Procedimientos de ejecución de una sentencia - Austria

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

La ejecución (también conocida como «cumplimiento» o «ejecución forzosa» en Austria) es cuando el poder del Estado se utiliza para hacer valer reclamaciones y demandas ejecutivas.

El Código de Ejecución prevé diversos tipos de ejecución:

  • La ejecución destinada al cobro de demandas pecuniarias.
  • La ejecución destinada a la obtención de una orden judicial de realizar o de abstenerse de realizar alguna acción.

La ejecución destinada al cobro de demandas pecuniarias:

En los procesos de ejecución destinados al cobro de demandas pecuniarias, el acreedor debe especificar en la solicitud de ejecución los activos que han de embargarse (selección de los medios de ejecución). Puede elegir, entre otras opciones, la ejecución de bienes muebles, la ejecución de activos exigibles, en concreto la ejecución mediante embargo del salario, y la venta forzosa de bienes inmuebles mediante subasta.

La ejecución destinada a la obtención de una orden judicial de realizar o de abstenerse de realizar alguna acción:

En los procesos de ejecución destinados a garantizar que se realicen o se dejen de realizar determinadas acciones, el acreedor debe solicitar los medios de ejecución previstos en el Código de Ejecución para el cumplimiento de la demanda.

La ejecución a los efectos de una medida cautelar está sujeta a la imposición de una multa a petición del órgano jurisdiccional que se encarga de la ejecución en caso de que esta se conceda. Si se produjere otra infracción, el órgano jurisdiccional de ejecución debe, si así se solicita, imponer otra multa o una pena privativa de libertad por un período total de hasta un año.

En cuanto a la ejecución de una acción que pueda llevar a cabo un tercero, el acreedor ejecutante está autorizado, a instancias del órgano jurisdiccional, a hacer que la acción se lleve a cabo a expensas de la parte obligada.

La reclamación de una acción que no pueda llevar a cabo un tercero y cuya ejecución depende exclusivamente al mismo tiempo de la voluntad de la parte obligada se ejecuta mediante la imposición, a petición del órgano jurisdiccional, de una multa o una pena privativa de libertad de hasta seis meses a la parte obligada a ejecutar la acción.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

En principio, el juzgado de primera instancia (Bezirksgericht) es competente para despachar la ejecución.

Órgano jurisdiccional competente:

Ejecución sobre bienes muebles y ejecución sobre activos exigibles:

El responsable de las ejecuciones sobre activos exigibles es el órgano jurisdiccional en la jurisdicción general (residencia) del deudor; en el caso de la ejecución sobre bienes muebles, depende de dónde se encuentren los bienes muebles en cuestión al comienzo de la ejecución.

Venta forzosa de bienes inmuebles por subasta:

Por lo que se refiere a la ejecución sobre bienes inmuebles (inscritos en el Catastro), la competencia recae sobre el órgano jurisdiccional catastral (Grundbuchsgericht).

Una vez despachada la ejecución, el procedimiento debe iniciarse de oficio. Pueden dirigir el proceso de ejecución tanto el juez (venta forzosa de bienes inmuebles) como el funcionario judicial (ejecución sobre bienes muebles o sobre activos exigibles). Los funcionarios judiciales son miembros del personal de la administración de justicia que cuentan con una formación especial.

La fijación de las medidas de ejecución corresponde a los agentes judiciales, que son miembros del cuerpo judicial austriaco que no ejercen ni como trabajadores autónomos ni como representantes o agentes indirectos del acreedor ejecutante. Actúan mayormente solos hasta que la culminación o el fracaso del procedimiento de ejecución es definitivo.

Se debe instar al acreedor a presentar solicitudes únicamente si el órgano jurisdiccional o el agente judicial no pueden proseguir el procedimiento sin ellas o si el procedimiento ocasiona gastos. Sin embargo, lo que puede hacer el acreedor es aportar información adicional en la solicitud: por ejemplo, en el caso de ejecución mediante embargo del salario, puede renunciar a la declaración del empleador sobre si el salario existe y a qué importe asciende; en caso de ejecución sobre bienes muebles, puede renunciar a la apertura obligatoria de la vivienda con gastos de cerrajería si no se encuentra al deudor.

