Varios Estados miembros tienen órganos jurisdiccionales especializados para conocer los conflictos entre los particulares o empresas y la administración pública derivados de las resoluciones de los órganos de esta última en materia, por ejemplo, de licencias de construcción, autorizaciones de empresas o liquidaciones de impuestos.
También para determinados conflictos entre particulares o empresas, existen en algunos Estados miembros órganos jurisdiccionales especializados, como los relativos a asuntos laborales.
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