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Procedimientos de ejecución de una sentencia - Francia

Nota: la versión original de esta página francés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas: inglés.

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

La ejecución (sobreentendiéndose como la ejecución forzosa, ya que la ejecución voluntaria, por parte del deudor, de sus obligaciones, no está sujeta a ningún procedimiento) comprende todos los procedimientos que permiten el cumplimiento de las obligaciones «ejecutorias» en contra de la voluntad del deudor. En derecho francés existen tres categorías de obligaciones civiles: pagar, hacer o no hacer y, finalmente, entregar o restituir.

El derecho de la ejecución se refiere a los bienes del deudor; no existe ejecución sobre la persona. No obstante, negarse a cumplir ciertas obligaciones (obligaciones alimentarias) se considera una infracción penal que expone al deudor a actuaciones judiciales y a la condena a penas de prisión. Lo mismo se aplica a la organización fraudulenta de la insolvencia por parte del deudor.

El derecho de las medidas de ejecución se organiza en torno a la trilogía anterior: pagar, hacer, entregar.

Las obligaciones de pago (pagar) se ejecutan por medio de embargos. Si el embargo se refiere a una cantidad pecuniaria, la suma embargada se atribuirá al acreedor (por ejemplo, el embargo-consignación en una cuenta bancaria). Si el embargo afecta a un bien en posesión del deudor, dicho embargo llevará a la venta forzada del bien y el precio de venta se adjudicará al acreedor, dentro de los límites de la deuda.

Las obligaciones de entrega (entregar) o de restitución difieren según la naturaleza del bien: si se trata de un bien mueble, este será incautado mediante embargo para ser devuelto a su legítimo propietario; si se trata de un bien inmueble, la restitución del disfrute del bien a su propietario se consigue mediante el lanzamiento del ocupante.

La ejecución de las obligaciones de acción o de inacción (hacer o no hacer) se induce por medio de una multa coercitiva, que es una cantidad pecuniaria que el deudor deberá pagar, además de la obligación que deba cumplir. Esta cantidad, establecida por el juez, se calculará en proporción al tiempo de no ejecución (en las obligaciones de acción) o en función del número de infracciones de la obligación de inacción. Siempre que las obligaciones de pago, entrega o restitución se interpreten también como obligaciones de acción podrá ordenarse la multa coercitiva incluso aunque se hayan adoptado medidas de ejecución forzosa por otra parte.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

Los agentes judiciales tienen, en principio, el monopolio para proceder a la ejecución forzosa. No obstante, existen dos procedimientos de ejecución que necesitan siempre de una autorización judicial previa:

  • el embargo de las remuneraciones, autorizado por el juzgado de lo civil del domicilio del deudor o del tercero embargado (si el deudor viviera en el extranjero o no tuviera domicilio conocido),
  • el embargo inmobiliario, que se lleva a cabo ante el juez encargado de la ejecución del lugar donde se encuentre el inmueble.

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

Pueden ser objeto de medidas de ejecución forzosa todos los títulos ejecutivos, es decir, aquellos susceptibles de ejecución forzosa, tal y como se define en el artículo L. 111-3 del Código francés de procedimientos civiles de ejecución:

  • las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de los órdenes civil y penal y del orden contencioso-administrativo , cuando tengan fuerza ejecutoria, así como los acuerdos a los que estos órganos hayan conferido fuerza ejecutiva;
  • los actos y las sentencias extranjeras, así como los laudos arbitrales declarados ejecutorios por decisión no susceptible de recurso con efecto suspensivo de la ejecución;
  • los extractos de actas de conciliación firmadas por el juez y las partes;
  • las actas notariales en las que conste la orden de ejecución;
  • el título expedido por un agente judicial en caso de impago de un cheque;
  • los títulos expedidos por personas jurídicas de derecho público calificadas como tal por la ley, o las decisiones a las que la ley confiere efectos de resolución.

Las resoluciones judiciales que no son susceptibles de recurso con efecto suspensivo de la ejecución son ejecutorias sin que sea precisa otra resolución. Estas resoluciones, así como las actas notariales, constan de una orden de ejecución, que da fe de su carácter ejecutorio (según el caso, por parte del Letrado de la Administración de justicia o por parte del Notario). No existen procesos intermedios que permitan proceder a la ejecución.

