¿Qué ley será aplicable?

Si los hechos del caso afectan a distintos países, deberá saber qué ley aplicará el órgano jurisdiccional para adoptar su decisión sobre el fondo del asunto.


El aumento del comercio y los viajes internacionales conlleva también para las empresas y las personas un mayor riesgo de verse involucradas en conflictos con una dimensión internacional. Esta dimensión internacional puede aparecer si las partes tienen distinta nacionalidad, residen en diferentes países o celebran contratos relativos a operaciones realizadas en el extranjero.

En caso de conflicto, no basta con determinar qué órgano jurisdiccional tiene jurisdicción internacional para conocer y resolver el caso; es preciso determinar también cuál es la ley aplicable para resolver el fondo del asunto.

Para obtener información detallada sobre un país, seleccione la bandera nacional correspondiente.


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Última actualización: 18/01/2019

¿Qué ley será aplicable? - Bélgica


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Las fuentes vinculantes del Derecho nacional belga son la legislación, los principios generales del Derecho y el Derecho consuetudinario. La legislación es necesariamente promulgada por una autoridad, los principios generales del Derecho tienen fuerza jurídica porque la sociedad está convencida de su valor jurídico y el Derecho consuetudinario está constituido por los usos no escritos y las prácticas generalmente aceptadas.

En Bélgica el sistema de precedentes no tiene carácter vinculante: en efecto, a semejanza de la doctrina, la jurisprudencia es solo una fuente de interpretación del Derecho. Las decisiones judiciales se aplican únicamente entre las partes y no vinculan a otros jueces llamados a pronunciarse en casos similares. Con excepción del Tribunal Constitucional, ningún órgano jurisdiccional puede obligar a otro a que siga una línea determinada de la jurisprudencia. Incluso una sentencia del Tribunal de Casación no establece directrices vinculantes al tribunal al que el Tribunal de Casación remita la causa para un nuevo examen. Solo en caso de que el Tribunal de Casación dicte una sentencia por segunda vez en la misma causa, el contenido de dicha sentencia será vinculante para el tribunal que deba resolver definitivamente el litigio.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Nota:

El Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores dispone de un banco de datos que presenta una visión de conjunto de los convenios bilaterales y multilaterales desde 1987:

https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/

https://diplomatie.belgium.be/nl/verdragen/

https://diplomatie.belgium.be/de/vertrage/

https://diplomatie.belgium.be/en/treaties/

El texto de muchos convenios en vigor en Bélgica se publica en el Moniteur Belge, que se puede consultar por vía electrónica desde 1997: El enlace abre una nueva ventanahttp://justice.belgium.be/

También puede buscar el texto de numerosos convenios, incluso anteriores a 1997, en el mismo sitio web, en «Legislación consolidada» (2 800 entradas a 1 de agosto de 2004).

En principio, Bélgica es un Estado soberano que tiene la autoridad suprema sobre aquellos sometidos a su jurisdicción. Sin embargo, dada la creciente internacionalización de la sociedad, Bélgica está cada vez más vinculada por la reglamentación de organizaciones e instituciones supranacionales e internacionales. La Unión Europea (UE), las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Consejo de Europa principalmente dejan su huella en el Derecho belga, por una parte, aprobando tratados y reglamentos (directamente aplicables o no) y, por otra parte, imponiendo directivas y técnicas de armonización jurídica para exigir a los Estados miembros de dichas organizaciones que adapten sus ordenamientos jurídicos internos.

Los convenios de derechos humanos directamente aplicables que conocemos son el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, ambos promulgados por el Consejo de Europa. Los textos correspondientes en las Naciones Unidas son, respectivamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En su calidad de organización supranacional, la Unión Europea (UE) ejerce una influencia significativa en sus Estados miembros, incluida Bélgica. Los principales instrumentos jurídicos de la UE son los Reglamentos directamente aplicables y las Directivas que deben transponer los propios Estados miembros.

Numerosas instituciones y organizaciones participan en el desarrollo de todo tipo de ramas del Derecho, como el Derecho internacional privado, el Derecho penal internacional y el Derecho mercantil y económico internacional. Podemos citar algunas: las Naciones Unidas, la CNUDMI, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, el UNIDROIT, el Consejo de Europa, la Unión Europea y la Comunidad Europea, la Comisión Internacional de Estado Civil, la OMI (Organización Marítima Internacional), la IATA (transporte aéreo), el BENELUX, etc.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Tanto la autoridad federal como las autoridades de las entidades federadas de Bélgica tienen la posibilidad, en lo que se refiere a sus competencias materiales, de celebrar convenios bilaterales con otros países o regiones del mundo. La mayoría de estos convenios se celebran con países vecinos o con países con los cuales Bélgica mantiene estrechas relaciones comerciales o importantes.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

La Ley, de 16 de julio de 2004, por la que se promulgó el Código de Derecho Internacional Privado (en lo sucesivo, «Código DIP») se publicó en el Moniteur Belge el 27 de julio de 2004 (El enlace abre una nueva ventanahttp://justice.belgium.be/). Esta Ley puede consultarse en el mismo sitio web, en «Legislación consolidada».

Este sumario se basa en el Código DIP. Las disposiciones de dicha Ley relativas, por una parte, a la competencia internacional y, por otra parte, a los efectos de las resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, son aplicables respectivamente a las acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley y a las resoluciones judiciales y documentos públicos posteriores a su entrada en vigor. En los casos que no responden a las disposiciones transitorias del Código DIP, se aplican numerosas leyes diferentes, así como la jurisprudencia y la doctrina. Véase en particular:

- El enlace abre una nueva ventanahttp://www.law.kuleuven.be/ipr

- El enlace abre una nueva ventanahttp://www.ipr.be/

- El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dipr.be/

Por otra parte, el Código DIP solo puede aplicarse cuando no son de aplicación los convenios internacionales, el Derecho de la Unión Europea o las disposiciones de leyes especiales.

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El juez belga no aplica solo el Derecho belga. A menudo se ve obligado a pronunciar su sentencia sobre la base de un Derecho extranjero.

El Derecho internacional privado belga dispone que el Derecho extranjero se aplicará de conformidad con la interpretación que del mismo se haga en el extranjero y que el juez podrá requerir la colaboración de las partes si no puede determinar el contenido del Derecho extranjero él mismo. Cuando sea manifiestamente imposible para el juez determinar el contenido del Derecho extranjero a tiempo, se aplicará el Derecho belga (véase el artículo 15 del Código DIP).

2.2 Reenvío

Desde la adopción del Código de Derecho Internacional Privado, en general ya no se acepta el reenvío (artículo 16 del Código). El Código contiene, no obstante, una excepción relativa a la ley aplicable a las personas jurídicas (artículo 110) y una disposición de reenvío posible hacia el Derecho belga en materia de capacidad de personas físicas (véase más adelante).

2.3 Cambio de la norma de conexidad

El conflicto móvil puede producirse cuando el factor de conexión varía en el tiempo (por ejemplo, la nacionalidad) o en el espacio (por ejemplo, la residencia habitual).

El Código de Derecho Internacional Privado trata de precisar la norma que ha de aplicarse en las situaciones más comunes de conflicto móvil.

Por lo que respecta a los efectos del matrimonio, por ejemplo, el Código de Derecho Internacional Privado fija como principal factor de conexión la residencia habitual de los cónyuges en el momento en que se alegan los efectos (véase el artículo 48).

En materia de filiación, el Código establece que la ley aplicable es la ley de la nacionalidad de la persona cuya paternidad o maternidad se cuestiona en el momento del nacimiento del hijo (artículo 62).

Respecto a los derechos reales sobre un bien, se rigen por el Derecho del Estado en cuyo territorio esté situado este bien en el momento en que sean invocados. No obstante, el Código precisa que la adquisición y la pérdida de estos derechos están reguladas por el Derecho del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien en el momento en que se produjeron los actos o hechos invocados para fundamentar la adquisición o la pérdida de estos derechos (artículo 87).

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

El Código de Derecho Internacional Privado prevé en casos tasados una excepción a la aplicación ordinaria de las normas de conflicto.

1. De forma excepcional, el Derecho designado por el Código no es aplicable cuando es evidente que, en razón del conjunto de circunstancias, la situación solo tiene un vínculo muy débil con Bélgica, mientras que sí tiene una relación muy estrecha con otro Estado. En este caso, se aplicará el Derecho de dicho Estado (artículo 19).

2. Son aplicables las reglas imperativas o de orden público del Derecho belga por las que se regula una situación internacional cualquiera que sea el Derecho designado por las normas de conflicto de leyes (artículo 20).

3. La excepción del orden público internacional permite no aplicar determinados aspectos de la legislación extranjera en caso de que produzcan un efecto inaceptable para el ordenamiento jurídico belga (véase el artículo 21).

2.5 Prueba de la Ley extranjera

El juez belga puede requerir a las partes que prueben el contenido y el alcance del Derecho extranjero. El juez también podrá aplicar el Convenio Europeo acerca de la Información sobre el Derecho Extranjero, hecho en Londres el 7 de junio de 1968. Cuando se solicite una prueba fehaciente, la parte deberá presentar un certificado de vigencia de Leyes (certificat de coutume), es decir, un documento en el que la autoridad extranjera competente demuestre fehacientemente que la norma es, o era, aplicable en su país.

3 Normas de conflicto de leyes

Cuando de la aplicación de los textos citados se desprenda que el juez belga es competente, éste debe examinar qué Derecho debe aplicar al litigio. A tal fin, aplicará el Derecho internacional privado belga. En este contexto se utilizan diferentes factores de conexión que varían en función del objeto del litigio. El Código DIP está estructurado de forma temática e indica el factor de conexión pertinente por tema. Algunos de estos temas se debaten posteriormente en este sumario.

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Es aplicable el Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, denominado «Roma I». El Código de Derecho Internacional Privado extiende la aplicación del Convenio de Roma de 1980 a los temas contractuales que estaban excluidos de su ámbito de aplicación. La adaptación del Código a la situación derivada de la sustitución del Convenio de Roma por el Reglamento se realizará próximamente.

Sin embargo, determinadas materias excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento están regidas por normas especiales:

- bien en aplicación de convenios internacionales (como la Convención de Ginebra, de 7 de junio de 1930, destinada a solucionar los conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés, y la Convención de Ginebra, de 19 de marzo de 1931, destinada a solucionar los conflictos de leyes en materia de cheques);

- bien en aplicación de disposiciones específicas del Código (véase, en particular, el artículo 124 relativo al fideicomiso (trust) y el artículo 111 relativo al contrato de sociedad).

Por último, cabe señalar que, con arreglo al artículo 25 del Reglamento, determinados convenios internacionales siguen siendo aplicables, a saber:

- el Convenio de Budapest, de 21 de junio de 2001, relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por vías de Navegación Interior;

- el Convenio Internacional de Londres, de 28 de abril de 1989, sobre Salvamento Marítimo; y

- los Convenios internacionales para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje y en materia de asistencia y salvamento marítimos, firmados en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, así como el Protocolo de firma anejo a dichos Convenios.

3.2 Obligaciones no contractuales

Es aplicable el Reglamento 864/2007, de 11 de julio de 2007, denominado «Roma II». El Código de Derecho Internacional Privado extiende su aplicación a las materias que quedan excluidas de su ámbito de aplicación.

Sin embargo, determinadas materias no cubiertas por el Reglamento están reguladas por disposiciones particulares. Así, la obligación derivada de un acto de difamación o una violación del derecho a la intimidad o de los derechos de la personalidad se regirá por el Derecho del Estado en cuyo territorio se produjere el hecho generador o se hubiere producido o pudiera producirse el daño, a elección del demandante, salvo que la persona responsable demuestre que no podía prever que el daño se produjese en dicho Estado (véase artículo 99).

Por último, cabe señalar que, con arreglo al artículo 28 del Reglamento, determinados convenios internacionales siguen siendo aplicables, a saber:

- el Convenio de La Haya, de 4 de mayo de 1971, sobre la Ley Aplicable en Materia de Accidentes de Circulación por Carretera;

- el Convenio internacional para la unificación de determinadas reglas relativas a la competencia civil en caso de abordaje, el Convenio internacional para la unificación de determinadas reglas relativas a la competencia penal en caso de abordaje y otros sucesos de navegación, el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima, firmados en Bruselas el 10 de mayo de 1952;

- el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, hecho en Londres el 28 de mayo de 1989;

- el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973;

- el Convenio internacional, de 29 de mayo de 1933, para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de aeronaves; y

- los Convenios internacionales para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje y en materia de asistencia y salvamento marítimos, firmados en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, así como el Protocolo de firma anejo a dichos Convenios.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

Salvo excepción prevista en el Código DIP, el Derecho aplicable en los litigios relativos al estado civil y a la capacidad es el Derecho del Estado del que esa persona tenga la nacionalidad (ley nacional).

En relación con la capacidad de las personas físicas, el Código de Derecho Internacional Privado ha previsto una regla de reenvío parcial en el sentido de que se rige por el Derecho belga si el Derecho extranjero conduce a la aplicación de este Derecho (véase el artículo 34 del Código DIP).

De conformidad con el principio general, la ley aplicable a la determinación del nombre y los apellidos es el Derecho del Estado del que esa persona tenga la nacionalidad (artículo 37).

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

Como regla general para determinar el Derecho aplicable, el artículo 62 del Código DIP dispone que el establecimiento y la impugnación de paternidad o maternidad de una persona se rigen por el Derecho del Estado cuya nacionalidad posee en el momento del nacimiento del hijo o, si dicho establecimiento resulta de un acto voluntario, en el momento de dicho acto.

3.4.2 Adopción

Las condiciones del establecimiento de la adopción se regulan por la ley nacional del adoptante o la ley nacional común de los adoptantes. Si los adoptantes no tienen la misma nacionalidad, se regirán por la ley de su residencia habitual o, en su defecto, por el Derecho belga.

La ley aplicable a los distintos consentimientos exigidos es la del Estado de la residencia habitual del adoptado. No obstante, si esta ley no prevé la necesidad del consentimiento del adoptado o no contempla la institución de la adopción, el consentimiento del adoptado se regirá por la ley belga (artículos 67 y 68 del Código de Derecho Internacional Privado).

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Por lo que se refiere al Derecho aplicable en materia matrimonial, el Código establece una distinción entre:

1. La promesa de matrimonio: el Derecho del Estado de residencia habitual de los futuros cónyuges o, en su defecto, el Derecho del Estado del que ambos tengan la nacionalidad o, en su defecto, el Derecho belga (artículo 45 del Código DIP).

2. La celebración del matrimonio: el Derecho nacional de cada uno de los cónyuges, con la posible excepción del matrimonio entre personas del mismo sexo en el sentido de que no se aplicará la disposición del Derecho extranjero que prohíba tal matrimonio si uno u otro cónyuge tiene la nacionalidad de un Estado o su residencia habitual en el territorio de un Estado cuyo Derecho permite dicho matrimonio (artículo 46 del Código DIP).

3. Las formalidades: el Derecho del Estado en cuyo territorio se celebre el matrimonio (artículo 47 del Código DIP).

4. Los efectos del matrimonio: el Derecho del Estado de residencia habitual de los cónyuges o, en su defecto, el Derecho del Estado del que ambos cónyuges tengan la nacionalidad o, en su defecto, el Derecho belga (artículo 48 del Código DIP).

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

En lo que respecta a las parejas de hecho o cualquier forma de convivencia que sea objeto de registro, el Derecho belga distingue según se trate de «relaciones de convivencia», que crean entre los convivientes una relación equivalente al matrimonio, y las que no crean un vínculo entre los convivientes equivalente al matrimonio.

Para las primeras, el Derecho aplicable será el que se aplica al matrimonio (véase más arriba). Por el contrario, para las relaciones de convivencia que no crean un vínculo entre los convivientes equivalente al matrimonio, el Derecho aplicable será el del Estado en cuyo territorio la relación de convivencia se ha registrado por primera vez.

Por su parte, la relación de convivencia no registrada (unión libre) no tiene un tratamiento jurídico específico.

3.5.3 Divorcio y separación

En lo que respecta al divorcio y la separación de hecho, rige el Reglamento (UE) n.° 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010.

3.5.4 Obligación de alimentos

El Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones alimenticias, en su artículo 15 se remite al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. La regla general designa la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor. No obstante, existen reglas especiales entre padres e hijos, y entre personas menores de 21 años en sus relaciones con otras personas que no sean sus padres, así como entre cónyuges o ex cónyuges o entre personas cuyo matrimonio haya sido anulado. El Protocolo prevé también la posibilidad de designar una ley.

Por otra parte, el Convenio de La Haya, de 24 de octubre de 1956, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores se aplicará a las relaciones de Bélgica con un Estado que sea parte del mismo sin haber ratificado el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, antes mencionado.

3.6 Regímenes matrimoniales

Los cónyuges podrán elegir ellos mismos el Derecho que regirá su régimen matrimonial. En este caso se trata de una elección limitada del Derecho aplicable: el Derecho del Estado de la primera residencia habitual de la pareja tras la celebración del matrimonio o la ley nacional de uno de los cónyuges (artículo 49 del Código DIP).

A falta de elección del Derecho aplicable, el régimen matrimonial se regirá por el Derecho del Estado de la primera residencia habitual de la pareja tras la celebración del matrimonio. Si estas residencias no se encuentran en el mismo Estado, el Derecho aplicable será el del Estado cuya nacionalidad tenga la pareja en el momento de la celebración del matrimonio. En los demás casos, se aplicará el Derecho del Estado en cuyo territorio se haya celebrado el matrimonio (artículo 51 del Código DIP).

3.7 Testamentos y sucesiones

Se aplicará el Reglamento (UE) n.º 650/2012, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

3.8 Bienes inmuebles

El criterio de la situación del bien también se utiliza para determinar el Derecho aplicable (véase el artículo 87 del Código DIP).

3.9 Insolvencia

En materia de quiebra, se aplicará el Reglamento n.º 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia. En este Reglamento, el punto de partida es un procedimiento de insolvencia principal con validez universal, seguido en su caso, de procedimientos territoriales secundarios.


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Última actualización: 05/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Chequia

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1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

La disposición legal fundamental a nivel nacional en materia de normas de conflicto de leyes es la Ley n.º 91/2012 sobre Derecho internacional privado.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Selección de los convenios internacionales multilaterales más significativos que rigen la ley aplicable:

Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, Varsovia, 1929.

Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), 1956.

Convenio de Guadalajara para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea el transportista contractual, 1961.

Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, 1963.

Convenio de La Haya sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, 1971.

Convención sobre el contrato de transporte internacional de pasajeros y equipaje por carretera (CVR), 1973.

Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, 1974 .

Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías, 1978.

Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, 1980.

Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena, 1980.

Convenio sobre el transporte internacional por ferrocarril (COTIF), 1980.

Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, La Haya, 1996.

Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, Montreal, 1999.

Convenio de La Haya sobre la protección internacional de adultos, 2000.

Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, 2007 (la UE en su conjunto es parte).

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Selección de los principales acuerdos internacionales bilaterales que rigen la ley aplicable:

Acuerdo entre la República Checoslovaca y la República Popular de Albania sobre asistencia jurídica en materia civil, penal y de familia, 1959.

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Federal Socialista de Yugoslavia sobre la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia, 1964 (se aplica a todos los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia).

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Bulgaria sobre asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia, 1976.

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Mongolia sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia, 1976

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia civil, penal y de familia, 1980.

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia, 1982 (se aplica a la Federación de Rusia y a muchos otros Estados sucesores de la antigua URSS).

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Socialista de Vietnam sobre asistencia jurídica en materia civil y penal, 1982.

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Polonia sobre asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, penal, de familia y empleo, 1987.

Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Hungría sobre asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia, 1989.

Acuerdo entre la República Checa y Rumanía sobre asistencia jurídica en materia civil, 1994.

Acuerdo entre la República Checa y Ucrania sobre asistencia jurídica en materia civil, 2001.

Acuerdo entre la República Checa y la República de Uzbekistán sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil y penal, 2002.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

Este asunto se rige por el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado.

El órgano jurisdiccional aplica la legislación extranjera de oficio. La legislación se aplica del mismo modo que en el país donde se encuentra en vigor. Las disposiciones legales que se aplican son las disposiciones que se aplicarían en una resolución sobre el asunto en el país en el que se encuentre en vigor la legislación, sin tener en cuenta su clasificación en el sistema o su condición de Derecho público, siempre que no entren en conflicto con las disposiciones de la legislación checa que deban aplicarse.

El órgano jurisdiccional establece de oficio la parte de la legislación extranjera que ha de aplicarse. El órgano jurisdiccional o el poder público que resuelve los casos que se rigen por la legislación en cuestión toma todas las medidas necesarias para determinar dicha legislación.

2.2 Reenvío

En términos generales, esta cuestión se rige por el artículo 21 de la Ley de Derecho internacional privado.

El reenvío está aceptado, excepto en las relaciones basadas en el Derecho contractual y laboral. Cuando las partes hayan elegido la ley aplicable, solo podrán tenerse en cuenta las disposiciones sobre conflicto de leyes si ello obedece al acuerdo entre las partes.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

Generalmente, un determinado criterio tan solo se valora cuando un hecho significativo desde el punto de vista jurídico es objeto de evaluación. Las normas de conflicto de leyes específicas pueden, por supuesto, resolver un asunto en ciertos momentos (véase, por ejemplo, las normas sobre derechos reales en el punto 3.8.).

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

En términos generales, esta cuestión se rige por el artículo 24 de la Ley de Derecho internacional privado.

No es preciso aplicar la ley que debería aplicarse en virtud de la Ley de Derecho internacional privado cuando existan circunstancias absolutamente excepcionales por las que, tras un examen razonado y adecuado de todas las circunstancias del caso y, en concreto, de la expectativa justificada de las partes con respecto a la aplicación de otra ley, parecería desproporcionado y contrario a un acuerdo razonable y justo de la relación entre las partes. Bajo estas condiciones, y si los derechos de otras personas no se ven afectados, la ley que ha de aplicarse es la que determine dicho acuerdo.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Esta cuestión se rige por el artículo 23 de la Ley de Derecho internacional privado.

El órgano jurisdiccional establece de oficio la parte de la legislación extranjera que ha de aplicarse. El órgano jurisdiccional o el poder público que resuelve los asuntos que se rigen por la legislación en cuestión toma todas las medidas necesarias para determinar dicha legislación.

Si el órgano jurisdiccional o el poder público que resuelve los casos que se rigen por la legislación en cuestión no conoce el contenido de la legislación extranjera, puede solicitar el dictamen del Ministerio de Justicia con el fin de establecerlo.

Cuando no se pueda determinar la ley extranjera dentro de un plazo razonable, o cuando sea imposible determinarla, se aplicará la legislación checa.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Las obligaciones contractuales se rigen por los artículos 87 y 89 de la Ley de Derecho internacional privado. Se limita a aquellas obligaciones contractuales o aquellos aspectos que no entran dentro del ámbito de la legislación de la UE o de los acuerdos internacionales, salvo que dicha legislación o esos acuerdos permitan que se aplique la Ley de Derecho internacional privado. Se trata, pues, de una disposición residual.

Los contratos se rigen por la legislación del Estado con el que la parte está más estrechamente ligada, salvo que las partes hayan manifestado su elección de la ley aplicable. La elección de la ley aplicable debe hacerse de manera explícita o debe inferirse de forma inequívoca de las cláusulas del contrato o de las circunstancias del caso.

Los contratos de seguros se rigen por la legislación del Estado donde el tomador tiene su residencia habitual. Las partes pueden elegir la ley aplicable en el caso de los contratos de seguros.

En el caso de los contratos de seguros que están sujetos al Reglamento Roma I, la Ley de Derecho internacional privado se sirve de la opción que los Estados miembros tienen con arreglo al artículo 7, apartado 3, de este Reglamento, que permite a las partes elegir la ley aplicable en la medida en que lo permita.

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Derecho internacional privado, las relaciones jurídicas nacidas de contratos legales unilaterales se rigen por la legislación del Estado en el que la parte que celebra el contrato legal unilateral tiene su residencia habitual o su domicilio social en el momento en el que se celebra el contrato, salvo que se opte por aplicar otra ley.

3.2 Obligaciones no contractuales

El artículo 101 de la Ley de Derecho internacional privado establece, principalmente con respecto al ámbito de aplicación del Reglamento Roma II, una norma de conflicto de leyes solo para las obligaciones extracontractuales derivadas de la violación de derechos privados y de la personalidad, incluida la difamación. Estas obligaciones se rigen por la legislación del Estado en el que tiene lugar la infracción de los derechos. La parte perjudicada, sin embargo, puede elegir la aplicación de la legislación del Estado donde a) la parte perjudicada tiene su residencia habitual o su domicilio social, b) el infractor tiene su residencia habitual o su domicilio social, o c) la infracción tuvo consecuencias, siempre que el infractor lo pudiera haber previsto.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

Esta cuestión se rige por el artículo 29 de la Ley de Derecho internacional privado.

Salvo disposición en contrario de la Ley de Derecho internacional privado, la personalidad jurídica y la capacidad jurídica se rigen por la legislación del Estado en el que la persona tiene su residencia habitual. Salvo disposición en contrario, basta con que la persona física que realice una acción legal tenga capacidad para hacerlo con arreglo al Derecho aplicable en el lugar donde realice tal acción.

Los nombres de las personas físicas se rigen por la legislación del Estado del que la persona es nacional. La persona, sin embargo, puede optar por la aplicación de la legislación del Estado donde tiene su residencia habitual.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

El establecimiento y la impugnación de las filiaciones se rigen por el artículo 54 de la Ley de Derecho internacional privado. Están sujetos a la legislación del Estado del que el hijo es nacional por nacimiento; si adquiere más de una nacionalidad por nacimiento, se aplica la legislación checa. Se aplicará la legislación del Estado en el que la madre del niño tenía su residencia habitual en el momento del nacimiento cuando ello redunde en beneficio del niño. Cuando el niño tenga su residencia habitual en la República Checa y cuando redunde en su beneficio, el establecimiento y la impugnación de la filiación estarán sujetos a la legislación checa. Se puede establecer una filiación de conformidad con la legislación del Estado donde se hace la declaración de filiación. Si la filiación se impugna en otro Estado, en un proceso judicial o extrajudicial de conformidad con la legislación de ese Estado, y la filiación se establece con respecto a otra persona, esto será suficiente para establecer una filiación con respecto a esa persona.

La ley aplicable a las relaciones entre padres e hijos en materia de alimentos se determina de conformidad con el Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (2007). En otros casos que impliquen derechos y obligaciones parentales y medidas para proteger a un niño o sus bienes, la ley aplicable se determinará de conformidad con el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (1996).

3.4.2 Adopción

Esta cuestión se rige por las secciones de la Ley sobre Derecho internacional privado 61 y 62.

Para la adopción es necesario cumplir las condiciones establecidas en la legislación del Estado del que el adoptado es nacional y del Estado del que el progenitor adoptivo es nacional. Si los progenitores adoptivos son de diferente nacionalidad, deben cumplirse las condiciones de los ordenamientos jurídicos determinados en virtud de las nacionalidades de los dos progenitores, así como la legislación del Estado del que el adoptado es nacional. Si, con arreglo a esas normas, fuera necesario aplicar la legislación de otro país que no permite la adopción o tan solo la permite en circunstancias muy restringidas, se aplicará la legislación checa, siempre que los progenitores adoptivos o al menos uno de ellos o el adoptado tengan su residencia habitual en la República Checa.

Los efectos de la adopción se rigen por la legislación del Estado del que todas las partes son nacionales en el momento de la adopción o, en su defecto, por la legislación del Estado en el que todas las partes tienen su residencia habitual en el momento de la adopción o, en su defecto, por la legislación del Estado del que el adoptado es nacional.

A las relaciones entre un progenitor adoptivo y un adoptado, o entre los progenitores adoptivos en materia de derechos y obligaciones parentales, educación de los niños y alimentos, se aplicará la ley determinada con arreglo a los acuerdos internacionales que se indican en el apartado 3.4.1 para filiaciones.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Esta cuestión se rige por los artículos 48 y 49 de la Ley de Derecho internacional privado.

La capacidad de una persona para contraer matrimonio, así como las condiciones de validez del matrimonio, están sujetas a la legislación del Estado del que esa persona es nacional.

La forma del matrimonio está sujeta a la ley aplicable en el lugar donde se celebra el matrimonio.

Un matrimonio celebrado en una embajada de la República Checa en otro país está sujeto a la legislación checa.

Las relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la legislación del Estado del que los dos son nacionales. Si son nacionales de diferentes Estados, la relación se rige por la legislación del Estado en el que los cónyuges tienen su residencia habitual o, en su defecto, por la legislación checa.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

El artículo 67 de la Ley de Derecho internacional privado rige la ley aplicable a las parejas de hecho y relaciones similares y sus efectos, la capacidad para establecerlas, los procesos para establecerlas o disolverlas, anularlas e invalidarlas, y para resolver los asuntos personales y patrimoniales entre los miembros de la pareja.

Todas estas cuestiones están sujetas a la legislación del Estado en el que se establece o se ha establecido la pareja de hecho o una relación similar.

La legislación checa no contiene medidas de conflicto de leyes en materia de cohabitación.

3.5.3 Divorcio y separación

El artículo 50 de la Ley de Derecho internacional privado rige la ley aplicable al divorcio y a la anulación matrimonial y la validez del matrimonio. La República Checa no participa en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable a los casos de divorcio y separación legal, por lo que no está vinculada por el Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo.

El divorcio se rige por la legislación del Estado que regula la relación personal de los cónyuges en el momento de iniciar el procedimiento (las relaciones personales de los cónyuges se rigen por la legislación del Estado del que ambos son nacionales. Si son nacionales de diferentes Estados, estas relaciones se rigen por la legislación del Estado en el que ambos cónyuges tienen su residencia habitual o, en su defecto, por la legislación checa). Si, de acuerdo con esta norma de conflicto de leyes, fuera preciso aplicar la legislación de otro país que no permite el divorcio o que solo lo hace bajo circunstancias absolutamente excepcionales, se aplicará la legislación checa siempre que al menos uno de los cónyuges sea nacional de la República Checa o tenga allí su residencia habitual.

