Responsabilidad parental: custodia de menores y derechos de visita

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental designa el derecho de custodia, que es el deber y el derecho de un progenitor a hacerse cargo de su hijo menor de edad. La custodia parental incluye el derecho a hacerse cargo de la persona del menor («custodia de la persona»), el derecho a gestionar los bienes del menor («custodia patrimonial») y el derecho a decidir sobre cuestiones relacionadas con el menor. La custodia patrimonial incluye el derecho y la obligación de gestionar los bienes del menor, incluida su representación. Esto no excluye el derecho del menor a gestionar sus bienes de forma independiente en los casos previstos por la ley.

El progenitor tiene poder de decisión en relación con el hijo menor de edad, es decir, el derecho a decidir sobre cuestiones relacionadas con la vida cotidiana del menor («custodia ordinaria»). Por lo general, las decisiones sobre asuntos cotidianos deben entenderse como decisiones rutinarias que se producen con frecuencia y que no tienen una repercusión duradera en el desarrollo del niño. Además del poder de decisión, un progenitor con derecho de custodia también tiene derecho de representación con respecto a su hijo menor de edad. Los progenitores con custodia compartida tienen un derecho de representación compartida.

Ambos progenitores tienen derecho de visita, lo que denota el deber y el derecho de los dos progenitores a comunicarse personalmente con el menor. El derecho de visita parental no depende de la existencia de un derecho de custodia. Los progenitores también tienen una obligación alimenticia en relación con sus hijos menores.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los derechos y obligaciones mutuos de los progenitores y los menores derivan de la filiación del menor, que se determina de conformidad con el procedimiento establecido por la ley. La madre es la mujer que dio a luz al menor. El padre es el hombre que concibió al menor. Se considera que el menor ha sido concebido por el hombre que estaba casado con su madre en el momento de su nacimiento, que ha reconocido su paternidad o cuya paternidad ha sido establecida por un órgano jurisdiccional.

Los progenitores casados ejercen conjuntamente la responsabilidad parental en forma de derechos de custodia sobre un menor. Si los progenitores no están casados entre sí en el momento del nacimiento del menor, tendrán la custodia compartida si, al presentar el reconocimiento de paternidad, no expresaron su deseo de limitar los derechos de custodia a uno solo de los progenitores.

En los casos en que ninguno de los progenitores del menor tenga derecho de representación o cuando no pueda determinarse el origen del menor, se designará un tutor para ese menor. En tales casos, el tutor tiene derecho de custodia. La función del tutor es proporcionar educación al menor y proteger sus intereses personales y patrimoniales.

Cualquier persona física o jurídica adulta con plena capacidad jurídica activa, por ejemplo, un pariente del menor, un tercero o una persona jurídica (una empresa o una administración local) puede ser el tutor legal. Se nombra tutor a una persona jurídica si no se encuentra una persona física adecuada o si un progenitor así lo desea mediante testamento o pacto sucesorio. La persona jurídica deberá buscar sistemáticamente tutores que sean personas físicas para las personas bajo su tutela y facilitar asesoría y formación a dichos tutores.

Hasta el nombramiento de un tutor legal, las funciones del tutor son desempeñadas temporalmente por el municipio rural o el gobierno municipal del lugar de residencia del niño tal y como figura en el registro de población, siempre que se cumplan las condiciones previas para el establecimiento de la tutela. En el ejercicio de las funciones del tutor, un municipio rural o un gobierno municipal tiene los derechos y deberes de un tutor legal.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si los progenitores no pueden o no quieren hacerse cargo del menor, pueden dar su consentimiento a la adopción. El consentimiento a la adopción por parte de uno de los progenitores no entra en vigor hasta que hayan transcurrido 8 semanas desde el nacimiento del niño, y no se puede presentar una solicitud de adopción ante un tribunal antes de que el consentimiento paterno haya entrado en vigor. Con el consentimiento de uno de los progenitores, podrá darse en adopción al menor a una persona que lo quiera adoptar para que cuide de este antes de la entrada en vigor del consentimiento concedido para la adopción.

Si ninguno de los progenitores del menor tiene poder de representación o si no puede establecerse el origen del menor, el órgano jurisdiccional decide nombrar a un tutor, de oficio o a petición de una autoridad municipal o de la ciudad o de una parte interesada.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los progenitores están divorciados o separados, deben decidir cómo deben resolverse las futuras cuestiones relativas al derecho de custodia. Los progenitores con derecho de custodia pueden acordar organizar el ejercicio conjunto del derecho de representación, pero cualquier cambio en los derechos de custodia, incluido el cese de la custodia compartida, solo es posible a través de los tribunales.

