Órganos jurisdiccionales especializados - Portugal

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Tribunales judiciales de 1

Los tribunales de justicia de 1 son, por regla general, los tribunales de distrito. Es responsabilidad de estos tribunales preparar y enjuiciar los asuntos relativos a casos que no sean competencia de otros tribunales. Los tribunales de distrito tienen competencia general y competencia especializada.

Los tribunales de distrito han dictado sentencias que pueden ser de competencia especializada, genéricas y locales. Las sentencias son competencia y nombre del municipio en el que están instaladas.

Podrán crearse tribunales especializados:

  1. Central eléctrica civil;
  2. Civil;
  3. CN;
  4. Lugar delictivo;
  5. Delitos menores;
  6. Las investigaciones criminales;
  7. Familia y menores;
  8. Trabajos;
  9. Comercio;
  10. Aplicación.

Existen también tribunales de amplia jurisdicción, que tienen jurisdicción especializada:

  1. Tribunal de propiedad intelectual;
  2. El órgano jurisdiccional competente en materia de competencia;
  3. Los tribunales marítimos;
  4. El tribunal para la ejecución de condenas;
  5. El Tribunal Penal Central de Instrucción Penal.

Dictamen pericial

De estas sentencias, cabe destacar, en particular:

Planta motriz civil

Estas sentencias son:

  • La preparación y el juicio de las acciones de declaración civil ordinarias por un valor superior a 50 000,00 EUR;
  • Ejercer, en los procedimientos civiles de ejecución de un valor superior a 50 000,00 EUR, las competencias previstas en la Ley de enjuiciamiento civil, en ámbitos que no sean competencia de la sentencia o tribunal;
  • Preparar y resolver sobre los procedimientos provisionales respecto de los cuales la acción sea de su competencia;
  • Ejercer otras competencias conferidas por la Ley.
  • Sentencias familiares y menores

Sobre el estado civil de las personas y las familias, preparar y creer:

  1. Los casos de jurisdicción voluntaria respecto de los cónyuges;
  2. Un procedimiento extrajudicial en relación con una unión consensual o con una economía común;
  3. Separación judicial y procedimiento de divorcio;
  4. Acciones para que se declare la inexistencia o la anulación del matrimonio civil;
  5. Recursos interpuestos sobre la base del artículo 1647 sexies y del artículo 1648, apartado 2, del Código Civil, aprobados mediante el Decreto-ley n.º 47344, de 25 de noviembre de 1966;
  6. Acciones y acciones de ejecución para el mantenimiento entre cónyuges y entre cónyuges anteriores;
  7. Otras acciones relativas al estado civil de las personas y de las familias.

Además de sus competencias en este ámbito, también ejercerán las competencias que la ley atribuye a los tribunales en los procedimientos de inventario resultantes de la separación de personas y bienes, el divorcio, la declaración de ausencia o la anulación del matrimonio civil, así como en los casos especiales de separación de la propiedad a los que se aplica el régimen de dichos procedimientos.

En el ámbito de los menores y de los niños adultos, serán responsables de:

  1. Tramitar las solicitudes de sometimiento a tutela y administración de bienes inmuebles;
  2. Designa a una persona que ha entrado en negocios por cuenta del menor y designa a una persona general que representa a un menor desde un órgano jurisdiccional como el menor sujeto a las responsabilidades parentales;
  3. Conceder la adopción;
  4. Regular el ejercicio de las responsabilidades parentales y conocer las cuestiones relativas a las responsabilidades parentales;
  5. Fijar el importe de las pensiones alimenticias debidas a los menores y a los hijos menores de edad y a los hijos menores o menores de edad a que se refiere el artículo 1880 del Código Civil, aprobado mediante el Decreto Ley no 47344, de 25 de noviembre de 1966, y preparar y perseguir mediante alimentos para su ejecución;
  6. Ordenar la confianza judicial de los menores;
  7. Conceder la medida de promoción y protección de la confianza a la persona seleccionada para su adopción o a la institución con vistas a su adopción en el futuro;
  8. Establecer la relación entre las entidades patrocinadoras y revocarlas;
  9. Autorizar al representante legal de los menores para que lleven a cabo determinados actos, confirmar aquellos que se han llevado a cabo sin autorización y adoptar disposiciones en relación con la aceptación de obsequios.
  10. Decidir sobre cualquier garantía que vayan a prestar los padres en favor de los hijos menores de edad;
  11. Ordenar la inhibición total o parcial de la responsabilidad parental prevista en el artículo 1920 del Código Civil, aprobado mediante el Decreto Ley no 47344 de 25 de noviembre de 1966.
  12. La investigación, la maternidad y la paternidad, de oficio, y la preparación y la persecución de las acciones contra la maternidad y la paternidad;
  13. Decidir, en caso de desacuerdo entre los padres, el nombre y apellidos del menor.

