviste una importancia considerable para salvaguardar la unidad del derecho, la seguridad jurídica o la evolución del derecho. Sin embargo, en algunos asuntos, el Revisionsrekurs es inadmisible en todo caso, por ejemplo en los relacionados con la ayuda para sufragar los costes del procedimiento, tanto para los costes como para las tasas. El plazo para presentar el Revisionsrekurs es de catorce días desde que se remite la resolución del tribunal de recurso (artículo 65, párrafo 1, de la AußStrG). El Revisionsrekurs ha de contener la firma de un abogado o notario (artículo 65, párrafo 3, inciso 5, de la AußStrG).

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Con arreglo al artículo 110, párrafo 2, de la AußStrG, queda descartada una ejecución según el Reglamento de ejecución. El tribunal, previa solicitud o de oficio, ha de ordenar la adopción de medidas coercitivas adecuadas conforme al artículo 79, párrafo 2, de la AußStrG. Entre esas medidas coercitivas se encuentran en particular las multas, el arresto coactivo hasta una duración total de un año, la comparecencia forzosa, la retirada de documentos, elementos informativos y otros bienes muebles, y el nombramiento de tutores que por cuenta y riesgo de la parte incumplidora deben realizar actos justificables. Las disposiciones que afectan a los contactos personales también se pueden imponer contra la voluntad del progenitor que no vive con el menor de edad en el hogar común. Las disposiciones que atañen a la patria potestad también pueden ser ejecutadas por el tribunal mediante la aplicación de las medidas coercitivas inmediatas adecuadas.

En virtud del artículo 110, párrafo 3, de la AußStrG, el tribunal puede de oficio abstenerse de proseguir con la imposición de medidas solo si el bienestar del menor corre peligro y mientras dure tal situación. Además, a la hora de imponer las disposiciones judiciales o autorizadas judicialmente relativas a la patria potestad, el tribunal puede pedir al personal de las instituciones de protección a la infancia y a la juventud o a los servicios del tribunal de familia que le brinden apoyo, en especial que se encarguen temporalmente del cuidado del menor cuando el bienestar de este así lo requiera. No obstante, las medidas coercitivas inmediatas para la ejecución de las disposiciones judiciales solo pueden emprenderlas los órganos judiciales; estos últimos pueden pedir la asistencia de los órganos de los servicios de seguridad pública.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Conforme al artículo 21 del Reglamento «Bruselas II bis», las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.

Para la ejecución de las resoluciones relativas a la patria potestad, es necesario un procedimiento de exequátur (artículo 28 y siguientes del Reglamento «Bruselas II bis»); las modalidades procesales concretas se rigen por la legislación nacional según establece el artículo 30 del citado Reglamento; en Austria, se trata de los artículos 112 a 116 de la Außerstreitgesetz.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Las solicitudes para que no se reconozca una resolución sobre patria potestad adoptada en otro Estado miembro (artículo 21, párrafo 3, del Reglamento «Bruselas II bis») son –al igual que el procedimiento de exequátur– competencia del tribunal de distrito en cuya jurisdicción el menor tiene su residencia habitual o, a falta de tal en el territorio nacional, su residencia simplemente; a falta de residencia en el territorio nacional, entonces será competente el tribunal en cuya jurisdicción el representante legal tenga su residencia habitual y, a falta de tal en el territorio nacional, siempre que se trate de un menor de edad, será competente el tribunal en cuya jurisdicción un progenitor tenga su residencia habitual y, si esto no es posible, el tribunal de distrito de Viena (Innere Stadt Wien) (artículo 109a de la Jurisdiktionsnorm en relación con el artículo 109 de esta ley).

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Si la competencia de los tribunales austriacos está justificada sobre la base del Reglamento «Bruselas II bis» o del Convenio de La Haya de 1996, relativo a la protección de los niños, dichos tribunales aplican primordialmente la legislación austriaca.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 19/07/2019

Responsabilidad parental - Rumania

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El Código civil (Codul Civil) rumano emplea el término autoridad parental. Se entiende por autoridad parental el conjunto de derechos y obligaciones de los padres frente a los hijos y sus bienes. Ambos progenitores tienen a este respecto los mismos derechos y obligaciones, que han de ejercerse teniendo en cuenta siempre los intereses del hijo. La autoridad parental se ejerce hasta que el hijo alcanza la plena capacidad de obrar.