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

La ejecución destinada al cobro de demandas pecuniarias:

El proceso de ejecución consta de dos partes: el proceso de despacho de la ejecución y el de la ejecución propiamente dicha.

La ejecución se despacha previa solicitud del acreedor, que indica en ella los métodos que desea que se utilicen para la ejecución. Si el acreedor desea cobrar el crédito de un empresario, por lo general opta por la ejecución sobre bienes muebles y la presentación de una lista de activos. Con arreglo a este procedimiento, el agente judicial trata de obtener el pago del crédito y, si no lo logra, pignora los objetos encontrados. Si estos no son suficientes para cubrir el crédito a cobrar, el agente deberá pedir al deudor que presente una lista en la que debe enumerar todos y cada uno de sus activos.

Si el acreedor desea cobrar el crédito de un consumidor, por lo general opta por la ejecución sobre bienes muebles, la ejecución mediante embargo del salario y la presentación de una lista de activos. El acreedor puede escoger la ejecución mediante embargo del salario independientemente de si está al corriente de dónde trabaja el deudor o de quién le paga el salario. Si lo desconoce, necesitará saber la fecha de nacimiento de la parte deudora para que posteriormente el órgano jurisdiccional pueda identificar la oficina de pagos a través de la Federación austriaca de entidades de la seguridad social. En primer lugar, debe procederse al embargo y la transferencia del salario del deudor. Si esto prospera, la ejecución sobre bienes muebles solo se llevará a cabo si el acreedor lo pide. Con arreglo a este procedimiento, el agente judicial trata de obtener el pago del crédito; si no lo logra, embarga los objetos encontrados. Si estos no son suficientes para cubrir el crédito, deberá pedir al deudor que presente una lista en la que consten todos y cada uno de sus activos.

Para presentar una solicitud de ejecución, el acreedor debe rellenar un formulario (E-Form 1) o formular una petición formateada. Para presentar una demanda de ejecución no se requiere representación de abogado.

3.2 Condiciones principales

Para poder proceder a la ejecución, el acreedor ejecutante debe disponer de una resolución ejecutiva relativa a una orden de ejecución. Se requiere, además, una declaración con fuerza ejecutiva, que emite la autoridad que se encarga de la orden de ejecución en el marco del procedimiento judicial. El acreedor debe conocer también la dirección del deudor, pero si quiere solicitar la ejecución del salario y desconoce la oficina de pago le bastará con indicar la fecha de nacimiento.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

El deudor responde de sus obligaciones con todos sus activos, siempre que estos no estén exentos de embargo. Ahora bien, un procedimiento de ejecución solo afecta a aquellos activos que el acreedor desea embargar, es decir, aquellos que especifique en la solicitud de ejecución. En la ejecución sobre bienes muebles, basta con solicitar el embargo de todos los objetos en poder del deudor; en la ejecución sobre activos exigibles, el acreedor tiene que especificar el tercero deudor, mientras que en la ejecución mediante embargo del salario existe una excepción. Puede ocurrir que el acreedor declare que no conoce al tercero deudor. En este caso, el órgano jurisdiccional puede obtener esta información de la Federación austriaca de entidades de la seguridad social si el acreedor indica la fecha de nacimiento del deudor.

El acreedor también puede hacer uso de los instrumentos de ejecución siguientes: activos exigibles que no sean créditos salariales; una participación en una sociedad de responsabilidad limitada del deudor; o, si el deudor posee bienes inmuebles, el acreedor ejecutante puede reclamar la creación forzosa de un gravamen, la administración forzosa y la venta forzosa en subasta.

Los activos del deudor que están exentos de ejecución se enumeran en el subapartado «Limitaciones de la ejecución».