Si no existiera resolución judicial, los acreedores podrán obtener una autorización para proceder al embargo preventivo o a la constitución de fianzas judiciales. Las medidas adoptadas en estas condiciones caducan rápidamente si no se han denunciado a la otra parte (en un plazo de ocho días) y si el acreedor no ha iniciado una acción sobre el fondo para conseguir una resolución judicial que confirme su deuda.

Las medidas de ejecución forzosa sobre bienes muebles y cantidades pecuniarias, así como el lanzamiento, debe iniciarlos un agente judicial, que es un funcionario público y ministerial, es decir, un agente de ejecución designado por el Ministro de Justicia. El agente judicial ejerce sus funciones en las condiciones del derecho privado, pero goza, para la ejecución, de prerrogativas de poder públicas en el marco de una regulación precisa y una deontología estrictamente controlada.

El embargo de inmuebles se realiza mediante procedimiento especial llevado a cabo ante el juez encargado de la ejecución, del Tribunal de Primera Instancia, en el que el acreedor debe estar representado por un abogado.

Las costas de las medidas de ejecución corren, en principio, por cuenta del deudor, que deberá pagarlas además de su deuda.

Estos gastos de ejecución son objeto de una tarifa fija de remuneración de los agentes judiciales por cada acto de ejecución. El decreto nº 96-1080, de 12 de diciembre de 1996, fija la tarifa para la remuneración de los agentes judiciales; incluye una cantidad fija expresada (por acumulación o alternativamente, en función del caso) en derechos fijos o proporcionales y en caso de que fuera necesario, concede el derecho a incoar acciones legales.

Los derechos fijos corren a cargo del deudor. Los derechos proporcionales, calculados mediante un baremo decreciente aplicado a los importes recuperados, son soportados tanto por el acreedor como por el deudor.

A modo de ejemplo, por una deuda cobrada de 10 000 euros, la tarifa de algunas medidas de ejecución sería la siguiente:

  • embargo-consignación de una cuenta bancaria: derechos fijos (impuestos incluidos): 187,53 EUR;
  • embargo de bienes muebles: derechos fijos (impuestos incluidos): 66,98 EUR;
  • embargo de un vehículo por declaración a la Prefectura: derechos fijos (impuestos incluidos): 133,95 EUR;
  • apremio con fines de embargo de bien inmueble: derechos fijos (impuestos incluidos): 80,37 EUR.

A estos derechos fijos habría que añadirles los derechos proporcionales que ascenderían, para la totalidad de la deuda, a un importe de 723,44 EUR (impuestos incluidos), de los que 121,35 EUR serían por cuenta del deudor y 602,09 EUR por cuenta del acreedor.

3.2 Condiciones principales

No existen autorizaciones judiciales para proceder a las medidas de ejecución basadas en los títulos ejecutivos.

Para autorizar medidas de embargo preventivo a favor de un acreedor que aún no disponga de un título ejecutivo, los criterios serán los siguientes: que la deuda parezca fundada en su principio y que su cobro parezca amenazado. El juez competente para autorizar el embargo preventivo es el juez responsable de la ejecución (un juez del tribunal de primera instancia) o el presidente del tribunal mercantil, dentro de los límites de la competencia de su jurisdicción.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

El conjunto del patrimonio del deudor constituye la garantía para el acreedor, de forma que, en principio, todos los bienes que le pertenecen pueden ser embargados. No obstante, existen reglas especiales dependiendo de la naturaleza de estos bienes: créditos (alquileres, salarios, cantidades depositadas en una cuenta bancaria...), bienes muebles de cualquier tipo, inmuebles y derechos reales, valores mobiliarios y derechos de asociados, vehículos (terrestres, navíos, embarcaciones o aeronaves), derechos de autor, importes depositados en una caja fuerte...

