Divorcio y separación legal

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Los casos en que un matrimonio puede disolverse se detallan en las normas de Derecho de familia que forman parte del Derecho civil de Letonia y en el apartado P de la Ley de Notarios. El marco general de la institución del matrimonio se establece en las normas de Derecho de familia que forman parte del Derecho civil.

En Letonia, el matrimonio solamente puede quedar disuelto por un órgano jurisdiccional o un notario (notārs). Un órgano jurisdiccional puede disolver un matrimonio previa demanda de uno o de los dos cónyuges. Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Uno de los requisitos previos para un divorcio de este tipo, en consecuencia, es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Si un matrimonio va a ser disuelto por un órgano jurisdiccional, este debe llegar a la conclusión de que el matrimonio ha fracasado. Se considera que un matrimonio ha fracasado cuando los cónyuges han cesado su vida en común y no se espera que puedan restablecerla.

Uno de los requisitos previos para un divorcio de este tipo, en consecuencia, es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no consiguen llegar a un acuerdo, estas cuestiones serán dirimidas por el órgano jurisdiccional junto con la demanda de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Disolución del matrimonio por parte de un notario

Un matrimonio puede disolverse si ha fracasado y los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución, y si un notario recibe una demanda conjunta firmada por ambos cónyuges. Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la demanda deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Disolución del matrimonio por parte de un órgano jurisdiccional

Un matrimonio puede ser disuelto por un órgano jurisdiccional en aquellos casos en que los cónyuges no hayan alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y se cumpla una de las siguientes condiciones:

los cónyuges han vivido separados más de un año, los cónyuges viven separados, carecen de una vivienda común y uno de ellos se opone claramente a restablecer la convivencia, lo que impide la posibilidad de la convivencia conyugal. Aunque los cónyuges residan en una propiedad compartida, no puede hablarse de hogar común.

Si los cónyuges han vivido separados durante menos de un año, el órgano jurisdiccional puede disolver el matrimonio solamente si:

• el motivo del divorcio es el maltrato físico, sexual, psicológico o económico ejercido por uno de los cónyuges contra el otro cónyuge, que es quien solicita la disolución del matrimonio; o contra un hijo de este o un hijo común de los cónyuges;
• uno de los cónyuges da su consentimiento a la demanda del otro cónyuge para la disolución del matrimonio;
• uno de los cónyuges ha comenzado a convivir con otra persona, y de esa relación ha nacido o va a nacer un hijo.

Si los cónyuges han vivido separados menos de un año, uno de los cónyuges solicita el divorcio por motivos distintos a los indicados anteriormente y el otro cónyuge no da su consentimiento al divorcio, el órgano jurisdiccional no puede disolver el matrimonio y deberá posponer el análisis del caso con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Si los cónyuges han vivido separados durante menos de un año, un notario puede disolver el matrimonio solamente si ambos cónyuges acuerdan la disolución del mismo y si han presentado una demanda de disolución ante el notario de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Notarios.

Cuando, en las circunstancias indicadas, el órgano jurisdiccional considere que el matrimonio todavía puede ser preservado, el procedimiento de divorcio puede ser pospuesto hasta un máximo de seis meses con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Cuando, antes de haber vivido separados durante tres años, uno de los cónyuges solicita el divorcio por motivos distintos a los indicados anteriormente, el órgano jurisdiccional no podrá disolver el matrimonio antes del plazo obligatorio de tres años de separación y deberá posponer el análisis del caso con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Si los cónyuges han vivido separados durante menos de tres años, un notario puede disolver el matrimonio solamente si ambos cónyuges acuerdan la disolución del mismo y si han presentado una demanda de disolución ante el notario de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Notarios.

Un tribunal no podrá disolver el matrimonio, aunque haya fracasado, en la medida en que, en circunstancias excepcionales, el mantenimiento del matrimonio sea necesario en interés de los hijos menores en común de los cónyuges.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tan pronto como la sentencia que concede el divorcio surte efecto, o en cuanto un notario expide un certificado de divorcio, dejan de existir los derechos y las obligaciones derivados de la relación jurídica entre los cónyuges. El divorcio puede acarrear nuevos derechos y obligaciones a los ex cónyuges. Una vez disuelto el matrimonio, ambas partes pueden celebrar otro matrimonio.

De conformidad con el Derecho civil, un cónyuge que cambió sus apellidos al casarse tiene derecho a utilizar su nombre de casado tras la disolución del matrimonio, o, de manera alternativa, si así lo solicita, un órgano jurisdiccional o un notario le autorizará a utilizar sus apellidos de soltero.