Entre los derechos y obligaciones de los progenitores (previstos en los artículos 487-499 del Código civil y en la Ley n.º 272/2004 (Legea nr. 272/2004) sobre protección y promoción de los derechos del niño) en relación con la persona de los hijos se encuentran los siguientes:

  • el derecho y la obligación de establecer y preservar la identidad del hijo. Ha de inscribirse al hijo en el registro inmediatamente después de su nacimiento y desde entonces tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. Corresponde a los padres elegir el nombre de pila y el apellido del hijo.
  • el derecho y la obligación de criar al hijo. Los padres han de criar al hijo, velar por su salud y por su desarrollo físico, psicológico e intelectual, y por su educación, estudios y formación profesional, de acuerdo con sus propias ideas y con las características y las necesidades del mismo.
  • el derecho y la obligación de supervisar al hijo.
  • el derecho y la obligación de mantener al hijo. Los padres están obligados solidariamente a la manutención del hijo durante su minoría de edad. Asimismo, están obligados a su manutención hasta su graduación en caso de que esté estudiando, aunque como máximo hasta los 26 años.
  • el derecho a adoptar determinadas medidas disciplinarias contra el hijo. Están prohibidas medidas tales como algunos castigos físicos que puedan perjudicar su estado físico, mental o emocional.
  • el derecho a solicitar la restitución del hijo a cualquier persona que lo tenga consigo sin estar facultado para ello.
  • el derecho a reunirse con su hijo. Este derecho está correlacionado con el derecho del hijo a no ser separado de sus padres salvo por motivos excepcionales y temporales (por ejemplo, adopción de medidas de acogimiento).
  • el derecho a relacionarse personalmente con su hijo. Este derecho puede adoptar modalidades como, por ejemplo, visitarle en su casa, visitarle en el centro escolar o recibirle durante parte de las vacaciones.
  • el derecho a decidir dónde vive el hijo. El hijo menor de edad debe vivir con sus padres. Si estos no conviven, han de decidir de mutuo acuerdo el lugar en el que va a vivir el hijo. En caso de desacuerdo entre los padres, resolverá el tribunal de tutela (Instanţa de tutelă).
  • el derecho a autorizar el compromiso y matrimonio del hijo en caso de menores que hayan cumplido 16 años de edad; el derecho a autorizar la adopción del hijo.
  • el derecho a recurrir contra las medidas adoptadas por las autoridades con respecto al hijo y a presentar peticiones y demandas en su propio nombre o en nombre del mismo.

Entre los derechos y obligaciones de los padres (previstos en los artículos 500 a 502 del Código civil) en relación con los bienes de los hijos se encuentran los siguientes:

  • la administración de los bienes del hijo. Los progenitores no tienen ningún derecho de propiedad sobre los bienes del hijo, ni este sobre los bienes de aquellos, salvo el derecho hereditario y el derecho a ser mantenido. Los padres tienen el derecho y la obligación de administrar los bienes del hijo menor de edad y de representarle en actos civiles o de dar su consentimiento a tales actos. Al cumplir los 14 años, el menor puede ejercer sus derechos y debe cumplir sus obligaciones personalmente, aunque con el consentimiento de los padres o del tribunal de tutela, cuando corresponda.
  • el derecho y la obligación de representar al menor en los documentos civiles o de aprobar tales documentos en su nombre. Hasta los 14 años, el hijo está representado por los padres en los documentos civiles, por carecer de plena capacidad de obrar. Entre los 14 y los 18 años, puede ejercer sus derechos y debe cumplir sus obligaciones personalmente, aunque con el consentimiento previo de los padres, debido a su capacidad de obrar limitada.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los derechos y obligaciones corresponden a los dos progenitores (artículo 503, apartado 1, del Código civil) si están casados y asimismo después del divorcio (artículo 397 del Código de Procedimiento Civil) o si se ha declarado la paternidad de uno de ellos en caso de nacimiento del hijo fuera del matrimonio y están conviviendo (artículo 505, apartado 1, del Código civil).

La autoridad parental corresponde a los progenitores por separado en caso de divorcio si el tribunal así lo declara teniendo en cuenta los intereses del hijo (artículo 398 del Código civil), en caso de anulación del matrimonio (artículo 305, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil) y en caso de que el hijo haya nacido fuera del matrimonio y los padres no estén conviviendo (artículo 505, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil).

La autoridad parental será ejercida por uno de los progenitores, de acuerdo con el artículo 507 del Código civil, cuando el otro haya fallecido, o haya sido privado de su autoridad parental, o se le haya prohibido su ejercicio, etc.

La autoridad parental es ejercida por los progenitores de forma parcial cuando se han encomendado parte de los derechos y obligaciones a un tercero o a una institución de atención de menores (artículo 399 del Código Civil).

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Una vez cumplidos los 14 años pero no alcanzada todavía la mayoría de edad, los derechos y obligaciones parentales respecto del menor se refieren exclusivamente a su persona. Los referidos a sus bienes pueden corresponder, en su caso, al tutor o a otra persona.

Debe designarse un tutor al menor cuyos progenitores hayan fallecido, sean desconocidos, hayan sido privados del ejercicio de los derechos parentales o se les haya impuesto esa pena por sentencia firma o se les haya prohibido su ejercicio, estén desaparecidos o se haya declarado su fallecimiento, siempre que, una vez terminada la adopción, en su caso, el tribunal decida que eso es lo más beneficioso para él.