Además del asesoramiento especializado en este ámbito, corresponde a ellos:

  1. Si se trata de una supervisión o de una administración de activos, determinar la remuneración del tutor o administrador, el nombramiento, la revocación o la retirada del tutor, el administrador o la voz del consejo de familia, exigir y declarar las cuentas, autorizar la sustitución de la hipoteca legal y determinar el refuerzo y la sustitución de la garantía constituida y designar a un tutor especial que represente al menor fuera de tribunal;
  2. Designar a un fideicomisario especial para representar al menor en cualquier procedimiento fiduciario;
  3. Convertir, revocar y valorar la adopción, y exigir y examinar las cuentas, y fijar el importe de los ingresos que debe utilizarse para el mantenimiento de la persona adoptada;
  4. Decidir sobre el refuerzo y la sustitución de la garantía prevista para los hijos menores de edad;
  5. Exigir y examinar las cuentas que deben proporcionar los padres;
  6. Tener conocimiento de cualquier otra incidencia en los casos contemplados en las letras a) a m).

Por lo que se refiere a la cuestión de la protección y la educación, es su misión:

  • Preparar, evaluar y decidir los procedimientos de promoción y protección;
  • Aplicar medidas de promoción y protección y supervisar su aplicación cuando así se solicite, cuando el niño o joven esté en peligro y en el que la comisión de protección no esté en peligro;
  • Práctica judicial en relación con la encuesta educativa;
  • Evaluar los hechos clasificados por ley como infracción penal, cometidos por niños de entre 12 y 16 años, con vistas a aplicar medidas cautelares;
  • Aplicar y revisar las medidas de tutela;
  • Declarará que cesen o terminen las medidas de tutela;
  • Conocer los recursos contra las decisiones por las que se imponen medidas disciplinarias a los menores a los que se les ha aplicado.

Sentencias laborales

En materia civil, se trata, entre otros, de cuestiones derivadas de relaciones de trabajo y relaciones establecidas con vistas a la celebración de contratos de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, contratos asimilados por ley a los contratos de trabajo, de aprendizaje y de formación, así como cuestiones civiles relacionadas con la huelga.

Sentencias comerciales

Preparar y creer:

  1. Procedimientos de insolvencia y procedimientos especiales de revitalización;
  2. Las acciones de nulidad, nulidad y rescisión de los estatutos;
  3. Las acciones relativas al ejercicio de los derechos laborales;
  4. Acciones de suspensión o cancelación de resoluciones de la empresa;
  5. Procedimientos de liquidación judicial de las sociedades;
  6. Las acciones de liquidación de una sociedad anónima europea;
  7. La liquidación de sociedades de cartera;
  8. Acciones relativas al Código de Registro Mercantil;
  9. Procedimientos de liquidación de entidades de crédito y sociedades financieras.

También son responsables de interponer recursos contra las órdenes de los Registradores del Registrar del Registro Mercantil, así como las objeciones a las decisiones de los conservadores con respecto a los procedimientos administrativos de disolución y liquidación de sociedades mercantiles.

Sentencias de control del cumplimiento

En el marco de los procedimientos civiles de ejecución, ejercerán las competencias previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con exclusión de los procedimientos en materia de propiedad intelectual, de regulación y de control, ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, de sus sentencias familiares y familiares, de los tribunales de comercio y de ejecución de sentencias en procedimientos penales que, con arreglo a la ley de enjuiciamiento penal, no hayan de dictarse antes de dictarse una resolución civil.

Tribunales de competencia ampliada

Tribunales de propiedad intelectual

¿Tiene conocimiento de cuestiones relacionadas con:

  1. Acciones en las que la causa se refiera a derechos de autor y derechos afines;
  2. Los procedimientos en los que la causa esté relacionada con la propiedad industrial, en cualquier forma prevista por la ley;
  3. Las acciones de anulación e invalidación de patentes, de certificados complementarios de protección, de modelos de utilidad y topografías de productos semiconductores previstos en el Código de la propiedad industrial y en otra legislación aplicable, así como las solicitudes de declaración de nulidad o de anulación de los registros de dibujos o modelos, las marcas, los logotipos, los logotipos, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas derivadas de una demanda de reconvención;
  4. Los recursos contra las resoluciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, I (INPI, I.P.) que concedan o denieguen derechos de propiedad industrial o relativos a transmisiones, licencias, declaraciones de obsolescencia o cualquier otro acto que afecte, modifique o extinga derechos de propiedad industrial;
  5. Recurso y revisión de las decisiones o cualesquiera otras medidas jurídicamente impugnables adoptadas por el INPI, I.P., en un procedimiento de infracción;
  6. Acciones de declaración relacionadas con nombres de dominio en Internet;
  7. Los recursos contra las decisiones de la Fundación para la Informática Científica, como autoridad competente para el registro de los nombres de dominio, así como el registro, la denegación de registro o la eliminación de un nombre de dominio of.EN;
  8. Acciones cuya causa se refiere a una denominación social o a una denominación social;
  9. Recursos contra las resoluciones del Instituto dos Registros do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) sobre la admisibilidad de los nombres y denominaciones bajo el régimen jurídico del Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Registro Nacional de Personas Jurídicas);
  10. Acciones en las que la causa se refiera a la comisión de actos de competencia desleal o a la vulneración de secretos comerciales en el ámbito de la propiedad industrial;
  11. Obtención y conservación de pruebas e información cuando así lo exija la protección de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor.

