1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?
La ejecución forzosa (conocida como Exekution o Zwangsvollstreckung en Austria) consiste en el uso del poder coercitivo del Estado para hacer cumplir títulos y demandas ejecutivas
El Código de Procedimientos de Ejecución (Exekutionsordnung) contempla dos tipos de ejecución forzosa:
- la ejecución dineraria,
- la ejecución forzosa de obligaciones de hacer o de no hacer.
La ejecución dineraria:
En la ejecución dineraria, el acreedor debe especificar en la demanda de ejecución los elementos patrimoniales contra los que se dirige (modalidad de ejecución); puede elegir entre la ejecución de bienes muebles tangibles, el embargo de créditos (especialmente el salario) y la subasta de bienes inmuebles. También se puede combinar modalidades de ejecución.
Si el acreedor presenta la demanda de ejecución dineraria sin especificar la modalidad de ejecución, se entiende que la demanda se dirige contra los bienes muebles tangibles y el salario del ejecutado y que debe elaborarse un inventario del patrimonio de este (paquete de ejecución forzosa estándar). El acreedor también puede solicitar el paquete de ejecución ampliado, que abarca todas las modalidades de ejecución disponibles para la ejecución de bienes muebles por créditos pecuniarios (ejecución sobre bienes muebles, créditos y derechos patrimoniales).
La ejecución forzosa de obligaciones de hacer o de no hacer:
En el caso de la ejecución forzosa de obligaciones de hacer o de no hacer, el acreedor debe solicitar las modalidades de ejecución contempladas en el Código de Procedimientos de Ejecución para el cumplimiento forzoso de la pretensión.
La ejecución en las obligaciones de no hacer se produce mediante la imposición de una multa por el órgano jurisdiccional de ejecución cuando se despacha esta, previa instancia. Si se produce una nueva infracción, el órgano jurisdiccional de ejecución debe, si así se solicita, imponer otra multa o una pena privativa de libertad por un período total de hasta un año.
En cuanto a la ejecución de obligaciones de hacer no personalísimas, el acreedor ejecutante queda facultado por el órgano jurisdiccional, previa instancia, para hacer que la obligación de hacer se cumpla a expensas del deudor.
En cuanto a la ejecución de obligaciones de hacer personalísimas, esta se produce mediante la imposición por el órgano jurisdiccional, previa instancia, de una multa o una pena privativa de libertad de hasta seis meses a la parte obligada para que cumpla la obligación.
2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?
Los tribunales de distrito (Bezirksgericht) tienen la competencia objetiva para despachar la ejecución.
Órgano jurisdiccional con competencia territorial
En principio, tiene competencia para conocer de las ejecuciones dinerarias sobre bienes muebles el órgano jurisdiccional de competencia genérica (el del domicilio) del deudor.
Tiene competencia para conocer de las ejecuciones de bienes inmuebles [inscritos en el Registro de la Propiedad (Grundbuch)] el órgano jurisdiccional responsable del Registro de la Propiedad (Grundbuchsgericht).
Una vez despachada la ejecución, el proceso se desarrolla de oficio. El proceso de ejecución forzosa lo dirige el juez (en el caso de la subasta de bienes inmuebles) o el secretario judicial (en la ejecución de bienes muebles tangibles y el embargo de créditos). El secretario judicial (Rechtspfleger) es un funcionario judicial con rango y formación elevados.
Las diligencias de ejecución las fija el agente judicial (Gerichtsvollzieher), que en Austria son funcionarios judiciales, es decir, no son autónomos ni actúan como representantes ni como agentes del acreedor. Actúan con independencia hasta la terminación del proceso, bien con satisfacción del acreedor ejecutante o sin esta.
En el caso de la ejecución de créditos o derechos patrimoniales no especificados en la demanda de ejecución, o cuando se haya solicitado el paquete de ejecución ampliado, el proceso de ejecución lo sustancia el administrador de la ejecución (Verwalter in Exekutionssachen).