Se requiere un tutor cuando ninguno de los progenitores puede hacerse cargo del hijo, por haber sido privados del ejercicio de los derechos parentales.

Con carácter excepcional, el tribunal de tutela puede decidir el acogimiento del menor por un familiar u otra persona, con su consentimiento, o por una institución de atención de menores.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En principio, en caso de divorcio la autoridad parental corresponde a ambos progenitores solidariamente o solo a uno de ellos cuando existan razones fundadas y teniendo en cuenta los intereses del hijo. El otro progenitor conserva el derecho a supervisar la educación y crianza del hijo, así como a autorizar su adopción.

Con carácter excepcional, el tribunal de tutela puede decidir el acogimiento del menor por un familiar u otra persona, con su consentimiento, o por una institución de atención de menores. En tal corresponderán a esa familia, persona o institución los derechos y obligaciones parentales (artículo 399 del Código civil).

En el caso de un hijo nacido fuera del matrimonio pero respecto del cual se haya declarado la paternidad de los dos progenitores, ambos ejercerán solidariamente la autoridad parental mientras convivan. Si no conviven, solo la ejercerá uno de ellos.

El divorcio por acuerdo de los cónyuges puede ser pronunciado por un notario público aunque haya hijos menores nacidos en el matrimonio, fuera de él o adoptados, siempre que los cónyuges estén de acuerdo sobre todos los aspectos relativos al apellido que debe usar el hijo, sobre el ejercicio de la autoridad parental por ambos, sobre la determinación del lugar donde vaya a vivir este, sobre el método para mantener la relación personal con el progenitor que vaya a ausentarse del domicilio y con los hermanos, así como sobre la contribución de ambos a los costes necesarios para la crianza del hijo y para su educación, estudios y formación profesional. Si del informe que se haga sobre la situación familiar se deduce que el acuerdo de los cónyuges sobre el ejercicio conjunto de la autoridad parental o sobre el lugar en el que va a vivir el hijo no favorece a los intereses de este, el notario público desestimará la solicitud de divorcio y orientará a los cónyuges para que acudan al tribunal.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres pueden ponerse de acuerdo sobre el ejercicio de la autoridad parental o sobre las medidas que deban tomarse para proteger al hijo con el consentimiento del tribunal de tutela, siempre que se favorezcan los intereses del menor (artículo 506 del Código Civil).

Una vez iniciado un juicio, las partes pueden comparecer en cualquier momento, aun cuando no hayan sido citadas, para pedir que se dicte una resolución que legalice el acuerdo al que hayan llegado mediante una sentencia confirmatoria. La sentencia confirmatoria no admite recurso y es inmediatamente ejecutable.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La mediación es facultativa antes de la vía judicial. En el curso del proceso, los órganos jurisdiccionales están obligados a informar a las partes acerca de la posibilidad y las ventajas de la mediación. Si no se consigue el acuerdo a través de la mediación, puede acudirse a los tribunales.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Véase la respuesta a la pregunta 1.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Si el tribunal asigna el ejercicio de la autoridad parental exclusivamente a uno de los padres, este decidirá por sí solo sobre todas las cuestiones referidas al hijo. El otro progenitor conservará el derecho a supervisar su crianza y educación, así como a autorizar su adopción.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Significa que la autoridad parental será ejercida por ambos progenitores por igual y de forma conjunta. Respecto a terceros de buena fe, se entenderá que si uno de los progenitores adopta una medida legítima cotidiana por iniciativa propia para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones parentales, cuenta con el consentimiento del otro progenitor.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Las demandas de protección de las personas cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de tutela y familia (el tribunal de distrito o, cuando corresponda, el tribunal especial de menores y familia) deben presentarse ante el tribunal que sea competente por razón del domicilio o residencia de la persona protegida [artículo 94 del Código de enjuiciamiento civil (Codul de Procedură Civilă)].

Las demandas de declaración de paternidad deben presentarse ante el tribunal del domicilio del demandante, y las que soliciten el cumplimiento de la obligación de manutención (incluidas las ayudas públicas en favor de los menores), ante el tribunal del domicilio del demandante/acreedor.

Deben acompañarse a la demanda el certificado de nacimiento del hijo menor, una copia del documento de identidad, una copia de la sentencia de divorcio, el acuerdo de mediación (si procede) y cualesquiera otros documentos considerados útiles para la resolución del caso. Las demandas están exentas del pago de derechos de timbre.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

En los procedimientos de divorcio (que tienen un carácter especial y unos plazos de resolución más reducidos), el tribunal puede adoptar en todo momento medidas provisionales, mediante resolución de su presidente, sobre la determinación del lugar donde va a vivir el hijo menor de edad, la obligación de manutención, el cobro de ayudas públicas y el uso de la vivienda familiar (artículo 919 del Código de enjuiciamiento civil).

