Los registros de la propiedad inmobiliaria contribuyen a facilitar las gestiones administrativas de los ciudadanos, los juristas, las autoridades públicas, las empresas y otros interesados relacionadas con bienes inmuebles y derechos reales. A fin de aumentar la transparencia y la seguridad jurídica en los mercados de la Unión Europea, los bancos, los acreedores, los socios comerciales y los consumidores tienen acceso (en la mayoría de los países de la UE) a la información oficial del registro.
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