A judicial auction is a proceeding through which a public auction of the debtor's assets is arranged with the purpose of raising the sum of money needed to satisfy a creditor’s claim. The auction may be arranged by a judge, or his or her delegate, or a competent authority, or other public or private entities (authorized according to the legislation of individual countries.
A judicial auction is normally preceded by a seizure, this is the act through which the creditor or the competent authority identifies and secures the assets suitable to satisfy the claim. Immovable and movable property can be seized, as well as credits which the debtor holds vis-à-vis a third party. In the case of credits, however, the enforcement proceedings do not terminate with the sale but with the allocation of the debtor’s credit to his or her creditor.
There are different types of judicial auctions in the EU countries, whose national law provide for the relevant legal framework. In some EU countries a judicial auction can be held on line, thus avoiding participants appearing personally before the judge or in the Court or in other public or private entities.
A judicial auction – which is usually directed by a judge, who can assign the sales operation to a third party (an independent professional or a company specifically authorised to perform this task) but can also be entirely managed by other subjects (e.g. bailiff, or other enforcement authority) – is normally preceded by appropriate advertisements.
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El Derecho nacional prevé diferentes procedimientos que se aplican en el marco de los procedimientos de ejecución, en función del objeto de la ejecución.
Venta de bienes muebles:
El embargo de bienes muebles exige que el bien se incluya en un inventario elaborado por un agente judicial. Los bienes muebles de un deudor también pueden ser embargados en el momento de la recepción de un inventario o de una notificación de embargo, si este último especifica el bien objeto de ejecución. El agente judicial solo contabiliza un bien especificado por el acreedor si está en posesión del deudor, a menos que de las circunstancias resulte evidente que el bien pertenece a otra persona.
La venta de un bien embargado la lleva a cabo el agente judicial que ha incluido el bien en el inventario. La venta de bienes muebles, conjuntos de activos o grupos de activos se lleva a cabo a través de almacenes o bolsas, mediante subasta pública con puja verbal o de conformidad con las normas que regulan la venta judicial de bienes.
El deudor puede aceptar la venta del bien en el almacén del agente judicial privado a un precio fijado por el agente judicial, o en un almacén designado por el agente judicial privado, otorgando su consentimiento por escrito para que el bien sea entregado al almacén para su venta.
Si el activo puede venderse en una bolsa, el acreedor o el deudor pueden designar la bolsa en la que desean que se venda el activo presentando un consentimiento específico por escrito para la venta. El almacén o la bolsa, según el caso, recibe una comisión del 15 % del precio de venta de la operación, que se deduce en el momento de la recepción del importe pagado.
Los bienes con una tasación superior a 5 000 levas búlgaras (BGN), vehículos de motor, buques y aeronaves son vendidos por el agente judicial de conformidad con el procedimiento de venta judicial de bienes inmuebles.
El agente judicial anuncia la venta del bien colocando un anuncio en las dependencias del tribunal de distrito (rayonen sad), en su oficina y en las dependencias del ayuntamiento. El informe que acredita la publicación de un anuncio es registrado por el tribunal de primera instancia. Cuando la cesión de un bien al almacén ocasiona inconvenientes para su venta, el agente judicial también pone un aviso en un lugar destacado de las dependencias del almacén y toma las medidas necesarias para que los que deseen ver el bien lo hagan en el lugar en el que se encuentra.
El agente judicial fija el precio al que se vende el bien en el almacén. La puja de salida en una subasta pública con puja verbal o venta judicial es el 85 % del valor del activo. A petición de la parte, se designa a un perito para determinar el valor del bien. El perito es nombrado de oficio cuando se requieren conocimientos especiales en el ámbito de la ciencia, el arte, la artesanía, etc. para determinar el valor. Podrá emitirse oralmente un dictamen sobre el valor de un activo. Los dictámenes orales también se recogen en el informe.
En el caso de bienes con una tasación superior a 5 000 BGN, vehículos de motor, buques y aeronaves, el agente judicial está obligado a designar a un perito para determinar el valor. El precio de venta de los bienes muebles no podrá ser inferior a su valor de seguro, en su caso. Esta norma no se aplicará a las ventas posteriores del mismo bien.
En el primer anuncio de venta, cualquiera de las partes puede impugnar el precio del bien en el momento de su determinación por el agente judicial y solicitar la designación de un perito a efectos de una nueva tasación. El agente judicial fija un plazo para el pago de los gastos. Cuando la parte haya pagado los gastos correspondientes dentro del plazo establecido, el agente judicial deberá designar a uno o varios peritos a efectos de una nueva tasación pericial del bien. El nuevo valor así determinado no puede ser impugnado.