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Puede solicitarse asistencia jurídica gratuita de conformidad con la Ordenanza de urgencia n.º 51/2008 (Ordonanța de Urgență nr. 51/2008), que regula la asistencia jurídica pública en los procedimientos civiles, aprobada con modificaciones por la Ley n.º 193/2008 (Legea nr. 193/2008) y posteriormente modificada.

La asistencia jurídica gratuita puede revestir, de forma aislada o acumulada, la forma de asistencia de un abogado, pago de los gastos de expertos, traductores o intérpretes, pago de los honorarios de los agentes judiciales, o concesión de exenciones, reducciones, restructuraciones o aplazamientos del pago de las tasas judiciales.

Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos netos mensuales por miembro de la unidad familiar hayan sido inferiores a 300 RON en los dos meses anteriores a la petición. Si los ingresos son inferiores a 600 RON, se cubrirá el 50 % de la asistencia jurídica. En todo caso, las condiciones establecidas no impiden que los solicitantes cuyos recursos superen esas cifras se beneficien de asistencia jurídica si demuestran que no pueden hacer frente a los costes judiciales debido a la diferencia entre el nivel de vida del Estado de domicilio o residencia habitual y el Estado del fuero.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Las sentencias dictadas en asuntos referidos al ejercicio de la autoridad parental (con carácter principal o en el marco de un procedimiento de divorcio) son recurribles en apelación dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se hayan dictado, o en casación cuando se trate de sentencias confirmatorias del acuerdo de las partes.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Si el deudor no cumple voluntariamente su obligación, el acreedor debe ponerlo en conocimiento del agente judicial. El agente judicial se dirigirá entonces al tribunal de ejecución para que autorice la ejecución. Este resolverá a puerta cerrada y sin la comparecencia de las partes.

Si acepta la solicitud de ejecución, el agente judicial dictará una providencia emplazando al progenitor o a la persona con la que se encuentra el menor para que comparezca con este a fin de que sea recogido por el acreedor, u ordenándole que permita al demandante ejercer su derecho a mantener una relación personal con el menor.

Si el deudor incumple su obligación, el agente judicial procederá a la ejecución forzada en presencia de un representante de la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Menor y, en caso necesario, de un psicólogo y de agentes de la policía. Nadie está facultado para intimidar al menor ni para presionarle a fin de que se haga efectiva la ejecución.

Si el deudor incumple su obligación, la sanción impuesta por el tribunal se mantendrá hasta la ejecución y el agente judicial lo pondrá en conocimiento del fiscal.

Si es el menor el que se niega, el agente judicial remitirá el informe oficial al representante de la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Menor y el tribunal competente ordenará al menor que se someta a un programa de asesoramiento, que culminará con el informe de un psicólogo. Si después de esto sigue negándose el menor a la ejecución forzosa, el acreedor podrá solicitar al tribunal que le imponga una pena.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

El reconocimiento de las resoluciones sobre la autoridad parental se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2201/2003. La demanda correspondiente debe presentarse ante el tribunal del domicilio del demandado o de su residencia en Rumanía. Contra la resolución de reconocimiento cabe recurso ante el tribunal de apelación (Curtea de Apel) competente por razón del territorio, o recurso ante el Tribunal Superior de Casación y Justicia (Înalta Curte de Casație și Justiție).

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Para oponerse al reconocimiento de una resolución sobre la autoridad parental, el interesado puede dirigirse al tribunal del domicilio del demandado o de su residencia en Rumanía.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Según el artículo 2611 del Código civil, la ley aplicable a los asuntos de autoridad parental y protección de los hijos se determina de conformidad con el Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, adoptado el 19 de octubre de 1996 y ratificado por la Ley n.º 361/2007.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 27/10/2016

Responsabilidad parental - Eslovaquia

Nota: la versión original de esta página eslovaco se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

De acuerdo con la Ley de familia (Ley n.º 36/2005 sobre la familia y por la que se modifican ciertas leyes) y la jurisprudencia eslovacas, la responsabilidad parental (entendiendo como tal los derechos y obligaciones de los padres frente los hijos) incluye, en particular, el cuidado de los hijos, la obligación de alimentos y la representación y administración de sus bienes.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Ambos padres comparten los derechos y obligaciones parentales, independientemente de que el hijo haya nacido dentro o fuera del matrimonio y de que ellos convivan o no (casados, separados o divorciados).

En casos graves puede privarse a un progenitor de sus derechos y obligaciones parentales (o restringirlos) mediante resolución judicial, conforme a lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de familia.

Pueden reconocerse por resolución judicial los derechos y obligaciones parentales de un progenitor menor de edad pero mayor de 16 años respecto a la custodia de un hijo suyo menor, con arreglo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Sí. Si los dos progenitores de un hijo menor carecen de capacidad de obrar, han sido privados de sus derechos y obligaciones parentales o han fallecido, el tribunal debe designar un tutor encargado personalmente de la crianza del menor y de su representación y la administración de sus bienes

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

El tribunal debe decidir sobre la asignación y el ejercicio de los derechos y obligaciones parentales (aunque ambos padres continúen ejerciéndolos conjuntamente) o aprobar el convenio acordado entre ellos al efecto.