Competencia, regulación y supervisión

Se ocupará, entre otras cosas, de cuestiones relativas al recurso, revisión y ejecución de decisiones, órdenes y otras medidas que puedan comprometer jurídicamente a una serie de organismos reguladores, como la Autoridad de la Competencia, la Autoridad Nacional de Aviación Civil, el Banco de Portugal y la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Autoridad del Mercado de Valores).

Tribunal de transporte marítimo

¿Tiene conocimiento de cuestiones relacionadas con:

  1. Indemnizaciones debidas por los daños causados a los buques, embarcaciones y otros buques flotantes, o resultantes de su utilización marítima en las condiciones generales del Derecho;
  2. Los contratos de construcción, reparación, compra y venta de embarcaciones y demás artefactos flotantes, a condición de que estén destinados a un uso marítimo;
  3. Contratos de transporte marítimo o combinado o multimodal;
  4. Los contratos de transporte por vía navegable o por vía navegable, dentro de los límites del cuadro 1 anejo al Reglamento general de puertos, aprobado por el Decreto Ley no 265/72, de 31 de julio de 1999;
  5. Los contratos de uso marítimo de buques, embarcaciones y demás artefactos flotantes, en particular los fletados y arrendados económicamente;
  6. Los contratos de seguro para buques, embarcaciones, otras embarcaciones flotantes destinadas al uso marítimo y su carga;
  7. Las hipotecas y los privilegios en relación con buques o embarcaciones, además de garantías reales con respecto a las embarcaciones flotantes y sus cargas;
  8. Los procedimientos especiales relativos a buques, embarcaciones, otras embarcaciones flotantes y su cargamento;
  9. Procedimientos de precaución en relación con buques, embarcaciones y otras embarcaciones flotantes, sus cargas respectivas y otros objetos valiosos pertenecientes a los buques, embarcaciones y demás artefactos flotantes, además de una solicitud preliminar a la autoridad portuaria para evitar la salida de buques que constituyan el objeto de dichos procedimientos;
  10. Las pérdidas individuales o conjuntas, incluidas las relacionadas con otras embarcaciones flotantes destinadas a ser utilizadas por vía marítima;
  11. Asistencia marítima y salvamento;
  12. Contratos de remolque y pilotaje;
  13. Eliminación de naufragios;
  14. Responsabilidad civil en relación con la contaminación marina y otras aguas bajo su jurisdicción;
  15. La utilización, pérdida, descubrimiento o apropiación de artes de pesca o de artes de pesca para la captura de moluscos, moluscos y plantas marinas, anclas, barcos, armas, provisiones y otros objetos destinados a la navegación o la pesca, además de los daños o perjuicios sufridos por dichos materiales;
  16. Daños a la propiedad en el dominio público marítimo;
  17. Propiedad y posesión de terrenos o propiedades procedentes de aguas marítimas o procedentes de ellas o procedentes de las mismas, que estén presentes en el suelo o en el subsuelo, o que procedan de o existan en aguas interiores, si existe interés marítimo;
  18. Detenciones;
  19. Todas las cuestiones relativas al Derecho del comercio marítimo en general;
  20. Los recursos contra las decisiones del capitán del puerto sobre un caso relacionado con una infracción marítima.

Tribunal de Rendimiento de Sanciones

Controlará y supervisará la ejecución y decidirá su modificación, sustitución y revocación de la pena privativa de libertad o medida privativa de libertad dictada por la sentencia después de dictarse la sentencia definitiva. En concreto, se encarga de:

  • Determinar la ejecución de la pena adicional de expulsión, declarando extinción de la pena, y determinar la ejecución anticipada de la pena adicional de expulsión;
  • Declare que ya no existe pena de privación de libertad, una pena relativamente indeterminada y una medida de seguridad privativa de libertad.
  • Dictar órdenes de detención, arresto y liberación;
  • Dictar sentencia en rebeldía y ordenar la confiscación de bienes, siempre que el autor haya sido condenado, total o parcialmente, por la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad;
  • Decidir la retirada provisional de hechos o decisiones inscritos en el registro de antecedentes penales;

Central Criminal Investigation Tribunal

Lleva a cabo una investigación penal, decide sobre la pronunciación y ejerce las funciones judiciales relacionadas con la investigación cuando la actividad delictiva tiene lugar en los distritos de diferentes tribunales de apelación y en el que están en juego los siguientes delitos:

  1. Contra la paz y la humanidad;
  2. Organización terrorista y terrorismo;
  3. En contra de la seguridad del Estado, con excepción de los delitos electorales;
  4. Tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores, excepto en los casos de distribución directa al consumidor y asociación delictiva para la trata;
  5. Blanqueo capitales;
  6. Corrupción, malversación y participación económica en el negocio;
  7. Insolvencia deliberada;
  8. Perjudicar a la administración en la unidad económica del sector público;
  9. El fraude en la adquisición o apropiación de las prestaciones, la concesión o el crédito;
  10. Delitos económicos y financieros organizados, incluso mediante el uso de tecnologías informáticas;
  11. Las infracciones económicas y financieras con una dimensión internacional o transnacional.

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Última actualización: 16/09/2019