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El principio de reconocimiento mutuo también se extiende a la ejecución de sanciones pecuniarias en asuntos transfronterizos al facilitar la ejecución de dichas sanciones en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hayan dictado.


La legislación de la UE, a saber, la El enlace abre una nueva ventanaDecisión Marco 2005/214/JHA, aplica el principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, que permite a una autoridad judicial o administrativa la transmisión de una sanción pecuniaria directamente a una autoridad de otro país de la UE y que dicha sanción se reconocerá y ejecutará sin más formalidades.

El principio se aplica a todas las infracciones en relación con las cuales pueden imponerse sanciones pecuniarias y se suprimen los controles de doble tipificación en relación con 39 delitos enumerados (por ejemplo, participación en una organización delictiva, terrorismo, tráfico de seres humanos, violación, robo, infracciones de tráfico). Las sanciones deberán ser impuestas por las autoridades judiciales o administrativas de los Estados miembros y tales resoluciones serán firmes, es decir, no cabrá recurso alguno contra las mismas.

Podrá transmitirse una resolución, junto con un certificadoPDF (107 Kb) conforme aes lo dispuesto en la Decisión Marco, a las autoridades competentes de un Estado miembro en el que la persona física o jurídica contra la que se haya dictado la resolución posea propiedades, obtenga ingresos, tenga la residencia habitual o esté ubicada su sede. Cada Estado miembro designa una (o más) autoridad competente, con arreglo a su legislación nacional, para la gestión de la transmisión de decisiones sobre la imposición de sanciones pecuniarias en casos transfronterizos.En 2017, a iniciativa de algunos Estados miembros, se El enlace abre una nueva ventanaelaboraron 5 formularios normalizados. Tienen un carácter no vinculante y tienen por objeto facilitar el mecanismo para la ejecución de sanciones pecuniarias transfronterizas según lo establecido en la Decisión marco y conducirían a una reducción de la carga financiera y administrativa asociada al procedimiento.

El Estado al que se haya transmitido la resolución puede negarse a ejecutar la decisión únicamente en supuestos tasados (p. ej., no se presenta el certificado o está incompleto; la sanción pecuniaria es inferior a 70 EUR; la persona interesada estaba dotada de límites a la tutela judicial, etc.). La ejecución de la resolución se rige por el ordenamiento jurídico del Estado de ejecución. Cabe imponer pena de prisión u otra pena prevista por la legislación nacional en caso de no percepción de la sanción pecuniaria. Las cantidades percibidas en concepto de ejecución de resoluciones revertirán al Estado de ejecución a menos que se acuerde otra cosa entre los respectivos Estados miembros.

Para obtener información más detallada sobre la aplicación por los distintos Estados miembros, pulse El enlace abre una nueva ventana aquí (le llevará a la página correspondiente de la Red Judicial Europea en materia penal).


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Posledná aktualizácia: 07/10/2019