Conforme al artículo 36.1 de la Ley de familia, «[l]os padres de un menor que vivan separados pueden acordar un régimen específico de ejercicio de sus derechos y obligaciones parentales en cualquier momento.». Si no alcanzan un acuerdo, el tribunal puede determinar cómo se ejercerán los derechos y obligaciones parentales, sin necesidad de solicitud previa; en particular, deberá decidir a cuál de los padres se adjudica la custodia (osobná starostlivosť ) del hijo menor. Se aplicará mutatis mutandis lo establecido en los artículos 24, 25 y 26.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

El acuerdo entre los padres sobre sus derechos y obligaciones parentales debe ser aprobado por el juez.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La Ley 420/2004, de mediación, permite la resolución extrajudicial de los conflictos y es también de aplicación a los casos de Derecho de familia. La mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes se sirven de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto derivado de una relación contractual o de otra clase. Los acuerdos alcanzados en mediación deben formalizarse por escrito y son vinculantes para las partes.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El tribunal puede, en principio, decidir cualquier cosa, excepto asignar la custodia exclusiva a uno de los padres. Solo puede darse esa situación en caso de que se prive al otro progenitor de sus derechos y obligaciones parentales. En la práctica, el tribunal decidirá a cuál de los padres encomienda la custodia del hijo, quien le representará y quién administrará sus bienes. El tribunal decidirá también cómo contribuirá el progenitor al que no se haya adjudicado la custodia a la manutención del menor o aprobará el acuerdo de los padres sobre el pago de alimentos.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El término «responsabilidad parental» no se recoge como tal en el Derecho de familia de Eslovaquia. En ese Derecho se reconocen los «derechos y obligaciones parentales», que son siempre compartidos por los dos progenitores (con lo que no puede haber nunca «custodia exclusiva», a menos que el otro progenitor haya fallecido, no tenga capacidad de obrar o haya sido privado de sus derechos y obligaciones parentales). Por tanto, debe diferenciarse de estos casos la asignación de la «custodia» del menor a una persona. Si se confía la custodia del menor a uno de los progenitores, este podrá decidir sobre todas las cuestiones rutinarias de la vida cotidiana del menor sin el consentimiento del otro progenitor, pero se requerirá tal consentimiento para toda las cuestiones importantes relativas al ejercicio de los derechos y obligaciones parentales (administración de los bienes del menor, traslado del menor al extranjero, nacionalidad, consentimiento para la asistencia sanitaria, preparación para un trabajo futuro). Si los padres no logran llegar a un acuerdo, el tribunal resolverá a solicitud de cualquiera de ellos.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

El tribunal puede establecer una custodia alterna (custodia conjunta) de los dos progenitores si los dos son idóneos para criar al menor y están interesados en su custodia y el acuerdo responde al interés superior del menor para atender mejor sus necesidades. Si al menos uno de los padres está de acuerdo con la custodia compartida, el tribunal deberá analizar si ello responde al interés superior del menor.

Véanse todas las respuestas anteriores, en particular la de la cuestión 8.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El tribunal competente para la interposición de demandas relativas a los derechos y obligaciones parentales es el tribunal de distrito en cuyo territorio resida el menor. No hay que cumplir ninguna formalidad ni adjuntar documentos, pues es un procedimiento que el tribunal puede iniciar de oficio. La presentación de documentos depende del contenido de la demanda. Normalmente se precisa el certificado de nacimiento del menor.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Se aplica un procedimiento simplificado y menos formalista. Existe también la posibilidad de obtener una resolución provisional tras un procedimiento urgente.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Todos los procedimientos para la determinación de los derechos y obligaciones parentales están exentos del pago de tasas judiciales. El sistema de asistencia jurídica de Eslovaquia se limita actualmente a la exención del pago de las tasas judiciales y a la asignación de un representante gratuito. Muy pocas personas optan por ser representadas por un abogado, dado el carácter no contencioso del procedimiento relativo a los derechos y obligaciones parentales. No obstante, si una persona cumple los requisitos legales para estar personalmente exenta del pago de las tasas judiciales, el tribunal puede, a su discreción, proporcionarle un representante gratuito, incluido un abogado, si considera necesaria esa representación para la protección de sus intereses.

El tribunal remite al Centro de Asistencia Jurídica a quienes solicitan un abogado y reúnen los requisitos para la exención del pago de las tasas judiciales. El tribunal informa a las partes sobre esta posibilidad. El tribunal puede conceder una exención total o parcial del pago de las tasas judiciales si lo justifican las circunstancias y no constituye un ejercicio arbitrario o manifiestamente improcedente o una obstrucción de la justicia. A menos que el tribunal decida otra cosa, la exención se aplica a todo el procedimiento con efecto retroactivo. No obstante, las tasas pagadas antes de la adopción de una resolución sobre la exención no se reembolsan.