En la anulación matrimonial o en la determinación de la validez del matrimonio, la capacidad para contraer matrimonio y la forma de contraerlo se evalúan con arreglo a las leyes aplicables en el momento en que se contrajo el matrimonio.

La legislación checa no contempla ninguna medida de conflicto de leyes para la separación.

3.5.4 Obligación de alimentos

Las obligaciones de alimentos entre cónyuges y ex-cónyuges se rigen por la legislación establecida en el Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (2007).

3.6 Regímenes matrimoniales

Esta cuestión se rige por el artículo 49 de la Ley sobre Derecho internacional privado.

Los regímenes matrimoniales se rigen por la legislación del Estado en el que ambos cónyuges tienen su residencia habitual. En su defecto, se regirán por la legislación del Estado del que ambos cónyuges son nacionales. Y en su defecto, por la legislación checa.

La liquidación contractual de los derechos patrimoniales matrimoniales se rige por la legislación aplicable a los regímenes matrimoniales en el momento en el que se alcanzó el acuerdo. En su defecto, los cónyuges también pueden convenir, para la liquidación contractual de los derechos patrimoniales matrimoniales, que sus regímenes matrimoniales se rijan bien por la legislación del Estado del que uno de los cónyuges sea nacional, bien por el Estado en el que uno de los cónyuges tenga su residencia habitual, bien por la legislación del Estado en el que se encuentre el bien inmueble en cuestión, o bien por la legislación checa. Cuando el acuerdo se celebre en otro país, deberá redactarse un acta notarial o un documento similar.

3.7 Testamentos y sucesiones

La legislación aplicable a la sucesión de las personas que hayan fallecido el 17 de agosto de 2015 o después se rige por el Reglamento (UE) n.º 650/2012.

Esta cuestión se rige por los artículos 76 y 77 de la Ley de Derecho internacional privado. Estas disposiciones se aplican a la sucesión de las personas que fallecieron el 16 de agosto de 2015 o antes (salvo que la ley aplicable se rija de otro modo por un acuerdo bilateral internacional).

El régimen sucesorio legal se rige por la legislación del Estado en el que el testador tenía su residencia habitual en el momento de su defunción. Si el testador era ciudadano de la República Checa y al menos uno de sus herederos tiene su residencia habitual en la República Checa, se aplicará la legislación checa.

La capacidad para hacer o anular un testamento, así como los efectos de los defectos de un testamento y las manifestaciones que contenga, se rigen por la legislación del Estado del que el testador es nacional en el momento de hacer el testamento, o en el que el testador tiene su residencia habitual. La ley aplicable a la capacidad de hacer o anular otros tipos de legados por causa de muerte se establece de una manera similar, así como para determinar qué otros tipos de legados por causa de muerte son admisibles.

Un testamento es válido en cuanto a la forma cuando esta cumple con la legislación del Estado a) del que el testador era nacional cuando hizo testamento o cuando falleció, b) del territorio en el que se hizo testamento, c) en el que el testador tenía su residencia habitual cuando hizo testamento o cuando falleció, d) que ha de aplicarse al régimen jurídico de sucesión o que debía aplicarse a tal régimen en el momento de hacer testamento, o e) en el que se encuentran los bienes inmuebles afectados. Estas normas también se aplican a la forma de anulación de un testamento. También se aplican mutatis mutandis a la forma de los acuerdos de sucesión y otros legados por causa de muerte, siempre que el testador sea una de las partes del acuerdo de sucesión. También se aplican a la forma de anulación de un acuerdo relativo a la sucesión u otros legados por causa de muerte.

El testador puede especificar en su testamento que, en vez de regirse por la ley aplicable por defecto, el régimen jurídico de sucesión se rija por la legislación del Estado en el que el testador tenga su residencia habitual en el momento de hacer testamento, incluyendo el legado de un bien inmueble, o puede especificar que el régimen jurídico de sucesión, incluyendo el legado de un bien inmueble, se rija por la legislación del Estado del que sea nacional en el momento de disponer el testamento. Las partes de un pacto sucesorio pueden elegir el régimen jurídico de sucesión entre esos ordenamientos jurídicos siempre que el testador sea una de las partes de dicho pacto. Esto también se aplica mutatis mutandis a otros legados por causa de muerte.

Según el Reglamento de sucesiones, si, con arreglo a la legislación aplicable a la herencia de acuerdo con sus disposiciones, no hay heredero para ninguno de los bienes, ni legatario para el legado por causa de muerte, ni ninguna persona física que sea heredera, la aplicación de la ley determinada de esta forma no excluye el derecho de un Estado miembro o de una entidad designada por un Estado miembro con ese fin a adquirir la propiedad legal de los bienes de una herencia que se encuentran en su territorio, si los acreedores tienen derecho a que se les paguen las deudas pendientes con cargo a los activos residuales. En la legislación checa, esta cuestión se rige por el artículo 1634 del Código Civil, según el cual, cuando no haya heredero ni siquiera en virtud de las normas de sucesión intestada, la sucesión pasa al Estado, que es considerado como el sucesor legal. El Estado tiene la misma posición con respecto a las otras partes como sucesor, de acuerdo con el beneficio de inventario. Según el artículo 78 de la Ley de Derecho internacional privado, los bienes y derechos de un testador situados en la República Checa pasan a ser propiedad de la República Checa cuando no hay sucesor. Las decisiones sobre estas cuestiones son competencia de los órganos jurisdiccionales checos. A estos efectos, el Estado u otra unidad territorial o institución existente no se considera sucesor, salvo que así lo establezca el testamento.

3.8 Bienes inmuebles

Esta cuestión se rige por los artículos 69 y 79 de la Ley de Derecho internacional privado.

La norma general es que los derechos sustantivos relativos a los bienes inmuebles o a los bienes muebles tangibles se rigen por la legislación del lugar donde se encuentran los bienes. Es también con arreglo a esta legislación como se establece si un bien es mueble o inmueble. Sin embargo, para determinados bienes y ciertos aspectos de los derechos reales, la Ley contiene normas de conflicto de leyes especiales, véase a continuación:

Los derechos reales sobre los buques y aeronaves que están registrados en un registro público, cuyo establecimiento y expiración se rigen por la legislación del Estado donde se mantiene el registro.

El establecimiento y la expiración de los derechos reales sobre bienes muebles tangibles se rigen por la legislación del lugar donde se encontraban los bienes en el momento en el que ocurrió el hecho que dio lugar al nacimiento o la expiración de ese derecho.

El establecimiento y la expiración del derecho de propiedad sobre bienes muebles tangibles que se transfieren en virtud de un acuerdo se rigen por la legislación que regula el acuerdo que constituye la base para el nacimiento o la expiración del derecho de propiedad.

Cuando se realice un proceso legal que haya de servir de base para el establecimiento o la expiración de derechos reales sobre bienes muebles tangibles tras el inicio del traslado de los bienes y mientras dure el traslado, dicho establecimiento y expiración se regirán por la legislación del lugar desde donde se enviaron los bienes. Cuando, en cambio, el establecimiento y la expiración de los derechos reales sobre los bienes en cuestión se determine mediante la presentación de un certificado que deba presentarse con el fin de renunciar a los bienes y transmitirlos, se aplicará la legislación del lugar donde se encuentre el certificado en el momento de presentarlo.

También se aplican las disposiciones sobre las inscripciones en libros públicos y registros similares válidos en el lugar donde se encuentran los bienes muebles o inmuebles cuando el motivo legal para el establecimiento, la expiración, la restricción o la transmisión del derecho registrado se evalúe de acuerdo con otro ordenamiento jurídico.

La aquiescencia se rige por la legislación válida en el lugar donde se encuentran los bienes al inicio del período de aquiescencia. El titular, sin embargo, puede remitirse a la legislación del Estado en el que tiene lugar la aquiescencia, donde, desde el momento en que llegaron los bienes, se hayan cumplido todas la condiciones para la aquiescencia en virtud de la legislación de ese Estado.

3.9 Insolvencia

Esta cuestión se rige por el artículo 111 de la Ley de Derecho internacional privado. Las disposiciones en materia de conflicto de leyes del Reglamento de insolvencia se aplican mutatis mutandis, salvo en los casos sujetos a ese Reglamento.


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Última actualización: 06/03/2019

¿Qué ley será aplicable? - Estonia

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1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Las cuestiones relativas al Derecho aplicable están reguladas principalmente en la El enlace abre una nueva ventanaLey de Derecho internacional privado (en adelante LDIP). La Parte general del Código Civil regulaba la legislación aplicable antes de que la LDIP entrara en vigor el 1 de julio de 2002. Actualmente, en su lugar se aplica la LDIP en casi todos los casos con arreglo al Derecho de obligaciones, la Parte general del Código Civil y al artículo 24 de la Ley que implementa la LDIP.

Por otra parte, se debe tener en cuenta la prioridad de las normas derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho nacional junto con el principio derivado del artículo 123 de la Constitución de la República de Estonia, según el cual, cuando las leyes u otra legislación de Estonia entran en conflicto con un tratado internacional ratificado por el Parlamento estonio, se aplican las disposiciones del tratado internacional. Estonia ha firmado además cuatro acuerdos sobre asistencia jurídica con Rusia, Ucrania, Polonia, Letonia y Lituania que también regulan las cuestiones de Derecho aplicable.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

  • Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias;
  • Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales;
  • Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños;
  • Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias..

Más información disponible en el El enlace abre una nueva ventanaRiigi Teataja (Boletín Oficial).

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

  • Acuerdo de Tallin de 11 de noviembre de 1992 entre la República de Estonia, la República de Letonia y la República de Lituania sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas.
  • Acuerdo de Moscú de 26 de enero de 1993 entre la República de Estonia y la Federación Rusa sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, penal y de familia.
  • Acuerdo de Kiev de 15 de febrero de 1995 entre la República de Estonia y Ucrania sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil y penal.
  • Acuerdo de Tallin de 27 de noviembre de 1998 entre la República de Estonia y la República de Polonia sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, laboral y penal.

Más información disponible en el El enlace abre una nueva ventanaRiigi Teataja.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

Si una ley, un acuerdo internacional o una transacción requieren que se aplique un Derecho extranjero, los órganos jurisdiccionales lo harán independientemente de si se solicita o no dicha aplicación. Esto quiere decir que la obligación de los órganos jurisdiccionales de aplicar el Derecho extranjero es independiente de que alguna de las partes lo solicite o no (artículo 2, apartado 1, de la LDIP).

En algunas causas civiles donde las partes estaban facultadas para convenir la elección de la ley aplicable, los órganos jurisdiccionales de Estonia han aplicado el Derecho de Estonia en lugar del extranjero al haber renunciado las partes de forma tácita a su derecho a elegir una ley extranjera.

2.2 Reenvío

Cuando la LDIP requiere que se aplique un Derecho extranjero, se aplican las normas del Derecho internacional privado del país en cuestión. Cuando dichas normas requieren que se aplique el Derecho de Estonia (reenvío), se aplican las normas de Derecho sustantivo de Estonia (artículo 6, apartado 1, de la LDIP).

Por lo tanto, cuando el Derecho extranjero remite al Derecho de Estonia, se deben aplicar las normas Derecho sustantivo de Estonia.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

La creación o extinción de un derecho real se determina de conformidad con el Derecho del país en el que los bienes están situados en el momento de la creación o la extinción del derecho real (artículo 18, apartado 1, de la LDIP). Por tanto, si la localización de los bienes cambia después de la creación o la extinción de un derecho real, la ley aplicable también cambia. La ley del país del domicilio de una persona física se aplica a su legitimación activa y pasiva (artículo 12, apartado 1, de la LDIP). Por tanto, si el país de domicilio de una persona cambia, también lo hace la ley aplicable a su legitimación activa y pasiva. Sin embargo, la Ley también establece que un cambio de domicilio no restringe la legitimación activa previamente adquirida (artículo 12, apartado 2, de la LDIP).

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

El Derecho extranjero no se aplica si ello resulta en un conflicto manifiesto con los principios fundamentales del Derecho de Estonia (orden público). En estos casos, se aplica el Derecho de Estonia (artículo 7 de la LDIP).

El hecho de que el Derecho extranjero estipule o no una norma jurídica inexistente en el Derecho estonio no es decisivo en dichos casos; en cambio, de conformidad con la cláusula de orden público, el Derecho de Estonia se aplicará en lugar del Derecho extranjero cuando la aplicación de este último entre en claro conflicto con los principios fundamentales del Derecho de Estonia.

El Derecho aplicable a las obligaciones contractuales también establece que las disposiciones del capítulo correspondiente de la LDIP no obstan a la aplicación de aquellas disposiciones del Derecho de Estonia que sean aplicables, independientemente del Derecho que regule los contratos (artículo 31 de la LDIP). El artículo 32, apartado 3, de la Ley también señala que el hecho de que las partes hayan elegido un Derecho extranjero para regular un contrato, independientemente de que también hayan elegido o no una jurisdicción extranjera, y cuando todos los elementos relevantes del contrato en el momento de la elección estén conectados únicamente con un país, no actúa en prejuicio de la aplicación de dichas normas de la ley de ese país, y no pueden ser derogadas por contrato (normas de obligado cumplimiento).

2.5 Prueba de la Ley extranjera

A pesar de que se establece como principio general que los órganos jurisdiccionales deben aplicar el Derecho extranjero en las situaciones en las que así lo disponga la ley, el acuerdo internacional o la transacción, independientemente de si se solicita dicha aplicación (artículo 2, apartado 1, de la LDIP), las autoridades y los órganos jurisdiccionales pueden solicitar la asistencia de las partes o de las autoridades gubernamentales para determinar el Derecho extranjero aplicable.

Aunque las partes pueden presentar documentos a los órganos jurisdiccionales para determinar el contenido del Derecho extranjero, los órganos jurisdiccionales no tienen la obligación de aceptar la validez tales documentos (artículo 4, apartado 2, de la LDIP). Los órganos jurisdiccionales tienen también el derecho de solicitar ayuda al Ministerio de Justicia o al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Estonia y a contratar expertos (artículo 4, apartado 3, de la LDIP).

Las partes de un procedimiento civil solo están obligadas a probar el Derecho en vigor que no sea el Derecho de la República de Estonia, el Derecho internacional o el Derecho consuetudinario en la medida en que el órgano jurisdiccional no esté familiarizado con dicho Derecho, de conformidad con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. El órgano jurisdiccional también puede utilizar otras fuentes de información y practicar otras actuaciones para determinar el contenido de la ley, tal como se describe en el párrafo anterior en referencia al artículo 4 de la LDIP.

El derecho del órgano jurisdiccional a solicitar información para determinar el contenido del Derecho aplicable se basa en el principio de audiencia del procedimiento civil. Este principio se expresa principalmente en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil, que establece que los procedimientos en una actuación se llevan a cabo en función de los hechos y las peticiones presentadas por las partes sobre la base de la demanda, y que las partes tienen los mismos derechos y oportunidades de motivar sus alegaciones y de refutar o impugnar las alegaciones efectuadas por la parte contraria. Al hacer esto, cada parte puede elegir los hechos que presenta para justificar su alegación, así como la evidencia para probar tales hechos.

La ley también permite excepciones a la aplicación del Derecho de Estonia cuando no se pueda determinar el contenido del Derecho extranjero en un periodo razonable de tiempo a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo en ese sentido (artículo 4, apartado 4, de la LDIP).

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

De forma similar a otras materias de Derecho internacional privado, el Derecho que rige los contratos está regulado por la LDIP en Estonia, a menos que se disponga lo contrario por la legislación internacional. El Derecho que regula un contrato se puede determinar sobre la base de un acuerdo entre las partes o, cuando la LDIP no permite a las partes elegir el Derecho aplicable, sobre la base del Derecho aplicable determinado usando los criterios establecidos.

La LDIP permite a las partes llegar a un acuerdo sobre la elección del Derecho, siempre que los contratos se rijan por el Derecho del país acordado por las partes; también estipula que las partes pueden elegir el Derecho que regula todo el contrato o una parte del mismo si el contrato es divisible de esta forma (artículo 32, apartados 1 y 2, de la Ley). Sin embargo, la elección del Derecho por acuerdo entre las partes no actúa en perjuicio de la aplicación de las normas imperativas del Derecho aplicable. El artículo 32, apartado 3, de la Ley establece que el hecho de que las partes hayan elegido un Derecho extranjero para regir un contrato, independientemente de si han elegido o no también una jurisdicción extranjera y cuando todos los elementos relevantes del contrato en el momento de la elección están vinculados únicamente con un país, no actúa en perjuicio de la aplicación de aquellas normas del Derecho del país que no pueden derogarse por contrato (normas imperativas).

Cuando las partes no han elegido el Derecho que rige un contrato, el contrato se regula por el Derecho del país con el que el contrato tiene una mayor vinculación. Si el contrato es divisible y una parte del contrato tiene una mayor vinculación con otro país, dicha parte se debe regular por el Derecho de tal país (artículo 33, apartado 1, de la LDIP).

A efectos de determinar el país con el que el contrato tiene mayor vinculación, la Ley establece que un contrato se presume más estrechamente vinculado con el país en el que la parte que debe cumplir la obligación característica del contrato tiene su domicilio en el momento de la celebración del contrato o, en el caso de un órgano de administración de dicha parte, su sede. Si el contrato se celebra en el contexto de la actividad comercial o profesional de la parte que cumple la obligación característica del contrato, dicho contrato se presume más estrechamente vinculado con el país donde está ubicado el establecimiento principal de dicha parte. Si el contrato requiere que la obligación característica del contrato se cumpla en un establecimiento distinto del principal, el contrato se presume más estrechamente vinculado al país en el que se sitúe el otro establecimiento (artículo 33, apartado 2, de la LDIP).

Para bienes inmuebles y contratos de transporte, se prevén excepciones a la norma general acerca del lugar de cumplimiento del contrato. Si el objeto de un contrato es un derecho de un bien inmueble o un derecho de uso de un bien inmueble, el contrato se presume más estrechamente vinculado con el país en el que se sitúa el bien inmueble; mientras que, en el caso de un contrato de transporte, el contrato se presume más estrechamente vinculado con el país en el que está situado el centro de actividad del transportista en el momento de celebración del contrato. Un país se considera el lugar de establecimiento si el punto de salida o destino o, en el caso de transporte de mercancías, el establecimiento del expedidor o el lugar de carga y descarga, se encuentran también situados en el mismo país (artículo 33, apartado 4 y apartado 5 de la LDIP).

Se aplican normas especiales a los contratos celebrados con consumidores, los contratos de trabajo y los contratos de seguro (artículos 34-47 de la LDIP).

3.2 Obligaciones no contractuales

El Derecho de Estonia contempla distintos motivos para la elección del Derecho aplicable en función de la naturaleza de la obligación extracontractual de que se trate.

Las demandas contra el enriquecimiento injusto derivadas del cumplimiento de una obligación se rigen por el Derecho del país que regula la relación jurídica real o presunta sobre cuya base se cumplió la obligación; las demandas contra el enriquecimiento injusto derivadas de la vulneración de un derecho de otra persona se rigen por el Derecho del país en el que tuvo lugar la vulneración. En otros casos, las demandas derivadas del enriquecimiento injusto se rigen por el Derecho del país en el que se produjo el enriquecimiento injusto (artículo 481, apartado 1 y apartado 3, de la LDIP).

Las demandas derivadas de la gestión de negocios se rigen por el Derecho del país en el que el gestor de negocios realizó el acto, y las demandas derivadas del cumplimiento de las obligaciones de otra persona se rigen por el Derecho que regula dichas obligaciones (artículo 49, apartados 1 y 2, de la LDIP).

Como norma general, las demandas derivadas de los daños causados de forma ilícita se rigen por la ley del país en el que se produjo u ocurrió el acto o hecho sobre el que se basa la demanda. Si las consecuencias no se manifiestan en el país en el que se produjo u ocurrió el acto o hecho sobre el que se basa la demanda, regirá el Derecho del país en el que se manifiesten las consecuencias del acto o hecho si la parte perjudicada así lo solicita (artículo 50, apartados 1 y 2, de la LDIP). Sin embargo, se aplica una limitación a la indemnización que debería pagarse por los daños causados de forma ilícita. En caso de que una demanda derivada de un daño causado de forma ilícita se rija por un Derecho extranjero, dicha indemnización ordenada en Estonia no deberá ser significativamente mayor que la indemnización que sería prescrita por daños similares en virtud del Derecho de Estonia (artículo 52 de la LDIP).

La Ley también permite a las partes alcanzar un acuerdo para aplicar el Derecho de Estonia después de que se produzca el hecho u ocurra el acto del que deriva una obligación extracontractual. La elección del Derecho aplicable no afecta a los derechos de terceros (artículo 54 de la LDIP).

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

No se aplican normas diferentes sobre el Derecho aplicable a los nombres personales en virtud del Derecho de Estonia.

Se aplica el Derecho de Estonia para determinar el domicilio de una persona física (artículo 10 de la LDIP). La nacionalidad de una persona física se determina en virtud del Derecho del país cuya nacionalidad se va a decidir; si una persona física tiene varias nacionalidades, se aplica la nacionalidad del país con el que la persona se encuentra más estrechamente vinculada; en los casos de una persona apátrida, una persona cuya nacionalidad no se puede determinar o un refugiado, se aplica el domicilio de la persona en lugar de su nacionalidad (artículo 11, apartados 1 y 3, de la LDIP).

El Derecho del país de domicilio de una persona física se aplica a su capacidad jurídica pasiva y activa, pero un cambio de domicilio no limita la capacidad jurídica activa previamente adquirida (artículo 12, apartados 1 y 2, de la LDIP).

Hay una norma especial que determina cuando una persona puede solicitar la incapacidad; sin embargo, las operaciones derivadas del derecho de familia o el derecho de sucesiones y las operaciones relativas a bienes inmuebles situados en otro país se acogen a una excepción a dicha norma (artículo 12, apartado 4, de la LDIP). No obstante, la norma general establece que si una persona realiza una operación cuando carece de capacidad jurídica activa o bien esta se encuentra limitada conforme al Derecho de su país de domicilio, dicha persona no puede solicitar alegar incapacidad si tiene su capacidad jurídica activa en virtud del Derecho del país en el que se llevó a cabo la operación. La norma general no se aplica si la otra parte era consciente, o debería haberlo sido, de la falta de capacidad jurídica activa de la persona (artículo 12, apartado 3, de la LDIP).

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

Las relaciones de derecho de familia entre un progenitor y un menor se regulan de conformidad al Derecho del país de domicilio del menor (artículo 65 de la LDIP). Los derechos y obligaciones recíprocos de los progenitores y los menores derivan de la filiación del menor, que se determina de conformidad con el procedimiento establecido por la ley; la filiación no está sujeta a diferentes normas sobre el Derecho aplicable.

La filiación deberá determinarse o impugnarse en virtud del Derecho del país de domicilio del menor en el momento de su nacimiento; sin embargo, en algunos casos, la filiación también podría determinarse o impugnarse de conformidad con el Derecho del país de domicilio del progenitor o el país de domicilio del menor en el momento de la impugnación (artículo 62 de la LDIP).

3.4.2 Adopción

La adopción se rige por el Derecho del país de domicilio del padre adoptivo. La adopción realizada por ambos cónyuges se rige por ley que establece las consecuencias jurídicas generales del matrimonio en el momento de la adopción (artículo 63, apartado 1, de la LDIP). Esto implica que la adopción realizada por ambos cónyuges se rige principalmente por el Derecho del país común del domicilio de ambos cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), pero la Ley también enumera una lista de motivos alternativos para la elección del Derecho en los casos en los que los cónyuges no compartan un país de domicilio. (Artículo 57, apartados 2 y 4, de la LDIP).

Si el hecho de adoptar a un menor en virtud del Derecho del país de domicilio del menor requiere el consentimiento del menor o de cualquier otra persona con lazos familiares con el menor, se aplicará el Derecho de dicho país al consentimiento (artículo 63, apartado 2, de la LDIP).

Si una adopción se rige por un Derecho extranjero o si un menor es adoptado sobre la base de una resolución de un órgano jurisdiccional extranjero, la Ley dispone específicamente que dicha adopción tiene el mismo efecto en Estonia que en el país en el que el menor fue adoptado (artículo 64 de la LDIP). También es importante destacar que cuando se adopta a un menor cuyo domicilio se encuentra en Estonia, se debe cumplir también con todas las demás estipulaciones del Derecho de Estonia, en la forma requerida por el Derecho del país de domicilio del menor o de los cónyuges (artículo 63, apartado 3, de la LDIP).

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se rigen principalmente por el Derecho del país común del domicilio de los cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), pero la Ley también enumera una serie de motivos alternativos para la elección del Derecho aplicable para los casos en los que los cónyuges no comparten un país de domicilio: misma nacionalidad, último país común de domicilio si uno de los cónyuges reside todavía en el mismo país o, en defecto de lo anterior, se aplica el Derecho del país de mayor vinculación con los cónyuges (artículo 57, apartado 2 y apartado 4, de la LDIP).

El Derecho de Estonia se aplica al procedimiento para contraer matrimonio en Estonia. Un matrimonio celebrado en un país extranjero se considera válido en Estonia si se celebra en virtud del procedimiento apropiado establecido en la ley del país en el que se lleva a cabo el matrimonio y reúne las condiciones necesarias para contraer matrimonio conforme a las leyes de los países de domicilio de ambos esposos (artículo 55, apartados 1 y 2, de la LDIP).

Como norma general, los requisitos e impedimentos para el matrimonio y las consecuencias que de ellos se derivan se rigen por el Derecho del país de domicilio de los futuros cónyuges (artículo 56, apartado 1, de la LDIP). Un matrimonio anterior de un futuro cónyuge no es un impedimento para celebrar un nuevo matrimonio si el matrimonio previo se había terminado mediante resolución dictada o reconocida en Estonia, incluso si dicha resolución no cumple con el Derecho del país de domicilio del futuro cónyuge (artículo 56, apartado 3, de la LDIP).

Se aplica una norma especial a los nacionales estonios con respecto al Derecho aplicable a las condiciones necesarias para contraer matrimonio; dicha norma establece que si un ciudadano de Estonia no cumple las condiciones necesarias para contraer matrimonio conforme al Derecho de su país de domicilio, se aplica el Derecho de Estonia si la persona cumple con las condiciones necesarias para contraer matrimonio de conformidad con el Derecho de Estonia (artículo 56, apartado 2, de la LDIP).

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

El Derecho de Estonia no establece ninguna normativa legal para la cohabitación o unión de hecho. Para determinar el Derecho aplicable, se deben aplicar las normas establecidas para las relaciones jurídicas de mayor similitud. Dependiendo de la naturaleza de la cohabitación o unión de hecho, pueden ser apropiadas las normas aplicables a las obligaciones contractuales o las relaciones de derecho de familia.

3.5.3 Divorcio y separación

Los divorcios se otorgan en virtud del Derecho que rige las consecuencias jurídicas generales del matrimonio aplicable en el momento del inicio del procedimiento de divorcio (artículo 60, apartado 1, y artículo 57, de la LDIP). Esto implica que los divorcios se rigen principalmente por el Derecho del país común del domicilio de los cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), pero la Ley también enumera una serie de motivos alternativos para la elección del Derecho aplicable para los casos en los que cónyuges no comparten un país de domicilio: misma nacionalidad, último país común de domicilio si uno de ellos todavía reside en el mismo país o, en defecto de lo anterior, se aplica el Derecho del país de mayor vinculación con los cónyuges (artículo 57, apartado 2 y apartado 4, de la LDIP).

Como excepción, se puede aplicar el Derecho de Estonia en lugar del Derecho extranjero si el divorcio no está permitido de conformidad con el Derecho que regula las consecuencias jurídicas generales del matrimonio (artículo 57 de la LDIP) o si solo está permitido bajo unas condiciones muy estrictas. Dicha excepción se aplica siempre que uno de los cónyuges resida en Estonia, tenga nacionalidad estonia, haya residido en Estonia, o haya tenido nacionalidad estonia en el momento de la celebración del matrimonio (artículo 60, apartados 1 y 2, de la LDIP).

3.5.4 Obligación de alimentos

No existen normas nacionales de Derecho internacional privado aplicable para la obligación de alimentos derivada de las relaciones familiares y se proporcionan referencias a la legislación internacional pertinente.

3.6 Regímenes matrimoniales

Los cónyuges tienen permitido elegir el Derecho aplicable a sus derechos de propiedad con respecto a su régimen económico matrimonial. Por lo tanto, si los cónyuges han elegido el Derecho aplicable, se aplicará el Derecho de su elección. No obstante, los cónyuges no pueden elegir el Derecho de cualquier país que deseen. Pueden elegir entre el Derecho de su país de domicilio y el del país de la nacionalidad de uno de los cónyuges. Si un cónyuge tiene varias nacionalidades, podrá elegir el Derecho de cualquiera de los países de nacionalidad (artículo 58, apartado 1, de la LDIP).

En Estonia, la elección del Derecho aplicable está sujeta a los requisitos formales obligatorios. La elección del Derecho aplicable a los derechos de propiedad de los cónyuges se debe formalizar ante notario. Si el Derecho aplicable no se elige en Estonia, la elección del Derecho es formalmente válida si se cumplen los requisitos formales para los contratos del régimen matrimonial prescritos por la ley elegida (artículo 58, apartado 2, de la LDIP).

Si los cónyuges no han llevado a cabo ninguna elección del Derecho aplicable, los derechos de propiedad de los cónyuges se regularán de conformidad con el Derecho aplicable a las consecuencias jurídicas generales del matrimonio en el momento en el que este se celebró (artículo 58, apartado 3, y artículo 57 de la LDIP). Las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se rigen principalmente bien por el Derecho del país común del domicilio de los cónyuges (artículo 57, apartado 1, de la LDIP), o bien por el Derecho del país de nacionalidad común de los cónyuges si uno de ellos todavía reside en el mismo país o, en defecto de los anteriores, por el Derecho del país con el que los cónyuges se encuentran más estrechamente vinculados (artículo 57, apartados 2 y 4, de la LDIP).