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Los efectos de las medidas de ejecución dependen del instrumento de ejecución:

Ejecución sobre bienes muebles:

El agente judicial establece un derecho prendario sobre los objetos embargables, los cuales se llevan a subasta.

Ejecución sobre activos exigibles, en particular, ejecución mediante embargo del salario:

Se establece un derecho prendario sobre el crédito. Se prohíbe al deudor enajenar su crédito o, en especial, cobrarlo. El crédito, siempre y cuando sea embargable, se entrega al acreedor.

Venta forzosa de bienes inmuebles por subasta:

Se establece un derecho prendario sobre los bienes. Desde el momento en que se registra el inicio del procedimiento de subasta en el Catastro, las acciones judiciales que el deudor emprende contra el acreedor y el licitador en relación con los bienes y sus acciones accesorias, las cuales no pertenecen a la administración ordinaria, resultan ineficaces. Si el deudor vende los bienes, la subasta autorizada continúa contra el comprador de los bienes.

Las consecuencias penales se producen cuando un deudor oculta, enajena, vende o daña una parte de sus activos, o reconoce o crea un pretexto para una obligación inexistente, o reduce de otro modo o parece reducir sus activos y, como consecuencia, dificulta o disminuye la satisfacción del acreedor a través de la ejecución o en un procedimiento pendiente. Del mismo modo, se puede condenar a un deudor que destruya, dañe, desfigure, inutilice o sustraiga a la ejecución, total o parcialmente, un objeto cuyo embargo haya sido decretado por las autoridades.

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

La ejecución debe prolongarse hasta que se complete con éxito o se suspenda, debido, por ejemplo, a que el deudor ha pagado su deuda al acreedor durante el procedimiento de ejecución. Excepcionalmente, la ejecución puede finalizar antes, como sucede cuando el acreedor pretende la ejecución mediante embargo del salario y el deudor cambia de trabajo.

El Código de Ejecución también permite aplazar el proceso de ejecución. Esto puede suceder, en concreto, si se interpone un recurso contra la validez o la eficacia del título ejecutivo, si se solicita la suspensión de la ejecución, si se presenta una demanda de oposición ante el órgano jurisdiccional (véase el punto 4), si se recurre la resolución de despacho de la ejecución dictada por el órgano jurisdiccional, si se impugna el proceso de ejecución, o si se solicita la renuncia o la enmienda de la declaración de ejecución legalmente exigible.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

El derecho de recurso se concede contra el despacho de ejecución. El recurso debe dirigirse al tribunal de apelación (audiencia provincial superior), pero se presenta ante el juzgado de primera instancia. El plazo para presentar dicho recurso es de catorce días. Generalmente se requiere la representación de un abogado. El procedimiento de apelación es un proceso puramente escrito en el que está prohibido invocar nuevos motivos de recurso.

El hecho de que, entretanto, el deudor haya pagado el crédito que había que cobrar puede invocarse mediante una instancia de oposición (Oppositionsantrag) o una acción de oposición (Oppositionsklage) a la ejecución (pero no mediante un recurso contra el despacho de ejecución). La demanda debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que despachó la ejecución y puede presentarse junto con una solicitud de aplazamiento de la ejecución. Si se estima la demanda, la ejecución debe suspenderse de oficio.

Si la ejecución se concedió con arreglo al procedimiento simplificado de despacho de ejecución, este se llevó a cabo únicamente sobre la base de los datos proporcionados por la parte ejecutante. En este caso, el deudor puede demostrar, por medio de recurso, que falta un título ejecutivo que cubra la ejecución, incluida la confirmación de la ejecución, o que el título ejecutivo no se corresponde con la información contenida en la solicitud de ejecución. El recurso debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que despachó la ejecución en primera instancia. Cuando se presenta el recurso, el órgano jurisdiccional analiza si existe algún título ejecutivo que cubra el crédito a cobrar. El plazo para presentar recursos es de catorce días.