El Centro de Asistencia Jurídica presta asistencia jurídica y de garantía a las personas físicas que no puedan recurrir a servicios jurídicos para el ejercicio y protección de sus derechos debido a su situación económica. La magnitud de la ayuda se regula en la Ley 327/2005 sobre la asistencia jurídica a las personas en situación económica adversa.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, es posible recurrir una resolución sobre los derechos y obligaciones parentales.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Debe presentarse una solicitud de ejecución de la resolución ante el tribunal general de menores. El procedimiento de ejecución de las resoluciones se rige por la Ley 99/1963 de enjuiciamiento civil.

Se aplica el procedimiento ordinario de ejecución (ejecución judicial), salvo en lo que respecta a las resoluciones sobre la custodia (si hay que devolver a un hijo al progenitor que en virtud de la resolución en cuestión tiene su custodia). En estos casos, el procedimiento es más estricto (multas y posible intervención de la policía y otras autoridades de ejecución).

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones judiciales sobre los derechos y obligaciones parentales dictadas por un juez de otro Estado miembro se reconocen y ejecutan en la República Eslovaca sin necesidad de procedimiento especial, con arreglo a lo establecido en el Reglamento del Consejo nº 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (artículo 21, apartado 1), es decir, sin necesidad de que se declare la ejecutoriedad de la resolución.

No obstante, cualquier interesado puede solicitar que se declare ejecutoria una resolución sobre derechos y obligaciones parentales dictada en otro Estado miembro, en cuyo caso se aplica el procedimiento establecido en el capítulo III, sección 2, del Reglamento.

La solicitud debe presentarse ante el tribunal de distrito de residencia del menor o, si este no es residente, ante el tribunal en cuyo distrito resida en ese momento o, en su defecto, ante el Tribunal de Distrito I de Bratislava.

La solicitud de reconocimiento o de declaración de ejecución de una resolución debe ir acompañada de una copia de esta que valga como prueba de la autenticidad y de un documento que certifique la resolución expedido a instancia del interesado por el tribunal de origen.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Los recursos deben presentarse siempre ante el tribunal de distrito que dictó la resolución original, pero son resueltos por el tribunal regional. Los recursos contra el reconocimiento de las resoluciones sobre derechos y obligaciones parentales se tramitan y resuelven con arreglo a la Ley de enjuiciamiento civil.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Los tribunales eslovacos solo son competentes, en los procedimientos sobre derechos y obligaciones parentales, si el menor tiene residencia habitual en la República Eslovaca. Si el menor no vive en la República Eslovaca pero tiene en ella su residencia habitual o sus padres no viven en la misma o son nacionales de distintos países, se aplica la ley eslovaca, con arreglo al Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (ref. n.º 344/2002) (capítulo III del Convenio).

La Ley 97/1963 sobre el derecho internacional privado y procesal establece que las relaciones entre los padres y los hijos, incluido lo relativo al inicio y la extinción de los derechos y obligaciones parentales, se rigen por la ley del país de residencia habitual del menor. En casos excepcionales, el tribunal puede tener en cuenta la ley de otro país en el que exista un vínculo importante con la cuestión y si ello es necesario para proteger al menor o sus bienes. Los derechos y obligaciones parentales originados en el país de residencia habitual del menor son válidos aunque cambie esa residencia habitual. Si alguno de los padres no posee alguno de los derechos y obligaciones parentales reconocidos en la ley eslovaca, estos derechos y obligaciones parentales se iniciarán cuando el menor pase a ser residente habitual en Eslovaquia. El ejercicio de los derechos y obligaciones parentales se rige por la ley del país de residencia habitual del menor.

Lo dispuesto en la Ley sobre derecho internacional privado y procesal solo se aplica en ausencia de un acuerdo internacional o si este no contiene criterios de conflicto de leyes para determinar la ley aplicable.

Al margen del Convenio de la Haya de 1996, la República Eslovaca ha firmado varios convenios bilaterales que regulan la ley aplicable y que prevalecen sobre lo dispuesto en la Ley sobre derecho internacional privado y procesal en los procedimientos relativos a los derechos y obligaciones parentales. Esos convenios son los siguientes:

Bulgaria: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Bulgaria sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Sofía, 25 de noviembre de 1976, Decreto n.º 3/1978)

Croacia y Eslovenia: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Socialista Federal de Yugoslavia sobre la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Belgrado, 20 de enero de 1964, Decreto n.º 207/1964)

Hungría: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Hungría sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Bratislava, 28 de marzo de 1989, ref. n.º 63/1990)

Polonia: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Polonia sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Varsovia, 21 de diciembre de 1987, Decreto n.º 42/1989)

Rumanía: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Rumanía sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Praga, 25 de octubre de 1958, Decreto n.º 31/1959)


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 14/01/2019

Responsabilidad parental - Suecia

ÍNDICE


1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La «responsabilidad parental» comprende, entre otros, los derechos y las obligaciones asociados con el cuidado del menor y de sus bienes e incluye cuestiones como la guarda y custodia, la vivienda, el régimen de visitas y la tutela del menor.