Solo se pide al acreedor que formule instancias en la ejecución si el órgano jurisdiccional o el agente judicial no pueden proseguir el proceso sin ellas o cuando las actuaciones conlleven gastos. Sin embargo, lo que puede hacer el acreedor es aportar información complementaria en la demanda: por ejemplo, en el caso de ejecución mediante embargo del salario, la declaración del empleador sobre si existe relación laboral y a qué importe asciende el salario; en caso de ejecución sobre bienes muebles tangibles, puede renunciar a la apertura forzosa de la vivienda y los correspondientes gastos de cerrajería si no se encuentra al deudor.
3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?
3.1 Procedimiento
La ejecución dineraria:
El proceso de ejecución consta de dos partes: el proceso de despacho de la ejecución y el de la ejecución propiamente dicha.
La ejecución se despacha previa demanda del acreedor, en la que indica las modalidades que desea que se utilicen para la ejecución. Si el acreedor desea cobrar el crédito de un empresario, por lo general se opta por la ejecución de bienes muebles tangibles y la elaboración de un inventario del patrimonio. Con arreglo a este procedimiento, el agente judicial trata de obtener el pago del crédito; si no lo logra, traba bienes conocidos del deudor. Si estos no son suficientes para satisfacer el crédito, el agente judicial exige al deudor que presente inventario completo de su patrimonio.
Si el acreedor desea cobrar el crédito de un consumidor, por lo general se opta por la ejecución de bienes muebles tangibles, el embargo del salario y la elaboración de un inventario del patrimonio. El acreedor puede escoger la ejecución mediante embargo del salario independientemente de si conoce dónde trabaja el deudor o quién le paga el salario. Si lo desconoce, necesita saber la fecha de nacimiento del deudor para que el órgano jurisdiccional pueda dirigirse a la oficina de pagos correspondiente a través de la Federación austriaca de entidades de la seguridad social. En primer lugar, debe procederse al embargo y la transferencia del salario del deudor. Si prospera la diligencia, la ejecución sobre bienes muebles tangibles solo se lleva a cabo si el acreedor lo pide o si está claro que el crédito pendiente de cobro no puede reembolsarse en el plazo de un año. El agente judicial trata de obtener el pago del crédito; si no lo logra, traba bienes conocidos del deudor. Si estos no son suficientes para satisfacer el crédito, el agente judicial exige al deudor que presente inventario completo de su patrimonio.
Para presentar la demanda de ejecución, el acreedor debe utilizar el formulario E Antr 1 o formatear el escrito de demanda de manera acorde. Para presentar la demanda de ejecución no ex necesaria la representación de abogado.
3.2 Condiciones principales
Para poder proceder a la ejecución, el acreedor ejecutante debe contar con título ejecutivo (como las sentencias de condena firme). Además, se requiere una declaración de ejecutividad de la autoridad que expide el título, en el marco del proceso conducente a la expedición de este. El acreedor debe conocer también la dirección del deudor, pero, si quiere solicitar la ejecución del salario y desconoce la oficina de pago, le basta con indicar la fecha de nacimiento.
4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución
4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?
El deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes y derechos, siempre que estos no estén exentos de embargo. Ahora bien, el proceso de ejecución solo afecta a aquellos bienes y derechos que el acreedor desea embargar, es decir, aquellos que especifique en la demanda de ejecución. Sin embargo, el acreedor también puede limitarse a indicar las modalidades de ejecución en la demanda de ejecución sin mencionar elementos patrimoniales concretos (por ejemplo, ejecución de todos los créditos o de todos los derechos patrimoniales del deudor). En este caso, el administrador de la ejecución elabora una lista de los bienes y derechos contra los que se pueden emprender diligencias de ejecución.
El acreedor también puede dirigirse, por ejemplo, contra los siguientes elementos patrimoniales: créditos distintos de los créditos salariales; una participación del deudor en una sociedad de responsabilidad limitada. Si el deudor es propietario de bienes inmuebles, el acreedor puede pedir la imposición de un gravamen, su administración judicial o su venta en subasta.