3.7 Testamentos y sucesiones

La sucesión se regula por el Derecho del último país de domicilio del testador. El Derecho aplicable determina, en particular, lo siguiente: 1) los tipos y efectos de las disposiciones testamentarias; 2) la capacidad de heredar y la prohibición de sucesión; 3) el alcance de la sucesión; 4) los sucesores y las relaciones entre ellos; y 5) la responsabilidad de las deudas del testador (artículo 24 y artículo 26 de la LDIP).

3.8 Bienes inmuebles

La creación o la extinción de un derecho real se determina de conformidad con el Derecho del país en el que se encontraba la propiedad en el momento de la creación o el agotamiento del derecho. Se establece una limitación - un derecho real no se debe ejercer si entra en conflicto con los principios fundamentales de la lex situs de la propiedad (artículo 18, apartados 1 y 2, de la LDIP).

3.9 Insolvencia

El Derecho de Estonia se aplica a los procedimientos de insolvencia sustanciados en Estonia. La base jurídica es la Ley de quiebra, que establece que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil se aplican a los procedimientos de quiebra salvo que la ley disponga lo contrario (artículo 3, apartado 2, de la Ley); el Código de Procedimiento Civil establece que el órgano jurisdiccional ha de sustanciar los procedimientos con arreglo al Derecho del Procedimiento Civil de Estonia (artículo 8, apartado 1, del Código).


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Última actualización: 28/03/2018

¿Qué ley será aplicable? - Irlanda


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Las normas de conflicto de leyes en Irlanda tienen su origen principalmente en el common law (Derecho consuetudinario) que, como tal, está sujeto a cambio y evolución. No obstante, como la jurisprudencia en este ámbito es relativamente escasa, resulta difícil ser concluyente respecto al estado de la legislación vigente en una serie de cuestiones. Esto es especialmente aplicable al Derecho de familia. En cuanto a las reglas reguladoras de la jurisdicción, las normas tradicionales que regulan la elección de la ley aplicable están siendo gradualmente sustituidas por los convenios internacionales y el Derecho de la UE.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Convenio de La Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias.

Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

No se conoce ningún Convenio bilateral del que Irlanda sea parte que contenga disposiciones sobre la elección de la ley aplicable.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

La postura general es que las normas de conflicto de leyes son solo aplicables si lo solicita, al menos, una de las partes.

2.2 Reenvío

Solo en muy raras ocasiones se presentan ante los tribunales irlandeses asuntos que exigen consideración de la doctrina.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

No se ha adoptado un enfoque único en esta jurisdicción.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

Aunque no existe jurisprudencia sobre esta cuestión, es improbable que Irlanda aplicare Derecho extranjera contraria al orden público irlandés.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Los tribunales irlandeses exigen que el contenido de la ley extranjera quede probado como si se tratara de un hecho. La parte que solicite la aplicación de la ley extranjera deberá alegarla y probar su contenido, como si se tratara de un hecho, a satisfacción del juez. En caso de conflicto entre las pruebas aportadas por las partes, el juez puede acudir a expertos o peritos y tomar en consideración las pruebas primarias (por ejemplo, leyes y causas judiciales extranjeras), especialmente cuando apliquen conceptos que resulten familiares a un juez irlandés. Si las normas de conflicto de leyes irlandesas indican que se debe aplicar el Derecho extranjero pero ninguna parte proporciona pruebas del Derecho en cuestión, el órgano jurisdiccional, por lo general, presumirá que se trata de Derecho similar al irlandés, a menos que se pruebe lo contrario.

La prueba pericial es, por lo general, el medio de prueba utilizado para probar el contenido de la ley extranjera y no basta con presentar ante el órgano jurisdiccional el texto de una ley, una sentencia o un escrito de una autoridad extranjera. Cualquier persona considerada jurista conforme al sistema jurídico de su país, o que tenga suficiente experiencia en dicho sistema en la práctica, podrá emitir un dictamen sobre la ley extranjera. El órgano jurisdiccional no suele llevar a cabo su propia investigación sobre la ley extranjera.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Irlanda es signataria del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Irlanda ha aplicado este Convenio mediante la adopción de la Ley de obligaciones contractuales (ley aplicable) de 1991. Las normas del Convenio son aplicables a las obligaciones contractuales en cualquier situación que implique un conflicto de leyes. No obstante, determinados tipos de contratos, como las obligaciones contractuales derivadas de una relación familiar, no están sujetas al Convenio.

Cabe destacar que el Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales («Roma I») es de aplicación directa en Irlanda. Sin embargo, Irlanda decidió no aplicar el Reglamento 1259/2010 («Roma III»), por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en las jurisdicciones de los Estados miembros participantes.

3.2 Obligaciones no contractuales

En relación con el Derecho de familia y las demandas de divorcio, los tribunales irlandeses consideran que la lex fori es un principio apropiado porque proporciona seguridad. No existe Derecho escrito en Irlanda sobre los conflictos de leyes en asuntos de responsabilidad civil y hay muy poca jurisprudencia al respecto. Los órganos jurisdiccionales irlandeses tienen en consideración el principio de la lex fori, que sostiene que se debe aplicar la ley del foro, y también el principio de la lex loci delicti, que sugiere que debe aplicarse la ley del lugar donde se cometió el acto ilícito civil. Los órganos jurisdiccionales también pueden tener en cuenta el propio Derecho de responsabilidad civil, que recomienda un enfoque flexible, permitiendo al tribunal que considere la totalidad de los diversos puntos de conexión y que decida la cuestión jurisdiccional de manera correspondiente.

Cabe destacar que el Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») es de aplicación directa en Irlanda.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

El domicilio de un menor en el momento de su nacimiento es el mismo que el de su padre si sus progenitores estaban casados entre sí en el momento de su nacimiento. Si los progenitores del menor no estaban casados entre sí en el momento de su nacimiento, o si el padre hubiera fallecido antes del nacimiento, el domicilio del menor será el mismo que el de su madre. Esta norma continúa aplicándose hasta que el menor cumple 18 años, momento en que alcanza la mayoría de edad y tiene capacidad legal para elegir domicilio.

Una persona solo podrá optar por otro domicilio residiendo efectivamente en la jurisdicción de que se trate, con la intención de permanecer en ella de manera indefinida o permanente. En el momento en el que falte alguno de estos elementos, se vuelve a aplicar la norma del domicilio de origen. El domicilio de la esposa ya no está determinado por el del marido, sino que se establece de manera independiente.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

La Ley de 1987 relativa al estatuto de los menores derogó el concepto de ilegitimidad. En virtud de dicha Ley, la relación entre cada persona y su padre y madre se determina independientemente de si el padre y la madre están o han estado casados entre sí.

A pesar de esto, cuando los progenitores de un menor no están casados entre sí en la fecha de nacimiento del menor o en el momento de la concepción, no se considera que el menor sea legítimo. No obstante, un menor puede ser legitimado mediante el matrimonio subsiguiente de sus padres. No existe diferencia a nivel constitucional entre el menor legítimo y el menor legitimado. Tampoco existe diferencia alguna entre los derechos de un menor a ser mantenido por sus progenitores o a heredar de ellos, tanto si estos están casados entre sí como si no lo están en ningún momento.

Cuando los órganos jurisdiccionales irlandeses ejercen jurisdicción en un asunto con arreglo al Reglamento 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental («Bruselas II bis»), por lo general, aplicarán el Derecho irlandés.

Cuando los órganos jurisdiccionales irlandeses tienen jurisdicción en relación con un asunto de adopción, también será aplicable el Derecho irlandés.

Cabe destacar que los tribunales superiores tienen competencia inherente para dictar resoluciones que ejecuten los derechos constitucionales de un menor de nacionalidad irlandesa, independientemente del lugar de residencia habitual del menor. Al resolver sobre su propia competencia, el órgano jurisdiccional valorará si es apropiado o adecuado que conozca del asunto en vista de las circunstancias del mismo, teniendo en cuenta la norma de cortesía entre órganos jurisdiccionales del Derecho internacional privado.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

Por lo que se refiere al matrimonio, en virtud del Derecho irlandés, la 34.ª Enmienda de la Constitución, aprobada el 22 de mayo de 2015, prevé que cualesquiera dos personas podrán contraer matrimonio de conformidad con la ley, independientemente de su sexo. Así pues, las personas que tienen capacidad y son libres para contraer matrimonio podrán hacerlo con independencia de su género biológico cuando se promulgue y entre en vigor la Ley de matrimonio de 2015. Un matrimonio no se considerará válido en Irlanda cuando una de las partes sea un transexual y celebre el matrimonio utilizando su nuevo género. En virtud de las normas del Derecho internacional privado, un matrimonio celebrado en el extranjero solo será reconocido si se cumplen una serie de condiciones. Las partes deben haber cumplido las formalidades aplicables en la jurisdicción en que la ceremonia de matrimonio tuvo lugar (lex loci celebrationis). Las partes deben tener capacidad jurídica para contraer matrimonio de acuerdo con las normas de la jurisdicción en que estén domiciliados. El matrimonio celebrado en el extranjero debe ser análogo a lo que se entiende generalmente como matrimonio en Irlanda. Si un matrimonio es potencialmente polígamo, por ejemplo, no será reconocido.

Las órdenes dictadas en virtud del artículo 5 de la Ley de uniones civiles registradas y de determinados derechos y obligaciones de los miembros de una unión de hecho de 2010 prevén el reconocimiento del derecho de determinadas categorías de relaciones registradas en el extranjero a recibir el mismo tratamiento en el Derecho irlandés que una unión civil registrada en Irlanda, y la obligación de otorgarlo, siempre que la pareja en cuestión hubiera tenido la capacidad jurídica para registrarse como unión civil en Irlanda.

En cuanto a la jurisdicción relativa a los procedimientos de divorcio, separación legal o anulación, el Reglamento 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental («Bruselas II bis») es de aplicación directa en Irlanda. En los asuntos en que ningún otro Estado miembro tenga jurisdicción de conformidad con Bruselas II bis, los órganos jurisdiccionales irlandeses podrán ejercer jurisdicción cuando, al menos, una de las partes esté domiciliada en Irlanda en el momento de incoación del procedimiento.

Una vez que un órgano jurisdiccional irlandés establezca su jurisdicción en un procedimiento de divorcio, aplicará entonces su propio Derecho al procedimiento de Derecho de familia y a cualesquiera asuntos accesorios o relacionados.

En los asuntos en que no sea aplicable Bruselas II bis, se reconocerá un divorcio otorgado en el extranjero si se concedió en un país en el que uno de los cónyuges estaba domiciliado en la fecha de incoación del procedimiento de divorcio.

3.5.1 Obligación de alimentos

Los créditos alimenticios se regulan en la actualidad en el marco del Reglamento 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

En esencia, el propósito del Reglamento sobre alimentos es proporcionar un conjunto de normas comunes relativas a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución, la cooperación y los documentos normalizados para facilitar la recuperación efectiva de alimentos en la Unión Europea. Habida cuenta de que uno de los principales objetivos del Reglamento es garantizar que un acreedor de alimentos pueda obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que sea automáticamente ejecutable en otro Estado miembro sin formalidades ulteriores, el Reglamento sobre alimentos incluye medidas relativas a la competencia, al conflicto de leyes, al reconocimiento y a la ejecutabilidad, a la ejecución y a la asistencia jurídica gratuita, y está diseñado para promover la cooperación entre las autoridades centrales. El texto del Reglamento es muy categórico respecto a la obligación de que los términos de la resolución original sean ejecutados sin modificaciones, y bajo ninguna circunstancia se podrá revisar una resolución dictada en un Estado miembro en cuanto al fondo en el Estado miembro en que se solicite posteriormente su reconocimiento y ejecución. Así pues, el efecto neto del Reglamento es prohibir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro dicte resoluciones nuevas o relacionadas sobre un asunto que no ha sido presentado ante él.

3.6 Regímenes matrimoniales

En ausencia de una intención en sentido contrario, un acuerdo matrimonial (contrato) entre las partes se interpretará de conformidad con la ley aplicable en el domicilio conyugal. Cuando no exista dicho acuerdo, la ley aplicable también se determinará según el domicilio conyugal. Cuando los cónyuges compartan domicilio, este se considerará el domicilio conyugal. Cuando no sea así, es probable que el domicilio conyugal se determine según la ley aplicable con la que las partes y el matrimonio tengan un vínculo más importante.

3.7 Testamentos y sucesiones

Como principio general, la ley que regula las sucesiones de bienes inmuebles es la del lugar en que la estos estén ubicados, mientras que la del país en que el difunto estaba domiciliado en el momento del fallecimiento regula la distribución y la sucesión de sus bienes muebles.

La capacidad del testador queda determinada por la ley aplicable en su domicilio, aunque existe el punto de vista de que, en el caso de bienes inmuebles, debe aplicarse la lex situs.

Cuando el domicilio del testador cambie entre la fecha de otorgamiento del testamento y la fecha del fallecimiento, existen puntos de vista encontrados sobre si la capacidad debe determinarse por la ley aplicable en el domicilio del causante en el momento del otorgamiento del testamento o en el momento del fallecimiento.

Un testamento es formalmente válido en virtud de la Ley de sucesiones de 1965 si está otorgado de conformidad con una de las siguientes leyes: la del lugar en que el testador realizó las disposiciones testamentarias; la del lugar de nacionalidad, domicilio o residencia habitual del testador bien en el momento en que realizó las disposiciones testamentarias, bien en el momento de su fallecimiento; o, en lo referente a bienes inmuebles, la ley del lugar en que estén ubicados.

3.8 Bienes inmuebles

El Derecho irlandés distingue entre bienes muebles y bienes inmuebles y aplica la ley del país en que los bienes estén ubicados para determinar si el interés en cuestión radica en un bien mueble o inmueble.

Por norma general, la ley aplicable en el caso de los bienes inmuebles es la del lugar en que los bienes estén situados.

3.9 Insolvencia

El Reglamento n.º 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia (el «Reglamento sobre insolvencia») establece normas jurisdiccionales en relación con los procedimientos de insolvencia en la UE [1]. El artículo 3 del Reglamento sobre insolvencia prevé que los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor tendrán competencia para incoar el procedimiento de insolvencia. Por tanto, los procedimientos de insolvencia incoados en Irlanda serán resueltos por los órganos jurisdiccionales irlandeses de conformidad con la normativa irlandesa que regula la presentación, comprobación y admisión de demandas relativas a procedimientos de insolvencia. Los principales instrumentos en este ámbito son la Ley de sociedades de 2014, las Leyes de insolvencia de personas físicas de 2012-2015 y la Ley concursal de 1988.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0026/sec0027.html




[1] Sustituido, con efecto desde el 26 de junio de 2017, por el Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido).


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Última actualización: 10/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Grecia


Cuando una relación jurídica entre personas contiene elementos que la conectan con más de un Estado (un componente internacional) y surge un litigio, los tribunales griegos no aplicarán necesariamente la legislación griega e investigarán qué ley debe aplicarse (la ley aplicable) sobre la base del Derecho internacional privado. El Derecho internacional privado es un mecanismo que se rige por las normas de los factores de conexión con el fin de determinar la ley aplicable (es decir, las disposiciones legales de un país), que puede ser la ley del órgano jurisdiccional en cuestión o la de otro país. Para determinar la ley aplicable de acuerdo con las normas de los factores de conexión se utilizan uno o más factores de conexión. El factor de conexión es el factor de un litigio con un elemento internacional que activa una norma específica del Derecho internacional privado con el fin de determinar la ley aplicable en el caso en cuestión, es decir, la legislación griega o la legislación de un Estado extranjero (conflicto de leyes).

1 Fuentes del Derecho positivo

La legislación griega constituye la principal fuente para determinar la ley aplicable. El concepto de ley también incluye los convenios internacionales bilaterales y multilaterales ratificados por Grecia y que, una vez ratificados, se aplican de la misma manera que la legislación nacional griega. El concepto de ley también abarca la legislación producida por la Unión Europea, en particular los reglamentos. Dado el continuo aumento de las transacciones privadas a nivel internacional, tanto en términos de cantidad como de tipo, la jurisprudencia griega y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de no ser una fuente formal, desempeñan un papel esencial en la corrección de deficiencias en el Derecho internacional privado, que se utiliza para determinar la ley aplicable.

1.1 Derecho interno

Las principales disposiciones se establecen en los artículos 4 a 33 del Código Civil, así como en otras leyes, por ejemplo, los artículos 90 a 96 de la Ley 5325/1932 sobre las letras de cambio y los pagarés y los artículos 70 a 76 de la Ley 5960/1933 sobre el cheque.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

A continuación figuran algunos de los convenios internacionales multilaterales:

Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956 relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, ratificado por Grecia mediante la Ley 559/1977;

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, ratificado por Grecia mediante la Ley 1325/1983;

Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, ratificado por Grecia mediante la Ley 1334/1983;

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, ratificado por Grecia mediante la Ley 4020/2011.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

A continuación figuran algunos de los convenios internacionales bilaterales:

Convenio de 17 de mayo de 1993 sobre asistencia judicial en materia civil y penal entre la República Helénica y la República de Albania, ratificado por Grecia mediante la Ley 2311/1995;

Convenio-Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 3 de agosto de 1951 entre Grecia y los EE.UU., ratificado por Grecia mediante la Ley 2893/1954.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

Cuando, en virtud de las normas del factor de conexión del Derecho internacional privado griego, la ley de otro país es la ley aplicable, los tribunales griegos lo tienen en cuenta por iniciativa propia, es decir, sin necesidad de que los litigantes lo aduzcan, y deben investigar qué disposiciones del Derecho extranjero son de aplicación (artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2.2 Reenvío

Cuando las normas del Derecho internacional privado griego estipulan que se debe aplicar la ley de otro país, se aplican las disposiciones de su Derecho sustantivo, es decir, se hace referencia solamente a ellas en lugar de a las disposiciones del Derecho internacional privado de ese país (artículo 32 del Código Civil), que a su vez podría estipular que se aplica la legislación griega o la ley de un tercer Estado.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

El factor de conexión de una relación jurídica a menudo cambia durante el curso de una relación: por ejemplo, el domicilio de una sociedad se transfiere de un país a otro, en cuyo caso la ley aplicable también cambia. Hay normas que proporcionan una solución explícita en cuanto a qué ley cabe aplicar en última instancia; de lo contrario, el tribunal aplicará la ley aplicable que correspondía inicialmente, antes de producirse el cambio del factor de conexión, o posteriormente, o una combinación de ambas, dependiendo de las circunstancias concretas del caso.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

Si el Derecho internacional privado griego (normas del factor de conexión) estipula que cabe aplicar el Derecho extranjero pero que su aplicación entra en conflicto con los principios morales o jurídicos fundamentales que sirven como modelo al orden público griego (artículo 33 del Código Civil), cuando se celebre la vista del caso, el tribunal griego no aplicará la disposición pertinente de la ley extranjera sino las demás disposiciones extranjeras (función negativa). Sin embargo, si una vez descartada su aplicación existe un vacío legal en el Derecho extranjero, este vacío se llenará mediante la aplicación de la legislación griega (función positiva).

Una manera de proteger los intereses del sistema jurídico griego es promulgar normas que sean directamente aplicables. Estas normas regulan asuntos de especial importancia en las relaciones jurídicas internas del Estado y también son aplicadas directamente por los tribunales griegos en los casos que presenten un elemento internacional y que no se resuelvan con la aplicación del Derecho internacional privado griego.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Los tribunales griegos pueden utilizar cualquier medio que consideren apropiado para determinar la ley extranjera aplicable. Este conocimiento puede basarse en información jurídica de la que los jueces tengan conocimiento personal, o que pueden buscar en los convenios internacionales (multilaterales y bilaterales) —en virtud de los cuales los Estados miembros han asumido la obligación mutua de proporcionar información— o de organizaciones científicas nacionales o extranjeras. En caso de que resulte difícil o imposible determinar la ley extranjera aplicable, los tribunales griegos podrán incluso pedir ayuda a los litigantes, aunque sin limitarse a las pruebas que ellos aporten (artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Excepcionalmente, los tribunales griegos aplicarán la legislación griega en lugar de la legislación extranjera aplicable si, a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles para determinar las disposiciones del Derecho extranjero, resultara imposible hacerlo.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Los tribunales griegos determinarán la legislación aplicable en la mayoría de los contratos y actos jurídicos contraídos a partir del 17 diciembre de 2009 sobre la base del Reglamento (CE) n.º 593/2008, conocido como Roma I. Como regla general, se aplicará la ley elegida por las partes.

En lo que respecta a los contratos y actos jurídicos celebrados entre el 1 de abril de 1991 y el 16 de diciembre de 2009, la ley aplicable se determinará sobre la base del Convenio de Roma de la Comunidad Europea de 19 de junio de 1980, que establece la misma norma general indicada anteriormente.

En cuanto a todas las categorías de obligaciones contractuales y actos jurídicos que quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento y el Convenio anteriores, así como los celebrados antes del 1 de abril de 1991, la ley aplicable se determinará sobre la base del artículo 25 del Código Civil, que establece la misma norma general prevista en el Reglamento.

3.2 Obligaciones no contractuales

El juez griego determinará la ley aplicable a las obligaciones derivadas de un delito y las obligaciones derivadas del enriquecimiento ilícito, la gestión de negocios ajenos y la culpa in contrahendo, en fecha de o después del 11 de enero de 2009, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 864/2007, conocido como Roma II. Como regla general, se aplicará la ley del Estado en el que se haya cometido el hecho ilícito.

Por lo que respecta a los delitos que no entran dentro del ámbito de aplicación del citado Reglamento, así como a los delitos cometidos antes del 11 de enero de 2009, la ley aplicable se determinará sobre la base del artículo 26 del Código Civil, que establece la misma norma general prevista en el Reglamento.

De acuerdo con la jurisprudencia griega, la legislación aplicable a la culpabilidad derivada de un enriquecimiento ilícito ocurrido antes del 11 de enero de 2009 es la legislación del Estado que sea más apropiada en las circunstancias específicas.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

- Personas físicas

Nombre, domicilio

Del mismo modo que se utilizan el nombre y el domicilio para identificar a una persona física de forma individual, la ley que se les aplica se determina en el contexto de la relación jurídica específica que necesita ser regulada. Por lo tanto, el nombre y el domicilio de los cónyuges están regulados por la ley que rige sus relaciones personales, de conformidad con el artículo 14 del Código Civil; con respecto a los hijos menores, se rigen por la ley sobre la relación entre padres e hijos, de conformidad con los artículos 18 a 21 del Código Civil.

Capacidad

Con respecto a las cuestiones relacionadas con la capacidad de cualquier persona, ya sea griega o extranjera, para convertirse en sujeto de derechos y obligaciones, llevar a cabo acciones legales, ser parte en un proceso judicial y personarse en un juicio, se aplicará la ley del Estado del cual la persona es nacional (artículos 5 y 7 del Código Civil; artículos 62, letra a,) y 63, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cuando un extranjero no tiene la capacidad para llevar a cabo actos jurídicos o personarse en un juicio con arreglo a la ley del Estado del que es nacional, pero la ley griega establece que realmente sí tiene las capacidades anteriormente citadas (a excepción de los actos jurídicos que entran en el ámbito del Derecho de familia, el Derecho de sucesiones y el derecho de propiedad para propiedades sitas fuera de Grecia), se aplicará la ley griega (artículo 9 del Código Civil y artículo 66 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

- Personas jurídicas

Con respecto a las cuestiones relacionadas con la capacidad legal de las personas jurídicas, se aplicará la ley del lugar en que la persona jurídica tenga su domicilio de conformidad con el artículo 10 del Código Civil. De acuerdo con la jurisprudencia griega, el término domicilio hace referencia al domicilio real, no al legal.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación

Las cuestiones relativas a las relaciones paterno-filiales se refieren a los lazos familiares entre padres e hijos y los derechos y obligaciones asociados que se derivan de ellos.

Para determinar si un niño ha nacido dentro o fuera del matrimonio (artículo 17 del Código Civil), la ley aplicable es la siguiente:

  • la ley del Estado que regula la relación personal entre la madre del niño y su cónyuge en el momento del nacimiento del niño, tal como se define en el artículo 14 del Código Civil;
  • en los casos en los que el matrimonio se hubiera disuelto antes del nacimiento del niño, la ley del Estado que regula la relación personal entre la madre del niño y su cónyuge en el momento de la disolución del matrimonio, tal como se define en el artículo 14 del Código Civil.

Ley aplicable a la relación padre-hijo para los niños nacidos dentro del matrimonio, aunque el matrimonio esté disuelto:

Los tribunales griegos determinarán la ley aplicable, de conformidad con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, ratificado por Grecia mediante la Ley 4020/2011, en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los menores en el caso de la ley de un Estado que sea miembro del citado Convenio.

Ley aplicable a un Estado que no sea signatario del Convenio anterior o en relación con asuntos que no estén regulados por dicho Convenio, de conformidad con el artículo 18 del Código Civil:

  • cuando son nacionales del mismo Estado: la ley de ese Estado;
  • cuando han adquirido una nueva nacionalidad común después del nacimiento: la ley del Estado de su nacionalidad común más reciente;
  • cuando son ciudadanos de diferentes Estados antes del nacimiento y su nacionalidad no cambia después del nacimiento, o cuando son nacionales del mismo Estado antes del nacimiento, pero la nacionalidad de los padres o del niño cambia después del nacimiento: la ley del Estado en el que tuvieron su residencia habitual común más reciente en el momento del nacimiento;
  • cuando no tienen residencia habitual común: la ley del Estado del que el menor es nacional.

Ley aplicable a las relaciones entre la madre y el padre y un hijo nacido fuera del matrimonio (artículos 19 y 20 del Código Civil):

  • cuando son nacionales del mismo Estado: la ley de ese Estado;
  • cuando han adquirido una nueva nacionalidad común después del nacimiento: la ley del Estado de su nacionalidad común más reciente;
  • cuando son ciudadanos de diferentes Estados antes del nacimiento y su nacionalidad no cambia después del nacimiento, o cuando son nacionales del mismo Estado antes del nacimiento, pero la nacionalidad de los padres o del niño cambia después del nacimiento: la ley del Estado en el que tuvieron su residencia habitual común más reciente en el momento del nacimiento;
  • cuando no tienen residencia habitual común: la ley del Estado del que el padre o la madre es nacional.

Ley aplicable a las obligaciones alimentarias de los padres con respecto al niño:

Los tribunales griegos determinarán la ley aplicable, el 18 de junio de 2011 o después de esa fecha, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 4/2009, según lo especificado en el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007. Como regla general, se aplicará la ley del Estado en el que el sujeto obligado tiene su residencia habitual.

3.4.2 Adopción

La ley aplicable a las condiciones para la adopción y su terminación con un elemento internacional es la ley del Estado del cual todas las personas implicadas en la adopción son nacionales (artículo 23 del Código Civil). La ley aplicable a la forma de adopción es la ley prevista en el artículo 11 del Código Civil, es decir, bien la ley que regula su contenido, bien la ley del lugar en el que se ha celebrado, bien la ley del Estado del que todas las partes son nacionales. Cuando las personas que participan en la adopción son nacionales de diferentes Estados, deben cumplirse las condiciones previstas con arreglo a las leyes de los Estados correspondientes sin que pueda existir ningún tipo de impedimento en virtud de esas leyes para que la adopción sea válida.

Ley aplicable para las relaciones entre los padres adoptivos y el niño adoptado:

  • cuando son nacionales del mismo Estado después de la adopción: la ley de ese Estado;
  • cuando adquieren una nueva nacionalidad común en el momento de la adopción: la ley del Estado de su nacionalidad común más reciente;
  • cuando son nacionales de diferentes Estados antes de la adopción y su nacionalidad no cambia después de la adopción, o cuando son nacionales del mismo Estado antes de la adopción, pero la nacionalidad de una de las personas implicadas en la adopción cambia al finalizar el proceso de adopción: la ley del Estado de su residencia habitual conjunta más reciente en el momento de la adopción;
  • cuando no tienen residencia habitual común: la ley del Estado del que el adoptante sea nacional o, si los cónyuges están adoptando, la ley que regula su relación personal.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Requisitos sustantivos

La ley aplicable a las condiciones que deben cumplirse y los impedimentos a la celebración del matrimonio es la ley del Estado del que son nacionales en el caso de que sean nacionales de un mismo Estado o, si son ciudadanos de diferentes Estados, la ley de cualquiera de los dos Estados (artículo 13, apartado 1, letra a), del Código Civil).

Requisitos procesales

Para que el matrimonio sea válido en cuanto a la forma, la ley aplicable es la ley del Estado del que son nacionales los contrayentes, cuando son nacionales de un mismo Estado o, si son ciudadanos de diferentes Estados, la ley de cualquiera de los Estados de los que son nacionales o la ley del Estado en el que se celebró el matrimonio (artículo 13, apartado 1, letra b), del Código Civil). El sistema jurídico griego requiere ciertas formalidades que deben ser respetadas con el fin de celebrar un matrimonio; las uniones de las parejas que cohabitan, pero que no están formalmente casadas, se reconocen como válidas en Grecia siempre que estén reconocidas como válidas en la legislación extranjera y las personas que cohabitan no sean griegas.

Relaciones personales entre los cónyuges

Las relaciones personales entre los cónyuges son las que se basan en su matrimonio y no tienen que ver con la propiedad, tales como la convivencia y los derechos y obligaciones, incluyendo la subsistencia.

