Se le considerará víctima de un delito cuando haya sufrido algún daño, es decir, cuando haya sufrido lesiones corporales o cuando los bienes de su propiedad hayan sufrido algún daño o hayan sido sustraídos como consecuencia de un hecho constitutivo de delito de conformidad con las leyes nacionales. La ley otorga a las víctimas de la delincuencia una serie de derechos individuales antes, durante y después del proceso (juicio).
En Malta, el proceso penal arranca con la fase de investigación o instrucción, que, en función de la naturaleza del delito, corre a cargo de la policía o de un juez de instrucción.
La investigación de los delitos menos graves (aquellos a los que corresponde una pena de multa o de prisión inferior a seis meses) corre a cargo de un funcionario de policía. Cuando se acumulan pruebas suficientes contra el infractor, el funcionario de policía responsable remite el expediente para su enjuiciamiento al Court of Magistrates (Tribunal de Primera Instancia), ante el que asume la posición procesal de fiscal. A lo largo del juicio, un juez examina las pruebas y condena o absuelve al presunto infractor. En caso de sentencia condenatoria, ese mismo juez determina la pena correspondiente.
Todos los demás delitos son instruidos por jueces de instrucción. Cuando hay pruebas suficientes contra el infractor, el juez instructor somete el asunto al Court of Magistrates (Tribunal de Primera Instancia), que examina las pruebas y, si las considera suficientes, remite el asunto al Fiscal General, quien eleva el asunto al Tribunal Penal para su enjuiciamiento. En tales casos, el procesado es juzgado simultáneamente por un juez y un jurado: el jurado determina si el procesado es inocente o culpable y, cuando es declarado culpable, el juez dicta la pena correspondiente.
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