Los bienes y derechos del deudor que están exentos de ejecución se enumeran en el subapartado «Limitaciones de la ejecución».
4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?
Los efectos de las diligencias de ejecución dependen de la modalidad de ejecución escogida.
Ejecución de bienes muebles tangibles:
Se traban los bienes embargables y se subastan.
Embargo de créditos (especialmente el salario):
Se embarga el derecho de cobro. Se prohíbe al deudor enajenarlo y, en especial, cobrarlo. El crédito, siempre y cuando sea embargable, se transfiere al acreedor. Si se ha nombrado administrador de la ejecución, le corresponde practicar el embargo y el resto de diligencias de la ejecución.
Subasta de bienes inmuebles:
Se embarga el bien inmueble. Desde el momento en que se inscribe la convocatoria de la subasta en el Registro de la Propiedad, los actos jurídicos (distintos de los actos de administración ordinaria) que el deudor realice en relación con el bien inmueble y los demás bienes que lo compongan son ineficaces para el acreedor y el licitador. Si el deudor vende el bien inmueble, la subasta continúa contra el adquirente del bien.
Se puede deducir responsabilidad penal si el deudor oculta, enajena, vende o daña una parte de su patrimonio, si reconoce o crea un pretexto para una obligación inexistente o si reduce de otro modo o parece reducir su patrimonio y, como consecuencia, dificulta o disminuye la satisfacción del acreedor a través de la ejecución o en un proceso de ejecución en curso. Del mismo modo, se puede condenar penalmente al deudor que destruya, dañe, desfigure, inutilice o sustraiga a la ejecución, total o parcialmente, un bien cuyo embargo haya sido decretado por las autoridades judiciales o administrativas.
4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?
La ejecución se prolonga hasta que se satisfaga al acreedor o se ponga fin al proceso, debido, por ejemplo, a que el deudor ha pagado extrajudicialmente su deuda al acreedor durante el proceso de ejecución.
El Código de Procedimientos de Ejecución también permite suspender el proceso de ejecución. Esto puede suceder, en concreto, si se impugna la validez o la eficacia del título ejecutivo, si se solicita la terminación de la ejecución, si se formula oposición ante el órgano jurisdiccional (véase el punto 4), si se recurre el auto de despacho de ejecución, si se impugna el proceso de ejecución o si se solicita la revocación o la modificación de exequatur firme.
5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?
Contra el auto de despacho de la ejecución (conocido en Austria como Exekutionsbewilligung) cabe recurso de apelación (Rekurs). El recurso debe dirigirse al órgano jurisdiccional de apelación [tribunal regional (Oberlandesgericht)], pero se presenta ante el órgano jurisdiccional de primera instancia (tribunal de distrito), en un plazo de catorce días. En principio, se exige representación de abogado. El procedimiento de apelación es puramente escrito y no se admite la alegación de nuevos hechos.
El hecho de que, entretanto, el deudor haya satisfecho extrajudicialmente la deuda objeto de ejecución puede invocarse mediante oposición (Oppositionsantrag) o reconvención ejecutiva (Oppositionsklage) (pero no mediante un recurso de apelación contra el auto de despacho de la ejecución). La reconvención ejecutiva se presenta ante el órgano jurisdiccional que autorizó el despacho de la ejecución. Como otrosí, puede solicitarse la suspensión de la ejecución. Si se concede la pretensión, la ejecución se suspende de oficio.
Si la ejecución se tramita con arreglo al procedimiento simplificado de ejecución, el proceso se sustancia únicamente sobre la base de los datos proporcionados por la parte ejecutante. En este caso, el deudor puede demostrar, por medio de recurso de revisión (Einspruch), el título ejecutivo no abarca la ejecución en cuestión, en particular la declaración de ejecutividad, o que el título ejecutivo no se corresponde con la información contenida en la demanda de ejecución. El recurso debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que despachó la ejecución en primera instancia. Cuando se presenta el recurso, el órgano jurisdiccional analiza si existe algún título ejecutivo que abarque la deuda que se pretende cobrar. El plazo para presentar el recurso es de catorce días.