Ley aplicable a las relaciones personales entre los cónyuges (artículo 14 del Código Civil), aparte de los alimentos:

  • cuando los cónyuges son nacionales del mismo Estado una vez han contraído matrimonio: la ley de ese Estado;
  • cuando los cónyuges adquieren una nueva nacionalidad común durante el matrimonio: la ley del Estado de su nacionalidad común más reciente;
  • cuando los cónyuges sean nacionales de un mismo Estado durante el matrimonio y posteriormente uno adquiera la nacionalidad de otro Estado: la ley del Estado de su nacionalidad común más reciente, siempre que el otro cónyuge sea todavía nacional de ese Estado;
  • cuando los cónyuges sean nacionales de diferentes Estados antes del matrimonio y su nacionalidad no cambie después del matrimonio, o cuando sean nacionales del mismo Estado antes de contraer matrimonio pero la nacionalidad de uno de ellos cambie durante el matrimonio: la ley del Estado de su residencia habitual conjunta más reciente;
  • cuando no tengan una residencia habitual conjunta durante el matrimonio: la ley del Estado con el que los cónyuges estén más estrechamente conectados.

Obligaciones de alimentos

La ley aplicable se determina de conformidad con el artículo 4 del Convenio de La Haya de 2 de octubre 1973, ratificado por Grecia mediante la Ley 3137/2003, es decir, la ley aplicable es la del Estado en el que el beneficiario tiene su residencia habitual.

Regímenes matrimoniales

El régimen matrimonial se aplica a los derechos de propiedad y las obligaciones correspondientes nacidos del matrimonio.

La ley aplicable es la ley que regula la relación personal de los cónyuges inmediatamente después de la celebración del matrimonio (artículo 15 del Código Civil).

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

El ordenamiento jurídico griego también reconoce una forma de convivencia no matrimonial, según lo previsto por la Ley 3719/2008. Sobre la base de una disposición explícita establecida en la citada ley, esta se aplica a todas las uniones civiles establecidas en Grecia o ante las autoridades consulares griegas, con independencia de que las partes sean griegas o extranjeras, tanto en términos de forma como de las relaciones entre las partes. Cuando una unión civil está establecida en el extranjero, la ley aplicable con respecto a la forma de la misma es la ley especificada en el artículo 11 del Código Civil, es decir, o bien es la ley que rige su contenido, o la ley del Estado en el que se encuentra establecida o la ley del Estado del que ambas partes son nacionales; la ley aplicable con respecto a las relaciones de las partes es la ley del Estado en el que se estableció la unión.

3.5.3 Divorcio y separación

La ley aplicable a las cuestiones relacionadas con el divorcio o cualquier otra forma de separación judicial se determina sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1259/2010, que establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y la separación legal, conocido como Roma III. Como regla básica, los cónyuges pueden decidir elegir la ley aplicable al divorcio y la separación judicial siempre que sea una de las siguientes leyes: a) la ley del Estado en el que los cónyuges tienen su residencia habitual en el momento en que termina el contrato; b) la ley del Estado en el que los cónyuges establecieron su última residencia habitual, en la medida en que uno de ellos aún resida allí en el momento de la terminación del contrato; c) la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges en el momento de la terminación del contrato, o d) la ley del tribunal que conoce del asunto.

3.5.4 Obligación de alimentos

El citado Reglamento establece expresamente que no es aplicable a las obligaciones de alimentos de los ex-cónyuges, ya que esta cuestión está regulada por el artículo 8 del Convenio de La Haya de 2 de octubre 1973, ratificado por Grecia mediante la Ley 3137/2003, que especifica que la ley aplicable es la ley del Estado en el que el procedimiento de divorcio o separación se llevó a cabo.

3.6 Regímenes matrimoniales

Véase el último párrafo de la sección 3.5.1 anterior.

3.7 Testamentos y sucesiones

Con respecto a todas las cuestiones relativas a la herencia, a excepción de la forma utilizada para dictar y revocar un testamento, la ley aplicable se determina sobre la base del Reglamento (UE) n.º 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

Cuando haya un testamento, se considerará válido si se hace en la forma prevista en cualquiera de las siguientes leyes (artículo 1 del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias):

  • la ley del Estado en el que el difunto hizo su testamento;
  • la ley del Estado del que el difunto era nacional en el momento en el que hizo su testamento o cuando falleció;
  • la ley del Estado en el que el difunto era residente o estaba domiciliado cuando hizo su testamento o cuando falleció;
  • cuando el testamento se refiere a una propiedad: la ley del Estado en el que se encuentra la propiedad.

3.8 Bienes inmuebles

La ley aplicable a los derechos reales sobre bienes raíces se determina en el artículo 27 del Código Civil, es decir, es la ley del Estado en el que se encuentran los bienes.

La ley aplicable a las relaciones dolosas en virtud de la ley de las obligaciones relativas a bienes raíces se determina sobre la base del Reglamento (CE) n.º 593/2008, conocido como Roma I, siendo regla general la aplicación de la ley elegida por las partes.

La ley aplicable a la forma de las transacciones anteriores es la ley del Estado en el que se encuentran los bienes raíces (artículo 12 del Código Civil).

3.9 Insolvencia

La ley aplicable en caso de insolvencia y sus efectos se determina sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 sobre los procedimientos de insolvencia, es decir, es la ley del Estado en el que se incoaron los correspondientes procedimientos.


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Última actualización: 21/03/2018

¿Qué ley será aplicable? - España


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Las normas de conflicto de leyes están mayoritariamente ubicadas en el Titulo Preliminar del Código civil (arts. 9-12). Hay asimismo normas de Derecho aplicable en algunas leyes especiales, como, por ejemplo, la Ley de Adopción internacional.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

En materia de ley aplicable están en vigor en España los siguientes Reglamentos UE:

-Reglamento 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia

-Reglamento 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)

-Reglamento 864/2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)

-Reglamento 1259/2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Roma III)

- Reglamento 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

- Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012. Aplicable desde el 16 de febrero de 2019.

España es asimismo Estado contratante de varios Convenios en materia conflictual. Los principales Convenios multilaterales en esta materia son:

- Convenio relativo a la ley aplicable a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 de septiembre de 1980.

- Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en la La Haya el 19 de octubre de 1996.

- Protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, hecho en La Haya el 23 de noviembre de 2007.

- Convenio sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961

- Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.

- Convenio sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos, hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

En materia de ley aplicable está en vigor el Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a alimentos, hecha en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El artículo 12.6 del Código Civil establece que «los tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del Derecho español».

2.2 Reenvío

El art. 12.2 Código Civil indica que la remisión al derecho extranjero se entiende hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española. Ello supone que se acepta únicamente el reenvío de primer grado o reenvío de retorno.

El reenvío de segundo grado  no está admitido salvo en materia de letra de cambio, cheque y pagaré en lo referente a la capacidad para obligarse por tales títulos.

Cuando sea aplicable un Reglamento UE o un Convenio internacional, se estará a las reglas especiales de estos instrumentos relativas al reenvío.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

En derecho español no existe una norma general que solucione los casos de conflicto móvil, esto es, los cambios en las circunstancias empleadas por la norma de conflicto como punto de conexión. En el art. 9.1 Código civil y en relación a la mayoría de edad se indica que el cambio del punto de conexión no afecta a la mayoría de edad ya adquirida. En relación a esta materia se opta por el criterio de atender a la ley que era aplicable en el momento en el que nace la situación jurídica aunque luego haya cambiado el punto de conexión.

Cuando sea aplicable un Reglamento UE o un Convenio internacional, se estará a las reglas especiales de estos instrumentos relativas al conflicto móvil.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

El art. 12. 3 Código civil establece que en ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público. Ello supone el descartar la aplicación de la ley extranjera  cuando conduce a un resultado manifiestamente contrario a los principios fundamentales del derecho español. Se consideran esenciales los principios que tienen reconocimiento constitucional.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

El Derecho extranjero deberá ser probado por las partes en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. El sistema se caracteriza por ser un sistema mixto que combina el principio de alegación y prueba a instancia de parte con la posibilidad de que el tribunal coopere en su averiguación.  Si excepcionalmente no puede acreditarse el contenido del Derecho extranjero se aplicará Derecho español.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

La cuestión de determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales se regula, con carácter general, en el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento Roma I). Los casos en los que el Reglamento de Roma-I no es aplicable se resuelven conforme a lo previsto en el artículo 10.5 del Código Civil.    El art 10.5 Código civil  parte de reconocer la autonomía de la voluntad siempre que se escoja la ley aplicable de forma expresa y esta ley tenga alguna conexión con el negocio de que se trate. En su defecto se aplica la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.

3.2 Obligaciones no contractuales

Rige en esta materia  el Reglamento (CE) N. 864/2007 del  Parlamento y del Consejo de 11 de julio de 2007 (Roma II).   En materia de accidentes de circulación por carretera y responsabilidad del fabricante se aplican las normas de conflicto contenidas en los Convenios dela Haya de 1971 y 1973, respectivamente.

En las materias no incluidas en ninguna de  las normas anteriores opera el régimen del art. 10.9 Código civil según el que los casos de responsabilidad extracontractual se rigen por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven. La gestión de negocios ajenos sin mandato se regula por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad y el enriquecimiento sin causa por la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

Según el Código Civil (art 9) la ley aplicable  a estas materias es la determinada por la nacionalidad de las personas físicas. Existen normas en relación a los supuestos de doble nacionalidad  y  de nacionalidad indeterminada. En caso de doble nacionalidad se distingue conforme a si se trata de una doble nacionalidad prevista en las leyes españolas o si se trata de una doble nacionalidad no prevista. Existen Tratados de Doble Nacionalidad con Chile, Perú, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Argentina y Colombia. En estos casos  se está a lo que determinen los Tratados internacionales, y, si nada establecen se prefiere la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida.  Si la doble nacionalidad no está prevista en las leyes españolas y una de las nacionalidades del sujeto es la española, es ésta la que prevalece, aunque deberá tenerse en cuenta el principio de no discriminación por razón de nacionalidad si ambas nacionalidades son de Estados miembros. Si la persona  tiene nacionalidad indeterminada se aplica como ley personal la del lugar de su residencia habitual. En el caso de los apátridas es de aplicación el art 12 de la Convención de Nueva York de 28 Septiembre de 1.954 que fija como ley aplicable la del país del domicilio del apátrida y, en su defecto, el de su residencia.

La ley aplicable al nombre de las personas físicas se rige por el Convenio de Múnich de 1980. Los nombres y apellidos de una persona física se determinan por la ley del Estado del que dicha persona es nacional.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

El art. 9. 4 del Código civil establece que la ley aplicable a la determinación de la filiación por naturaleza es la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación o el hijo careciere de nacionalidad se aplicará la ley sustantiva española.

La ley aplicable a la constitución de la adopción se regula en una norma especial, la Ley 54/2007 de adopción internacional. El art. 18  de la LAI establece que la constitución de la adopción por la autoridad competente española  se regirá por la ley material española cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España en el momento de constitución de la adopción o si ha sido o va a ser trasladado a España con la finalidad de establecer su residencia en España.

La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental se determinará con arreglo al Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996. El art. 17 de dicho Tratado establece que el ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la Ley del Estado de la residencia habitual del niño.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

Existen normas para la celebración del matrimonio y para sus efectos. En lo referente a la forma de celebración, el Código Civil establece que dentro o fuera de España se puede contraer matrimonio: 1º) ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este Código; 2º) En la forma religiosa legalmente prevista. Asimismo se indica que pueden los españoles contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración. Si ambos contrayentes son extranjeros, se puede celebrar el matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos. La capacidad nupcial y el consentimiento se someten a la ley nacional de cada uno de los contrayentes (art. 9.1 Código Civil)

En lo que respecta a los efectos del matrimonio, el art. 9.2 Código civil establece que se rigen por la ley nacional común de los cónyuges al tiempo de contraerlo. En defecto de ley nacional común se rigen por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio. A falta de esta elección opera la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, la del lugar de celebración del matrimonio.

En materia de ley aplicable a la separación judicial y el divorcio rige el Reglamento 1259/2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Roma III). El art. 107. 1 Código civil dispone que la nulidad del matrimonio se rige por la ley aplicable a su celebración.

En cuanto a las parejas de hecho, no existe una norma en derecho internacional privado español (lo que hace que en principio se deba recurrir a la analogía).

En materia de ley aplicable a las obligaciones de alimentos rige el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias.

3.6 Regímenes matrimoniales

La norma reguladora de los efectos del matrimonio (art. 9.2 Código civil) incluye tanto los personales como los patrimoniales con lo que se aplica la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio son válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento (art. 9.3 Código civil).

3.7 Testamentos y sucesiones

Se aplicarán en España las normas contenidas en el Reglamento 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Conforme a este Reglamento es aplicable la ley de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento salvo que éste hubiera elegido como ley aplicable la correspondiente a su nacionalidad.

En lo que respecta a las forma del  testamento rige el Convenio de La Haya de 1961.

3.8 Bienes inmuebles

Tal y como indica el art. 10.1 del Código Civil la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se rigen por la ley del lugar donde se hallen, ley que es igualmente de aplicación a los bienes muebles. A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen. La emisión de los títulos-valores se regula por la ley del lugar en que se produzca tal emisión.

3.9 Insolvencia

En los supuestos no incluidos en el El enlace abre una nueva ventanaReglamento 1346/2000 del Consejo de 29 de Mayo de 2.000 sobre procedimientos de insolvencia rige lo dispuesto en la El enlace abre una nueva ventanaLey 22/2003 de 9 de Julio Concursal. El art. 200 de dicha norma establece que como regla general los presupuestos y efectos del concurso declarado en España, su desarrollo y su conclusión se rigen por la ley española (Ley 22/2003 de 9 de julio modificada por la Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal BO 26 DE MAYO DE 2015.). La ley concursal contiene asimismo normas de derecho internacional privado que determinan la ley aplicable a las diversas relaciones jurídicas que se integran en el concurso.


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Última actualización: 21/05/2019

¿Qué ley será aplicable? - Croacia


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

En la República de Croacia, el Derecho internacional privado y procesal está codificado principalmente por la Ley de conflicto de leyes (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, ZRS) Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia) n.º 53/91.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Convenio de La Haya de 1954 relativo al procedimiento civil.

Convenio de La Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias.

Convenio de La Haya de 1971 sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera.

Convenio de la Haya de 1973 sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Mediante notificación de la sucesión, Croacia pasó a ser parte de numerosos tratados internacionales bilaterales, como los tratados de asistencia jurídica, convenciones consulares y tratados de comercio y navegación. También se han celebrado tratados de asistencia jurídica sobre normas relativas a la resolución de conflictos de leyes con una serie de países:

Tratado con Austria sobre cooperación judicial mutua, firmado en Viena el 16 de diciembre de 1954.

Acuerdo con Bulgaria sobre asistencia judicial recíproca, firmado en Sofía el 23 de marzo de 1956.

Tratado con Chequia sobre la conciliación de las relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Belgrado el 20 de enero de 1964.

Convenio con Grecia sobre el reconocimiento mutuo y la ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Atenas el 18 de junio de 1959.

Acuerdo con Hungría sobre cooperación judicial mutua, de 1968

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

Cuando se trata de situaciones jurídicas con un componente internacional, los tribunales aplican el Derecho internacional privado utilizando tres métodos, a saber: las normas de conflicto de leyes, las leyes de policía y las normas sustantivas especiales.

2.2 Reenvío

El artículo 6 de la Ley sobre el conflicto de leyesen el ámbito del Derecho internacional privado establece que si, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, se debiera aplicar el Derecho de un Estado extranjero, se tomarán en consideración sus normas de conflicto de leyes relativas a la elección de la ley aplicable.

Si las normas de un país extranjero para la elección de la ley aplicable se refieren al Derecho de Croacia, se aplica la ley de Croacia, sin tener en cuenta las normas vigentes relativas a la determinación de cualquier otro Derecho aplicable.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

En términos generales, la Ley sobre el conflicto de leyes no regula esta cuestión, pero contiene algunas disposiciones especiales que rigen estos casos (por ejemplo, el artículo 35, apartado 1, establece que el Derecho que rige el divorcio es el Derecho del Estado del que ambos cónyuges son ciudadanos en el momento en el que se ejercita la acción de divorcio, y el artículo 45, apartado 1, establece que los efectos de la adopción se evalúan de acuerdo con el Derecho del Estado del que adoptantes y adoptados son ciudadanos en el momento en el que la adopción se lleva a cabo.

Normalmente, cada caso concreto debe evaluarse sobre la base de si la situación jurídica se ha resuelto, es permanente o está en proceso de cambio. Si una norma de conflicto de leyes rige una situación permanente, su establecimiento en términos jurídicos se rige por el Derecho aplicable vigente en ese momento, y si conduce a un cambio en relación con su instrumentación, los efectos de dicha situación jurídica se evalúan de acuerdo con la nueva ley en el momento de su aplicación.

Con respecto al derecho de propiedad y otros derechos conexos, que son evaluados de acuerdo con el Derecho del Estado donde se encuentra la propiedad, la normativa aplicable establece que el derecho de propiedad adquirido de conformidad con un instrumento anterior todavía sigue en vigor, aunque no haya sido adquirido con arreglo al nuevo instrumento jurídico. Sin embargo, si, debido a la falta de modus, la propiedad de los bienes muebles no ha sido adquirida de conformidad con una legislación anterior, dicha adquisición se produce cuando los bienes muebles llegan al territorio del Estado que no requiere modus para la adquisición.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

a) El orden público

El artículo 4 de la Ley sobre el conflicto de leyes establece que no se aplicará el Derecho de un Estado extranjero cuando su aplicación sea contraria a los principios básicos del sistema de gobierno establecido en la Constitución de la República de Croacia.

Además del artículo 4, que debe ser interpretado en el sentido de proteger los derechos fundamentales, la libertad, los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, el orden público también incluye soluciones del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950.

El orden público no protege exclusivamente el Derecho nacional del Derecho sustantivo extranjero. La justificación para invocar la protección del orden público interno depende, entre otras cosas, de si el conflicto que se encuentra en proceso de resolución está estrechamente relacionado con el territorio nacional y su Derecho, es decir, con la ley del foro, y una conexión de este tipo se da si la aplicación de un Derecho extranjero va a tener efectos permanentes en el territorio nacional.

b) Las leyes de policía

A veces, las situaciones con una dimensión internacional se rigen por normas especiales de la ley del foro, que se conocen principalmente como leyes de policía. Tales normas se adoptan en el mismo acto que las normas de conflicto de leyes, y en ocasiones se encuentran también dentro de otros reglamentos.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Un tribunal u otro órgano competente debe determinar de oficio el contenido del Derecho extranjero, en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Ley sobre el conflicto de leyes. Los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley sobre el conflicto de leyes prevén que un tribunal u órgano competente pueda solicitar información acerca de una ley extranjera al Ministerio de Justicia de la República de Croacia. Sin embargo, las partes en litigio también pueden presentar una declaración pública sobre el contenido de la ley extranjera.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

La fuente de las normas de conflicto de leyes es la Ley sobre el conflicto de leyes.

El artículo 19 de la Ley sobre el conflicto de leyes establece que la ley que rige un contrato es la ley que las partes contratantes han elegido, a no ser que se disponga otra cosa en dicha Ley o en un acuerdo internacional.

El artículo 20 establece que, en caso de que no se haya elegido ninguna ley aplicable y las circunstancias especiales del asunto no sugieran otra ley, la ley aplicable será:

1) con respecto a la venta de bienes muebles: la ley del lugar donde el vendedor tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

2) con respecto a un contrato de obras o un contrato de construcción: la ley del lugar donde la persona que tiene que llevar a cabo la obra o el contratista tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

3) con respecto a un contrato de agencia: la ley del lugar donde el agente tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

4) con respecto a un contrato de representación: la ley del lugar donde el representante tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

5) con respecto a un contrato de comisión: la ley del lugar donde el comisionista tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

6) con respecto a un contrato de expedición: la ley del lugar donde el agente tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

7) con respecto a un contrato de alquiler de bienes muebles :la ley del lugar donde se encuentre el domicilio o la sede del arrendador en el momento de la aceptación de la oferta;

8) con respecto a un contrato de préstamo de dinero: la ley del lugar donde el prestamista tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

9) con respecto a un contrato de comodato: la ley del lugar donde el comodante tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

10) con respecto a un contrato de licencia de uso: la ley del lugar donde el depositario tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

11) con respecto a un contrato de almacenamiento: la ley del lugar donde el almacenista tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

12) con respecto a un contrato de transporte: la ley del lugar donde el transportista tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

13) con respecto a un contrato de seguros: la ley del lugar donde la aseguradora tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

14) con respecto a un contrato de derechos de autor: - la ley del lugar donde el autor tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

15) con respecto a un contrato de donación: la ley del lugar donde el donante tenga su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta;

16) con respecto a las transacciones bursátiles: la ley de la sede de la bolsa de valores;

17) con respecto a un contrato de garantías bancarias independientes: la ley del lugar donde el garante tenga su sede en el momento de la celebración del contrato;

18) con respecto a un contrato de transferencia de tecnología (licencias, etc.): la ley del lugar donde el receptor de la tecnología tenga su sede en el momento de la celebración del contrato;

19) con respecto a las reclamaciones de bienes (no reales) derivadas de un contrato de trabajo: la ley del Estado en el que el contrato de trabajo vaya a llevarse a cabo o se haya llevado a cabo;

20) con respecto a otros contratos: la ley del lugar donde el oferente tenía su domicilio o su sede en el momento de la aceptación de la oferta.

3.2 Obligaciones no contractuales

Con respecto a las obligaciones no contractuales, la Ley sobre el conflicto de leyes contiene disposiciones sobre la ley aplicable, al igual que los tratados internacionales (Convenio de La Haya de 1971 sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera).

La Ley sobre el conflicto de leyes contiene disposiciones sobre el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios ajenos, las obligaciones no contractuales que no sean consecuencia de una responsabilidad civil y la responsabilidad civil.

La ley que rige la responsabilidad civil es la ley del lugar donde se ha producido el acto o la ley del lugar donde se han producido las consecuencias, dependiendo de cuál de ellas resulte más favorable a la parte perjudicada. Si un acto del que se derivan responsabilidades por daños ocurre en un barco en alta mar o en un avión, la ley del Estado de la nacionalidad del buque o la ley del Estado de matriculación de la aeronave se consideran como la ley del lugar donde se han producido los hechos de los que se ha derivado dicha responsabilidad por daños.

La ley que rige el enriquecimiento sin causa es la ley aplicable a la relación jurídica creada, o que se esperaba o se suponía que iba a crearse, en virtud de la cual el enriquecimiento tuvo lugar. La ley que rige la intervención benévola en los asuntos de otros (gestión de negocios ajenos) es la ley del lugar donde el acto de la gestión de negocios se llevó a cabo. La ley que rige las obligaciones derivadas de la utilización de la propiedad sin que tenga lugar una gestión de negocios, así como otras obligaciones no contractuales que no sean consecuencia de una responsabilidad civil es la ley del lugar donde se han producido los hechos que han creado la obligación.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

La ley que rige la capacidad jurídica y la capacidad de actuar de una persona física es la ley del Estado del que esa persona es ciudadana.

La persona física que no tiene capacidad de actuar de acuerdo con la ley del Estado del que es ciudadana, puede tenerla si se la confiere la ley del lugar en el que nació la obligación.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

La ley que rige las relaciones entre padres e hijos es la ley del Estado del que son ciudadanos.

Si los padres y los hijos son ciudadanos de diferentes Estados, rige la ley del Estado en el que se encuentran todos domiciliados.

Si los padres y los hijos son ciudadanos de diferentes Estados y no están domiciliados en el mismo Estado, rige el Derecho croata si el niño o alguno de los padres es un ciudadano de la República de Croacia.

La ley que rige el reconocimiento, la determinación o la impugnación de la paternidad o la maternidad es la ley del Estado del cual la persona cuya paternidad o maternidad se reconoce, determina o impugna era ciudadana en el momento del nacimiento del hijo.

3.4.1 Adopción

La ley que rige las condiciones de adopción y la terminación de la adopción es la ley del Estado del cual las personas adoptantes y las adoptadas son ciudadanas en el momento en el que la adopción se lleva a cabo.

Si las personas adoptantes y las adoptadas son ciudadanas de diferentes Estados, las leyes que regulan las condiciones para la adopción y su terminación son acumulativamente las leyes de ambos Estados de los cuales cada una es ciudadana.

Si los cónyuges adoptan conjuntamente, las leyes que rigen las condiciones para la adopción y su terminación son, además de la ley del Estado del cual la persona adoptada es ciudadana, las leyes de los Estados de los cuales cada uno de los progenitores es ciudadano.

La ley que regula los requisitos formales de la adopción es la ley del lugar donde se lleva a cabo la adopción.

La ley que rige los efectos de la adopción es la ley del Estado del cual las personas adoptantes y las adoptadas son ciudadanas en el momento en el que la adopción se lleva a cabo.

Si las personas adoptantes y las adoptadas son ciudadanas de diferentes Estados, la ley que rige es la ley del Estado en el que estén domiciliados.

Si las personas adoptantes y las adoptadas son ciudadanas de diferentes Estados y no están domiciliadas en el mismo Estado, la ley que rige es la ley de la República de Croacia si una de ellas es ciudadana de dicho Estado.

En caso de que ni las personas adoptantes ni las adoptadas sean ciudadanas de la República de Croacia, la ley aplicable es la ley del Estado del cual la persona adoptada es ciudadana.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

La ley que regula las condiciones para contraer matrimonio es, para cada persona, la ley del Estado del que la persona es ciudadana en la fecha en que contrae matrimonio.

Incluso cuando se cumplen las condiciones para contraer matrimonio de acuerdo con la ley del Estado del que es ciudadana la persona que quiere casarse ante el órgano competente de la República de Croacia, no se le permitirá el matrimonio si, de acuerdo con la ley de la República de Croacia, hay un impedimento en relación con esa persona relacionado con la existencia de un matrimonio anterior, una relación de parentesco o incapacidad mental.

La ley que rige el requisito formal del matrimonio es la ley del lugar donde se contrae matrimonio.

La ley que rige la nulidad del matrimonio (inexistencia y nulidad) es cualquier ley en virtud de la cual se haya contraído matrimonio.

La ley que rige el divorcio es la ley del Estado del que ambos cónyuges son ciudadanos en el momento en que se inicia el procedimiento. La ley aplicable es la ley acumulativa de los estados de los cuales cada uno de ellos es ciudadano.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

La ley que rige las relaciones de propiedad de las personas que cohabitan sin formar ningún tipo de matrimonio es la ley del Estado del que son ciudadanos.

Si las personas no tienen la misma nacionalidad, se aplica la ley del Estado donde tienen su domicilio común.

3.5.3 Divorcio y separación

La ley que rige el divorcio es la ley del Estado del que ambos cónyuges son ciudadanos en el momento en que se inicia el procedimiento. La ley aplicable es la ley acumulativa de los Estados de los cuales cada uno de ellos es ciudadano.

3.5.4 Obligación de alimentos

La ley que rige la obligación de alimentos entre parientes consanguíneos que no sean padres e hijos, o la obligación de mantenimiento de otras personas relacionadas por afinidad, es la ley del Estado del cual el familiar al que se reclaman los alimentos es ciudadano.

3.6 Regímenes matrimoniales

La ley que rige las relaciones personales y el régimen económico matrimonial legal de los cónyuges es la ley del Estado del que son ciudadanos.

Si los cónyuges son ciudadanos de diferentes Estados, la ley aplicable es la ley del Estado en que están domiciliados. Si los cónyuges no tienen ni una nacionalidad común ni el domicilio en el mismo Estado, la ley aplicable es la ley del Estado de su último domicilio común.

Si la ley aplicable no puede ser determinada de acuerdo con lo anterior, la ley aplicable es la de la República de Croacia. La ley que rige el régimen matrimonial es la ley que regía las relaciones personales y el régimen matrimonial legal en el momento en que se contrajo matrimonio.

Si la ley dispuesta de esta forma estableciera que los cónyuges pueden elegir la ley que rige el régimen matrimonial, la ley que ellos elijan será la ley aplicable.

3.7 Testamentos y sucesiones

La ley que rige el Derecho de sucesiones es la ley del Estado del que el difunto era ciudadano en el momento de su fallecimiento.

La ley que rige la capacidad de otorgar testamento es la ley del Estado del que era nacional el testador en el momento en que el testamento fue redactado.

Un testamento es legalmente válido en cuanto a la forma de acuerdo con:

1) la ley del lugar donde se redactó el testamento;

2) la ley del Estado del que el testador era ciudadano, ya sea en la fecha en la que otorgó el testamento o en la fecha de su fallecimiento;

3) la ley del domicilio del testador, ya sea en la fecha en la que otorgó el testamento o en la fecha de su fallecimiento;

4) la ley del lugar de residencia del testador, ya sea en la fecha en la que otorgó el testamento o en la fecha de su fallecimiento;

5) la ley de la República de Croacia;

6) con respecto a los bienes inmuebles, también la ley del lugar en que se encuentre situado el inmueble.

3.8 Bienes inmuebles

La ley que rige los contratos relativos a los bienes inmuebles es exclusivamente la ley del Estado en el que los bienes inmuebles están situados.

3.9 Insolvencia

El artículo 303 de la Ley Concursal establece el principio básico según el cual la ley del Estado donde se inician los procedimientos regula los efectos jurídicos de la declaración de quiebra.


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Última actualización: 12/11/2018

¿Qué ley será aplicable? - Chipre


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Cuando un órgano jurisdiccional conoce de un asunto transfronterizo, las normas aplicables en Chipre son principalmente las previstas de conformidad con la legislación de la UE, en particular, el Reglamento (CE) n.º 593/2008 relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales («Roma I») y el Reglamento n.º 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»).

Por lo demás, los órganos jurisdiccionales de Chipre se rigen por su propia jurisprudencia, pues no existen leyes nacionales ni normas codificadas pertinentes. En ausencia de jurisprudencia nacional pertinente, los tribunales aplican el «Common Law» inglés, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra c), de la Ley sobre órganos jurisdiccionales (Ley 14/60).