Si el otro cónyuge lo solicita, un órgano jurisdiccional puede prohibir al cónyuge que contribuyó a la ruptura del matrimonio que conserve sus apellidos de casado, siempre que esto no perjudique a los intereses de los hijos.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo previo por escrito sobre el reparto de los bienes comunes y si este se adjunta a la demanda de divorcio.

Cuando un matrimonio es disuelto por un órgano jurisdiccional, los cónyuges pueden acordar un reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no alcanzan un acuerdo, sus reclamaciones serán dirimidas por el órgano jurisdiccional sobre la base del Derecho Civil o las disposiciones de las capitulaciones matrimoniales. El Derecho Civil contempla dos tipos de relación patrimonial dentro del matrimonio, concretamente relaciones determinadas por la legislación y relaciones determinadas por las capitulaciones matrimoniales, que determinan el procedimiento para el reparto de los bienes en caso de divorcio.

Cuando las relaciones patrimoniales vengan determinadas por la legislación, en caso de reparto de los bienes, cada cónyuge tiene derecho a conservar las propiedades que le pertenecían antes del matrimonio, así como cualquier otro bien adquirido separadamente de su cónyuge durante este. Todo lo adquirido durante el matrimonio por los cónyuges de manera conjunta, o por uno de ellos utilizando los recursos de ambos, constituye un bien común de los cónyuges. Se supone que los bienes comunes pertenecen a ambos cónyuges por igual, a menos que uno de ellos pueda justificar y demostrar que deben repartirse en una proporción diferente.

Cuando las relaciones patrimoniales vengan determinadas por las capitulaciones matrimoniales, estas pueden contemplar una propiedad separada o conjunta de todos los bienes de los cónyuges, por lo que el reparto de los bienes se decidirá de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación para la relación patrimonial contractual correspondiente.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En asuntos de divorcio, las cuestiones derivadas de las relaciones jurídicas en el seno de la familia que se describen anteriormente, y en especial las derivadas de las relaciones jurídicas entre progenitores e hijos, no pueden considerarse por separado.

Si el matrimonio se disuelve por un notario, los cónyuges deben ponerse de acuerdo no solamente acerca del divorcio sino también sobre la custodia, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Es necesario presentar un acuerdo escrito previo sobre la custodia de hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos, junto con la demanda de divorcio.

Si el matrimonio se disuelve por un órgano jurisdiccional, los cónyuges deben alcanzar un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Si no se ha firmado dicho acuerdo, a menos que las demandas hayan sido ya dirimidas, deberán presentarse junto con una solicitud de divorcio; de lo contrario, el órgano jurisdiccional no podrá conceder el divorcio.

Consecuencias del divorcio en relación con la responsabilidad parental

La responsabilidad de cuidar a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos.

Si los progenitores viven por separado, mantienen su responsabilidad común. El cuidado y la supervisión de los hijos deben estar garantizados por el progenitor con el que los hijos residen.

Los progenitores adoptarán decisiones de manera conjunta sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa en el desarrollo de sus hijos. Los litigios entre los progenitores son dirimidos por el tribunal de familia (bāriņtiesa), a menos que la legislación disponga lo contrario.

La custodia conjunta de los progenitores finaliza cuando un acuerdo entre los progenitores o una resolución judicial establece la custodia por separado de uno de los progenitores.

Si el hijo se encuentra bajo custodia por separado de uno de los progenitores, ese progenitor tendrá los derechos y las obligaciones derivados de la custodia. El otro progenitor deberá tener derechos de visita (el derecho a mantener contacto y relaciones privadas con los hijos).

Consecuencias del divorcio en relación con los alimentos de los hijos

La cuestión de los alimentos de los hijos debe resolverse durante el procedimiento de divorcio. Los progenitores están obligados a proporcionar los alimentos de los hijos de manera acorde a su capacidad y a sus circunstancias financieras. El padre y la madre tienen el deber de sufragar las necesidades de sus hijos hasta que sean capaces de valerse por sí mismos. La responsabilidad de proporcionar alimentos a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos. Cuando disuelven su matrimonio, los progenitores pueden acordar mutuamente los alimentos de los hijos, pero si los progenitores no alcanzan un acuerdo ese litigio será dirimido por el órgano jurisdiccional durante el procedimiento de divorcio.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El Derecho Civil estipula que en el momento en que se disuelve un matrimonio, o incluso con posterioridad, un ex cónyuge puede reclamar al otro cónyuge pagos proporcionales a las circunstancias financieras de ese cónyuge con el fin de mantener el nivel de vida anterior del primer cónyuge. El deber de mantener el nivel de vida anterior de un ex cónyuge finaliza cuando:

• el tiempo transcurrido desde el divorcio o la anulación del matrimonio es el mismo que la duración del matrimonio anterior, o, en el caso de un matrimonio anulado, la duración de la convivencia;
• el otro cónyuge ha contraído matrimonio de nuevo;
• los ingresos del ex cónyuge garantizan su sustento;
• el otro cónyuge renuncia a los alimentos gracias a su propio trabajo;
• el ex cónyuge obligado al pago de alimentos no dispone de medios de subsistencia suficientes o ha quedado incapacitado para trabajar;
• el ex cónyuge ha cometido un delito contra el otro ex cónyuge o contra la vida, la salud, la libertad, la propiedad o el honor de uno de los familiares del ex cónyuge en línea ascendente o descendente;
• el ex cónyuge ha abandonado al otro ex cónyuge en un estado de desamparo aun cuando le era posible prestar ayuda;
• el ex cónyuge ha presentado deliberadamente una acusación falsa de delito contra el otro cónyuge o uno de sus familiares en línea ascendente o descendente;
• el ex cónyuge ha vivido de forma inmoral o derrochadora;
• cualquiera de los cónyuges ha fallecido o ha sido declarado fallecido;
• concurren otros motivos de peso.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio puede ser anulado si se contrajo incumpliendo disposiciones legislativas, lo que impide que su celebración fuese legítima. Desde el momento en que la sentencia de anulación del matrimonio surte efectos, se considera que las personas en cuestión nunca estuvieron casadas, y el matrimonio se considera nulo y sin validez desde el momento de su celebración. Hay que señalar que un matrimonio puede ser anulado incluso después de un divorcio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio solamente puede ser anulado en los siguientes casos establecidos por la legislación:

• el matrimonio no ha sido registrado por un funcionario del registro civil o por una autoridad de las confesiones religiosas enumeradas por el Derecho Civil;
• el matrimonio se celebró de manera ficticia, sin la intención de crear una familia;
• el matrimonio se celebró antes de que ambos cónyuges hubieran alcanzado la edad de dieciocho años o, en determinados casos, antes de que uno de los cónyuges hubiera alcanzado la edad de dieciséis años, tras la cual el matrimonio podría ser válido si se celebró con un adulto y los progenitores o tutores dieron su consentimiento; este matrimonio no puede anularse si se ha concebido un hijo tras su celebración o si ambos cónyuges han alcanzado la edad mínima en el momento de dictarse la resolución judicial;
• cuando contrajo matrimonio, uno de los cónyuges se encontraba en unas condiciones que le impedían comprender el significado de sus actos o ser responsable de dichos actos;
• el matrimonio se celebró entre personas situadas en grados de parentesco prohibidos, en particular, ascendientes o descendientes directos, hermanos y hermanas, o hermanastros y hermanastras;
• el matrimonio se celebró entre un progenitor adoptivo y un hijo adoptado, excepto cuando hayan concluido las relaciones legales establecidas por la adopción;
• el matrimonio se celebró entre un tutor y un menor tutelado, o entre un curador y la persona sometida a curatela, antes de la conclusión de las relaciones de custodia o de curatela;
• uno de los cónyuges ya estaba casado.

En todos estos casos, cualquier parte interesada o el fiscal puede presentar una solicitud para obtener la anulación del matrimonio, en cualquier momento y sin limitación alguna. Si el matrimonio ha concluido debido a un fallecimiento o a un divorcio, solamente las personas cuyos derechos se vean afectados pueden presentar una solicitud de anulación. Si ambos cónyuges han fallecido, no es posible presentar una solicitud para anular su matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Un cónyuge cuyo matrimonio ha sido anulado recuperará su apellido de soltero o soltera. Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges no era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, puede solicitar al tribunal que se le permita conservar su nombre de casado o casada.

Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges era conocedor de que podía ser anulado, el otro cónyuge tiene derecho a reclamar a su ex cónyuge no solamente los medios necesarios para mantener su nivel de vida anterior, sino también una compensación por daños morales.