Si un artículo no se vende en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su transferencia al almacén o a partir de la fecha de publicación de un anuncio de venta, el artículo se vende en subasta pública con puja verbal a un precio equivalente al 50 % del precio inicial fijado. La subasta pública tiene lugar en el momento fijado por el agente judicial delante del edificio en el que se almacenan los bienes inventariados o en otro lugar acordado de común acuerdo entre las partes. En caso de que no pueda llegarse a un acuerdo, la venta tiene lugar en un lugar determinado por el agente judicial y se programa no antes de una semana ni más tarde de tres semanas después de la fecha del inventario. Si el acreedor no paga los gastos de venta en el plazo de una semana a partir de la fecha del inventario, la venta no se programa y se liberan los bienes inventariados. El día de la venta, el agente judicial redacta un informe en el que se indican el día y la forma en que debe divulgarse la información y las partes deben ser notificadas. La subasta comienza en el momento establecido de antemano y finaliza después de que se haya ofrecido a la venta el último bien inventariado. No se exige el pago de un depósito para participar en una subasta.
La venta judicial de bienes inmuebles:
Cuando el objeto de la ejecución es un bien inmueble, el agente judicial envía una invitación al pago voluntario, especificando el bien de que se trate, al mismo tiempo que envía una carta a la Agencia del Registro con el fin de registrar la ejecución del bien.
El agente judicial registra los bienes especificados por el acreedor tras comprobar que el deudor era propietario del bien el día en que se impuso la ejecución. La propiedad se verifica mediante un control en los registros fiscales o de actos jurídicos o por otros medios, incluso entrevistando a los vecinos. Cuando no existan pruebas fiables de la propiedad, se tendrá en cuenta la posesión del bien el día en que se impuso la ejecución.
El inventario también indica el día de presentación de la tasación del inmueble, cuando la tasación se lleva a cabo después del inventario. En este caso, se considera que se ha notificado a las partes que se ha presentado una tasación, con independencia de que estuvieran presentes en el momento en que se realizó el inventario. El inventario también indica el lugar y el momento de la venta del bien, si así lo solicita el acreedor. En este caso, se considera que se ha notificado al deudor la venta, con independencia de que las partes estuvieran presentes en el momento en que se realizó el inventario.
El agente judicial designa a un perito para determinar el valor del bien. El perito debe estar inscrito en el registro de tasadores independientes previsto en la Ley de tasadores independientes (Zakon za nezavisimite otseniteli) o en la lista de profesionales autorizados como peritos con arreglo a la Ley de l Poder Judicial (Zakon za sadebnata vlast). El dictamen del perito se comunica a las partes, que podrán impugnarlo en un plazo de siete días. En caso de que se impugne el dictamen pericial, la parte designará a un perito que cumpla los requisitos establecidos anteriormente para que se elabore un segundo informe de tasación y pague los gastos correspondientes. No se realiza una segunda tasación si no se realiza ninguna impugnación contra la tasación original. En el caso de dos o más tasaciones, el valor del bien inmueble se determinará como la media aritmética de los valores indicados en todos los informes de tasación. El precio de la puja de salida del inmueble es del 80 % de su valor. La puja de salida de la primera venta judicial no podrá ser inferior al valor indicado en la liquidación del impuesto, cuando se disponga de ella.
El agente judicial está obligado a redactar un anuncio de venta en el plazo de una semana a partir de la fecha del inventario, que incluya una descripción del bien, su propietario, una indicación de si está hipotecado y la existencia de derechos reales limitados, los créditos registrados, los embargos y los contratos de arrendamiento establecidos sobre el bien en el momento de la ejecución, así como la puja de salida y el lugar y la fecha en que tendrá lugar la venta. El anuncio se coloca en lugares adecuados en las dependencias de la oficina del agente judicial privado, del tribunal de distrito, del ayuntamiento para indicar el lugar en que se encuentra el bien y en el propio inmueble. El anuncio también se publica en el sitio web del órgano jurisdiccional provincial (okrazhen sad) del lugar de ejecución al menos un día antes de la fecha de inicio de la venta, tal como se especifica en el anuncio. El agente judicial redacta un informe en el que se indica la fecha de publicación del anuncio. El informe se registra en el tribunal de primera instancia. El agente judicial fija las fechas en las que los posibles compradores pueden ver el bien inmueble.