1.2 Convenios multilaterales vigentes

El Convenio de La Haya, de 1 de julio de 1985, sobre la ley aplicable al trust y a su reconocimiento, ratificado por la República de Chipre mediante la Ley de Ratificación 15(III) de 2017.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

No procede.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El juez no tiene la obligación de aplicar estas normas de oficio. El conflicto de leyes solo podrá ser invocado por una de las partes, quien deberá demostrar que la ley extranjera es aplicable en lugar de la Ley de Chipre. Si no se ofrecen pruebas satisfactorias, el juez aplicará la Ley de Chipre.

Esta práctica se refiere a pruebas y procedimientos y, por tanto, queda fuera del alcance de los mencionados Reglamentos (CE) n.º 593/2008 y n.º 864/2007.

2.2 Reenvío

Los Reglamentos (CE) n.º 593/2008 y n.º 864/2007 no permiten la aplicación de la regla del reenvío. Sin embargo, en los casos no previstos por estos Reglamentos, la regla del reenvío podrá aplicarse de la siguiente forma:

El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto en el que sea aplicable el Derecho de otro Estado deberá, o bien aplicar solo las normas de Derecho internas de ese Derecho, o bien ese Derecho en su conjunto, incluidas las normas internacionales aplicables de conformidad con el mismo.

La dificultad, en este último caso, reside en que las normas sobre el Derecho aplicable de conformidad con el sistema jurídico del otro Estado en cuestión podrían reenviar al juez al Derecho de Chipre, por lo que será este el que se aplique (reenvío). En ese caso, el órgano jurisdiccional tiene dos alternativas: o bien acepta la regla del reenvío y aplica el Derecho de Chipre (teoría del «reenvío parcial»), o bien la rechaza y aplica el Derecho del otro Estado en su conjunto («reenvío total»).

2.3 Cambio de la norma de conexidad

Para evitar los problemas que puedan surgir de cambios en los factores de conexión [por ejemplo, el domicilio, el lugar al que se transfiera un bien mueble o un trust (fideicomiso), etc.], la norma sobre la ley aplicable suele usarse para determinar la fecha en la que se identificó el factor de conexión. A modo de ejemplo, véase el artículo 7 del Convenio de La Haya de 1 de julio de 1985 sobre el trust.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

La ley extranjera no debería aplicarse, incluso aunque las normas sobre la ley aplicable así lo exijan, si dicha ley es contraria al orden público en la República de Chipre. De conformidad con la jurisprudencia, el «orden público» incluye los principios fundamentales de justicia y moralidad y ética públicas [Pilavachi & Co Ltd v. International Chemical Co Ltd (1965) 1 CLR 97].

Tampoco debería aplicarse la ley extranjera en relación con aranceles, derechos e impuestos.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Es de aplicación la norma establecida en el asunto Royal Bank of Scotland plc contra Geodrill Co Ltd y otros (1993) 1 JSC 753, que establece que la parte que invoque una ley extranjera como aplicable a un determinado asunto deberá primero afirmar ese hecho y, luego, aportar pruebas periciales que satisfagan al tribunal. Si el hecho no queda satisfactoriamente probado o las partes no reclaman la aplicación de una ley extranjera, se aplica la Ley de Chipre.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

El Reglamento n.º 593/2008 («Roma I») es aplicable a todas las obligaciones contractuales y los actos jurídicos en los que deba determinarse la ley aplicable.

3.2 Obligaciones no contractuales

El Reglamento n.º 864/2007 («Roma II») es aplicable en la mayoría de los casos, siendo la norma general que la ley aplicable debería ser la del lugar donde se produjo el daño (lex loci damni), independientemente del país o de los países donde puedan producirse las consecuencias indirectas del daño. El Reglamento también establece normas específicas para determinar la ley aplicable a determinados tipos de obligaciones extracontractuales, como la competencia desleal y los productos defectuosos.

En lo que respecta al trust, es de aplicación la Ley de 2017 aplicable al trust y a su reconocimiento [Ley 15(III)/2017], que ratifica el Convenio de La Haya de 1985. De conformidad con la Ley de Ratificación y el Convenio, el trust debe regirse por la legislación que el trustee (fideicomisario) elija. De lo contrario, la ley aplicable debe ser aquella con la que esté más estrechamente vinculado.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

Apellido

La Ley sobre las relaciones entre padres e hijos (Ley 216/90) es de aplicación para determinar el apellido de los hijos. De conformidad con esta Ley, el apellido de un hijo se determina mediante una declaración escrita de los padres dentro de los tres meses posteriores al nacimiento. Si los padres no realizan dicha declaración, el hijo recibirá el apellido del padre. El hijo recibe el apellido de la madre si nace fuera del matrimonio o hasta que sea reconocido por el padre.

Domicilio

El domicilio de una persona se rige por lo dispuesto en el capítulo 195 de la Ley de Testamentos y Sucesiones, que establece que las personas tienen, en un momento dado, el domicilio de nacimiento («domicilio de origen») o el domicilio que hayan elegido o conservado voluntariamente («domicilio de elección»).

Si un hijo legítimo nace en vida del padre, su domicilio de origen será el mismo que el del padre desde su nacimiento.

Si un hijo nace fuera del matrimonio o con posterioridad a la muerte del padre, su domicilio de origen será el mismo que el de la madre desde su nacimiento.

Capacidad

La capacidad de las personas para contraer matrimonio se rige por la Ley de Matrimonio [Ley 104(I)/2013] que, en su artículo 14, dispone que no podrán contraer matrimonio los menores de dieciocho años y las personas que, en la fecha del matrimonio, sean incapaces de prestar el consentimiento debido a un trastorno físico o mental, una enfermedad o patología cerebral o de otro tipo o la adicción a substancias que les impidan comprender y ser conscientes de sus propios actos.

Sin embargo, aunque la pareja o uno de sus miembros tenga menos de dieciocho años, se considera que son capaces de contraer matrimonio si tienen al menos dieciséis años, si sus tutores prestan el consentimiento por escrito para ello o si existen razones serias que justifiquen el matrimonio. Cuando los tutores no presten dicho consentimiento o cuando no haya tutores, será el juez de familia de distrito con competencia en el lugar de residencia de la persona en cuestión el que determine si esta tiene o no capacidad para contraer matrimonio.

En lo que respecta a la capacidad para realizar actos jurídicos, el capítulo 149, artículo 11, de la Ley de Contratos, dispone que una persona es capaz de celebrar un contrato si está en pleno uso de sus facultades mentales y no ha sido declarada incapaz por ley. La legislación dispone que una persona casada no se presume incapaz de celebrar contratos por el solo hecho de ser menor de dieciocho años.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

La relación jurídica entre padres e hijos, incluida la patria potestad, los alimentos y la comunicación, se rige por la legislación chipriota, en particular, la Ley sobre la relación entre padres e hijos (Ley 216/90).

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 («Bruselas II bis») y el Reglamento (CE) n.º 4/2009, así como el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, también son aplicables respecto de los temas que abarcan.

3.4.2 Adopción

Cuando se inicie un proceso de adopción ante un órgano jurisdiccional chipriota, la ley aplicable será la chipriota, independientemente de si el procedimiento es de naturaleza transfronteriza.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

En Chipre, las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la disolución del matrimonio se rigen por la Ley de matrimonio de 2003 [Ley 104(I)/2003]. También es aplicable el Convenio de las Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, ratificado por la República de Chipre mediante la Ley 16(III)/2003.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

3.5.3 Divorcio y separación

Las cuestiones relativas al divorcio se rigen por el artículo 111 de la Constitución, así como por la Ley de 1990 relativa al intento de reconciliación y disolución espiritual del matrimonio (Ley 22/1990), en el caso de los matrimonios religiosos, y la Ley de matrimonios [Ley 104(Ι)/2003].

El Convenio de La Haya de 1970 sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales, ratificado por la República de Chipre mediante la Ley 14(III)1983, rige las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de divorcios y separaciones legales.

3.5.4 Obligación de alimentos

Obligaciones de alimentos

La Ley sobre el régimen matrimonial (Ley 232/1991), en su versión modificada, dispone lo siguiente:

Si cesa la convivencia conyugal, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de una de las partes, dictar una resolución en materia de alimentos que obligue a la otra parte a pagar una pensión de alimentos al cónyuge demandante.

Las obligaciones de alimentos entre excónyuges existen si uno de ellos no puede subsistir mediante sus propios ingresos o bienes; y

a) si, al finalizar el divorcio o los plazos establecidos a continuación, su edad o estado de salud no le permiten continuar realizando un trabajo que le permita procurarse el sustento;

b) si tiene a su cargo un hijo menor o mayor de edad u otro dependiente que no pueda valerse por sí mismo debido a una discapacidad física o mental que le impida al cónyuge demandante buscar un empleo adecuado;

c) si no pudiera encontrar un empleo estable y adecuado o necesite formación profesional, durante tres años como máximo, desde el momento en que finalice el divorcio;

d) en cualquier otra circunstancia en la que la pensión de alimentos sea necesaria por razones de equidad al finalizar el divorcio.

El derecho de alimentos puede denegarse o limitarse por razones serias, en especial si el matrimonio ha sido breve o si el cónyuge demandante es responsable del divorcio o del cese de la convivencia o si ha provocado intencionalmente su propia pobreza.

Asimismo, el derecho a alimentos debe cesar o la resolución en materia de alimentos modificarse cuando las circunstancias lo exijan.

Obligaciones de alimentos respecto de hijos menores

De conformidad con la Ley sobre la relación entre padres e hijos (Ley 216/90), las obligaciones de alimentos respecto de hijos menores recaen en ambos padres de forma conjunta, en función de sus posibilidades económicas. Las obligaciones de los padres mencionadas anteriormente podrán extenderse, por decisión y acuerdo judicial, incluso una vez que el hijo haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen (por ejemplo, si el hijo padece una discapacidad o una minusvalía, pertenece a la Guardia Nacional o estudia en un establecimiento educativo o en una escuela de formación profesional).

El derecho de un hijo menor a recibir alimentos de sus padres se mantiene incluso aunque sea propietario de bienes.

3.6 Regímenes matrimoniales

Es de aplicación el artículo 13 de la Ley 232/1991, cuya norma general dispone que el matrimonio no afecta a la autonomía de los cónyuges respecto de sus bienes. Sin embargo, el artículo 14 de la misma Ley faculta a uno de los cónyuges para reclamar los bienes del otro en caso de disolución o nulidad de matrimonio, siempre que el cónyuge demandante haya contribuido a incrementar el patrimonio del otro cónyuge de la forma que sea. El cónyuge reclamante podrá interponer una demanda para exigir que se le pague la proporción del incremento que sea resultado de su contribución.

Se considera que la contribución de uno de los cónyuges al incremento del patrimonio del otro es equivalente a un tercio del aumento total, a menos que se demuestre que la contribución ha sido superior o inferior.

El incremento del patrimonio de los cónyuges excluye los bienes que hubiesen adquirido por donación, herencia, legado o dádiva.

3.7 Testamentos y sucesiones

Las sucesiones y todas las cuestiones relacionadas con la herencia, a excepción de la forma en que se deben redactar y revocar los testamentos, se rigen por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

De conformidad con el artículo 22 del mencionado Reglamento, es posible elegir como ley aplicable a una sucesión la ley del Estado cuya nacionalidad se posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. La elección de ley aplicable deberá realizarse mediante declaración expresa.

Cuando se haya redactado un testamento, será de aplicación el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias. De conformidad con el artículo 1 de este Convenio, una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si esta se ajusta a la ley interna:

a) del lugar donde el testador hizo la disposición; o

b) de una nacionalidad poseída por el testador, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento; o

c) de un lugar en el cual el testador tenía su domicilio o residencia habitual, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento; o

d) respecto de los inmuebles, del lugar en el que estén situados.

3.8 Bienes inmuebles

El Reglamento (CE) n.º 593/2008 («Roma I»), que dispone que los contratos se rigen por la ley elegida por las partes, es aplicable a las relaciones que crean obligaciones asociadas con bienes inmuebles. A falta de elección, se aplica el artículo 4 del Reglamento, que establece de forma explícita la ley aplicable a cada caso.

En lo que respecta a los contratos que tengan por objeto derechos reales sobre bienes inmuebles, son competentes, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales chipriotas, los tribunales del país en el que se encuentre situado el inmueble (lex situs).

3.9 Insolvencia

El Reglamento (CE) n.º 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia establece que la ley aplicable a estos procedimientos es la del Estado en cuyo territorio se incoe dicho procedimiento.


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Última actualización: 17/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Luxemburgo


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

No existe ningún código de Derecho internacional privado luxemburgués. Las disposiciones relativas a los conflictos de leyes en el Derecho interno se encuentran dispersas en los distintos códigos y leyes especiales. Esta materia se rige principalmente por convenios internacionales multilaterales, así como por instrumentos europeos de derecho derivado.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Un gran número de normas de conflicto de leyes proceden de convenios internacionales multilaterales de los que es parte Luxemburgo. La mayoría de estos convenios son los que se han elaborado en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Puede consultarse un listado de estos convenios en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaConferencia de La Haya.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Algunos convenios bilaterales contienen normas de conflicto de leyes. Para más información, consúltese el sitio web El enlace abre una nueva ventanaLegilux.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

En lo que respecta al estado de las personas, el juez plantea el conflicto de leyes de oficio. Esto no sucede cuando las partes gozan de la libre disposición de sus derechos, como por ejemplo en materia contractual, en virtud del principio de libertad de elección por las partes de la ley aplicable. En ese caso, el juez plantea de oficio la norma de conflicto únicamente si se trata de una situación de fraude de ley tipificada.

El juez que conozca del asunto aplicará automáticamente su ley si las partes no han requerido la aplicación de una ley extranjera.

2.2 Reenvío

En Luxemburgo, en los ámbitos no cubiertos por un convenio internacional o un reglamento europeo, que excluyen específicamente el reenvío, la jurisprudencia admite el reenvío de forma mitigada. Cuando el reenvío resultante de la aplicación de la norma de conflicto designa la ley del juez que conoce del asunto, ese reenvío es admitido, pero el reenvío se detiene ahí. Se considera que remite a la ley sustantiva del foro.

El reenvío está excluido para todas aquellas materias respecto de las que las partes pueden escoger la ley aplicable.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

El conflicto móvil se da en el supuesto de que, debido a un cambio del factor de vinculación que determina la ley aplicable, una situación se somete sucesivamente a dos sistemas jurídicos diferentes. Se define como conflicto de leyes en el tiempo, debido al desplazamiento en el espacio del factor de vinculación.

En Luxemburgo se aplica la nueva ley a los efectos futuros de una situación adquirida en el pasado, respetando los efectos persistentes. Sin embargo, la nueva ley que designa la norma de conflicto es aplicable cuando se introduzcan modificaciones a una situación adquirida conforme a la antigua ley declarada aplicable.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

Existen ciertos supuestos en los que el juez que conoce del asunto debe aplicar su propia ley incluso si la norma de conflicto atribuye la competencia a otra ley:

  • Imposibilidad de determinar la ley extranjera
  • Situación apátrida de alguna de las partes
  • Falta de solución por la ley extranjera
  • Adopción de medidas provisionales urgentes
  • Ley extranjera contraria al orden público del Estado del órgano jurisdiccional que conoce del asunto

Cuando las disposiciones son de aplicación inmediata, el juez aplicará también la ley del foro:

  • Leyes de procedimiento y leyes de organización judicial
  • Disposiciones legales que regulan la protección de los trabajadores y los contratos de arrendamiento
  • Protección jurídica de los consumidores
  • Por último, si la aplicación de la ley del juez que conoce del asunto ha sido descartada por las partes con un objetivo que resulta claramente fraudulento, en favor de una ley extranjera designada competente de forma artificial, el juez debe negarse a tener en cuenta dicha ley y restablecer la aplicación de su propia ley.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Dado que en Luxemburgo el derecho extranjero constituye para el juez luxemburgués un hecho, es en principio el que lo invoca quien debe presentar la prueba. Incumbe a las partes y, más concretamente, a la parte cuya pretensión está sujeta a la ley extranjera, presentar la correspondiente prueba.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

En principio, las obligaciones contractuales se rigen por la voluntad expresada por las partes, sin perjuicio de la observancia de disposiciones imperativas de orden público y salvedad hecha del fraude de ley.

A falta de elección expresa de las partes, son aplicables las disposiciones del Convenio de Roma de 1980 y del Reglamento n.º 593/2008, de 17 de junio de 2008. En este segundo supuesto, el juez aplicará la ley objetivamente más adecuada.

3.2 Obligaciones no contractuales

En principio, las obligaciones extracontractuales se rigen por la ley del lugar del hecho generador del daño o de la obligación, a menos que otra ley tenga una vinculación más estrecha con los hechos o que se aplique un convenio internacional.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

En principio, el estatuto personal está sujeto a la ley nacional de la persona física, salvo que emerjan criterios como la residencia habitual de los interesados y, en particular, la de los menores afectados. Esta norma es también válida para la formación, la composición y las condiciones de cambio de apellido, ya que son parte del estado de la persona.

La capacidad general de celebrar un acto jurídico, así como la capacidad de personarse en procedimientos judiciales, se regulan por la ley nacional de la persona en cuestión. Sin embargo, la capacidad procesal activa se rige por la ley aplicable a este derecho, ya que afecta al fondo del mismo. En materia contractual, esta norma se atenúa cuando el co-contratante de buena fe se ve sorprendido por una causa de incapacidad desconocida en el país en el que se haya realizado el acto. Se admite entonces que la ley nacional ceda ante la ley del lugar de ejecución.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

En Luxemburgo, en materia de filiación legítima, se aplica en principio la ley que regula el matrimonio, es decir, la ley nacional común de los progenitores, o la ley del domicilio común, o la ley del foro.

En principio, todo lo que esté relacionado con el establecimiento del vínculo de filiación natural se regula por la ley nacional del menor.

En lo que se refiere a la naturaleza de las pruebas para demostrar el vínculo de filiación, los requisitos de fondo del reconocimiento, el plazo y la caducidad para ejercitar la acción de impugnación de la filiación y los medios de defensa oponibles a la solicitud, se aplica la ley nacional del menor.

3.4.2 Adopción

Condiciones de la adopción

En principio, con arreglo al artículo 370 del Código Civil, las condiciones necesarias para adoptar se rigen por la ley nacional del o de los adoptantes. Cuando los cónyuges adoptantes son de nacionalidades diferentes, la ley aplicable es la de la residencia habitual común en el momento de la solicitud. Sin embargo, las condiciones necesarias para ser adoptado están reguladas, en principio, por la ley nacional del adoptado. Existe una excepción a este principio cuando, en virtud de la adopción, el adoptado adquiere la nacionalidad del adoptante. En este caso, las condiciones se rigen por la ley nacional del adoptante.

Efectos de la adopción

La ley que rige los efectos de la adopción es la ley nacional del o de los adoptantes. Cuando la adopción la hacen dos cónyuges de nacionalidad diferente o apátridas, o uno de los cónyuges es apátrida, se aplica la ley de su residencia habitual común en el momento en que surta efecto la adopción.

En el caso de adopciones realizadas en el extranjero existe una posibilidad de conflicto entre las normas de competencia establecidas, respectivamente, por la ley nacional del adoptante y la del adoptado. En este caso, la adopción tendrá validez si se han respetado las formas que prescribe la ley del país en que haya tenido lugar la adopción y si esta se ha realizado ante las autoridades competentes con arreglo a dicha ley.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Condiciones de validez del matrimonio

Las condiciones en cuanto a la forma se rigen, en principio, por la ley del lugar de celebración del matrimonio.

Para que un matrimonio sea válido, en virtud del Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 relativo a la Celebración y al Reconocimiento del Matrimonio, deben respetarse las condiciones de fondo impuestas por las leyes internas de ambos cónyuges. Las leyes internas son las designadas por las normas de conflicto de leyes del Estado de celebración. También es necesario, siempre que al menos uno de los cónyuges tenga la nacionalidad de dicho Estado o resida en él habitualmente, que se respeten las condiciones de fondo exigidas por la ley del Estado de celebración. La ley que rige los requisitos de validez del matrimonio se aplica también a los requisitos de fondo de la acción de nulidad de matrimonio.

Para los matrimonios contraídos en el extranjero, existe presunción de validez cuando se aporta la partida de matrimonio extendida de conformidad con los requisitos de forma de la ley del lugar de celebración. Podrá denegarse el reconocimiento si el matrimonio contraído en el extranjero es manifiestamente incompatible con el orden público nacional de Luxemburgo.

Efectos del matrimonio

A falta de nacionalidad común, los efectos en Luxemburgo se rigen, en principio, por la ley del domicilio común de los cónyuges, esto es, el lugar en que la pareja esté efectivamente establecida.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

La unión libre, o situación de pareja de hecho, no es objeto de ninguna norma de conflicto de leyes en la medida en que, con arreglo al Derecho luxemburgués, las relaciones entre los miembros de las parejas de hecho constituyen una situación de hecho.

La ley aplicable a las uniones libres celebradas en Luxemburgo es la ley del foro.

Se puede obtener una inscripción en el registro civil de parejas registradas en el extranjero, siempre que ambos miembros de la pareja cumpliesen en la fecha de celebración de la unión en el extranjero las condiciones previstas en el artículo 4. Una vez reconocida en Luxemburgo la unión celebrada en el extranjero, se le aplicarán los mismos beneficios que los otorgados a las parejas luxemburguesas.

3.5.3 Divorcio y separación

En caso de que los cónyuges tengan la misma nacionalidad, el divorcio y la separación judicial estarán sujetos a la ley nacional de los cónyuges. En caso contrario, se aplicará la ley de su domicilio efectivo común. Si no se cumple ninguno de los dos criterios, se aplicará la ley del foro.

Dichas normas se aplican también a la admisibilidad del divorcio en general, sus causas, sus efectos y las medidas accesorias.

3.5.4 Obligación de alimentos

En virtud del artículo 15 del Reglamento n.º 4/2009 relativo a las obligaciones de alimentos, la ley aplicable en la materia se determina de conformidad con el Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para hijos y otros miembros de la familia. El principio es el de la aplicación de la ley del Estado de residencia habitual del acreedor, pero las partes pueden optar por designar de común acuerdo, para un procedimiento ya iniciado, la ley del foro o una de las siguientes leyes:

a) la ley de un Estado cuya nacionalidad tenga alguna de las partes en el momento de la designación;

b) la ley del Estado de residencia habitual de una de las partes en el momento de la designación;

c) la ley elegida por las partes para que rija sus relaciones patrimoniales o la ley efectivamente aplicada a tales relaciones;

d) la ley elegida por las partes para que rija su divorcio o su separación judicial, o la ley efectivamente aplicada a tal divorcio o separación.

3.6 Regímenes matrimoniales

El régimen matrimonial está sujeto a la ley interna designada por los cónyuges antes del matrimonio.

Si, en el momento de la celebración del matrimonio, los cónyuges no han efectuado esa elección, la ley aplicable se determinará conforme al Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 relativo a la Celebración y al Reconocimiento del Matrimonio.

En virtud de dicho Convenio, los cónyuges solo pueden designar una de las leyes siguientes:

1. la ley de un Estado cuya nacionalidad posea uno de los cónyuges en el momento de esta designación; 
2. la ley del Estado en cuyo territorio uno de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de dicha designación; 
3. la ley del primer Estado en cuyo territorio uno de los cónyuges establezca una nueva residencia habitual después del matrimonio.

La ley así designada se aplicará a todos sus bienes.

Sin embargo, tanto si los cónyuges han procedido a la designación establecida en los párrafos anteriores como si no lo han hecho, podrán designar, en relación con los inmuebles o algunos de ellos, la ley del lugar en que estén situados dichos inmuebles. Asimismo, podrán prever que los inmuebles posteriormente adquiridos estén sujetos a la ley del lugar de su ubicación.

En caso de falta de elección por las partes, el juez deberá averiguar cuál ha sido su elección tácita. Existe una presunción favorable a la ley interna del Estado en cuyo territorio establezcan su primera residencia habitual después del matrimonio.

Sin embargo, en los casos siguientes, el régimen matrimonial está, conforme al Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 relativo a la Celebración y al Reconocimiento del Matrimonio, sujeto a la ley interna del Estado de nacionalidad común de los cónyuges:

1. cuando este Estado haga la declaración prevista en el artículo 5 y su efecto no esté excluido por el apartado 2 de ese artículo;
2. cuando este Estado no sea parte en el Convenio, su ley interna sea aplicable según su Derecho internacional privado y los cónyuges establezcan su primera residencia habitual después del matrimonio:

a) en un Estado que haya hecho la declaración prevista en el artículo 5,

o

b) en un Estado que no sea parte en el Convenio y cuyo Derecho internacional privado determine también la aplicación de su ley nacional;

3. cuando los cónyuges no establezcan en el territorio del mismo Estado su primera residencia habitual después del matrimonio.

A falta de residencia habitual de los cónyuges en el territorio del mismo Estado y de nacionalidad común, su régimen matrimonial estará sujeto a la ley interna del Estado con el que, habida cuenta de todas las circunstancias, presente los vínculos más estrechos.

Se puede cambiar de forma voluntaria la ley aplicable en la medida prevista por la nueva ley elegida.

3.7 Testamentos y sucesiones

Las disposiciones del Reglamento UE n.° 650/2012, de 4 de julio de 2012, se aplican a las sucesiones abiertas a partir del 17 de agosto de 2015. El artículo 21 del Reglamento designa como ley aplicable a la totalidad de la sucesión la ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.

Las sucesiones abiertas antes del 17 de agosto de 2015 siguen rigiéndose por las normas de conflicto de leyes luxemburguesas.

Sucesión legal

En Luxemburgo, la sucesión se divide en varias masas: una masa mobiliaria y una o varias masas inmobiliarias. Para determinar si se trata de un bien mueble o inmueble, debe aplicarse la ley del foro.

La sucesión mobiliaria se rige, en principio, por la ley del último domicilio del difunto el día de su fallecimiento. El domicilio se determinará según las normas del Código Civil.

La sucesión inmobiliaria está sujeta a la ley del Estado en el que esté ubicado cada uno de los inmuebles.

Sucesión testada

En principio, el estatuto personal es el que regula la capacidad general de disponer por causa de muerte. Sin embargo, las incapacidades específicas se inscriben en el ámbito de la ley sucesoria. La capacidad general para ser beneficiario de una donación está regulada por la ley personal.

3.8 Bienes inmuebles

La propiedad inmobiliaria se determina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, por la ley del Estado de la ubicación del bien. Esa norma es también válida para el contenido de los derechos reales que puedan gravarlos, su creación y transmisión y el régimen de usucapión.

3.9 Insolvencia

Fuera del ámbito de aplicación de los Reglamentos (UE) n.º 1346/2000 y n.º 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, la ley aplicable es la del lugar de apertura del concurso.

Esta se aplica a los efectos de todos los procedimientos colectivos abiertos en Luxemburgo y a los declarados en el extranjero. Sin embargo, para los efectos concretos de la quiebra de una de las partes sobre los derechos que puedan ser invocados por su co-contratante, se aplica la ley del Estado en el que se haya declarado la quiebra.

La competencia de la citada ley se limita a los efectos específicos y no se extiende a todos los aspectos de la operación afectada por la quiebra.


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Última actualización: 03/05/2019

¿Qué ley será aplicable? - Malta


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

El Derecho interno se recoge por escrito y se puede consultar libremente en el El enlace abre una nueva ventanasitio web Laws of Malta (leyes de Malta). Como consecuencia de su adhesión a la Unión Europea en 2004, el ordenamiento jurídico maltés incluye también leyes y reglamentos de la UE que son directamente aplicables o que se han traspuesto a la legislación maltesa y que es probable que prevalezcan sobre la legislación nacional.

Si bien el principio del precedente no está arraigado en el derecho maltés y existe en el país la aplicación no vinculante, los tribunales malteses generalmente tienden a dar peso a sentencias anteriores, especialmente las resoluciones dictadas por el Court of Appeal (Tribunal de Apelación) y el Constitutional Court (Tribunal Constitucional) (ambos tribunales superiores en Malta).

1.2 Convenios multilaterales vigentes

  • Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros
  • Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial
  • Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial
  • Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
  • Convenio de 25 de octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia
  • Convenio de 1 de julio de 1985 sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento
  • Convenio de 25 de enero de 1988 sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal
  • Convenio de 16 de enero de 1992 para la Protección del Patrimonio Arqueológico
  • Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional
  • Convenio de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños
  • Convenio de Roma de 1980 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales
  • Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro
  • Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia
  • Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias

Malta también ratificó una serie de tratados de las Naciones Unidas. El estado de ratificación se puede consultar El enlace abre una nueva ventanaaquí.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

No tenemos conocimiento de ningún convenio bilateral del que Malta sea parte que contenga disposiciones sobre conflicto de leyes.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El juez no puede aplicar de oficio las normas de conflicto de leyes; estas normas solo se pueden aplicar si al menos una de las partes del proceso ha argumentado que existe conflicto de leyes. La parte que invoque la existencia de dicho conflicto debe acreditar de forma convincente para el tribunal el contenido de la ley extranjera. A falta de tal queja o en ausencia de pruebas convincentes, los tribunales nacionales deben juzgar con arreglo a la legislación maltesa.

2.2 Reenvío

No está clara la posición de Malta respecto a la aplicación de la doctrina del reenvío. Las normas codificadas sobre el conflicto de leyes son limitadas, por lo que a menudo los tribunales deben aplicar normas no codificas del derecho internacional privado para determinar qué ley debe aplicarse a un caso determinado. De hecho, los tribunales malteses han dictaminado que, a falta de una legislación que regule el derecho internacional privado, han de recurrir a los principios del Common Law inglés. En vista de esto, los tribunales malteses han adoptado la aplicación inglesa del reenvío. De ello se deduce que se desestimará la doctrina del reenvío cuando se trate de responsabilidad civil, seguros o contratos. Sin embargo, es aplicable en lo que se refiere a la validez de los testamentos, reclamaciones de inmuebles extranjeros y cuestiones de derecho de familia.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

En estos casos, lo que se hace es especificar, en cada norma de conflicto de leyes, el momento exacto en que se identifica el factor de vinculación.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

Los tribunales malteses pueden negarse a aplicar una ley extranjera que resulte contraria al orden público maltés y si dicha ley se puede considerar como una ley de ingresos extranjeros o como una ley penal.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

La invocación de Derecho extranjero deberá probarse como cuestión de hecho y no de derecho. Los tribunales malteses están facultados para interpretar la legislación nacional, pero no están autorizados a interpretar el contenido del Derecho extranjero por sí mismos. Para poder comprender el Derecho extranjero, el Tribunal nombra a expertos en la materia. Las partes del proceso también pueden aportar, entre otras pruebas, informes elaborados por distintos expertos.