Cuando un matrimonio es anulado, las circunstancias en que un ex cónyuge es eximido de la obligación de garantizar al otro ex cónyuge su nivel de vida anterior son las mismas que en el caso de un divorcio (véase la pregunta 3.4).

En lo que concierne al reparto de los bienes al producirse la anulación del matrimonio, cada uno de los ex cónyuges tiene derecho a conservar sus bienes premaritales y cualquier bien adquirido durante la convivencia. Los bienes adquiridos de manera conjunta deberán ser repartidos equitativamente entre los ex cónyuges.

Si en el momento de celebrarse el matrimonio ninguno de los cónyuges era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, los bienes serán repartidos de conformidad con las disposiciones del Derecho Civil que rigen el reparto de bienes adquiridos durante un matrimonio legítimo. Si, no obstante, solamente uno de los cónyuges no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado, el procedimiento relativo al reparto de los bienes adquiridos de manera conjunta durante un matrimonio legítimo en caso de divorcio se aplica únicamente al cónyuge que no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En Letonia el matrimonio puede ser disuelto por un notario por medio de una solicitud conjunta de ambos cónyuges. El procedimiento para la disolución del matrimonio por parte de un notario se recoge en el apartado P de la Ley de Notarios. Un notario autorizado disolverá el matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre el divorcio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tengan hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Disolución del matrimonio por parte de un notario

En los casos en que un matrimonio queda disuelto por un notario, no existe una competencia territorial específica: las partes pueden recurrir a cualquier notario del país. No se incluyen aquí los asuntos transfronterizos, cuya competencia se rige por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo. Si, en virtud de la legislación de la Unión Europea o de otra legislación internacional, un divorcio transfronterizo no compete a las autoridades judiciales letonas, un notario autorizado no podrá iniciar los trámites de divorcio y deberá informar a los cónyuges sobre este hecho.

En los asuntos de divorcio transfronterizos, la legislación aplicable se determina de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Una demanda de divorcio presentada ante un notario debe indicar lo siguiente:

• el nombre, los apellidos y el número de identidad personal de cada cónyuge (si uno de ellos no dispone de dicho número, el día, mes y año de nacimiento);
• el día, mes y año de la boda y el número de inscripción en el registro civil;
• el país en que se registró el matrimonio y la autoridad, o la confesión y la autoridad religiosa ante la que se celebró;
• si los cónyuges tienen hijos menores en común y si han llegado a un acuerdo sobre la custodia de los mismos, los derechos de visita y los alimentos;
• si los cónyuges poseen bienes comunes, y si han alcanzado un acuerdo relativo al reparto de dichos bienes;
• los apellidos de los cónyuges después del divorcio.

La demanda debe incluir un certificado de matrimonio original, o bien una copia o un extracto expedido por un registro civil, o una declaración de un registro civil.

Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la demanda deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Disolución del matrimonio por parte de un órgano jurisdiccional

Una demanda de divorcio o de anulación de matrimonio debe ser presentada ante el tribunal de distrito o municipal [rajona (pilsētas) tiesa] que tenga competencia; por lo general, el órgano jurisdiccional del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto el lugar de residencia de facto del demandado. La demanda puede presentarse ante el tribunal del lugar de residencia declarado del demandante, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandante, si:

• los menores residen con el demandante;
• el matrimonio que se va a disolver es con una persona que cumple una pena de cárcel;
• el matrimonio que se va a disolver es con una persona que no tiene un lugar de residencia declarado y cuyo lugar de residencia de facto es desconocido, o que reside en el extranjero.

Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio, separación legal y anulación del matrimonio cuando uno de los cónyuges reside habitualmente en otro Estado miembro, o es ciudadano de otro Estado miembro, se establecen en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

Una vez determinado el Estado miembro apropiado, se aplica el procedimiento civil de dicho Estado.

Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio también se establecen en acuerdos bilaterales internacionales sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas que se han firmado con países no pertenecientes a la UE y que son vinculantes para Letonia.