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

Limitaciones de la ejecución

En general, la limitación aplicable es que la ejecución no puede ir más allá de lo necesario para la satisfacción del crédito que se establece en el despacho de ejecución.

La ley prevé ciertas limitaciones de ejecución en favor de determinadas personas o asociaciones de personas:

  • Los bienes de un establecimiento al servicio del transporte público sometido a control estatal solo podrán ser objeto de medidas de ejecución adecuadas que puedan alterar los servicios de transporte público con el consentimiento de su autoridad de control.
  • Antes de llevar a cabo un proceso de ejecución contra una persona que preste servicio en el Ejército Federal o en la Policía Federal, se debe notificar el despacho de ejecución al oficial superior al mando de esa persona.
  • En los edificios militares, la aplicación de un proceso de ejecución requiere notificación previa al comandante del edificio y la consulta de su agregado militar.
  • Los procedimientos de ejecución contra las personas que gozan de inmunidad en Austria con arreglo al Derecho internacional, así como sobre los objetos susceptibles de ejecución y las instalaciones de estas personas, solo los podrá llevar a cabo el Ministerio Federal de Justicia de común acuerdo con el Ministerio Federal para Europa, Integración y Asuntos Exteriores.
  • La ejecución contra un municipio o una institución pública o caritativa solo podrá despacharse con el fin de recuperar los créditos financieros en relación con aquellos bienes que puedan utilizarse para satisfacer al acreedor sin afectar los intereses públicos que deben protegerse. Si la ejecución sirve para el cumplimiento de un derecho prendario contractual, esta restricción no se aplica.

Por otro lado, con el objetivo de proteger al deudor, hay determinados bienes que quedan obligatoriamente excluidos, por ejemplo:

Ejecución sobre bienes muebles:

  • los enseres de uso personal o doméstico necesarios para llevar una vida modesta;
  • los elementos necesarios para formarse profesionalmente y para la práctica profesional, así como el material didáctico destinado a la escuela;
  • alimentos y combustibles de calefacción suficientes para cubrir durante cuatro semanas las necesidades del deudor y de los miembros de su familia con los que convive;
  • animales de compañía;
  • fotos de la familia, cartas y otros documentos, así como la alianza de boda del deudor;
  • ayudas concedidas por razón de discapacidad y apoyo al deudor o los miembros de la familia que viven con él en el hogar común, así como las sustancias terapéuticas y los dispositivos de asistencia que se requieren en el contexto de una terapia médica;
  • objetos religiosos;
  • dinero en efectivo por una cantidad máxima equivalente a la exenta de embargo hasta el siguiente período de pago del salario, si los ingresos del deudor no pueden embargarse legalmente o solo pueden embargarse parcialmente.

El agente judicial también podrá abstenerse de embargar objetos de bajo valor si resulta evidente que los ingresos obtenidos por la continuación o la aplicación de la ejecución no van a superar los gastos de ejecución.

Ejecución sobre demandas pecuniarias (ejecución mediante embargo del salario):

  • reembolso de gastos siempre y cuando cubran los gastos suplementarios efectuados en el ejercicio de la actividad profesional;
  • ayudas legales que se conceden para cubrir los gastos adicionales asociados a una discapacidad o a cuidados de larga duración, por ejemplo, la asignación de asistencia;
  • ayudas legales para el pago de la renta o para cubrir otros gastos de la vivienda;
  • prestación familiar;
  • determinadas prestaciones previstas por ley concedidas con motivo del nacimiento de un hijo, en particular la prestación global por cuidado de hijos;
  • determinados tipos de ayudas concedidas por el Servicio Público de Empleo;
  • el reembolso de los gastos obligatorios de la seguridad social.

Además, no se pueden embargar, en concreto:

  • las prestaciones en especie previstas en la legislación relativa a la seguridad social;
  • el derecho al reparto de los bienes y los ahorros matrimoniales, siempre y cuando este no se haya reconocido mediante contrato o transacción ni se haya hecho valer ante un órgano jurisdiccional.