La carga de la prueba corresponde a la parte que eleva la queja, a saber, la parte demandada en el proceso.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

En los casos relacionados con las obligaciones contractuales dentro de los países no pertenecientes a la UE, se aplica el Convenio de Roma I, por efecto de la Ley (de ratificación) del Convenio de Roma sobre las obligaciones contractuales, capítulo 482 de la legislación de Malta. Por otra parte, las obligaciones contractuales dentro los Estados miembros de la UE están reguladas por el Reglamento Roma I (Reglamento (CE) n.º 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales).

3.2 Obligaciones no contractuales

Las normas de conflicto de leyes para las obligaciones extracontractuales se rigen por el Reglamento (CE) n.º 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (conocido como Roma II).

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

La nacionalidad maltesa se adquiere por nacimiento, si el padre o la madre son ciudadanos de Malta.

A diferencia de la nacionalidad, la residencia habitual se puede elegir cuando se alcanza la mayoría de edad. La residencia habitual se atribuye en función del lugar donde cada uno tenga su residencia junto con la intención de residir en dicha jurisdicción de manera indefinida o permanente.

La capacidad para contraer obligaciones concretas, como las de contraer matrimonio, celebrar contratos, iniciar una actividad comercial, testar, etc., se regula mediante normas específicas de esos ámbitos.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

El Código Civil maltés establece las responsabilidades de los padres para con sus hijos, pero la patria potestad termina de pleno derecho cuando el menor alcanza la edad de dieciocho años. La competencia judicial maltesa está regulada por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Bruselas II bis). Este punto se examina con más detalle en la sección correspondiente.

3.4.2 Adopción

La adopción también está regulada en el Código Civil maltés, el cual aplican los tribunales malteses siempre que son competentes para hacerlo. Las adopciones extranjeras quedan reconocidas por la legislación maltesa con arreglo al Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

La validez formal de un matrimonio se rige con arreglo a la ley del lugar de celebración del matrimonio. En Malta, los trámites para el matrimonio se encuentran en el capítulo 255 de la legislación del país [la El enlace abre una nueva ventanaMarriage Act (Ley de matrimonio)]. Dicha ley regula, entre otras cosas, los impedimentos matrimoniales. Uno de los impedimentos que se mencionan es que «se considera nulo un matrimonio cuando alguno de los dos contrayentes es menor de dieciséis años».

La legislación aplicable en Malta tiene en cuenta el domicilio de los cónyuges.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

Las uniones civiles se rigen por el capítulo 530 de la legislación maltesa (la Civil Union Act, ley de uniones civiles) que, a su vez, hace referencia al capítulo 255. Así pues, las uniones civiles deben cumplir las formalidades y los requisitos exigidos en el capítulo 255.

3.5.3 Divorcio y separación

Un tribunal maltés solo tendrá competencias en procesos de divorcio conforme al Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Este punto se examina con más detalle en la sección correspondiente.

3.5.4 Obligación de alimentos

Malta está sujeta al Reglamento (CE) n.º 4/2009 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Este punto se examina con más detalle en la sección correspondiente.

3.6 Regímenes matrimoniales

En Malta, la ley aplicable es la ley del lugar donde se sitúa el domicilio conyugal (lex rei sitae). De conformidad con el artículo 1316 del Código Civil, todo matrimonio celebrado en Malta dará lugar a un régimen de gananciales. Por otro lado, un matrimonio celebrado fuera de Malta que, posteriormente, se establezca en dicho país, generará una régimen de gananciales desde el momento en que establezcan su residencia en Malta, a menos que previamente hayan celebrado un acuerdo por el que renuncien al régimen de gananciales.

3.7 Testamentos y sucesiones

En casos de testamentos y sucesiones, los tribunales malteses han adoptado sistemáticamente la Common Law. Por lo tanto, «en casos de sucesión intestada (es decir, cuando no hay testamento), se aplica la ley del lugar de residencia del testador en el momento de su muerte para la sucesión de los bienes muebles, y la ley de la jurisdicción donde se encuentra la propiedad para la sucesión de bienes inmuebles. Cuando exista testamento, la capacidad del testador para testar se rige por la ley del lugar donde se encuentra el domicilio del testador en la fecha del testamento. Un legatario podrá recibir bienes muebles si está capacitado para ello con arreglo bien a la ley de su propio domicilio, bien a la del domicilio del testador». Además, «un testamento es formalmente válido si se ajusta a cualquiera de las leyes siguientes: la ley del lugar donde se ejecutó el testamento (esto es, normalmente donde se firma y se atestigua) en el momento de la ejecución; la ley del domicilio, la residencia habitual o la nacionalidad del testador en el momento en el que se ejecutó el testamento; la ley del domicilio, la residencia habitual o la nacionalidad del testador en el momento de su muerte. El testamento también será formalmente válido para transmitir bienes inmuebles si se ajusta a la ley de la jurisdicción en la que se sitúen los bienes.»

3.8 Bienes inmuebles

3.9 Insolvencia

Malta está sujeta al Reglamento (CE) n.º 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia, en su forma enmendada. Dicho reglamento establece, entre otras cosas, las normas aplicables en los procedimientos que impliquen la cesión total o parcial del deudor y el nombramiento de un liquidador, cuando los intereses principales del deudor se encuentren en un Estado miembro de la UE. En los casos que el Reglamento (CE) n.º 1346/2000 no contemple, se aplicará la legislación maltesa cuando el tribunal maltés tenga competencias para ello, a saber, cuando la sociedad esté registrada en Malta.


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Última actualización: 11/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Polonia

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NOTA: las respuestas que figuran a continuación NO SE APLICAN a situaciones regidas por el Derecho de la UE.

1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Ley de Derecho Internacional Privado de 4 de febrero de 2011 (Diario Legislativo 2011/80, punto 432, en su versión vigente) (en lo sucesivo «LDIP»).

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Convenio de La Haya de 17 de julio de 1905 relativo a la Privación de Derechos Civiles y Medidas de Protección Similares.

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los Conflictos de Leyes en Materia de Forma de las Disposiciones Testamentarias.

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores.

Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 sobre la Ley Aplicable en materia de Accidentes de Circulación por Carretera.

Convenio de la Haya 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias.

Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980.

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Polonia ha firmado una serie de acuerdos bilaterales sobre transacciones legales, que también resuelven conflictos de leyes. Entre ellos figuran tanto acuerdos con Estados miembros como con terceros países. Puesto que los instrumentos vinculantes para los Estados miembros de la UE que incluyen normas en materia de conflictos de leyes tienen precedencia sobre los acuerdos bilaterales entre Estados miembros, en principio solo los acuerdos con terceros países revisten actualmente importancia en la práctica.

Entre ellos se encuentran los acuerdos con Bielorrusia (26 de octubre de 1994), Rusia (16 de septiembre de 1996), Ucrania (24 de mayo de 1993), la República Popular Democrática de Corea (28 de septiembre de 1986), Cuba (18 de noviembre de 1982), Vietnam (22 de marzo de 1993) y, por sucesión (sobre la base del acuerdo con Yugoslavia de 6 de febrero de 1960), con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

Sí, el órgano jurisdiccional aplica de oficio normas de conflictos de leyes. También aplica de oficio la legislación extranjera cuando una norma de conflicto de leyes indica que esa ley es aplicable a una cuestión específica.

2.2 Reenvío

Con arreglo al artículo 5 de la LDIP, la legislación polaca solo permite la remisión inversa.

El apartado 1 no se aplica si la legislación aplicable se determinó:

1) mediante elección de legislación;

2) teniendo en cuenta la forma de la transacción legal;

3) teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, las obligaciones no contractuales o las transacciones legales unilaterales para las cuales esta Ley establece la legislación aplicable.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

En los artículos 3 y 10 de la LDIP se establecen excepciones a la aplicación de la ley establecida en las normas de conflictos de leyes relativas a la relación legal.

Artículo 3, apartado 1. Si la Ley exige la aplicación de la lex patriae y resulta imposible determinar la nacionalidad del interesado, este no tiene nacionalidad o no puede determinarse el contenido de la lex patriae, se aplicará la legislación del domicilio del interesado y, si no tiene domicilio, la legislación del país en el que tenga su residencia habitual.

Artículo 10, apartado 1. Si resulta imposible establecer las circunstancias que determinan la aplicabilidad de la ley, se aplicará la legislación que tenga una relación más estrecha con la relación legal. Asimismo, se aplicará la legislación polaca si resulta imposible determinar el contenido de la legislación extranjera aplicable en un período razonable.

Por otra parte, el artículo 67 de la LDIP dispone que, si esta ley no establece una legislación aplicable, en la reglamentación específica, en los acuerdos internacionales ratificados y aplicables en Polonia o en la legislación de la UE, la legislación que rige la relación legal deberá ser la legislación del país que guarde la relación más estrecha con dicha relación legal.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Los órganos jurisdiccionales identifican y aplican de oficio la legislación extranjera (artículo 1143 del Código de Procedimiento Civil polaco).

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Normas de conflictos de leyes consagradas en la LDIP:

Artículo 28, apartado 1: La legislación aplicable a las obligaciones contractuales será la que determine el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.6.2008, p. 6). Lo dispuesto en el Reglamento se aplicará, si procede, a las obligaciones contractuales excluidas de su ámbito de aplicación por el artículo 1, apartado 2, letra j), del Reglamento mencionado en el apartado 1.

Con arreglo al artículo 29, apartado 1, de la LDIP, si la legislación polaca establece una obligación de seguro, el contrato de seguro se regirá por la legislación polaca.

2. Si la legislación de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo que establece una obligación de seguro exige que se aplique la legislación de dicho Estado miembro al contrato de seguro, se aplicará dicha legislación.

Artículo 30, apartado 1. Con excepción de los casos contemplados en el Reglamento mencionado en el artículo 28, la elección de la legislación de un país que no sea miembro del Espacio Económico Europeo en relación con un contrato estrechamente relacionado con el territorio de al menos un Estado miembro no podrá privar a los consumidores de la protección que les concede la legislación polaca por la que se transponen las siguientes Directivas:

1) Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29); DOUE, edición especial en polaco, capítulo 15, volumen 2, p. 288);

2)         (derogada);

3) Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12); DOUE, edición especial en polaco, capítulo 15, volumen 4, p. 223);

4) Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16); DOUE, edición especial en polaco, capítulo 6, volumen 4, p. 321);

5) Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 , relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66, en su versión vigente).

2. Si la legislación aplicable a un contrato incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (DO L 33 de 3.2.2009, p.10) es la legislación de un país que no sea miembro del Espacio Económico Europeo, no se privará a los consumidores de la protección que les concede la legislación polaca por la que se transpone dicha Directiva:

1) si una parte del bien inmueble se encuentra en uno de los Estados miembros, o

2) en lo que se refiere a un contrato no relacionado directamente con bienes inmuebles, si un operador económico realiza sus actividades comerciales o profesionales en uno de los Estados miembros o traslada de alguna manera dicha actividad a uno de los Estados miembros y el contrato pasa a formar parte de dichas actividades.

Artículo 31. Las obligaciones resultantes de una garantía distinta de una letra de cambio o cheque se regirán por la legislación del país en que se haya firmado o expedido dicha garantía.

Artículo 32, apartado 1: Las obligaciones resultantes de una transacción legal unilateral se regirán por la legislación elegida por la parte que lleve a cabo la transacción. Cuando se haya identificado a ambas partes de dicha obligación, la legislación se elegirá, modificará o derogará mediante un acuerdo entre ellas.

2. En aquellos casos en que no se haya hecho una elección expresa de la legislación, las obligaciones resultantes de una transacción legal unilateral se regirán por la legislación del país en que tenga su residencia habitual o domicilio social la persona que lleva a cabo la transacción. Si los hechos del caso indican que la obligación está más estrechamente relacionada con la legislación de otro país, se aplicará la legislación de este.

Con arreglo al artículo 36, los efectos de una cesión de adeudos de terceros se determinarán en virtud de la legislación del país con competencias sobre los adeudos cedidos.

Artículo 37. La legislación aplicable a la asunción de deudas será la del país con competencias sobre la deuda asumida.

Artículo 38. Los efectos que tiene la variación en el valor de una moneda sobre el importe de una obligación se determinarán con arreglo a la ley aplicable a la obligación.

3.2 Obligaciones no contractuales

Las normas pertinentes en materia de conflictos de leyes se consagran en la LDIP:

Artículo 33. La legislación aplicable a las obligaciones resultantes de eventos que no sean transacciones contractuales será la que determine el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 , relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).

Artículo 34. El Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 sobre la Ley Aplicable en materia de Accidentes de Circulación por Carretera (Diario Legislativo 2003/63, punto 585) determinará la legislación aplicable a las obligaciones no contractuales de terceros resultantes de accidentes de circulación por carretera.

Artículo 35. Las obligaciones de terceros derivadas de actos u omisiones de órganos que ejerzan la autoridad pública en un país dado se regirán por la legislación de ese país.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

Normas de conflictos de leyes que se aplican a la situación de las personas físicas:

La capacidad jurídica de una persona física y su capacidad para llevar a cabo transacciones legales se regirá por su lex patriae (artículo 11, apartado 1).

2. Si una persona física lleva a cabo una transacción legal en el marco de sus actividades económicas, bastará con que tenga capacidad para efectuar dicha transacción con arreglo a la legislación del país en que realice estas actividades.

3. El apartado 1 no impide la aplicación de la legislación que rige la transacción legal, si esta establece requisitos específicos en relación con la capacidad para llevar a cabo dicha transacción.

Con arreglo al artículo 12, si un contrato ha sido firmado por partes establecidas en el mismo país, una persona física con capacidad para firmar el contrato en virtud de la legislación de ese país solo puede invocar la incapacidad de conformidad con la ley mencionada en el artículo 11, apartado 1, si la otra parte tenía conocimiento de dicha incapacidad cuando firmaron el contrato o si la otra parte ignoró por negligencia dicha incapacidad en ese momento.

2. Una persona física que lleva a cabo una transacción legal unilateral y tiene capacidad para hacerlo de conformidad con la legislación del país en que se efectuó la transacción solo puede invocar la incapacidad de conformidad con la ley mencionada en el artículo 11, apartado 1, si ello afecta negativamente a cualquier persona que actúe de forma diligente y suponga que la persona que efectuó la transacción legal tenía la capacidad necesaria para hacerlo.

3. Si una persona física actúa a través de un representante, la aplicabilidad de los apartados 1 y 2 se determinará a través de las circunstancias aplicables al representante.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no se aplicará a las transacciones legales en el ámbito del Derecho familiar, el Derecho de tutela o el Derecho sucesorio, o cualquier disposición reglamentaria relacionada con bienes inmuebles situados en un país que no sea el país en que se efectuó la transacción legal.

Con arreglo al artículo 13, apartado 1, la incapacitación legal se regirá por la lex patriae de la persona física incapacitada. Si un órgano jurisdiccional polaco debe pronunciarse sobre la incapacitación de un nacional extranjero, se aplicará la legislación polaca.

El artículo 14, apartado 1 exige la aplicación de la lex patriae a la presunción o declaración de fallecimiento de una persona física. Si un órgano jurisdiccional polaco debe pronunciarse sobre la presunción o declaración de fallecimiento de un nacional extranjero, se aplicará la legislación polaca.

Con arreglo al artículo 16, apartado 1, los derechos personales de una persona física se regirán por su lex patriae.

Las personas físicas cuyos derechos personales se vean amenazados o hayan sido vulnerados podrán solicitar protección con arreglo a la legislación del país en que haya ocurrido el suceso que provoque dicha amenaza o vulneración, o con arreglo a la legislación del país en cuyo territorio se hayan producido los efectos de la vulneración.

Si los derechos personales de una persona física han sido vulnerados en los medios de comunicación, el derecho de réplica a una corrección o a una medida de protección similar se regirán por la legislación del país en que la editorial o la emisora tenga su domicilio social o residencia habitual.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

Normas de conflicto de leyes aplicables a las relaciones entre progenitores e hijos (LDIP):

La filiación paterna de un menor puede determinarse o impugnarse con arreglo a la lex patriae del menor en el momento de su nacimiento (artículo 55, apartado 1, de la LDIP). Si la lex patriae del menor en el momento de su nacimiento no permite determinar la paternidad mediante orden judicial, la determinación de la paternidad mediante orden judicial se regirá por la lex patriae del menor en el momento en se haya establecido su filiación paterna. El reconocimiento de la filiación paterna de un menor se regirá por la lex patriae del menor en el momento del reconocimiento. Si dicha legislación no contempla el reconocimiento de un menor, se aplicará la lex patriae de este último en el momento de su nacimiento, siempre que permita dicho reconocimiento. El reconocimiento de un hijo no nato se regirá por la lex patriae de la madre en el momento del reconocimiento.

Con arreglo al artículo 56, apartado 1, de la LDIP, el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños (DO L 151, de 11.6.2008, p.39; Diario Legislativo 2010/172, punto 1158) determina la legislación aplicable a la responsabilidad de los progenitores y los derechos de custodia.

Si el lugar de residencia habitual de un menor se traslada a un país que no sea parte en el Convenio mencionado en el apartado 1, la legislación de ese país determinará a partir de ese momento las condiciones de aplicación de las medidas del país de residencia habitual anterior del menor.

El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños determina la legislación aplicable a la tutela de menores (artículo 59 de la LDIP).

Si el lugar de residencia habitual de un menor se traslada a un país que no sea parte en el Convenio mencionado en el apartado 1, la legislación de ese país determinará a partir de ese momento las condiciones de aplicación de las medidas impuestas en el país de residencia habitual anterior del menor.

3.4.2 Adopción

Con arreglo al artículo 57 de la LDIP, la adopción se regirá por la lex patriae de los padres adoptivos.

La adopción conjunta por parte de los cónyuges se regirá por su lex patriae común. Si los cónyuges no tienen una lex patriae común, la legislación aplicable será la del país en que ambos cónyuges tengan su domicilio y, si no tienen su domicilio en el mismo país, será la del país en que ambos cónyuges tengan su residencia habitual. Si los cónyuges no tienen su residencia habitual en el mismo país, la legislación aplicable será la del país con el que ambos cónyuges estén más estrechamente relacionados.

Como se establece en el artículo 58 de la LDIP, no se procederá a la adopción sin la aplicación de la lex patriae del futuro adoptado relativa a su consentimiento, el consentimiento de su representante legal y el consentimiento de una autoridad competente, así como a las restricciones a la adopción tras un cambio de domicilio a un país diferente.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

La capacidad para contraer matrimonio de cada una de las partes se determinará por su lex patriae en el momento del enlace (artículo 48 de la LDIP).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, apartado 1, la forma de celebración del matrimonio se regirá por la legislación del país en que se celebre este. Si el matrimonio se celebra fuera de Polonia, basta con cumplir los requisitos de la lex patriae de ambos cónyuges, o la legislación de su domicilio o residencia habitual en el momento en que se celebre.

Con arreglo al artículo 50 de la LDIP, la legislación mencionada en los artículos 48 y 49 se aplicará de forma análoga a los efectos de la incapacidad para celebrar el matrimonio o el incumplimiento de los requisitos relativos a la forma de este.

Las relaciones personales y bienes maritales de los cónyuges se regirán por su lex patriae común (artículo 51, apartado 1). Si los cónyuges no tienen una lex patriae común, la legislación aplicable será la del país en que ambos cónyuges tengan su domicilio y, si no tienen su domicilio en el mismo país, será la del país en que ambos cónyuges tengan su residencia habitual. Si los cónyuges no tienen su residencia habitual en el mismo país, la legislación aplicable será la del país con el que ambos cónyuges estén más estrechamente relacionados.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

Ninguno

3.5.3 Divorcio y separación

Con arreglo al artículo 54 de la LDIP, la disolución del matrimonio se regirá por la lex patriae común de los cónyuges en el momento de presentar la solicitud de disolución. Si los cónyuges no tienen una lex patriae común, la legislación aplicable será la del país en que tengan su domicilio ambos cónyuges en el momento de presentar la solicitud de disolución y, si no tienen un domicilio común al presentar dicha solicitud, la ley aplicable será la del país en que hayan tenido su última residencia habitual común, siempre que siga siendo la residencia habitual de al menos uno de ellos. Se aplicará la legislación polaca si no existen circunstancias que permitan determinar la legislación aplicable.

Estas disposiciones se aplicarán de forma análoga a la separación matrimonial.

3.5.4 Obligación de alimentos

Con arreglo al artículo 63, la legislación aplicable a la manutención se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).

3.6 Regímenes matrimoniales

Las relaciones personales y bienes maritales de los cónyuges se regirán por su lex patriae común (artículo 51, apartado 1). Si los cónyuges no tienen una lex patriae común, la legislación aplicable será la del país en que ambos cónyuges tengan su domicilio y, si no tienen su domicilio en el mismo país, será la del país en que ambos cónyuges tengan su residencia habitual. Si los cónyuges no tienen su residencia habitual en el mismo país, la legislación aplicable será la del país con el que ambos cónyuges estén más estrechamente relacionados.

Con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la LDIP, los cónyuges pueden elegir la lex patriae de uno de ellos, o la legislación del país en que uno de ellos tenga su domicilio o residencia habitual como legislación aplicable a su régimen económico matrimonial. Esta elección puede realizarse también antes de celebrar el matrimonio.

Las capitulaciones matrimoniales se regirán por la legislación que elijan las partes, como se contempla en el apartado 1. En aquellos casos en que no se elija expresamente la legislación, las capitulaciones matrimoniales se regirán por la legislación aplicable a las relaciones personales y al régimen económico matrimonial de los cónyuges en el momento en que se firmaron. Al elegir la legislación que regirá el régimen económico matrimonial o las capitulaciones matrimoniales bastará con adoptar la forma exigida para dichas capitulaciones en la legislación elegida o la legislación del país en que se eligió la legislación.

3.7 Testamentos y sucesiones

La legislación aplicable a las sucesiones se establece en el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 , relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27 de julio de 2012, p. 107, en su versión vigente).

3.8 Bienes inmuebles

Con arreglo al artículo 41, apartado 1, de la LDIP, la titularidad y otros derechos de propiedad se regirán por la legislación del país en que se encuentre situado el bien. La adquisición y pérdida de la titularidad, y la adquisición, pérdida o cambio del contenido o prioridad de otros derechos de propiedad se regirán por la legislación del país en que se encuentre situado el bien cuando tuvo lugar el suceso que dio lugar a los efectos jurídicos antes mencionados.

3.9 Insolvencia

Las normas de conflictos de leyes que determinan la legislación aplicable a los procedimientos de quiebra se recogen en la Ley de quiebra de 28 de febrero de 2003 (texto consolidado: Diario Legislativo de 2015, punto 233):

Con arreglo al artículo 460 de la Ley de quiebra, se aplicará la legislación polaca a los procedimientos de quiebra incoados en Polonia, a menos que se disponga otra cosa en las disposiciones de este capítulo.

De conformidad con el artículo 461 de la Ley de quiebra, las relaciones laborales de los trabajadores contratados en otro Estado miembro de la UE o un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regularán mediante la legislación que rija su contrato de trabajo.

La legislación que determine si un bien constituye un bien inmueble será la legislación aplicable al lugar en que se encuentre situado dicho bien.

Los contratos relativos al uso o compra de bienes inmuebles situados en otro Estado miembro de la UE o en un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regirán por la legislación del país en que esté situado el bien inmueble.

Los derechos relativos a bienes inmuebles situados en otro Estado miembro de la UE o un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a buques de navegación marítima o aeronaves registrados se regirán por la legislación del país que mantenga el registro correspondiente.

Una declaración de quiebra no vulnerará los derechos de los acreedores o terceros con derechos sobre los activos u otros bienes de la parte objeto de la quiebra situados en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sin excluir las partes organizadas de los bienes y, en particular, el derecho a disponer de los bienes para cumplir obligaciones o el derecho a cumplir obligaciones con los beneficios generados por estos bienes, los derechos prendarios e hipotecarios, el derecho a solicitar la liberación de los bienes por parte de las personas responsables de ello contra la voluntad de la parte autorizada o el derecho a utilizar los bienes en calidad de administrador legal (artículo 462 de la Ley de quiebra). Esta disposición se aplicará a los derechos y reivindicaciones personales inscritos en el registro de la propiedad, el registro de hipotecas y otros registros públicos cuyo ejercicio o utilización dé lugar a la creación de los derechos antes mencionados.

Con arreglo al artículo 463, apartado 1, de la Ley de quiebra, la reserva del derecho de propiedad al vendedor en un contrato de compraventa no expirará como consecuencia de la declaración de quiebra de un banco nacional que haya adquirido el objeto del contrato si, en el momento de declararse la quiebra, el objeto del contrato estaba situado en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La declaración de quiebra de un banco nacional que disponga de un activo no podrá servir de fundamento para retirarse del contrato de compraventa si el objeto de esta fue cedido antes de que se declarara la quiebra y el objeto de la compraventa estaba situado en el extranjero en el momento de la declaración de quiebra.

Con arreglo al artículo 464, el ejercicio de los derechos que deben inscribirse en un registro, consignarse en una cuenta o ingresarse en un depósito central para ser creados, existir o disponer de ellos, se regirán por la legislación del país en que se mantengan dichos registros, cuentas o depósitos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 464, el derecho de recompra se regirá por la legislación aplicable a las obligaciones contractuales que rijan el contrato que dé lugar al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 464, la legislación aplicable a las obligaciones contractuales que rijan las transacciones celebradas en mercados regulados se aplicará a los contratos firmados en el marco de las transacciones efectuadas en mercados regulados en el sentido de la Ley de negociación de instrumentos financieros de 29 de julio de 2005.

La compensación contemplada en el artículo 467 de la Ley de quiebra se regirá por la legislación relativa a las obligaciones contractuales que se apliquen al contrato de compensación.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 4671 de la Ley de quiebra, la declaración de quiebra no vulnerará el derecho del acreedor a compensar su deuda con la deuda de la parte en situación de quiebra, si lo permite la legislación aplicable a la deuda de esta parte.

La aplicabilidad y validez de una transacción legal efectuada tras una declaración de quiebra y consistente en disponer de los bienes inmuebles, buques de navegación marítima o aeronaves que deban inscribirse en un registro, o en ejercer derechos que deben inscribirse en un registro, consignarse en una cuenta o ingresarse en un depósito central para ser creados, existir o disponer de ellos, se regirá por la legislación del país en que estén situados los bienes o en que se mantengan dichos registros, cuentas o depósitos.

Con arreglo al artículo 469 de la Ley de quiebra, las disposiciones relativas a la inaplicabilidad e invalidez de una transacción legal efectuada en detrimento de los acreedores no serán de aplicación si la legislación aplicable a la transacción no permite efectuar transacciones legales en detrimento de los acreedores por ser consideradas inaplicables.

Con arreglo al artículo 470 de la Ley de quiebra, los efectos de una declaración de quiebra en los procedimientos legales ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea o un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se evaluarán con arreglo a la legislación del país en que se hayan incoado los procedimientos.


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Última actualización: 12/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Rumania


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

Las fuentes nacionales del Derecho internacional privado en Rumanía son la Constitución; el Título VII del Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil y varios actos especiales relativos a la aplicación del Derecho internacional privado sobre extranjeros, a empresas, al Registro Mercantil y a la ciudadanía.

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre enjuiciamiento civil; supresión de la exigencia de legalización de documentos; notificación y traslado de documentos; obtención de pruebas; facilitación del acceso a la justicia; aspectos civiles de la sustracción internacional de menores; protección de menores; adopción; elección de foro; y obligaciones de alimentos.

Los Convenios del Consejo de Europa sobre arbitraje comercial; reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia de custodia de los hijos; información sobre el Derecho extranjero; adopción; estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio; y ciudadanía.

Los Convenios de las Naciones Unidas en materia de derechos de las mujeres y los niños; cobro internacional de alimentos para los niños; arbitraje; inmunidad; transporte; propiedad intelectual; responsabilidad no contractual; responsabilidad civil por daños causados por contaminación; abordajes; plazos de prescripción; y contratos de venta.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Rumanía ha firmado tratados de asistencia jurídica en el ámbito civil con Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, China, Corea del Sur, Cuba, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Mongolia, Polonia, el Reino Unido, República Checa, Rusia, Serbia, Siria, Túnez, Turquía y Ucrania.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

La aplicación del Derecho extranjero a una relación jurídica con un elemento internacional puede ser invocada de oficio tanto por un tribunal como por la parte interesada.

Un tribunal puede, sobre la base de su función activa, examinar de oficio y hacer que las partes consideren la aplicación del Derecho extranjero en los casos en que una norma de conflicto rumana haga referencia a él. Es más, cualquier parte interesada puede invocar el Derecho extranjero en un tribunal, bajo el principio de disponibilidad.

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El Derecho extranjero consta de las disposiciones del Derecho sustantivo (incluidas las normas de conflicto), a menos que las partes hayan elegido el Derecho extranjero aplicable; de la jurisprudencia del Derecho extranjero aplicable a la forma de los actos jurídicos y de las obligaciones contractuales y de otros casos especiales contemplados en los convenios internacionales de los cuales Rumanía forma parte, ya sea por el Derecho de la Unión Europea o por ley.

Cuando el Derecho extranjero remite a la legislación de Rumanía o de cualquier otro Estado, se aplica la legislación de Rumanía, a menos que se disponga expresamente otra cosa.

Véanse los artículos 2559 y 2560 del Código civil.