6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?
Limitaciones de la ejecución
En general, la limitación aplicable es que la ejecución no puede ir más allá de lo necesario para la satisfacción de la deuda que se establece en el despacho de ejecución.
La ley prevé ciertas limitaciones de ejecución en favor de determinadas personas o asociaciones de personas:
- los bienes de un establecimiento al servicio del transporte público sometido a control estatal pueden ser objeto de medidas de ejecución que puedan alterar los servicios de transporte público solo con el consentimiento de su autoridad de control;
- antes de llevar a cabo un proceso de ejecución contra una persona que preste servicio en el Ejército Federal o en la Policía Federal, se debe notificar el despacho de ejecución al oficial superior al mando de esa persona;
- en los edificios militares, antes de practicar las diligencias del proceso de ejecución es necesaria la notificación previa al comandante del edificio y la consulta de su agregado militar;
- los procesos de ejecución contra las personas que gozan de inmunidad en Austria con arreglo al Derecho internacional público, así como sobre los bienes muebles y los inmuebles en que residan estas personas, solo los puede sustanciar el Ministerio Federal de Justicia (Bundesministerium für Justiz) de común acuerdo con el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten);
- la ejecución contra un municipio o una institución pública o caritativa solo puede despacharse, con el fin de recuperar deudas dinerarias, en relación con aquellos bienes que puedan utilizarse para satisfacer al acreedor sin afectar los intereses públicos que el municipio o la institución deben proteger. Si con la ejecución se realiza un derecho de garantía contractual, esta restricción no se aplica.
Por otro lado, con el objetivo de proteger al deudor, hay determinados bienes que quedan obligatoriamente excluidos, por ejemplo:
Ejecución de bienes muebles tangibles:
- los enseres y útiles de uso personal o doméstico necesarios para llevar una vida digna;
- los elementos necesarios para formarse profesionalmente y para el ejercicio de la profesión, así como el material didáctico destinado a la escuela;
- alimentos y combustibles de calefacción suficientes para cubrir durante cuatro semanas las necesidades del deudor y de los miembros de su familia con los que convive;
- animales de compañía;
- fotos de la familia, cartas y otros documentos, así como la alianza de boda del deudor;
- ayudas concedidas por razón de discapacidad y ayudas al deudor o los miembros de la familia que viven con él en el hogar común, así como las sustancias terapéuticas y los dispositivos de asistencia que se requieren en el contexto de un tratamiento médico;
- objetos religiosos;
- dinero en efectivo por una cantidad máxima equivalente a la exenta de embargo hasta el siguiente período de pago del salario, si los ingresos del deudor no pueden embargarse legalmente o solo pueden embargarse parcialmente.
El agente judicial y el administrador de la ejecución también pueden negarse a embargar bienes de bajo valor si resulta evidente que el producto de su venta no va a superar los gastos de ejecución.
Ejecución dineraria (embargo de salario):
- reembolso de gastos siempre y cuando cubran los gastos suplementarios efectuados en el ejercicio de la actividad profesional;
- ayudas legales que se concedan para cubrir los gastos adicionales asociados a una discapacidad o a cuidados de larga duración, por ejemplo, las prestaciones asistenciales;
- ayudas legales para el pago de la renta o para cubrir otros gastos de la vivienda;
- asignaciones familiares;
- determinadas prestaciones previstas por ley concedidas con motivo del nacimiento de un hijo, en particular la prestación global por cuidado de hijos;
- determinados tipos de ayudas concedidas por el Servicio Público de Empleo (Arbeitsmarktservice);
- el reembolso de los gastos obligatorios de la seguridad social.
No se pueden embargar, en concreto:
- las prestaciones en especie previstas en la legislación relativa a la social;
- el derecho al reparto de los bienes de uso conyugal y los ahorros matrimoniales, siempre y cuando este no se haya reconocido mediante contrato o transacción ni se haya impuesto judicialmente.