La venta tiene lugar en las dependencias del tribunal de primera instancia. Tiene una duración de un mes y finaliza el día especificado en el anuncio. La documentación de venta la conserva el registro del tribunal de primera instancia y se pone a disposición de todas las partes interesadas en la propiedad. Para participar en la subasta se ingresa en la cuenta del agente judicial un depósito del 10 % de la puja de salida. El acreedor no ingresa un depósito si su crédito supera el importe del depósito. Si no hay postores o no se presentan pujas válidas, o si el comprador no paga el precio y la propiedad no se adjudica al postor que se declara comprador, el acreedor tiene derecho a solicitar, en el plazo de una semana a partir de la fecha de notificación, que se programe una nueva venta.
La nueva venta se lleva a cabo con arreglo a las normas de la primera venta. Comenzará no antes de un mes después del final de la primera venta y la puja de salida es el 90 % de la puja de salida de la primera venta. Si el inmueble no se vende en la segunda venta y no se recibe ninguna solicitud para determinar una nueva puja de salida en el plazo de una semana a partir de la notificación de la venta, el inmueble queda excluido de los bienes objeto de ejecución y se levanta su embargo a petición del agente judicial.
En el marco del procedimiento de ejecución, los bienes incautados y embargados son vendidos por agentes judiciales según los métodos descritos en los puntos 1 y 6. La única excepción a la norma es la venta de bienes muebles en un almacén o en una bolsa.
El deudor puede aceptar la venta del bien en el almacén del agente judicial privado a un precio fijado por el agente judicial, o en un almacén designado por el agente judicial privado, otorgando su consentimiento por escrito para que el bien sea entregado al almacén para su venta.
Si el activo puede venderse en una bolsa, el acreedor o el deudor pueden designar la bolsa en la que desean que se venda el activo presentando un consentimiento específico por escrito para la venta.
La entrega del bien se certifica mediante un acta firmada por el agente judicial y el gerente de la bolsa o el almacén. El almacén o la bolsa, según el caso, recibe una comisión del 15 % del precio de venta de la operación, que se deduce en el momento de la recepción del importe pagado.
Todas las cantidades recibidas en el procedimiento de ejecución del deudor, de un tercero embargado, de los postores y compradores en la venta, así como de los almacenes o bolsas que hayan llevado a cabo la venta de bienes muebles, se ingresan en la cuenta del agente judicial.
No existen tipos de subasta judicial en los procedimientos de ejecución y quiebra con arreglo a la legislación búlgara a los que no se aplican plenamente las normas. Sin embargo, leyes especiales pueden introducir diferencias en las condiciones para la celebración de ciertas subastas.
En Bulgaria se mantienen los siguientes registros de bienes:
Registrado de la Propiedad
El registro, gestionado por la Agencia del Registro (Agentsiya po vpisvaniyata), es una base de datos de bienes inmuebles en Bulgaria y comprende propiedades individuales en lotes. Es un registro de los títulos de propiedad y otros actos por los que se reconoce, transfiere, modifica o extingue la propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Las ejecuciones hipotecarias y las hipotecas sobre bienes inmuebles se inscriben en el Registro de la Propiedad. El registro documenta las últimas entradas relativas a las circunstancias antes mencionadas y permite rastrear cronológicamente los cambios en dichas circunstancias y en las escrituras registradas. Se puede consultar el Registro de la Propiedad para verificar la propiedad y los propietarios de bienes inmuebles, así como los derechos reales y otras restricciones establecidas en relación con los bienes inmuebles. El registro puede consultarse en las dependencias de las oficinas de la Agencia del Registro en Bulgaria o en línea tras el registro como usuario y el pago de una tasa establecida en una lista de precios específica.
Registro Nacional de Vehículos de Carretera:
El registro lo lleva el Ministerio del Interior (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Contiene datos sobre la matriculación de vehículos de carretera, cambios en la propiedad de los vehículos de carretera matriculados (incluidos datos sobre los contratos celebrados), así como datos sobre los anexos u otras restricciones impuestas.
Los notarios y los agentes judiciales privados y públicos tienen acceso oficial a la información del registro.
Los certificados de matriculación o baja de los vehículos se expiden a los propietarios de vehículos previo pago de una tasa recaudada por el Ministerio del Interior de conformidad con la Ley de tasas estatales (Zakon za darzhavnite taksi).
No se cobra tasa alguna cuando se facilita información sobre vehículos matriculados al Ministerio del Interior, a las autoridades judiciales, a los organismos responsables de la seguridad nacional y el orden público y a los órganos de la Agencia Nacional de Recaudación (Natsionalna agentsiya za prihodite) tras la recepción de una solicitud de oficio.