2.2 Reenvío

El Derecho extranjero consta de las disposiciones del Derecho sustantivo (incluidas las normas de conflicto), a menos que las partes hayan elegido el Derecho extranjero aplicable; de la jurisprudencia del Derecho extranjero aplicable a la forma de los actos jurídicos y de las obligaciones contractuales y de otros casos especiales contemplados en los convenios internacionales de los cuales Rumanía forma parte, ya sea por el Derecho de la Unión Europea o por ley.

Cuando el Derecho extranjero remite a la legislación de Rumanía o de cualquier otro Estado, se aplica la legislación de Rumanía, a menos que se disponga expresamente otra cosa.

Véanse los artículos 2559 y 2560 del Código civil.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

Los casos en que se aplica la normativa anterior, incluso si cambia el punto de conexión, incluyen: la ley de la última ciudadanía (decisión en la que se declara un fallecimiento, una ausencia o una desaparición presuntos); la legislación que, en el momento del nacimiento del niño, regula los efectos del matrimonio de los progenitores (filiación del niño dentro del matrimonio); y la ley nacional del niño desde su fecha de nacimiento (filiación del niño fuera del matrimonio).

Los casos en que la normativa anterior prevalece sobre la actual, incluso si cambia el punto de conexión, incluyen: el Derecho del Estado al que se envió (o se enviará) el bien; y la ley del lugar de residencia/domicilio social del deudor tras la celebración del contrato (lo cual establece los vínculos más próximos en virtud de dicho contrato).

Los casos en que puede aplicarse bien la normativa actual o la anterior si cambia el punto de conexión incluyen: la ley del lugar en el que se localizan los bienes muebles en el momento de producirse el hecho jurídico que genera o extingue el derecho (constitución, transmisión o término de los derechos reales); la ley aplicable en el lugar y el momento en que se llevan a cabo las formas de comunicación (bienes muebles desplazados previa o posteriormente a otro país); y el Derecho del Estado donde se localizan dichos bienes al inicio del periodo de posesión o el Derecho del Estado hacia donde se desplazaron dichos bienes (prescripción adquisitiva).

Los casos en que se aplica la normativa más favorable cuando cambia el punto de conexión son los de cambio de nacionalidad relacionados con el alcance de mayoría de edad y los de filiación del niño fuera del matrimonio (quien tiene dos nacionalidades tras el nacimiento).

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

El Derecho extranjero no se aplica si contraviene las políticas públicas del Derecho internacional privado de Rumanía (por ejemplo, si su resultado es incompatible con los principios fundamentales del Derecho de Rumanía o de la Unión Europea o con los derechos humanos o fundamentales) o si la aplicación del Derecho extranjero supuso un fraude conforme al Derecho rumano. Si no se aplica el Derecho extranjero, se aplica el Derecho rumano.

De manera excepcional, la ejecución de una ley, de acuerdo con la normativa nacional sobre Derecho internacional privado, puede no llevarse a cabo si la relación jurídica tiene una conexión muy lejana con esa normativa. En este caso, se aplica la ley que tiene un vínculo más cercano con la relación jurídica.

Las disposiciones obligatorias del Derecho rumano que regulan una relación jurídica con un elemento internacional tendrán prioridad. Las disposiciones obligatorias del Derecho de otro Estado también pueden aplicarse de manera directa para regular una relación jurídica con un elemento internacional, si la relación jurídica está estrechamente relacionada con el Derecho de dicho Estado y si los intereses legítimos de las partes así lo requieren.

Véanse los artículos 2564 y 2566 del Código civil.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

El contenido del Derecho extranjero será determinado por el tribunal a través de documentos provistos por los organismos estatales que lo hayan prescrito, por medio del asesoramiento de expertos o por otros medios apropiados. Si una parte invoca el Derecho extranjero, se le puede requerir que pruebe su contenido.

Véanse el artículo 2562 del Código civil; el artículo 30 de la Ley n.º 189/2003 sobre asistencia judicial internacional en materia civil; el Convenio Europeo acerca de la Información sobre el Derecho Extranjero, Londres, 1968; y los tratados bilaterales celebrados con los Estados a los que se refiere el punto 1.3.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

El fundamento de un acto jurídico se establece mediante la ley elegida por las partes o por su autor. Las partes pueden elegir la ley aplicable a todo el acto jurídico o a parte de este.

A falta de elección, se aplicará la legislación del Estado que esté más relacionado con el documento jurídico en cuestión (el Estado donde se encuentra el lugar habitual de residencia o el domicilio social del deudor en el momento de la celebración del acto). En caso de no poder identificar dicha legislación, se aplicará la del lugar en que se haya celebrado el acto jurídico.

Los requisitos formales de un acto jurídico son fijados por la ley que regula su fondo. El acto se considera válido si cumple con las condiciones estipuladas en una de las siguientes legislaciones: la legislación del lugar donde se realizó el acto jurídico; la ley de ciudadanía o la legislación del lugar habitual de residencia de la persona que haya acordado dicho acto; o la ley aplicable de acuerdo con el Derecho internacional privado de la autoridad competente que examine la validez del acto jurídico.

La ley aplicable a las obligaciones contractuales se fija según la normativa del Derecho de la Unión Europea y, en cuestiones fuera de su ámbito de aplicación, según las disposiciones internas sobre la ley aplicable al acto jurídico en cuestión, a menos que haya convenios internacionales o disposiciones especiales que estipulen lo contrario.

Véanse los artículos 2640 a 2646 del Código civil.

3.2 Obligaciones no contractuales

La ley aplicable a las obligaciones extracontractuales se fija según las provisiones del Derecho de la Unión Europea y, en cuestiones fuera de su ámbito de aplicación, según la ley que regule el fondo de la relación jurídica anterior entre las partes, a menos que haya convenios internacionales o disposiciones especiales que estipulen lo contrario.

Las reclamaciones de indemnización por violación de la privacidad y de los derechos de personalidad se rigen, según la elección de la persona damnificada, por la ley del Estado donde se encuentra el lugar de residencia habitual de la persona damnificada, la del Estado donde se produjo el resultado perjudicial o la del Estado donde se encuentra el lugar de residencia habitual o el domicilio social del autor de tales hechos.

El derecho de respuesta a las ofensas contra los derechos inherentes a la personalidad está sujeto a la ley del Estado en el que se emitió la publicación o se transmitió el programa.

Véanse los artículos 2641 y 2642 del Código civil.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

El nombre de una persona física se rige por su legislación nacional. El establecimiento del nombre de un menor tras su nacimiento se rige, por elección, o bien por la ley del Estado cuya nacionalidad comparten los padres y el hijo, o bien por la ley del Estado en el que el niño haya nacido y vivido desde su nacimiento.

El lugar de residencia de la persona está sujeto a la legislación nacional.

El estado civil y la capacidad de las personas físicas se rigen por su legislación nacional. Las incapacidades especiales relativas a una relación jurídica en particular están sujetas a la ley aplicable a dicha relación jurídica. El comienzo y el término de la personalidad se determinarán por la legislación nacional de cada persona.

Los servicios asistenciales a las personas con plena capacidad jurídica están sujetos a la ley del Estado donde la persona tenga su lugar de residencia habitual en el momento en que se establezca la tutela o en el momento en que se tome otra medida de protección.

Véanse los artículos 2570, 2572 a 2576 y 2578 a 2579 del Código civil.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

La filiación de un hijo dentro del matrimonio se establece de acuerdo con la legislación que, a la fecha del nacimiento del niño, rigiera los efectos generales del matrimonio de sus progenitores. En caso de extinción o disolución del matrimonio de los progenitores antes del nacimiento del hijo, se aplicará la ley que rigiera los efectos de dicho matrimonio en el momento de su extinción o disolución. Esto mismo se aplica a la negación de paternidad de un niño nacido dentro del matrimonio, así como a la adquisición del nombre por parte del niño.

La filiación de un hijo fuera del matrimonio se determina de acuerdo con la legislación nacional del niño desde la fecha de su nacimiento, lo cual se aplica al reconocimiento de filiación y sus efectos, así como a la impugnación del reconocimiento de filiación. En el caso de que el niño tenga otra nacionalidad aparte de la rumana, se aplicará la ley de ciudadanía más favorable para él/ella.

Véanse los artículos 2603 a 2606 del Código civil.

3.4.2 Adopción

Las condiciones sustantivas requeridas para completar la adopción se determinan por la legislación nacional del adoptante y del menor que va a ser adoptado. También deben cumplirse las condiciones que sean obligatorias en ambos regímenes, tal como establezca cada una de las dos legislaciones nacionales. Las condiciones sustantivas que los cónyuges deben cumplir si adoptan de forma conjunta o si uno de ellos adopta al hijo del otro están establecidas por la ley que rige los efectos generales del matrimonio.

Los efectos de la adopción, las relaciones entre el adoptante y el adoptado, y la anulación de la adopción se rigen por la legislación nacional del adoptante, y si ambos cónyuges son adoptantes, por la ley que rige los efectos generales del matrimonio.

La forma de adopción está sujeta al Derecho del Estado donde se produzca la adopción.

Véanse los artículos 2607 a 2610 del Código civil.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Los requisitos sustantivos necesarios para celebrar un matrimonio están determinados por la legislación nacional de cada uno de los futuros contrayentes en el momento de la ceremonia.

La forma del matrimonio está sujeta al Derecho del Estado donde se celebre el matrimonio.

La ley que rige los requisitos jurídicos para la celebración del matrimonio se aplica también a la invalidez de dicho matrimonio y a los efectos de la invalidez.

Los efectos generales del matrimonio están sujetos a la ley del lugar de residencia habitual común de los contrayentes y, a falta de uno, a la ley de ciudadanía común de los cónyuges. En caso de no poseer una nacionalidad común, se aplica la ley del Estado en el que se celebre dicho matrimonio.

Véanse los artículos 2585 a 2589 del Código civil.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

3.5.3 Divorcio y separación

Rumanía aplica el Reglamento Roma III.

De acuerdo con la legislación nacional, los contrayentes pueden elegir de mutuo acuerdo una de las siguientes leyes aplicables al divorcio: la ley del Estado donde los contrayentes tengan su residencia habitual común en la fecha de la elección de la ley aplicable; la ley del Estado donde los contrayentes tuvieron su última residencia habitual común si al menos uno de ellos continúa residiendo allí en el momento de la elección de la ley aplicable; la ley del Estado del que cualquiera de los contrayentes sea nacional; la ley del Estado donde los contrayentes hayan residido por lo menos durante tres años; o el Derecho rumano.

El acuerdo sobre la elección de la ley aplicable al divorcio no puede celebrarse ni modificarse pasada la fecha de presentación a la autoridad responsable de regular el divorcio. Sin embargo, el tribunal puede tomar nota del acuerdo de los cónyuges, a más tardar en la primera vista del juicio al cual ambas partes hayan sido citadas debidamente.

En el caso de que los cónyuges no tomen una decisión respecto de la ley aplicable al divorcio, esta será la ley del Estado donde los cónyuges tengan su residencia habitual común en la fecha de presentación de la demanda de divorcio. En el caso de que no haya residencia habitual común, será la ley del Estado de la última residencia habitual común de los cónyuges, si al menos uno de ellos tiene su residencia habitual en el territorio de ese Estado en la fecha de presentación de la demanda de divorcio. En su defecto, será la ley de ciudadanía común de los cónyuges en la fecha de presentación de la demanda de divorcio. A falta de nacionalidad común de los cónyuges, será la ley de la última ciudadanía común de los cónyuges en el caso de que al menos uno de ellos conserve dicha ciudadanía en la fecha de la presentación de la demanda de divorcio. En el resto de los casos, será el Derecho rumano.

La ley que rige el divorcio también se aplica debidamente a la separación.

Véanse los artículos 2597 a 2646 del Código civil.

3.5.4 Obligación de alimentos

La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con las provisiones del Derecho de la Unión Europea (Artículo 2612 del Código civil).

3.6 Regímenes matrimoniales

La ley aplicable al régimen matrimonial es la ley elegida por los contrayentes (el lugar de residencia habitual de uno de los contrayentes en la fecha de la elección, la ley de ciudadanía de uno de los cónyuges en la fecha de la elección o la ley del lugar de la primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio). Dicha ley rige las medidas de publicidad y exigibilidad frente a terceros y, de forma alternativa con la ley del lugar de celebración, las formalidades necesarias para la celebración del acuerdo matrimonial.

La elección de la ley aplicable al régimen económico matrimonial puede acordarse antes de la celebración del matrimonio o durante la celebración de este.

Las condiciones formales son las que se contemplan en la ley elegida para regular el régimen económico matrimonial o en la ley del lugar donde se celebró dicho acuerdo. Si los cónyuges no han elegido una ley aplicable a su régimen matrimonial, este está sujeto a la ley aplicable a los efectos generales del matrimonio.

Véanse los artículos 2590 a 2596 del Código civil.

3.7 Testamentos y sucesiones

Rumanía aplica el Reglamento (UE) n.º 650/2012.

En la legislación interna, la ley del Estado donde el fallecido tenía su residencia habitual en el momento del fallecimiento rige la sucesión.

Una persona física puede elegir como ley aplicable la ley sucesoria del Estado de su nacionalidad. En caso de elegir la ley aplicable, esta rige la existencia y validez del consentimiento manifestado en la declaración de elección de la ley aplicable.

La preparación, la modificación o la revocación del testamento serán consideradas válidas si el acto cumple todos los requisitos formales aplicables, bien en la fecha en que fue elaborado, modificado o revocado, o en la fecha de fallecimiento del autor, de acuerdo con: la legislación nacional del autor; la ley del lugar de residencia habitual; la ley del lugar en que se elaboró, modificó o revocó el documento; la ley del lugar en que se encuentran los bienes inmuebles; o la ley del tribunal u organismo encargado del procedimiento de transmisión de los bienes hereditarios.

En los casos en que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, la herencia quede vacante, los bienes situados en el territorio de Rumanía pasarán al Estado de acuerdo con el Derecho rumano sobre la concesión de bienes sucesorios vacantes.

Véanse los artículos 2633 a 2636 del Código civil.

3.8 Bienes inmuebles

La ley del lugar en el que se sitúan los bienes (lex rei sitae) rige cuestiones como: posesión, propiedad y otros derechos reales sobre los bienes, incluidos los de garantía; (tras el comienzo del periodo de propiedad) prescripción adquisitiva; (cuando haya tenido lugar el acto jurídico que generó, modificó o extinguió el derecho) la creación, transmisión o extinción de los derechos reales sobre bienes que hayan cambiado su ubicación; (en la celebración del contrato de una hipoteca mobiliaria) las condiciones de validez, la publicación y los efectos de la hipoteca mobiliaria; formas de publicación y aquellos derechos establecidos en relación con los bienes inmuebles; y (en el momento de un robo o una exportación o de una reclamación) reclamaciones de bienes robados o exportados de forma ilegal.

Los bienes en tránsito están sujetos a la ley del Estado del que proceden.

El establecimiento, la transmisión o la extinción de los derechos reales sobre un medio de transporte están sujetos a: el Derecho del pabellón del buque o la ley del Estado en el que está registrada la aeronave; y a la ley aplicable al estatus organizativo de la compañía de transportes para los vehículos de transporte ferroviario o por carretera de su propiedad.

La emisión de acciones o bonos, en forma registrada o al portador, está sujeta a la ley aplicable sobre el estatus organizativo de la persona jurídica emisora.

El establecimiento, el contenido y la expiración de los derechos de autor de un trabajo de creación intelectual estarán sujetos a la ley del Estado en el que dicho trabajo se haya hecho público por primera vez.

El establecimiento, el contenido y la expiración de los derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la ley del Estado donde se haya realizado el depósito o el registro o donde se haya presentado la solicitud para dichos procesos.

Véanse los artículos 2613 a 2632 del Código civil.

3.9 Insolvencia

Las disposiciones sobre la ley aplicable pueden encontrarse en la Ley n.º 85/2014 relativa a la insolvencia y a los procedimientos para su prevención, lo cual facilita la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1346/2000.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 12/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Eslovenia


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

La ley fundamental mediante la cual se establecen las normas de Derecho internacional privado es la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku; abreviada como ZMZPP, Boletín Oficial de la República de Eslovenia (Uradni list RS) n.º 56/99). Algunos conflictos de leyes concretos se rigen por leyes promulgadas sobre diversos temas (por ejemplo, la Ley sobre las operaciones financieras, los procedimientos de insolvencia y la disolución obligatoria (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; abreviada como ZFPPIPP).

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Los convenios que se ratifiquen y publiquen en la República de Eslovenia son directamente aplicables y prevalecen sobre la legislación nacional. Las reglas de conflicto de leyes se rigen por el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), que cubre a los Estados miembros sujetos a las modificaciones del Convenio de Roma del 19 de junio de 1980 relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales, y el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II). Además, también existen disposiciones sobre el conflicto de leyes en convenios multilaterales adoptados por la El enlace abre una nueva ventanaConvención de La Haya sobre Derecho internacional privado, de la que la República de Eslovenia es signataria.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Los convenios bilaterales en materia de asistencia jurídica celebrados con Austria, Bulgaria, Chequia, Francia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumanía, la Federación Rusa y Eslovaquia también contienen reglas de conflicto de leyes. La lista de convenios está disponible en las El enlace abre una nueva ventanapáginas web del Ministerio.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

Mientras que los jueces están sujetos a la normativa que rige los conflictos de leyes, las partes tienen libertad para elegir qué Derecho quieren que rija su relación jurídica. En dicho caso, se aplicará la ley que escojan las partes. Además, el Derecho que se aplicaría en condiciones normales de acuerdo con la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado no se aplicará cuando, tras considerar todas las circunstancias, sea evidente que no existe ningún vínculo significativo entre ese Derecho y la relación jurídica existente, y esta tenga algún vínculo significativamente más estrecho con algún otro Derecho.

2.2 Reenvío

La doctrina del reenvío se recoge en el artículo 6 de la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado, que establece que, si al decidir qué Derecho se ha de aplicar, las normas de un Estado extranjero aluden al Derecho esloveno, entonces se aplicará el Derecho esloveno sin atender a lo que establezca este al respecto. Esta disposición no se aplica en los casos en los que las partes elijan el Derecho aplicable.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

Normalmente, las normas específicas sobre la ley aplicable que regulan puntos de conexión variables definen también el momento en que debe aplicarse dicha ley. Determinados puntos de conexión establecen el momento decisivo al que se ha de atender para seleccionar la ley aplicable prevista en la regla de conflicto de leyes (por ejemplo, la nacionalidad de un testador en el momento de otorgar un testamento), mientras que, en otras circunstancias, las variaciones del punto de conexión pueden suponer la aplicación de un sistema normativo diferente. En los casos de relaciones permanentes, hay que aplicar el principio de reconocimiento de derechos adquiridos.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

El Derecho que se establece en la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado no se aplica cuando los efectos de su aplicación sean contrarios al ordenamiento jurídico esloveno. El concepto de política pública es un valor jurídico que se expresa por medio de la jurisprudencia. En la mayoría de los casos, se basa en las normas constitucionales del Estado, los principios fundamentales del Derecho nacional y los principios morales.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

El órgano jurisdiccional u otra autoridad competente puede determinar de oficio el contenido del Derecho extranjero que se va a aplicar solicitando una notificación respecto a ese Derecho al Ministerio de Justicia o puede examinar su contenido de algún otro modo adecuado. Las partes pueden enviar un documento público o de cualquier otra índole expedido por una autoridad o institución extranjera competente acerca del contenido del Derecho extranjero. En caso de que no se pueda determinar el contenido del Derecho extranjero en una situación concreta, se aplicará el Derecho esloveno.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

En relación con los Estados miembros, el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales se aplica en la República de Eslovenia y sustituye a la legislación nacional que rige el derecho sustantivo. En los asuntos en los que no se pueda aplicar el Reglamento, se aplicarán convenios bilaterales cuando proceda. En caso de que no haya ningún convenio bilateral, se aplicará el Derecho nacional que regula el conflicto de leyes en las relaciones contractuales (Ley de procedimiento y Derecho internacional privado).

Regla general de conflicto de leyes:

En la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado se establece que el Derecho que elijan los contratantes se aplicará en su contrato, a menos que se indique lo contrario en una ley o convenio internacional. Se puede mencionar expresamente la voluntad de las partes respecto a la elección del Derecho, o también es posible que las disposiciones contractuales u otras circunstancias indiquen claramente el Derecho elegido. La validez del contrato se examinará entonces con arreglo a ese Derecho. En caso de que las partes no hayan elegido el Derecho que se ha de aplicar, regirá el que esté más estrechamente relacionado con el contrato. Si no se indica ningún otro Derecho, se aplicará el del Estado en el que la parte obligada a realizar la prestación esencial del contrato tenga la residencia permanente o su actividad profesional principal.

En los contratos de trabajo, rige el Derecho del Estado en el que el trabajador desempeña de forma habitual su actividad. Aunque se acuerde la aplicación de un Derecho diferente al de ese Estado en un contrato de trabajo, las partes no pueden excluir las disposiciones obligatorias sobre protección de los derechos de los trabajadores que figuran en el Derecho del Estado que se aplicaría si las partes no hubiesen escogido otro.

Un contrato de consumo es un contrato que establece la transferencia de bienes, derechos o servicios a un consumidor. El consumidor es la persona que adquiere los bienes, derechos o servicios, principalmente para uso personal o doméstico. El contrato de consumo no incluye un contrato de transporte ni de prestación de servicios al consumidor cuando la prestación se realice íntegramente fuera del Estado en el que el consumidor tenga su residencia permanente. A pesar de lo dispuesto en la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado, el contrato de consumo se rige por el Derecho del Estado en el que reside el consumidor, en el que se celebró el contrato sujeto a una oferta o un anuncio en ese país, en el que el consumidor adoptó las medidas oportunas para celebrar el contrato, en el que el consumidor es co-contratante o en el que su representante obtiene el pedido del consumidor, en el que se celebró el contrato de venta si es otro país, en el que el consumidor dio la orden si es otro país, o en el en que el vendedor organizó un viaje para promover la celebración de dicho contrato.

En los anteriores casos, las partes contratantes no pueden acordar la aplicación de un Derecho que excluya las disposiciones obligatorias sobre derechos en materia de protección del consumidor aplicables al Estado en el que el consumidor tenga su residencia permanente.

En cuanto a los contratos relacionados con bienes inmuebles, se aplica el Derecho del Estado en el que se encuentren.

A menos que las partes contratantes convengan otra cosa, la regla general de conflicto de leyes también se aplica a la relación entre las partes contratantes para decidir a partir de qué momento el adquiriente de un bien mueble tiene derecho sobre sus productos y frutos, y para decidir a partir de qué momento acepta los riesgos derivados del bien.

Además, si las partes contratantes no han convenido lo contrario, la forma de entrega de un bien y las medidas necesarias en caso de rechazo de la entrega se rigen por el Derecho del Estado en el que debía realizarse la entrega.

En cuanto a los efectos de la cesión de un crédito o la asunción de una deuda, el régimen jurídico al que se deben atener los deudores o acreedores que no estén directamente implicados en la cesión o asunción se rige por el mismo Derecho que rige la propia cesión o asunción.

El Derecho aplicable a la transacción principal se aplica a cualquier transacción secundaria, a menos que se decida lo contrario.

El Derecho del Estado en que el deudor tiene su residencia o sede permanente se aplica a cualquier acto jurídico unilateral.

3.2 Obligaciones no contractuales

En lo que respecta a las obligaciones extracontractuales en las que no son de aplicación ni un convenio internacional ni el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), las reglas de conflicto de leyes establecen que se aplique el Derecho nacional.

La Ley de procedimiento y Derecho internacional privado establece que es el Derecho del Estado en el que se lleva a cabo un acto el que rige la responsabilidad extracontractual. Se aplicará el Derecho del Estado en el que surja la consecuencia cuando ese sea más favorable a la víctima, siempre que la víctima haya debido o podido prever el lugar de las consecuencias. Cuando no exista una estrecha conexión entre la relación y dicho Derecho y en cambio la haya entre la relación y otro Derecho, será de aplicación este último.

En caso de que surja una situación en un buque en mar abierto o en una aeronave que dé lugar a una obligación de indemnización, se presumirá que el Derecho aplicable es el del Estado en el están registrados el buque o aeronave.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

Cuando un ciudadano de la República de Eslovenia sea también ciudadano de otro Estado, se le considerará como ciudadano exclusivamente esloveno a efectos de la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado. Cuando una persona no sea de nacionalidad eslovena, pero sí tenga la nacionalidad de dos o más Estados, se aplicará el Derecho del Estado en el que tenga su residencia permanente a efectos de la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado. Cuando una persona no resida permanentemente en ninguno de los Estados cuya nacionalidad posee, se aplicará el Derecho del Estado con el que tenga una conexión más estrecha a efectos de la Ley de procedimiento y Derecho internacional privado.

Cuando una persona no tenga nacionalidad o esta no se pueda determinar, se aplicará el Derecho del Estado en el que tenga su residencia permanente. Cuando una persona no tenga una residencia permanente o esta no se pueda determinar, se aplicará el Derecho del Estado en el que tenga su residencia temporal. En caso de que tampoco fuese posible determinar una residencia temporal, se aplicará el Derecho esloveno.

Para cambiar un nombre personal, es de aplicación el Derecho del Estado del que la persona interesada sea nacional.

Para determinar la capacidad para contratar de una persona física, es de aplicación el Derecho del Estado de nacionalidad de la persona interesada. Se considera que una persona física que no tenga capacidad para contratar según el Derecho del Estado de su nacionalidad, sí la tiene si el Derecho del país en el que surgió la obligación le otorga esa capacidad. La pérdida o la restricción de la capacidad de una persona física para contratar se rige por el Derecho del Estado de su nacionalidad.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

Para designar y cesar los derechos de tutela y las relaciones entre el tutor y la persona bajo su cuidado, es de aplicación el Derecho del Estado del que es nacional la persona tutelada. Las medidas sanitarias temporales adoptadas en relación a un ciudadano extranjero o apátrida en la República de Eslovenia se rigen por el Derecho esloveno y permanecen vigentes hasta que un Estado competente decida sobre ellas o las anule, según proceda. Esta regla también se aplica en lo que respecta a la protección de la propiedad de un ciudadano extranjero o apátrida que se encuentre en la República de Eslovenia.

Las relaciones paterno-filiales se rigen por el Derecho del Estado del que los padres e hijos sean nacionales. En caso de que los padres y el hijo tengan distintas nacionalidades, se aplicará el Derecho del Estado en el que tengan su residencia permanente; pero si además de tener distintas nacionalidades, no tienen una residencia permanente en el mismo Estado, se aplicará el Derecho del Estado de la nacionalidad del hijo.

El procedimiento para reconocer, determinar e impugnar la paternidad o maternidad se rige por el Derecho del Estado de la nacionalidad del hijo.

La prestación de alimentos a otros parientes consanguíneos (excluyendo la de padres a hijos) y la prestación de alimentos a familiares por afinidad (es decir, familiares no consanguíneos) se rigen por el Derecho del país cuya nacionalidad posea la persona que debe recibir la prestación.

El proceso de legitimar a un hijo se rige por el Derecho del Estado del que sean nacionales los padres o, en caso de que los padres no tengan la misma nacionalidad, por el Derecho del Estado del padre con respecto al cual vaya a producirse la legitimación. La aceptación de la legitimación por parte de un hijo, otra persona o un organismo nacional se rige por el Derecho del país cuya nacionalidad tiene el hijo.

3.4.2 Adopción

Las condiciones para adoptar, así como el cese de la adopción, se regulan por el Derecho del Estado del que sean nacionales el adoptante y el adoptado; pero cuando estos tengan distintas nacionalidades, se regirán conjuntamente por las leyes de los Estados de los que sean nacionales. Cuando los cónyuges adopten juntos, las condiciones para adoptar y el cese de la adopción se regirán por el Derecho del Estado del que sea nacional el adoptado, así como los de los Estados de los que sean nacionales los cónyuges. La forma de adopción se rige por el Derecho del Estado en que tenga lugar la adopción. Los efectos de la adopción se rigen por el Derecho del Estado de nacionalidad del adoptante y del adoptado en el momento en que se formalice la adopción. En caso de que ambos tengan distintas nacionalidades, se aplicará el Derecho del Estado en el que tengan su residencia permanente; pero si además tampoco tienen una residencia permanente en el mismo Estado, se aplicará el Derecho del Estado de nacionalidad del adoptado.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

Las condiciones para celebrar un matrimonio se rigen por el Derecho del Estado de nacionalidad de cada persona en el momento de celebrar el matrimonio. La forma del matrimonio se rige por el Derecho del Estado en que este se contraiga. La nulidad del matrimonio se rige por el Derecho según el cual se celebró, de conformidad con las normas de conflicto de leyes descritas anteriormente.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

La Ley de procedimiento y Derecho internacional privado no contiene disposiciones especiales relativas a las parejas de hecho. Sin embargo, como las consecuencias de una relación de hecho son las mismas que las de un matrimonio, podría ser que las disposiciones que rigen el matrimonio también se apliquen a las parejas de hecho.

Las relaciones patrimoniales entre dos personas que viven juntas como pareja de hecho se rigen por el Derecho del Estado de su nacionalidad. Cuando no tienen la misma nacionalidad, se aplicará el Derecho del Estado en el que tengan la residencia común. En las relaciones patrimoniales contractuales entre personas que viven como pareja de hecho, rige el Derecho aplicable a la relación patrimonial en el momento de celebración del contrato.

La Ley de procedimiento y Derecho internacional privado no recoge disposiciones especiales respecto de las relaciones registradas entre personas del mismo sexo ni de sus condiciones. Sin embargo, dado que los efectos de las relaciones entre personas del mismo sexo son los mismos que las del matrimonio, se pueden aplicar las mismas disposiciones que regulan a este último.