La ley puede, no obstante, establecer que ciertos bienes sean inembargables. Esto se aplica, especialmente:

  • a las cantidades de carácter alimentario (específicamente, una parte del salario, fijada por un baremo decreciente en función del importe de los ingresos y de los gastos familiares, reevaluada con carácter anual),
  • a los bienes muebles necesarios para la vida y el trabajo del deudor, que no pueden embargarse, salvo mediante pago de su precio o cuando estos sean de un valor importante,
  • a los bienes necesarios para personas enfermas o con discapacidads.

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Las medidas de ejecución sobre los bienes y los créditos se organizan en dos etapas. En un primer momento, el agente encargado de la ejecución procede al embargo de los bienes o de las cantidades pecuniarias. Este embargo hace que los bienes dejen de estar disponibles, pero el deudor continúa siendo su custodio y puede disfrutar de ellos. Si se apropiara indebidamente de dichos bienes sería culpable de un delito. En lo que se refiere a las cantidades pecuniarias, quedarán bloqueadas en la cuenta, pero se adjudicarán inmediatamente, aunque sea de manera virtual, al acreedor.

Se informa al deudor del embargo. Si el deudor no formula al juez encargado de la ejecución ninguna oposición al embargo, el agente ejecutor puede pasar a la segunda etapa del embargo, es decir, a decomisar los bienes para que sean subastados o solicitar a un tercero tenedor del bien embargado (generalmente el banquero) la entrega de los importes embargados.

En lo que respecta al banquero, denominado «tercero tenedor» , tendrá la obligación, en el momento del embargo, de informar al agente judicial del conjunto de cantidades que conserva en nombre del deudor. Si no cumpliera con esta obligación o si devolviera al deudor las cantidades embargadas en su posesión, la sanción judicial, a petición del acreedor, será su propia condena al pago de la deuda en lugar del deudor.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

La ejecución de los títulos ejecutivos prescribe al cabo de 10 años. Por tanto, las medidas de ejecución deberán llevarse a cabo en este plazo (L. 111-4 del Código francés de procedimientos civiles de ejecución).

Las autorizaciones del juez encargado de la ejecución para proceder a embargos preventivos caducarán si la medida preventiva no se realizara en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la orden.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Esta cuestión solo tiene sentido para las autorizaciones de embargos preventivos. De hecho, en el caso de los títulos ejecutivos, el ejercicio de la vía del recurso está vinculado a la impugnación judicial del propio crédito.

Una vez adoptada la medida preventiva, y denunciada al deudor, este último podrá formular al juez encargado de la ejecución que autorizó tal medida su oposición a las condiciones que han dado lugar a la autorización. Se podrá solicitar al juez este trámite mientras el embargo preventivo no se haya convertido en embargo ejecutivo, tras la confirmación judicial del crédito.

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

En lo que se refiere a los plazos, la ejecución de un título ejecutivo prescribe, en principio, al cabo de 10 años.

De hecho, los procedimientos de ejecución deberán limitarse a lo que sea necesario para el cobro de la deuda y no deberán cometerse abusos en la elección de estas medidas.

Si bien es cierto que el acreedor puede, en principio, apropiarse del conjunto de los bienes que pertenecen a su deudor, existen límites consistentes en la existencia de bienes considerados inembargables por ley. Entrarían en esta categoría las pensiones alimenticias, los bienes muebles necesarios para la vida cotidiana y el trabajo del deudor, los objetos imprescindibles para las personas con discapacidad y ciertos mínimos sociales y subsidios familiares que no podrán embargarse. Asimismo, en las cuentas corrientes, solo podrán embargarse las cantidades que superen el salario mínimo (la renta de solidaridad activa) para una persona sola. Para concluir, las remuneraciones serán únicamente embargables, en principio, dentro de los límites establecidos por un decreto que fije el importe embargable, en función de la remuneración y de las personas a cargo del deudor.

El empresario a título individual podrá beneficiarse, en ciertos casos, de una protección especial en todo o parte de su patrimonio.

Finalmente, las medidas de ejecución solo podrán tener lugar entre 6h de la mañana y 21h de la noche y no podrán realizarse ni los domingos ni los días festivos, salvo autorización previa del juez encargado de la ejecución. Cualquier embargo de un importe inferior a 535 EUR en un local destinado a la vivienda deberá, asimismo, estar autorizado previamente por el juez encargado de la la ejecución..

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Última actualización: 11/08/2017