Cada uno de los progenitores tiene derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional que se le transfiera parcial o totalmente la custodia del menor. Una disputa sobre la custodia también puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional en el marco de un procedimiento sobre una demanda, si se solicita en el marco de un proceso de divorcio o de pago de una pensión alimenticia.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los progenitores con derecho de custodia pueden organizar el ejercicio conjunto del derecho de representación de forma libre, pero cualquier cambio en los derechos de custodia, incluido el cese de la custodia compartida, solo puede declararse judicialmente. Las cuestiones relacionadas con la custodia se deciden y determinan de forma legalmente vinculante en un órgano jurisdiccional. Al examinar cuestiones que afectan al menor, el órgano jurisdiccional tiene como consideración primordial el interés superior del menor, teniendo en cuenta todas las circunstancias y el interés legítimo de las personas afectadas. Los litigios en materia de custodia constituyen cuestiones de Derecho de familia, que se resuelven ante los tribunales previa solicitud y mediante resolución judicial. A fin de establecer sus derechos en relación con un menor, el progenitor debe presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los progenitores con derecho de custodia pueden organizar el ejercicio conjunto del derecho de representación de forma libre, pero cualquier cambio en los derechos de custodia, incluido el cese de la custodia compartida, solo puede declararse judicialmente. Los progenitores también pueden utilizar el servicio nacional de mediación familiar para llegar a un acuerdo. Dicho servicio está dirigido a los progenitores que se han separado o se encuentran en proceso de separación, que tienen un hijo menor de edad o más en común y que no han podido alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones relativas a las formas de convivencia del menor (como el régimen de visitas y los alimentos).

El servicio nacional de mediación familiar es gratuito para los progenitores; para acceder a él deben ponerse en contacto con el Consejo de la Seguridad Social (Sotsiaalkindlustusamet). El resultado del proceso de mediación familiar es un acuerdo de filiación firmado por los progenitores. Un acuerdo de filiación aprobado por el Consejo de la Seguridad Social es un título ejecutivo. El papel de la administración local cuando los padres acuden al servicio de mediación familiar es apoyarles y asesorarles.

Al determinar el procedimiento para tener contacto con el menor, el órgano jurisdiccional también actúa como órgano de conciliación en los procedimientos judiciales, buscando un acuerdo entre los progenitores sobre el contacto con el menor. El órgano jurisdiccional recibe a las partes implicadas lo antes posible y llama su atención sobre la posibilidad de recurrir a la ayuda de un consejero familiar, en particular con vistas a llegar a una posición común sobre la custodia y la responsabilidad del niño. El órgano jurisdiccional puede suspender el procedimiento relativo al menor si tal medida no conlleva un retraso que ponga en peligro el interés superior del menor y si las partes implicadas están dispuestas a entablar consultas al margen del procedimiento judicial, o si el órgano jurisdiccional considera por otros motivos que parece haber una forma de resolver el caso mediante un acuerdo entre las partes.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

La competencia de los órganos jurisdiccionales incluye las cuestiones relacionadas con el derecho de contacto parental con los hijos, los cambios en los derechos de custodia, el restablecimiento de los derechos de custodia, la obligación de pagar una pensión alimenticia y los cambios a petición de uno de los padres en la cuantía de dicha pensión.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Los derechos y deberes mutuos de progenitores e hijos se derivan de la filiación del hijo, establecida según el procedimiento previsto por la ley, lo que significa que el progenitor del que desciende un menor tiene el deber de cuidar de él. Los derechos y deberes mutuos de un progenitor y un menor dependen de quién tenga la custodia, es decir, si solo uno de los progenitores tiene la custodia del menor, ese progenitor puede decidir sobre todos los asuntos relacionados con el menor sin consultar primero al otro progenitor.

Un progenitor puede tener el derecho exclusivo de custodia desde el momento en que nazca el menor, por ejemplo, si, en un reconocimiento de paternidad, el padre expresa su deseo de limitar la patria potestad a uno solo de los progenitores. Un progenitor también puede obtener la custodia exclusiva en los tres casos que se describen a continuación.

Un progenitor obtiene la custodia exclusiva si ha solicitado a un tribunal, en un procedimiento bajo solicitud, que la custodia del menor le sea transferida parcial o totalmente. Un progenitor suele solicitar este acuerdo cuando los progenitores con custodia compartida están separados de forma permanente o no desean ejercer la custodia conjuntamente en el futuro.

Un progenitor también ejerce el derecho exclusivo de custodia cuando los derechos de custodia son ejercidos conjuntamente por los progenitores pero los derechos de uno de ellos han sido suspendidos. Si se suspende la custodia exclusiva de un menor concedida a uno de los progenitores en virtud de la ley o de una resolución judicial y no hay razones para esperar que los motivos de la suspensión dejen de existir, un órgano jurisdiccional concede los derechos de custodia al otro progenitor, siempre que ello sea coherente con el interés superior del menor.