La información sobre los vehículos matriculados se facilita a terceros por orden de las autoridades judiciales previo pago de una tasa recaudada por el Ministerio del Interior de conformidad con la Ley de tasas estatales.
Registro de aeronaves civiles de la República de Bulgaria:
El registro lo lleva la Dirección General de la Administración de Aviación Civil (Glavna Direktsiya «Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya») del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).
En el Registro de Aeronaves Civiles de la República de Bulgaria se consignan todas las circunstancias relativas al establecimiento de la titularidad de una aeronave civil y todos los cambios relacionados con la transferencia de la propiedad, el establecimiento y la transferencia de derechos de propiedad o de obligaciones y el establecimiento de cargas.
Las operaciones se hacen efectivas frente a terceros tras su inscripción en el registro. Las inscripciones en el registro constituyen un acto de divulgación frente a terceros que actúan de buena fe.
El Registro de Aeronaves Civiles es de acceso público en el sitio web de la Dirección General de la Administración de Aviación Civil, excepto los datos del propietario, poseedor o titular de la aeronave civil matriculada. La Dirección General de la Administración de Aviación Civil expide certificados de matriculación a los propietarios, titulares o poseedores de aeronaves civiles o a sus representantes a cambio del pago de una tasa fijada por el Consejo de Ministros (Ministerski savet). Los certificados de identidad de los propietarios, poseedores o titulares de aeronaves civiles se expiden únicamente a las autoridades públicas o judiciales, a los órganos jurisdiccionales o a los agentes judiciales públicos que ejerzan las facultades que les confiere la ley o a los propietarios de aeronaves civiles o a sus agentes.
Registro de Buques de la República de Bulgaria:
Los registros de las diferentes categorías de buques sujetos a inscripción en un registro constituyen un registro único de buques que enarbolan pabellón búlgaro. Son mantenidos por las unidades regionales de la Agencia Ejecutiva de la Administración Marítima (Izpalnitelna agentsiya «Morska administratsiya») bajo la jurisdicción del Ministro de Transportes y Comunicaciones. Se llevan registros de:
El Registro de Buques de la República de Bulgaria permite el ejercicio de la jurisdicción y el control sobre la identificación, la propiedad, las cargas patrimoniales y financieras, las restricciones al derecho de disposición y las responsabilidades de los armadores y los fletadores a casco desnudo de buques que naveguen bajo pabellón búlgaro.
Los registros se llevan en papel y en formato electrónico.
Aunque los registros son, en principio, públicos, el acceso a la información contenida en ellos es efectivamente limitado y regulado. Se ha restringido el acceso del público a los registros con el fin de garantizar una protección adecuada de la propiedad. Las partes interesadas podrán solicitar extractos certificados del registro a cambio de una tasa. Las direcciones competentes expiden extractos del registro a personas con un interés legítimo en obtener información sobre los buques. También podrá facilitarse información estadística general sobre el número y los tipos de buques, etc.
Se ha concedido acceso a la base de datos a la Comisión para la Lucha contra la Corrupción y el Decomiso de Bienes Adquiridos Ilegalmente (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), la Agencia Nacional de Recaudación, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (Darzhavna agentsiya «Natsionalna sigurnost») y la Policía de Fronteras (Granichna politsiya) en virtud de acuerdos bilaterales celebrados entre las instituciones interesadas y la Agencia Ejecutiva de la Administración Marítima. Se ha previsto la posibilidad de conceder acceso a otras instituciones, así como a los órganos jurisdiccionales y a los agentes judiciales públicos. El acceso se concede con una contraseña única. El acceso se facilita desde una dirección IP externa y a través de un cortafuegos. Por razones de seguridad, existe una funcionalidad para rastrear cada conexión al sistema. Los usuarios externos pueden realizar búsquedas en la base de datos utilizando el número de identificación único del armador (si el armador es nacional búlgaro) o el número único de extranjero (si el propietario es extranjero) y obtener datos expurgados del registro. En la práctica, los datos en cuestión, es decir, si la persona es propietaria de un buque, el tipo de buque y el número de matrícula del puerto, son los datos pertinentes para las funciones de las instituciones a las que se ha concedido acceso al registro.
Las circunstancias sujetas a inscripción en el registro solo surtirán efecto frente a terceros tras su inscripción.
La mayor parte de la información disponible en los registros nacionales citados es pública en su totalidad o en parte. En algunos casos, puede aplicarse una tasa a determinadas búsquedas.
Las autoridades gubernamentales y judiciales, los órganos jurisdiccionales y los agentes judiciales tienen pleno acceso a los datos introducidos en los distintos registros.