3.5.3 Divorcio y separación

El divorcio se rige por el Derecho del Estado cuya nacionalidad tengan ambos cónyuges en el momento de presentación de la demanda de divorcio. Cuando los cónyuges tengan diferentes nacionalidades en el momento de presentar la demanda de divorcio, este se regirá conjuntamente por los Derechos de los Estados de nacionalidad de ambos. Cuando nada de lo anterior sea posible, el divorcio se regirá por el Derecho esloveno si alguno de los cónyuges tenía su residencia permanente en la República de Eslovenia en el momento en que se presentó la demanda de divorcio. El divorcio también se regirá por el Derecho esloveno en caso de que alguno de los cónyuges sea de nacionalidad eslovena, pero no resida de forma permanente en Eslovenia, y además el divorcio no pueda tener lugar de acuerdo con las normas que anteceden.

La Ley de procedimiento y Derecho internacional privado no contiene disposiciones especiales relativas al cese de la convivencia de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, dado que los efectos de dicha convivencia son los mismos que las del matrimonio, se pueden aplicar las mismas disposiciones que regulan el divorcio.

3.5.4 Obligación de alimentos

Las relaciones paterno-filiales se rigen por el Derecho del Estado del que los padres y los hijos sean nacionales. En caso de que los padres e hijos tengan distintas nacionalidades, se aplicará el Derecho del Estado en el que tengan su residencia permanente; pero si además tampoco tienen una residencia permanente en el mismo Estado, se aplicará el Derecho del Estado de la nacionalidad del hijo.

3.6 Regímenes matrimoniales

Los regímenes económico y personal del matrimonio se rigen por el Derecho del Estado del que sean nacionales los cónyuges. En caso de que los cónyuges tengan distintas nacionalidades, se aplicará el Derecho del Estado en el que tengan su residencia permanente. Cuando los cónyuges no tengan ni la misma nacionalidad ni residencia permanente en el mismo país, se aplicará el Derecho del Estado en el que hayan tenido su última residencia común. Cuando no se pueda determinar la ley aplicable en virtud de estas reglas, se aplicará el Derecho con el que exista una conexión más estrecha.

El régimen económico contractual del matrimonio se rige por el Derecho del Estado que regulaba la relación patrimonial y personal en el momento de celebración del contrato. Cuando ese Derecho establezca que los cónyuges pueden escoger la ley que rija sus acuerdos patrimoniales, se aplicará la ley que escojan.

Cuando se anule o disuelva un matrimonio, se aplicarán al régimen personal y a las propiedades conjuntas las mismas reglas de conflicto de leyes que se aplicaban a los regímenes económico y personal del matrimonio.

3.7 Testamentos y sucesiones

La sucesión se rige por el Derecho del Estado de nacionalidad de la persona fallecida en el momento de su muerte. La capacidad para otorgar testamento se rige por la ley del país de nacionalidad del testador en el momento del otorgamiento.

La forma del testamento es válida si respeta alguno de los siguientes ordenamientos jurídicos: el Derecho del Estado en el que se celebre; el Derecho del Estado de nacionalidad del testador en el momento del otorgamiento o en el momento de la muerte; el Derecho del Estado en el que el testador tuviera su residencia permanente en el momento del otorgamiento o de la muerte; el Derecho esloveno, o el Derecho del Estado en el que se encuentre el patrimonio inmobiliario en lo que se refiere a esta materia.

La revocación de un testamento se considera válida en cuanto a la forma si respeta cualquiera de las leyes según las que el otorgamiento del testamento sería válido, tal y como se ha explicado.

3.8 Bienes inmuebles

Las relaciones patrimoniales y demás derechos sobre bienes se rigen por el Derecho del Estado en el que se encuentren dichos bienes. Las relaciones patrimoniales relativas a bienes en tránsito se rigen por el derecho del Estado de destino. Las relaciones patrimoniales relativas a vehículos de transporte se rigen por el Derecho del Estado en el que se encuentren esos vehículos, a menos que se disponga lo contrario en el Derecho esloveno.

3.9 Insolvencia

En Eslovenia, el Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia se aplica directamente a las cuestiones que entran en su campo de aplicación y de los Estados miembros de la UE. Cuando no se aplica este Reglamento, la ley aplicable es el Derecho nacional esloveno, principalmente la Ley sobre las operaciones financieras, los procedimientos de insolvencia y la disolución obligatoria (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; abreviada como ZFPPIPP, UL, RS, ZFPPIPP-UPB7, n.º 63/2013).

En esta Ley, el capítulo titulado «Procedimientos de insolvencia con un elemento internacional» recoge las reglas generales en esta materia y regula el acceso de administradores y acreedores extranjeros a un órgano jurisdiccional nacional y la cooperación con órganos jurisdiccionales y administradores extranjeros. Asimismo, determina el reconocimiento de procedimientos de insolvencia extranjeros y medidas temporales, medidas paralelas debidas a la insolvencia, y el Derecho aplicable a las consecuencias de los procedimientos de insolvencia.

Cualquier órgano jurisdiccional nacional que tenga competencia sobre los procedimientos de insolvencia nacionales puede decidir sobre el reconocimiento de un procedimiento extranjero y la cooperación con órganos jurisdiccionales extranjeros. Los órganos jurisdiccionales locales que tienen competencia para gestionar procedimientos nacionales de insolvencia son: 1. cuando el deudor sea una persona jurídica o empresario nacional y esté establecido en la República de Eslovenia, el órgano jurisdiccional del territorio en el que se haya establecido el deudor; 2. cuando el deudor sea una persona extranjera y tenga una sucursal en la República de Eslovenia, el órgano jurisdiccional del territorio en el que la sucursal del deudor tenga su principal sede de actividad; 3. en los demás casos, el Tribunal de Distrito de Liubliana (Okrožno sodišče v Ljubljani).

En cuanto al Derecho que regula las consecuencias jurídicas de los procedimientos de insolvencia, la regla general es que se aplica el Derecho del Estado en el que se lleven a cabo los procedimientos, a menos que se disponga lo contrario en un determinado caso. La Ley sobre las operaciones financieras, los procedimientos de insolvencia y la disolución obligatoria recoge reglas sobre la ley aplicable en lo que se refiere a los contratos que afectan al uso de bienes inmuebles adquiridos, según las que se aplica la ley del país en el que se encuentra el bien inmueble. Hay reglas especiales relativas a la ley sobre derechos inscritos en un registro (ley del Estado cuya autorización va a gestionar el registro) que se aplican en lo que respecta al Derecho que rige los sistemas de pago y los mercados financieros (Derecho del Estado aplicado a dichos sistemas de pago y mercados financieros), al Derecho que rige los contratos de compensación y contratos de recompra, y al Derecho que regula los contratos de trabajo.


El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Última actualización: 17/04/2018

¿Qué ley será aplicable? - Suecia


1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

En Suecia, el Derecho internacional privado solo está codificado parcialmente y consiste en una combinación de leyes emanadas del Parlamento y de jurisprudencia. Las leyes emanadas del Parlamento tienen como objeto, en su mayoría, dar aplicación a los convenios internacionales suscritos por Suecia. Las principales disposiciones legales son las siguientes:

Matrimonio e hijos

  • Capítulo 3, artículos 4 y 6, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela [Lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, también conocida por la abreviatura sueca «IÄL»]
  • Artículos 9, 12 y 13 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela [Förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, «NÄF»]
  • Artículo 2 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales en relación con la adopción [Lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, «IAL»]
  • Artículos 2, 3 y 6 de la Ley sobre asuntos relacionados con la paternidad internacional [Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor, ‘IFL’]
  • Artículos 3 a 5 de la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con el régimen económico del matrimonio y de las unidades convivenciales [Lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, «LIMF»]
  • Artículo 1 de la Ley sobre el Convenio de La Haya de 1996 [Lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention] y artículos 15 a 22 del mismo Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños
  • Artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos y Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias

Sucesiones

  • Artículos 20 a 38 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo

Contratos y venta

  • Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)
  • Artículos 79 a 87 de la Ley sobre letras de cambio (Växellagen 1932:130)
  • Artículos 58 a 65 de la Ley del cheque (Checklagen 1932:131)
  • Ley sobre el Derecho aplicable a la venta de mercancías [Lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande köp av lösa saker, «IKL»]
  • Artículos 25a, 31a y 42 de la Ley de codecisión en el trabajo [Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, «MBL»]
  • Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros [Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavta]
  • Capítulo 13, artículo 4, y capítulo 14, artículo 2, de la Ley del Transporte marítimo de mercancías (Sjölagen 1994:1009)
  • Artículo 14 de la Ley sobre las condiciones contractuales en las relaciones de consumo [Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden]
  • Capítulo 1, artículo 4, de la Ley de protección de los consumidores con respecto a los contratos de vacaciones en régimen de tiempo compartido y de productos vacacionales de larga duración [Lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt]
  • Capítulo 3, artículo 14, de la Ley sobre contratos a distancia y venta a domicilio [Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler]
  • Artículo 48 de la Ley sobre venta de bienes de consumo (Konsumentköplagen 1990:932)

Daños y perjuicios

  • Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)
  • Artículos 8, 14 y 38 de la Ley de accidentes de tráfico rodado (Trafikskadelagen 1975:1410)
  • Artículo 1 de la Ley en relación con el Convenio de 9 de febrero de 1972 sobre pastoreo de renos celebrado entre Suecia y Noruega [Lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning]
  • Artículo 1 de la Ley en relación con el Convenio sobre protección del medioambiente, de 19 de febrero de 1974, celebrado entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia [Lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige]

Ley de insolvencia

  • Artículos 4, 8 a 11, 14, 15, 28 y 43 del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia («el Reglamento de insolvencia»); el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado un reglamento modificado que entrará en vigor el verano de 2015
  • Artículos 1, 3 y 5 a 8 de la Ley sobre normas que rigen la insolvencia respecto propiedades en Dinamarca, Finlandia, Islandia o Noruega [Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge]
  • Artículos 1, 4 a 9 y 13 de la Ley sobre los efectos de la insolvencia cuando esta se produce en Dinamarca, Finlandia, Islandia o Noruega [Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge]
  • Artículos 1, 3 a 8 y 12 de la Ley sobre la insolvencia respecto a propiedades en otro país nórdico [Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land]
  • Artículos 1, 4 a 9, 13 y 14 de la Ley sobre los efectos de la insolvencia, cuando esta se produce en otro país nórdico [Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land]

1.2 Convenios multilaterales vigentes

Suecia ha suscrito los siguientes convenios internacionales multilaterales que establecen normas sobre legislación aplicable. Suecia adopta un enfoque «dualista» en relación con los tratados internacionales, lo que significa que estos convenios multilaterales también se han de incorporar al Derecho interno (véase lo anteriormente expuesto).

Liga de las Naciones

  • Convenio de 1930 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden
  • Convenio de 1931 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques

Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado

  • Convenio de 1955 sobre ley aplicable a la compraventa internacional de mercancías
  • Convenio de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias
  • Convenio de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños
  • Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias

Unión Europea

  • Convenio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (el Reglamento Roma I substituye al Convenio en relación con los contratos celebrados con posterioridad al 17 de diciembre de 2009)

Convenios nórdicos

  • Convenio de 1931 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia (cuya última modificación la constituye el Convenio de 2006)
  • Convenio de 1933 entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega sobre insolvencia («Convenio nórdico sobre insolvencia»)
  • Convenio de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, en materia de sucesiones, testamentos y administración de herencias (cuya última modificación la constituye el Convenio de 2012)
  • Convenio de 1974 sobre protección del medio ambiente entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

  • Convenio de 1972 sobre el pastoreo de renos entre Suecia y Noruega (1972 års konvention mellan Sverige och Norge om renbetning)

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El Derecho sueco no dispone de ninguna norma que exija a sus órganos jurisdiccionales la aplicación de oficio de leyes extranjeras. La cuestión se ha planteado principalmente en la jurisprudencia y parece haber surgido una distinción entre procedimientos sobre asuntos que las partes pueden resolver sin tener que acudir a un órgano jurisdiccional (dispositiva mål) y procedimientos sobre asuntos que únicamente puede resolver un órgano jurisdiccional (indispositiva mål). En los casos de litigio civil en los que las partes están facultadas para resolver el conflicto por sí mismas, parece que solo se aplicaría la ley extranjera si la invoca una de las partes. Se han dado muchos casos con un claro elemento extranjero en los que se ha aplicado sin mayor problema el Derecho sueco porque ninguna de las partes ha solicitado la aplicación de una ley extranjera. Por lo que respecta a los procedimientos en los cuales no es posible un acuerdo sin tener que acudir a un órgano jurisdiccional, por ejemplo sobre la determinación de la paternidad, ha habido casos en los que los tribunales han aplicado de oficio el Derecho extranjero.

2.2 Reenvío

El Derecho internacional privado sueco no acepta como norma general la doctrina del reenvío. Existe, sin embargo, una excepción en el artículo 79, apartado 2, de la Ley sobre letras de cambio y en el artículo 58, apartado 2, de la Ley del cheque en relación con la capacidad de los ciudadanos extranjeros de celebrar transacciones en las que se utilicen letras de cambio o cheques. El motivo es que estas disposiciones se basan en convenios internacionales. Se encuentra otra excepción en el artículo 9, apartado 2, de la Ley sobre los efectos de la insolvencia cuando esta se produce en otro país nórdico. Por último, se admite el reenvío en relación con la validez formal del matrimonio en el artículo 1, apartado 7, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

El Derecho internacional privado sueco no dispone de una regla general sobre los efectos del cambio del punto de conexión la norma de conexidad: la cuestión se regula específicamente en cada norma. Por ejemplo, el artículo 4, apartado 1, de la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con los regímenes matrimoniales establece que «si la ley aplicable no se ha determinado mediante acuerdo, será la del país en el que los cónyuges establecieron su residencia habitual (hemvist) cuando contrajeron matrimonio», y el artículo 4, apartado 2, de la misma Ley dispone que «cuando ambos cónyuges hayan establecido posteriormente su residencia habitual en otro Estado y hayan vivido allí por un periodo de dos años, será aplicable la ley de dicho Estado».

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

Se considera un principio general del Derecho internacional privado sueco que no podrá aplicarse ninguna disposición de Derecho extranjero cuando ello sea manifiestamente incompatible con los principios del ordenamiento jurídico de este país. Pueden encontrarse disposiciones en este sentido en gran parte de la normativa sobre Derecho internacional privado, sin embargo no debe inferirse de ello que las restricciones de orden público tengan que basarse en la legislación. Ha habido muy pocas resoluciones judiciales en las que no se haya aplicado la ley extranjera por motivos de orden público.

Normalmente compete a los órganos jurisdiccionales determinar qué normas de Derecho sueco son obligatorias a nivel internacional.

2.5 Prueba de la Ley extranjera

Si el órgano jurisdiccional considera que debe aplicarse una ley extranjera, pero no está familiarizado con sus disposiciones sustantivas, puede optar por dos soluciones: iniciar una investigación por su cuenta o solicitar a la parte interesada que facilite la información necesaria. La alternativa suele decidirse en función de la oportunidad. Si el órgano jurisdiccional decide investigar la cuestión por sí mismo puede solicitar la colaboración del Ministerio de Justicia. Por regla general, el órgano jurisdiccional adoptará un papel más activo en los procedimientos que solo pueden resolverse judicialmente (véase supra); en cambio, en los procedimientos en los que las partes pueden libremente resolver mediante acuerdo, el órgano jurisdiccional dejará la investigación en gran medida en manos de las partes.

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Suecia es Estado signatario del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. En algunos ámbitos se aplican otras disposiciones. El Reglamento Roma I sustituye al Convenio en relación con los contratos celebrados con posterioridad al 17 de diciembre de 2009.

La venta de mercancías se rige por la Ley sobre el Derecho aplicable a la venta de mercancías, que incorpora al Derecho interno el Convenio de La Haya de 1955 sobre la Ley aplicable a la venta internacional de mercancías. La Ley prevalece sobre lo establecido en el Reglamento Roma I. Sin embargo, no regula los contratos de consumo. El artículo 3 faculta al comprador y al vendedor para determinar la ley aplicable mediante acuerdo. El artículo 4 establece que si las partes no han optado por una ley aplicable, se aplicará la del país de residencia habitual del vendedor. Existen excepciones a esta regla cuando el vendedor aceptó el pedido en el país de residencia habitual del comprador, y para los casos de adquisiciones mediante intercambio o en subastas.

Hay otra excepción a las disposiciones del Reglamento Roma I para algunos contratos de consumo. Existen normas especiales destinadas a proteger a los consumidores contra las cláusulas de elección de la ley aplicable, que se encuentran en el artículo 48 de la Ley sobre venta de bienes de consumo, el artículo 14 de la Ley sobre las condiciones contractuales en las relaciones de consumo, el capítulo 1, artículo 4, de la Ley de protección de los consumidores con respecto a los contratos de vacaciones en régimen de tiempo compartido y de productos vacacionales de larga duración, y el capítulo 3, artículo14, de la Ley sobre contratos a distancia y venta a domicilio. Todas ellas prevén que en determinadas circunstancias se aplicará la ley de un Estado del EEE cuando esta mejore la protección del consumidor.

Se encuentran disposiciones específicas para las letras de cambio y los cheques en los artículos 79 a 87 de la Ley sobre letras de cambio y en los artículos 58 a 65 de la Ley del cheque. Estas normas se basan en el Convenio de Ginebra de 1930 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden y en el Convenio de Ginebra de 1931 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques.

Algunos contratos de seguro de indemnización se rigen por la Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros.

3.2 Obligaciones no contractuales

La cuestión de la ley aplicable a las obligaciones no contractuales se rige por el Reglamento Roma II.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

En el Derecho internacional privado sueco, el punto de conexión decisivo para determinar el estatuto personal ha sido tradicionalmente la nacionalidad. Pero en la actualidad hay tantos casos en los que la nacionalidad ha dado paso a la residencia habitual como punto de conexión principal que resulta dudoso si podemos seguir hablando de un único punto de conexión para el estatuto personal. El Derecho internacional privado sueco considera como cuestiones de «estatuto personal» básicamente las relacionadas con la capacidad jurídica y el nombre.

Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 1, artículo 1, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela, la capacidad para contraer matrimonio ante una autoridad sueca se establece en principio con arreglo al Derecho sueco, si alguna de las partes tiene nacionalidad sueca o residencia habitual en Suecia. En el ámbito nórdico se aplican normas similares con arreglo al artículo 1 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela.

Existen disposiciones especiales sobre tutela y fideicomiso en los capítulos 4 y 5 de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela y en los artículos 14 a 21a de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela.

Por lo que respecta al Derecho aplicable a la capacidad para contratar, existe una respuesta parcial en el artículo 13 del Reglamento de Roma I. La capacidad para celebrar transacciones en las que se utilicen letras de cambio o cheques se regula por disposiciones especiales recogidas en el artículo 79 de la Ley de letras de cambio y en el 58 de la Ley del cheque.

En el capítulo 11, artículo 3, del Código procesal (rättegångsbalken) se recoge una norma especial sobre la capacidad para demandar y ser demandado, que establece que un extranjero que en su propio país no tenga capacidad para ser parte en procedimientos judiciales podrá, sin embargo, serlo en Suecia cuando el Derecho sueco así lo reconozca.

El Derecho internacional privado sueco enmarca las cuestiones relacionadas con el nombre entre las que se regulan por la ley del estatuto personal. Esto implica, por ejemplo, que el hecho de que un cónyuge adopte el nombre del otro al contraer matrimonio no se considera una cuestión relativa a los efectos jurídicos del matrimonio en la esfera personal. Con arreglo al artículo 50 de la Ley de nombres personales (namnlagen, 1982:670), la Ley no se aplica a los ciudadanos suecos que residen habitualmente en Dinamarca, Noruega o Finlandia; puede concluirse a contrario que se aplica a los ciudadanos suecos que residan en cualquier otro sitio. El artículo 51 establece que la Ley se aplica asimismo a los ciudadanos extranjeros que sean residentes habituales en Suecia.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

El Derecho sustantivo sueco no distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, y el Derecho internacional privado sueco no contiene normas concretas de conflicto de leyes para establecer cuándo un hijo se considera nacido dentro o fuera del matrimonio, o si un hijo puede legitimarse con posterioridad.

Por lo que respecta a la ley aplicable a la determinación de la paternidad, existen diversas normas sobre presunción de la paternidad y sobre la determinación de esta por parte de un órgano jurisdiccional. La presunción de paternidad está regulada en el artículo 2 de la Ley sobre cuestiones de paternidad internacional. Esta disposición prevé que el hombre que ha estado casado con la madre de un hijo se considera el padre del hijo si así lo establece la ley del país del que el hijo se convirtió en residente habitual en el momento de su nacimiento o, en caso de que dicha ley no considere a ninguna persona como padre, si así lo establece la ley de un país del que el hijo se convirtiera en ciudadano en el momento de su nacimiento. Sin embargo, si la residencia habitual del hijo en el momento de su nacimiento era Suecia, la cuestión se dirimirá con arreglo al Derecho sueco. Si corresponde determinar la paternidad a un órgano jurisdiccional, este aplicará la ley del país en el que el hijo era residente habitual en el momento en que se dictó sentencia en primera instancia.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales en relación con la adopción, cuando un órgano jurisdiccional sueco examine una solicitud de adopción, se aplicará el Derecho sueco. Sin embargo, el apartado 2 del mismo artículo estipula que si la solicitud afecta a un menor de 18 años, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta si el solicitante o el menor están vinculados con otro país por nacionalidad, residencia habitual u otros motivos, y si ello podría ser perjudicial para el menor en caso de que la adopción no se reconociera en ese país.

Por lo que se refiere a los efectos jurídicos de la adopción, cuando una orden de adopción extranjera es válida en Suecia, el hijo adoptado es considerado como hijo del padre adoptivo o de la madre adoptiva en un matrimonio sueco a efectos de guardia, custodia y manutención. Sin embargo, en lo que respecta a la sucesión, la ley solamente impone igualdad entre los hijos adoptados y los hijos biológicos del padre adoptivo en el caso de que la adopción haya tenido lugar en Suecia. Si la adopción se produjo en el extranjero, el derecho del hijo adoptado a heredar se regirá por la ley que regula normalmente la legitimación para ser heredero, es decir, la ley del país de la nacionalidad.

La cuestión de la ley aplicable a las pensiones alimenticias para la infancia se rige por el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. La regla general es que la materia de obligaciones de alimentos se rige por la ley del Estado del que el hijo es residente habitual. Si el hijo no puede obtener alimentos de la parte que está obligada a prestarlos al amparo de esa ley, la legislación aplicable será la del país en la que está situado el órgano jurisdiccional. Cuando el hijo no pueda obtener alimentos de la parte que está obligada a prestarlos al amparo de esas leyes, y ambas partes sean ciudadanos del mismo Estado, la legislación aplicable será la de ese Estado.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

En relación con la capacidad para contraer matrimonio, véase el punto 3.3. supra. Por regla general, el matrimonio se considera válido en cuanto a la forma si lo es en el país en el que se contrajo (capítulo 1, artículo 7, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela).

Los efectos jurídicos del matrimonio pueden dividirse en dos categorías fundamentales: los que afectan a la esfera personal y los que se refieren al patrimonio de los cónyuges (véase el punto 3.6 anterior). El principal efecto del matrimonio en términos personales es que los cónyuges contraen la obligación de mantenerse mutuamente. En el Derecho internacional privado sueco, cuestiones como la legitimación de los cónyuges para heredar, la adquisición del nombre del otro o el deber de mantener a los hijos del otro cónyuge no se consideran efectos jurídicos del matrimonio, y la ley aplicable se determina por las normas de conflicto de leyes que regulan la sucesión, los nombres personales, etc.

La cuestión de la ley aplicable en materia de manutención de un cónyuge se regula en el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. Por regla general, las obligaciones de alimentos se rigen por la ley del Estado del que es residente habitual el cónyuge que tiene la obligación de prestar los alimentos. En caso de que alguna de las partes se oponga a la aplicación de esa ley, y la ley de algún otro Estado presente una mayor vinculación con el matrimonio (especialmente la ley del Estado en el que tuvieron su última residencia común habitual), se aplicará la ley de este último Estado.

Por lo que respecta a asuntos de divorcio, el capítulo 3, artículo 4, apartado 1, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela prevé que los órganos jurisdiccionales suecos apliquen el Derecho sueco. El artículo 4, apartado 2, contempla una excepción cuando ambos cónyuges son de nacionalidad extranjera y ninguno ha sido residente habitual en Suecia durante al menos un año.

El Derecho sustantivo sueco no contempla las figuras jurídicas de la separación legal ni de la anulación matrimonial y no existen normas de conflicto de leyes aplicables con carácter general a estos casos. Por lo que se refiere a los países nórdicos, el artículo 9 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela estipula que en los asuntos de separación legal el órgano jurisdiccional aplicará su propia ley.

3.6 Regímenes matrimoniales

La ley aplicable al régimen económico matrimonial se regula en la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con las relaciones de propiedad entre cónyuges o cohabitantes. El artículo 3 de la Ley faculta a las personas casadas o que tengan intención de contraer matrimonio para que celebren un acuerdo escrito que establezca que su régimen económico matrimonial se regirá por la ley del país del que uno de ellos sea ciudadano o bien por la del país en el que uno de ellos tenga su residencia habitual en el momento en que se concluya el acuerdo.

Si los cónyuges no han celebrado un acuerdo válido sobre conflicto de leyes, el artículo 4 de la Ley dispone que el Derecho aplicable será el del país en el que establezcan su residencia habitual tras contraer matrimonio. Si con posterioridad ambos cónyuges se establecen en otro país y viven en él durante al menos dos años, se aplicará entonces el Derecho del país de que se trate. Pero si ambos cónyuges hubieran residido ya habitualmente en ese país durante el matrimonio o si ambos fueran ciudadanos de dicho país, el Derecho de ese país se aplicará a partir del momento en que trasladen allí su residencia habitual.

El artículo 5 de la Ley determina que el acuerdo de elección de ley aplicable es válido si respeta la ley aplicable al régimen económico matrimonial en el momento en que se celebra. Si el acuerdo se concluye antes de la boda, será válido en el caso de que se atenga a lo dispuesto por la ley aplicable en el momento en que se contrajo matrimonio. Por lo que respecta a la forma, el acuerdo tendrá validez siempre que cumpla los requisitos formales del Derecho del país en el que se celebró o en el que los esposos residen habitualmente.

La Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela recoge normas especiales para los países nórdicos.

3.7 Testamentos y sucesiones

La cuestión sobre los conflictos de leyes en materia de testamentos y sucesiones se rige por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Las normas sobre conflicto de leyes en el Reglamento se aplican independientemente de si la vinculación internacional es con un Estado miembro o con cualquier otro Estado.

Sin embargo, para dar validez a un testamento en cuanto a la forma, se recogen disposiciones especiales en el capítulo 2, artículo 3, de la Ley en materia de sucesiones en situaciones internacionales [Lagen (2015: 417) om arv i internationella situationer], que incorporan al Derecho interno el Convenio de La Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias. Se considera que un testamento es válido en cuanto a su forma si cumple la ley del país en el que se otorgó, del país en el que el testador tenga su residencia habitual o del país de la nacionalidad del testador, ya sea cuando lo otorgó o en el momento de su muerte. Las disposiciones que afectan a propiedades inmobiliarias se considerarán formalmente válidas si cumplen los requisitos de forma que exige la ley del país en el que se encuentra el bien inmueble. Los mismos criterios se aplican a la revocación de testamentos. La revocación será igualmente válida si se ajusta a una de las leyes en virtud de la cual el testamento es formalmente válido.

3.8 Bienes inmuebles

En el Derecho que regula la propiedad existen normas escritas de conflicto de leyes solo para determinadas cuestiones relativas a naves, aeronaves, instrumentos financieros y objetos de valor cultural obtenidos de forma ilegal, así como para algunas situaciones que se contemplan en la Convención nórdica sobre insolvencia y en el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia.

Los efectos que, por ejemplo, tiene en el Derecho de propiedad la adquisición o la hipoteca de bienes muebles o inmuebles se determinan de acuerdo con la ley del país en el que se encuentre la propiedad en el momento de la adquisición o del nacimiento de la hipoteca. Esa ley establecerá la naturaleza de los derechos de propiedad, cómo surgen o se extinguen, los requisitos formales que puedan existir y los derechos que la titularidad de la propiedad confiere frente a terceros.

Por lo que respecta a los derechos de garantía extranjeros, la jurisprudencia establece que si en el momento en que nació el derecho el vendedor sabía que el bien iba a ser trasladado a Suecia y que el derecho de garantía no tenía validez en este país, debería haber obtenido otra garantía que se acogiera a los requisitos de la ley sueca. Por otra parte, las garantías extranjeras no surten efectos jurídicos una vez transcurrido cierto tiempo desde que el bien se trasladó a Suecia. Se considera que el acreedor extranjero tuvo ocasión de conseguir una nueva garantía o de cobrar la deuda.

3.9 Insolvencia

Cuando se trata de un asunto de insolvencia sueco, se aplica la ley sueca tanto al procedimiento en sí como a otras cuestiones relacionadas con la insolvencia, como los requisitos para iniciar el procedimiento.

En casos en los que están involucrados otros países nórdicos, existen normas especiales que determinan el Derecho aplicable, que se basan en el Convenio nórdico sobre insolvencia de 1933 y que se incorporaron al Derecho sueco mediante la normativa que se promulgó en 1981. Sin embargo, en lo que respecta a Finlandia, se aplica el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia (véase supra), y en lo que respecta a Islandia, se aplican las normas pertenecientes a la legislación anterior que data de 1934. Por regla general, el Convenio nórdico sobre insolvencia establece que un procedimiento de insolvencia en un país contratante abarca las propiedades pertenecientes a un deudor que se encuentra en otro país contratante. Normalmente, cuestiones como el derecho de un deudor a controlar sus propiedades y cuáles se van a incluir en la masa de la insolvencia se rigen por el Derecho del país del procedimiento de insolvencia.

El Reglamento sobre insolvencia recoge normas especiales para asuntos en los que estén implicados otros Estados miembros de la UE.


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Última actualización: 13/04/2018