Un órgano jurisdiccional también concede la custodia al otro progenitor si el progenitor con custodia exclusiva ha fallecido o ha sido privado de su derecho de custodia, a menos que ello sea contrario al interés superior del menor.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si los progenitores tienen la custodia compartida, la ejercen con respecto a su hijo y realizan las tareas de custodia bajo su propia responsabilidad y por unanimidad, teniendo en cuenta el bienestar general del menor. Los progenitores con custodia compartida también tienen un derecho de representación compartida.

Si los progenitores que ejercen la custodia compartida no consiguen alcanzar un acuerdo en un asunto importante para el menor, un órgano jurisdiccional, a petición de uno de los progenitores, concederá el poder de decisión en este asunto a uno de los progenitores. En el caso de la transferencia de poderes de decisión, un órgano jurisdiccional puede restringir el ejercicio de los poderes de decisión o imponer obligaciones suplementarias al progenitor que ejerce dicho derecho.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Las disputas relativas a la custodia son resueltas por los órganos jurisdiccionales del condado. En el caso de las disputas relacionadas con el derecho de custodia, el solicitante debe presentar una solicitud al órgano jurisdiccional del condado para que resuelva el litigio bajo solicitud. La solicitud debe presentarse ante el órgano jurisdiccional del condado del lugar de residencia del menor.

La solicitud debe indicar claramente el nombre del órgano jurisdiccional, la identidad del solicitante, de la persona afectada por el asunto y de sus hijos, así como la reivindicación del solicitante. La solicitud también debe exponer los hechos del asunto y el solicitante debe enumerar y aportar las pruebas de que dispone. La solicitud debe estar firmada por el solicitante o por su representante. En caso de que lo firme su representante, debe incluirse un documento de autorización o algún documento similar que certifique cuáles son los poderes del representante.

La solicitud y las pruebas documentales deben presentarse al órgano jurisdiccional por escrito y en estonio. Si una solicitud, petición, recurso u objeción presentada ante el tribunal por una parte en el proceso no está en estonio, el órgano jurisdiccional exige a la persona que la presenta que facilite una traducción al estonio en un plazo determinado.

Las cuestiones relativas a la determinación de los derechos de un progenitor en relación con un menor y la organización del acceso al menor, por ejemplo, las cuestiones relativas a la custodia, podrán resolverse en una acción conjunta con el divorcio o el pago de una pensión alimenticia.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los órganos jurisdiccionales conocen de los asuntos relativos a la custodia bajo solicitud de conformidad con las disposiciones relativas a las acciones, teniendo en cuenta las diferencias establecidas respecto a los procedimientos bajo solicitud {véase el Código Procesal Civil (tsiviilkohtumenetluse seadustik) [1]}.

En los procedimientos acelerados relativos a un menor, los órganos jurisdiccionales solo pueden pronunciarse sobre una obligación de alimentos contra un progenitor separado de un hijo menor de edad. Las cuestiones relativas a la custodia no pueden dirimirse en un procedimiento simplificado. No obstante, las cuestiones relativas a la custodia se ven bajo solicitud, por lo que difieren de una acción ordinaria. Por lo que respecta a los asuntos que se examinan bajo solicitud, el propio órgano jurisdiccional expone los hechos y recopila las pruebas necesarias a tal efecto, salvo disposición legal en contrario. El órgano jurisdiccional no está vinculado por las peticiones o los hechos presentados por las partes en el procedimiento, ni por su evaluación de los hechos, salvo que la ley disponga otra cosa. Los requisitos para las actas de las vistas y la entrega de documentos también son menos estrictos. En cuestiones relativas a la custodia, los órganos jurisdiccionales también pueden aplicar medidas para regular el ejercicio de la custodia o el acceso al menor durante los procedimientos o para garantizar el cumplimiento futuro de los acuerdos.

El órgano jurisdiccional aplicará medidas cautelares o provisionales si hay motivos para creer que la no aplicación de las medidas puede dificultar o imposibilitar la ejecución de una resolución. El órgano jurisdiccional en cuya demarcación judicial deban imponerse medidas cautelares puede conocer de dicho proceso incidental. Algunos ejemplos de medidas incluyen la entrega de un menor al otro progenitor o la ejecución de una obligación legal de alimentos, incluida la posibilidad de exigir al demandado que pague alimentos durante el procedimiento o que constituya una garantía a tal efecto.