En aplicación de los artículos 128 y 235¹ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solicitud al órgano jurisdiccional debe indicar lo siguiente:

• el nombre del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la solicitud;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y el lugar de residencia registrado o, en su defecto, el lugar de residencia de facto del solicitante; en el caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial. El demandante puede indicar asimismo otra dirección para entablar correspondencia con el órgano jurisdiccional;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal, el lugar de residencia declarado y cualquier dirección adicional del demandado o de una parte interesada, o en su defecto el lugar de residencia de facto; en el caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial. En caso de ser conocido, se debe indicar el número de identidad personal o el número de registro del demandado;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y la dirección para correspondencia con el órgano jurisdiccional del representante del demandante, si la demanda es interpuesta por un representante, o, en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
• en una demanda para recuperar dinero, el nombre de la institución de crédito y el número de cuenta en el que se puede realizar el pago, de haberlo;
• el objeto de la demanda;
• la cantidad que reclama la demanda, si dicha demanda puede ser evaluada en términos pecuniarios, mostrando el método de cálculo de la cantidad reclamada o en litigio;
• los hechos sobre los que el demandante fundamenta su demanda, y las pruebas que los corroboran;
• la ley en que se basa la demanda;
• las pretensiones del demandante;
• una lista de los documentos que se adjuntan;
• la fecha de redacción de la demanda, así como cualquier otra información que pueda resultar pertinente.

La demanda de divorcio también debe indicar lo siguiente:

• desde cuándo han vivido separadas las partes;
• si el otro cónyuge ha aceptado divorciarse;
• si las partes han alcanzado un acuerdo relativo a la custodia de los hijos, los procedimientos para ejercer los derechos de visita del otro progenitor, los alimentos y el reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio; o si presentan demanda ante el tribunal sobre estos aspectos.

La demanda debe ir firmada por el demandante o por su representante. En un asunto de divorcio o de anulación, el representante de una parte debe tener autorización específica para tramitar el asunto. La autorización para actuar en un asunto de divorcio o de anulación también incluye cualquier otra demanda relacionada.

Será necesario adjuntar lo siguiente a la demanda:

• una copia certificada de la demanda, que será enviada al demandado;
• un documento que pruebe que se han pagado la tasa estatal y los demás gastos judiciales de conformidad con el procedimiento y con la cantidad fijada por ley;
• un documento o documentos que certifiquen las circunstancias en que se basa la demanda (por ejemplo, un certificado de registro matrimonial).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En general, el Estado proporciona asistencia jurídica gratuita si los medios o el nivel de ingresos de una persona le impiden costearse la protección de sus derechos, o si se encuentra repentinamente en una situación y en unas circunstancias financieras que le impiden hacerlo (por ejemplo, debido a un desastre natural, a causas de fuerza mayor o a otras circunstancias ajenas a su control), o si la persona depende completamente del Estado o de la autoridad local, lo que objetivamente dificulta que la persona proteja sus derechos. La asistencia jurídica gratuita se concede con arreglo a la Ley de asistencia jurídica gratuita del Estado.

Por lo general, la asistencia jurídica gratuita abarca el gasto relacionado con la preparación de los escritos procesales, la consulta jurídica durante el procedimiento, la representación ante el tribunal y la ejecución de la sentencia.

En Letonia también se presta asistencia jurídica gratuita de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

En primera instancia, el asunto se conoce por el tribunal de distrito o municipal [rajona (pilsētas) tiesa]. Una resolución puede ser objeto de apelación ante el tribunal regional (apgabaltiesa), pero también es posible interponer un recurso de casación (kasācija).

Si el matrimonio va a ser disuelto por un notario, es oportuno señalar que no es posible cuestionar la veracidad de los documentos certificados de conformidad con el procedimiento legal. Es posible recurrirlos interponiendo una demanda por separado.

Cualquier queja sobre una actuación incorrecta de un notario autorizado en el desempeño de sus obligaciones, o sobre su negativa a desempeñarlas, debe dirigirse al tribunal regional a cuya supervisión está sujeto el notario en un plazo de un mes a partir del día en que el notario realizó la acción motivo de queja o se negó a realizar la acción demandada.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las sentencias sobre divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en otro Estado miembro deben reconocerse en Letonia en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo. En virtud de las disposiciones de dicho Reglamento, una sentencia dictada en un Estado miembro debe reconocerse en los otros Estados miembros sin que sean necesarios procedimientos especiales. Con el fin de garantizar el reconocimiento en Letonia de una sentencia sobre divorcio, separación legal o anulación matrimonial dictada en otro Estado miembro, cualquier parte interesada puede, en observancia de los procedimientos contemplados por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, pedir una resolución para que la sentencia sea reconocida, o para que no sea reconocida, por medio de una petición de reconocimiento (atzīšana) o de reconocimiento y ejecución (atzīšana un izpildīšana) de la sentencia extranjera ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde se va a ejecutar la sentencia, o del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto, del lugar de residencia de facto del demandado.