Los ingresos devengados, las prestaciones de jubilación y las retribuciones legales, que sirven para hacer frente al desempleo temporal o la reducción del nivel de ingresos, pueden embargarse de forma limitada. La parte inembargable («nivel mínimo de subsistencia») depende del nivel de ingresos y de la cantidad de obligaciones de alimentos del deudor. Las cantidades inembargables, que se incrementan anualmente, se muestran en los cuadros de la página web del Ministerio Federal de Justicia (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html). La ley tiene en cuenta las necesidades especiales del deudor o de su acreedor en casos concretos y permite, previa petición, aumentar o reducir la cantidad inembargable bajo determinadas circunstancias. En el caso de la ejecución en virtud de un derecho de alimentos establecido por ley, el importe de la prestación inembargable se reduce en un 25% de manera general.

Por otra parte, por lo que se refiere a los títulos ejecutivos relativos al desahucio de una vivienda sujeta a la Ley de Arrendamientos, dicha ley contempla la protección del deudor en el sentido de que el desahucio debe posponerse si el arrendatario no cuenta con otro lugar donde vivir.

Plazos de ejecución

Los plazos, que deben fijarse en las solicitudes de ejecución, no se prevén, salvo en casos excepcionales (orden de desahucio conforme al artículo 575 del Código de Procedimiento Civil de Austria - ZPO). Sin embargo, el deudor puede oponerse a la ejecución invocando la prescripción. El plazo de prescripción legal para las reclamaciones para las que existe un título ejecutivo jurídicamente vinculante («reclamaciones ejecutadas mediante sentencia ejecutoria», o «Judikatsschulden») es generalmente de treinta años a partir de la fecha de entrada en vigor del título. Si el título ejecutivo se basa en derechos de entidades jurídicas que se rigen por el derecho público o privado, este plazo de prescripción se extiende a cuarenta años. Sin embargo, existe una excepción con respecto a los servicios que únicamente se pagarán en el futuro, siempre que las disposiciones generales de prescripción establezcan un plazo más corto.

El plazo de prescripción se puede interrumpir mediante cualquier despacho de ejecución jurídicamente vinculante y se reanuda en el último paso de ejecución o en la suspensión de la ejecución.

En algunos casos, se prevén barreras temporales para una nueva aplicación de la ejecución o para la continuación del procedimiento de ejecución:

  • En caso de que, en el marco de un proceso de ejecución sobre bienes muebles, no se encuentren objetos embargables, se concederá la solicitud de otro acreedor ejecutante para el despacho de una ejecución sobre bienes muebles o el despacho de la nueva ejecución, pero solo si han pasado seis meses desde el último intento de ejecución, a menos que un intento previo pueda dar resultados;
  • El acreedor ejecutante debe tener derecho a presentar una demanda de ejecución mediante embargo del salario contra un tercero deudor desconocido únicamente después del despacho de una ejecución sobre bienes muebles si ha transcurrido un año desde el despacho. Este período de bloqueo no se aplica si el acreedor ejecutante demuestra que se enteró de que el deudor tenía derecho a percibir salarios embargables tras presentar la solicitud de despacho de ejecución sobre bienes muebles. El deudor únicamente está obligado a presentar una lista de activos más reciente si el acreedor demuestra que el deudor ha adquirido activos o si ha transcurrido más de un año desde que presentó la lista por última vez.
  • El Código de Ejecución también contiene los plazos para garantizar una rápida liquidación. Por lo tanto, el agente judicial tiene que programar la primera medida de ejecución en un plazo de cuatro semanas e informar al acreedor sobre la implementación o los obstáculos en un plazo de cuatro meses a más tardar. El derecho prendario ejecutivo, que se concede al acreedor sobre la base de una ejecución sobre bienes muebles del deudor, expira pasados dos años si el procedimiento de venta no ha proseguido debidamente.

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Última actualización: 21/08/2017