En la mayoría de los países, es un órgano jurisdiccional quien dicta la resolución de divorcio, y la sentencia que pronuncia disuelve el vínculo matrimonial.
Cuando la pareja tiene hijos, el divorcio implica, además de la separación de los cónyuges, una reorganización de las relaciones de cada uno de ellos con los hijos comunes.
El divorcio da lugar también al reparto del patrimonio común de los cónyuges y, en caso necesario, obliga a uno de los cónyuges al pago de una contribución o una pensión alimentaria destinada al otro cónyuge o al mantenimiento de los hijos.
En la Unión Europea existen normas que permiten determinar ante qué órgano jurisdiccional debe presentarse una demanda de divorcio cuando la pareja se separa. Estas normas son especialmente útiles para las parejas formadas por personas de nacionalidad diferente, o cuando los cónyuges han residido en varios Estados miembros durante su matrimonio.
Permiten, además, que una resolución de divorcio pronunciada en un país de la Unión Europea sea reconocida más fácilmente en otro Estado miembro y surta efectos en él.
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