La resolución sobre el reconocimiento o el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero será adoptada por un juez como órgano unipersonal, sobre la base de la solicitud presentada y de los documentos adjuntos, en un plazo de diez días a partir del día de la presentación de la solicitud, sin citar a las partes. El juez puede negarse a reconocer la sentencia en Letonia con arreglo solamente a uno de los motivos de no reconocimiento enumerados en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo. Estos motivos permiten denegar el reconocimiento en Letonia a una sentencia dictada en otro Estado miembro, en los siguientes casos:

• si este reconocimiento es manifiestamente contrario a la política pública de Letonia;
• si la sentencia fue dictada en rebeldía, si al demandado no se le notificó el documento que iniciaba el procedimiento o un documento equivalente con el tiempo suficiente y de un modo que le permitiera preparar su defensa, a menos que se determine que el demandado ha aceptado la sentencia incondicionalmente;
• si la sentencia es incompatible con una resolución judicial dictada en Letonia sobre las mismas partes;
• si la sentencia es incompatible con una resolución judicial anterior dictada en otro Estado miembro o en un tercer Estado entre las mismas partes, siempre que la primera resolución cumpla las condiciones necesarias para su reconocimiento en Letonia.

En aplicación del artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solicitud de reconocimiento de una sentencia debe indicar:

• el nombre del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la solicitud;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) y la dirección para la correspondencia con el tribunal del demandante; en el caso en que sea una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) y el lugar de residencia declarado y cualquier dirección adicional o, en su defecto, el lugar de residencia de facto del demandado; en el caso de que sea una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
• el objeto de la demanda y las circunstancias en que se basa;
• la petición del demandante de que la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional extranjero sea reconocida, o reconocida y ejecutada, en parte o en su totalidad;
• el representante autorizado y su dirección, si se ha designado un representante para tramitar el asunto en Letonia;
• una lista de los documentos que se adjuntan;
• la fecha y la hora en que se redactó la demanda.

En aplicación del artículo 37 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, la solicitud relativa al reconocimiento de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro debe ir acompañada por los siguientes elementos:

• una copia de la sentencia que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad;
• si la sentencia se dictó en rebeldía, un documento que establezca que se notificó al demandado el documento que iniciaba el procedimiento (de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio); de manera alternativa, el demandante puede presentar un documento que indique que el demandado ha aceptado incondicionalmente la sentencia dictada en rebeldía;
• un certificado expedido por una autoridad competente o un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen de la sentencia, en aplicación del artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, existen dos vías para que una parte interesada pueda oponerse al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro relativa al divorcio, la separación legal o la anulación del matrimonio.

En primer lugar, en aplicación del artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede solicitar a un órgano jurisdiccional que dicte una resolución por la que una sentencia dictada en otro Estado miembro no será reconocida en Letonia.

Por otra parte, el demandado en un asunto relativo al reconocimiento de una sentencia puede impugnar el reconocimiento de la sentencia en Letonia incluso si otra persona ya ha presentado una solicitud de reconocimiento de la sentencia, y cuando sobre la base de dicha solicitud el tribunal de distrito o municipal ya ha reconocido la sentencia. El demandado puede plantear objeciones al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro, impugnando la resolución del tribunal de distrito o municipal que reconoce la sentencia. En aplicación del artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, la resolución de un tribunal de distrito o municipal por la que se reconoce una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro puede impugnarse ante un tribunal regional presentando una objeción subsidiaria (blakus sūdzība) contra el órgano jurisdiccional que adoptó la resolución, y enviando la solicitud al tribunal regional correspondiente. El demandado o el demandante pueden llevar la resolución de un tribunal regional sobre el reconocimiento de una sentencia hasta el Senado del Tribunal Supremo (Augstākās tiesas Senāts) presentando una objeción subsidiaria contra el órgano jurisdiccional que adoptó la resolución y enviando la solicitud al Departamento de Asuntos Civiles del Senado del Tribunal Supremo.

El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia dictada en otro Estado miembro solamente sobre la base de uno de los motivos de no reconocimiento recogidos en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo (véase la pregunta 14).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El procedimiento para determinar el Derecho aplicable se establece en el Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Reglamento Roma III).

Enlaces

https://www.tiesas.lv/

https://www.llrx.com/2002/11/features-latvian-law-guide/ (en inglés)

https://vvc.gov.lv

https://www.tm.gov.lv/lv

 

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