[1] Código Procesal Civil (RT I 2005, 26, 197; RT I, 21.06.2014, 58). En Internet: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014058?leiaKehtiv.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Si el órgano jurisdiccional considera que una persona física es incapaz de hacer frente a las costas procesales debido a su situación económica, podrá eximirla total o parcialmente del pago de la justicia gratuita y de las tasas estatales.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Una resolución en un procedimiento bajo solicitud es una resolución judicial a la que son aplicables las disposiciones de una resolución judicial en una acción, a menos que la ley disponga otra cosa. Se puede interponer un recurso contra una resolución sobre el derecho de custodia de acuerdo con las disposiciones generales que rigen los procedimientos de recurso, si el recurrente considera que la resolución del tribunal de primera instancia se basa en una infracción de una disposición legal (por ejemplo, si el tribunal de primera instancia ha aplicado incorrectamente una disposición legal de derecho sustantivo o de derecho procesal). Por los motivos anteriores, también podrá interponerse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las cuestiones relativas a la custodia se dirimen en procedimientos bajo solicitud. En los asuntos de familia bajo solicitud, el órgano jurisdiccional dicta una resolución que es ejecutiva desde la fecha de su entrada en vigor, salvo que la ley disponga otra cosa. Una resolución dictada bajo solicitud es un título ejecutivo. Si el deudor no cumple voluntariamente la resolución de custodia, esta se ejecuta sobre la base de una demanda de ejecución. A tal fin, el demandante debe presentar una solicitud al agente judicial del lugar en el que el deudor tenga su domicilio o residencia o en el que se encuentren los bienes del deudor. En un asunto relacionado con el derecho de visita a un menor, el agente judicial, en el proceso de ejecución, colabora junto con un representante de la Administración local del lugar de residencia del menor o, en casos excepcionales, del lugar de residencia de la persona obligada, que tenga experiencia en la interacción con menores. Si fuera necesario, un agente judicial puede sugerir a la Administración local que el menor sea trasladado temporalmente a una institución de bienestar social. Si la persona obligada impide la ejecución forzosa, puede ser objeto de una multa coercitiva.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

De conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, que regula la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como la sustracción internacional de menores, las resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconocen en los demás Estados miembros sin que sea necesario ningún procedimiento especial. El Reglamento se aplica a todos los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca.

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio de la responsabilidad parental con respecto a un menor que fueren ejecutivas en dicho Estado miembro y hubieren sido notificadas o trasladadas se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hayan declarado ejecutivas en este último Estado. A tal fin, debe presentarse ante el órgano jurisdiccional una declaración de ejecutoriedad.

El órgano jurisdiccional ante el que debe presentarse la solicitud puede encontrarse aquí.

La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o solicitare la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:

1. una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica, y
2. el certificado relativo a la resolución sobre responsabilidad parental.

Formulario disponible aquí.

Las resoluciones sobre responsabilidad parental no se reconocerán si:

1. el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, teniendo en cuenta el interés superior del menor;
2. habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubiere notificado o trasladado a dicha persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución;
3. a petición de cualquier persona que alegue que la resolución menoscaba el ejercicio de su responsabilidad parental, se hubiere dictado sin haber dado posibilidad de audiencia a dicha persona;
4. la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en el Estado miembro requerido;
5. la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad parental en otro Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del menor, siempre y cuando la resolución dictada con posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido; o
6. no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 82 del Reglamento (CE) 2019/1111 del Consejo.

16 ¿A qué órgano jurisdiccional de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre responsabilidad parental dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

El órgano jurisdiccional ante el que debe presentarse la solicitud puede encontrarse aquí.

La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o solicitare la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:

1. una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica, y
2. el certificado relativo a las resoluciones en materia de responsabilidad parental a que se refiere el artículo 36 del Reglamento (CE) 2019/1111 del Consejo.

Formulario disponible aquí.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La Ley estonia de Derecho Internacional Privado (Rahvusvahelise eraõiguse seadus) establece que las relaciones de Derecho familiar entre un menor y sus padres se rigen por el Derecho del país de residencia del menor.

Asimismo, el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, es aplicable entre los Estados que firmaron el Convenio.

La determinación del derecho aplicable también estará sujeta a acuerdos sobre la asistencia legal. La República de Estonia ha suscrito acuerdos sobre asistencia legal con los países siguientes:

• Acuerdo entre la República de Estonia, la República de Lituania y la República de Letonia sobre asistencia judicial y relaciones judiciales (1993);
• Acuerdo entre la República de Estonia y la Federación Rusa sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, de familia y penal (1993);
• Acuerdo entre la República de Estonia y Ucrania sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, familiar y penal (1995);
• Acuerdo entre la República de Estonia y la República de Polonia sobre asistencia legal y relaciones legales en materia civil, de derecho laboral y penal (1999).

Todas las partes en los acuerdos sobre asistencia legal suscritos con Lituania, Letonia y Polonia también son partes del Convenio de la Haya de 1996, por lo que las partes han decidido aplicar las disposiciones del Convenio en la determinación del derecho aplicable.

[1] Ley de derecho privado internacional (RT I 2002, 35, 217). En Internet: https://www.riigiteataja.ee/akt/13242136?leiaKehtiv.

 

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