La guarda y custodia es la responsabilidad jurídica que se tiene respecto del menor. La persona que tiene la guarda y custodia del menor tiene el derecho y la obligación de tomar decisiones sobre cuestiones personales inherentes al menor, como el lugar en el que vive y el establecimiento educativo al que ha de asistir. Dicha persona es responsable de garantizar que se satisfagan las necesidades del menor relacionadas con su cuidado, su seguridad y una buena educación. También debe garantizar que el menor reciba un grado de supervisión acorde con su edad, su nivel de desarrollo y otras circunstancias, así como el apoyo y la educación adecuados. A medida que el niño crezca, la persona que tiene su guarda y custodia deberá tener cada vez más en cuenta su opinión y sus deseos.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Por lo general, los progenitores, o uno de ellos, tienen la guarda y custodia del hijo. Si, cuando el hijo nace, los progenitores están casados, la guarda y custodia compartida corresponde a ambos de forma automática. Si los progenitores contraen matrimonio después del nacimiento del hijo, la guarda y custodia compartida corresponde a ambos a través del matrimonio. Si, cuando nace el hijo, los progenitores no están casados, la guarda y custodia corresponde a la madre. Sin embargo, los progenitores pueden obtener la guarda y custodia compartida fácilmente al registrar al hijo. El padre también puede acudir a la justicia para obtener la guarda y custodia compartida o exclusiva del menor.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En determinados casos, la guarda y custodia del menor puede transferirse de uno o ambos progenitores a un tutor designado especialmente. Esto puede ocurrir cuando el progenitor comete abusos, desatiende o incumple de otra forma su obligación de cuidar al menor, de manera que la salud o el desarrollo de este último corran un riesgo permanente. También puede ocurrir cuando se les impide a uno o ambos progenitores ejercer la guarda y custodia de su hijo.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los progenitores se divorcian, ambos conservarán la guarda y custodia compartida, sin que el órgano jurisdiccional tenga que adoptar ninguna resolución al respecto en relación con el divorcio. Si uno de los progenitores desea modificar el régimen de guarda y custodia, debe solicitar que se ponga fin a la guarda y custodia compartida.

En ese caso, la cuestión de la guarda y custodia debe resolverse ante la justicia. Si los progenitores están de acuerdo sobre el cambio que desean realizar, pueden ponerse de acuerdo sin necesidad de acudir a la justicia. Para que sea válido, dicho convenio debe ser ratificado por el comité de servicios sociales (socialnämd). Lo mismo ocurre con las decisiones sobre con cuál de los progenitores debe vivir el menor o las cuestiones relacionadas con el régimen de visitas del otro progenitor.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

El convenio debe consignarse por escrito y estar firmado por ambos progenitores. Además, debe ser ratificado por el comité de servicios sociales del municipio de residencia registrado del menor.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

El municipio tiene la obligación de proporcionar a los progenitores, a través del comité de servicios sociales, los servicios de mediación profesional para la celebración de convenios relacionados con la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de sus hijos. La mediación es voluntaria. Por tanto, para que sea posible, ambos progenitores deben solicitar la mediación. Si los progenitores se ponen de acuerdo sobre las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de sus hijos, deben firmar un convenio que, tras ser ratificado por el comité de servicios sociales, tendrá los mismos efectos que una resolución judicial.

Si los progenitores recurren a la justicia, el órgano jurisdiccional puede remitirlos al comité de servicios sociales para que se sometan a una mediación, si esta no ha tenido lugar y el órgano jurisdiccional considera que se reúnen las condiciones necesarias para llegar a una solución de mutuo acuerdo. Si los progenitores se sometieron a una mediación, pero no llegaron a un acuerdo, el órgano jurisdiccional puede designar a un mediador que intervenga entre los progenitores. El órgano jurisdiccional tiene la obligación general de hacer todo lo que esté a su alcance para que los progenitores lleguen a una solución de mutuo acuerdo sobre la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de los hijos.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El órgano jurisdiccional puede resolver sobre lo siguiente:

  • la guarda y custodia (exclusiva o compartida);
  • el lugar de residencia del menor (con cuál de los progenitores debe vivir el menor o si debe vivir con ambos de forma alternada), y
  • el régimen de visitas (el derecho del menor de mantener el contacto con el progenitor con el cual no vive).