Los ingresos por trabajo por cuenta ajena, la pensión de jubilación y las retribuciones legales que sirven para hacer frente al desempleo temporal o la reducción del nivel de ingresos pueden embargarse de forma limitada. La parte inembargable (mínimo de subsistencia o Existenzminimum) depende del nivel de ingresos y de la cantidad de obligaciones de alimentos del deudor. Las cantidades inembargables, que se incrementan anualmente, se muestran en los cuadros de la página web del Ministerio Federal de Justicia (contestación del deudor a la ejecución). La ley tiene en cuenta las necesidades especiales del deudor o de su acreedor en casos concretos y permite, previa petición, aumentar o reducir la cantidad inembargable bajo determinadas circunstancias. En el caso de la ejecución derivada de un derecho de alimentos establecido por ley, el importe de la prestación inembargable se reduce en un 25 % de manera general.
Por otra parte, por lo que se refiere a los títulos ejecutivos relativos al desahucio de una vivienda sujeta a la Ley de arrendamiento de inmuebles (Mietrechtsgesetz), dicha Ley contempla la protección del deudor en el sentido de que el desahucio debe posponerse si el arrendatario no cuenta con otro lugar donde vivir.
Plazos de la ejecución
Los plazos en los que deben presentarse las demandas de ejecución no están regulados, salvo en supuestos excepcionales [orden de desahucio conforme al artículo 575 del Código Procesal Civil (Zivilprozessordnung)]. Sin embargo, el deudor puede oponerse a la ejecución invocando su prescripción. El plazo de prescripción de las deudas para las que exista un título ejecutivo derivado de resolución judicial firme (Judikatsschuld) es generalmente de treinta años a partir de la fecha en que adquirió firmeza la resolución. Si el título ejecutivo se basa en derechos de personas jurídicas de Derecho público o privado, el plazo de prescripción se extiende a cuarenta años. Sin embargo, existe una excepción con respecto a los servicios que únicamente se prestan en el futuro, siempre que las disposiciones generales sobre prescripción establezcan un plazo más corto para dichos servicios.
El plazo de prescripción se interrumpe si se dicta auto de despacho de ejecución firme y vuelve a computarse en el último paso de la ejecución o con la terminación de la ejecución.
En algunos casos, se fijan barreras temporales para volver a presentar demanda de ejecución o para la continuación del proceso de ejecución:
- En caso de que, en el marco de un proceso de ejecución sobre bienes muebles tangibles, no se encuentren bienes embargables, se dicta auto de despacho de ejecución para la reanudación de la ejecución o respecto de la demanda de otro acreedor ejecutante de bienes muebles tangibles del mismo deudo solo si han pasado seis meses desde el último intento de ejecución, a menos que haya habido indicios positivos en un intento previo.
- El acreedor ejecutante puede presentar una demanda de ejecución con embargo de salario contra un tercero deudor desconocido después de haberse dictado despacho de ejecución sobre bienes muebles tangibles únicamente si ha transcurrido un año desde el despacho. Este período de bloqueo no se aplica si el acreedor ejecutante demuestra que tuvo conocimiento de que el deudor tenía derecho a percibir salarios embargables tras presentar la demanda de ejecución sobre bienes muebles tangibles. El deudor está obligado a presentar un inventario de su patrimonio más reciente únicamente si el acreedor demuestra que el deudor ha adquirido bienes o derechos o si ha transcurrido más de un año desde que presentó el último inventario.
- El Código de Procedimientos de Ejecución también establece plazos para garantizar el buen decurso de la ejecución. Por ejemplo, el agente judicial tiene que programar la primera diligencia de ejecución en un plazo de entre cuatro y seis semanas e informar al acreedor sobre su práctica o los obstáculos para ella a más tardar en un plazo de cuatro meses. El derecho de embargo que se concede al acreedor sobre la base de la ejecución sobre bienes muebles tangibles del deudor caduca pasados dos años si la realización de los bienes no ha se producido a su debido tiempo.
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