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El progenitor que tiene la guarda y custodia exclusiva de su hijo tiene derecho a tomar decisiones sobre cuestiones personales inherentes al menor sin consultar al otro progenitor ni pedirle su aprobación en relación con estas cuestiones. Sin embargo, el menor tiene derecho a mantener el contacto con el otro progenitor, y el progenitor que tiene su guarda y custodia exclusiva tiene la obligación de respetar ese derecho. El progenitor que tiene la guarda y custodia del menor también tiene la obligación de darle al otro progenitor información para facilitarle el contacto con su hijo.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si los progenitores tienen la guarda y custodia compartida, ambos deben decidir sobre las cuestiones personales inherentes a su hijo. En principio, los progenitores deben ponerse de acuerdo sobre todas las cuestiones relacionadas con el menor. Sin embargo, los desacuerdos sobre cuestiones relacionadas con el régimen de visitas y el lugar de residencia del menor pueden resolverse ante la justicia (véase más arriba).

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Para cuestiones como la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de su hijo, los progenitores pueden acudir al tribunal de primera instancia (tingsrätt) del lugar de residencia del menor. Si no hubiese un tribunal de primera instancia competente, será competente el Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo (Stockholms tingsrätt). Las cuestiones relativas a la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de los hijos también pueden resolverse en el procedimiento de divorcio.

La solicitud de citación debe estar por escrito y debe ser firmada por el solicitante o su representante. Debe contener los datos de las partes, la reclamación específica que se presenta (es decir, la cuestión sobre la que se solicita al órgano jurisdiccional que decida), los fundamentos de la reclamación, pruebas, los hechos que se pretenden demostrar con cada prueba e información sobre las circunstancias en las que se basa la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del asunto. También deben adjuntarse pruebas escritas a la solicitud.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia, el lugar de residencia o el régimen de visitas de un menor son accesorias.

En general, las cuestiones relativas a la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de un menor se tramitan rápidamente. El órgano jurisdiccional puede dictar medidas cautelares sobre estas cuestiones. Una medida cautelar puede determinar, por ejemplo, el lugar en el que ha de vivir el menor mientras dure el litigio y será válida hasta que se haya dictado sentencia firme en el asunto.

Aunque no existe un procedimiento formal especial para acelerar la tramitación de las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de un menor, se analiza cada caso concreto para determinar el grado de urgencia.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

En los asuntos relacionados con la guarda y custodia, el lugar de residencia y el régimen de visitas de un menor, la norma general es que cada parte paga sus propias costas procesales.

Sin embargo, puede obtenerse asistencia jurídica gratuita si se cumplen las condiciones pertinentes.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Las resoluciones y las sentencias de los tribunales de primera instancia relativas a la guarda y custodia, el lugar de residencia o el régimen de visitas de un menor pueden recurrirse ante los tribunales de apelación (hovrätt). Sin embargo, para que el tribunal de apelación pueda examinar el recurso, antes debe concederse una autorización para recurrir.

Las resoluciones de los tribunales de apelación pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo (Högsta domstolen). Para que el Tribunal Supremo examine el recurso, debe obtenerse una autorización para recurrir.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Es posible ejecutar las resoluciones, sentencias y convenios sobre la guarda y custodia, el lugar de residencia o el régimen de visitas de un menor. La ejecución ha de solicitarse ante el tribunal de primera instancia del domicilio del menor. Si no hubiese un tribunal de primera instancia competente, será competente para decidir sobre la ejecución el Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo.

Los tribunales de primera instancia pueden aplicar varias medidas. En primer lugar, intentarán obtener la restitución voluntaria del menor. Si ello no fuese posible, pueden imponer una multa condicional u ordenar la restitución forzosa del menor. La imposición de una multa condicional significa que se le advierte a la persona que tiene al menor bajo su cuidado que deberá pagar una cantidad de dinero considerable si no restituye al menor. La restitución forzosa del menor es una medida poco frecuente y solo se dicta cuando no es posible resolver la situación de otro modo, a fin de evitar que el menor sufra daños graves. Supone que la policía recupere al menor y se lo entregue al titular de la guarda y custodia.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

En algunos casos, es de aplicación el Reglamento Bruselas II. En Suecia, las solicitudes de declaración de ejecutabilidad se presentan ante el Tribunal de Apelación de Svea (Svea hovrätt).

En cambio, los países firmantes del Convenio Europeo de 1980 y el Convenio de La Haya de 1996 se rigen por estos convenios. Con arreglo al Convenio Europeo de 1980, las solicitudes de declaración de ejecutabilidad se presentan ante el tribunal de primera instancia del domicilio del menor. Con arreglo al Convenio de La Haya de 1996, las solicitudes de declaración de ejecutabilidad se presentan ante el Tribunal de Apelación de Svea.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Esta cuestión se rige por las disposiciones del Reglamento Bruselas II.

También puede presentarse una declaración de oposición al reconocimiento o la ejecución de una resolución cuando se plantee la cuestión.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

En principio, es de aplicación la legislación del país donde el menor tiene su domicilio.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 19/07/2019