Los bienes muebles e inmuebles, los valores en papel, las partes distintas de las empresas, así como los derechos de propiedad industrial sujetos a ejecución, podrán venderse con arreglo a las normas de la subasta judicial electrónica. A petición escrita de una de las partes en el procedimiento de ejecución, el agente judicial lleva a cabo una subasta judicial electrónica.
La subasta judicial electrónica se lleva a cabo a través de la plataforma específica en línea del Ministerio de Justicia (Ministerstvo na pravosadieto).
Para participar en la subasta, cada postor paga un depósito equivalente al 10 % de la puja de salida. Los postores están registrados en el entorno electrónico con firma electrónica o en la oficina del agente judicial. El registro de los postores para la subasta electrónica dura un mes y finaliza a las 17.00 horas del día especificado en el anuncio.
La subasta judicial electrónica está abierta a la licitación durante siete días. La subasta finalizará a las 17.00 horas del último día de este período, si no se presentan nuevas pujas en los últimos diez minutos de la subasta. Cuando se presenta una nueva puja en los últimos diez minutos de la subasta, esta se prorroga automáticamente otros diez minutos, pero no más de cuarenta y ocho horas. La subasta termina cuando no se ha presentado ninguna puja en los últimos diez minutos.
Las pujas se realizan en incrementos únicos. La última puja presentada por un postor se publica en la plataforma en línea para subastas judiciales electrónicas.
Una vez finalizada la subasta judicial electrónica, la plataforma envía automáticamente un mensaje a todos los postores autorizados sobre la última puja presentada en relación con la propiedad.
El primer día hábil siguiente a la finalización de la subasta, el agente judicial verifica todas las circunstancias relativas a esta y elabora un informe en el que se detallan todas las solicitudes de participación recibidas, incluidos los postores autorizados y no autorizados, junto con el motivo, las pujas recibidas y una descripción de los problemas técnicos encontrados durante la subasta, y declara comprador al mejor postor. Se considera que la subasta electrónica ha finalizado una vez que el agente judicial firma el informe. El informe se publica inmediatamente en la plataforma única en línea para garantizar que todos los postores tengan acceso a este.
El Ministerio de Justicia establece y mantiene una plataforma única en línea para las subastas judiciales electrónicas, que incorpora un registro de subastas judiciales y un sistema para la realización de subastas judiciales, y emite un reglamento sobre la organización, las normas y el funcionamiento de la plataforma en línea para las subastas judiciales electrónicas.
La plataforma en línea para las subastas judiciales electrónicas y la ventanilla única para los documentos adjuntos funcionarán sobre la base de un sistema de información común. Este enfoque garantiza el flujo automatizado de datos desde el punto de entrada único para los anexos al módulo de ventas y viceversa.
El sistema de información que actúa como punto de entrada único para los embargos es una base de datos centralizada de todos los embargos impuestos sobre bienes muebles sujetos a registro legal.
El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Agricultura (Ministerstvo na zemedelieto) intercambian electrónicamente datos sobre bienes muebles sujetos a inscripción en los registros de cada institución, utilizando el sistema de información que actúa como punto de entrada único para los embargos.
El sistema de información que actúa como punto de entrada único para los embargos en Bulgaria garantizará que los datos sobre bienes muebles sujetos a un requisito de registro, sobre los que se han impuesto embargos en los procedimientos de ejecución, se conserven en una única base de datos central. El acceso al sistema está a disposición de todos los organismos y personas competentes dentro y fuera de Bulgaria.
Sobre la base de los datos contenidos en el sistema de información, que actúa como punto de entrada único para los embargos, el Ministerio de Justicia envía notificaciones de los embargos impuestos a través de un servicio administrativo electrónico. El sistema también permite investigar los embargos impuestos a cualquier persona, sin perjuicio de los requisitos establecidos en la Ley del Gobierno Electrónico (Zakon za elektronnoto upravlenie). Los servicios se solicitan a través del portal electrónico del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia recauda las tasas por sus servicios en importes determinados por una tarifa adoptada por el Consejo de Ministros.
Los organismos de la administración central y local, las administraciones locales y los funcionarios que ejercen funciones públicas tienen acceso oficial al sistema de información de forma gratuita.
Nota:
El sistema de información, incluido el sistema de información que actúa como punto de entrada único para los documentos adjuntos en la República de Bulgaria y la plataforma en línea para las subastas judiciales electrónicas, se pondrá en marcha el 1 de julio de 2023.
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los anuncios de subastas se publican en el tablón de anuncios oficial del agente judicial o por la autoridad municipal en la forma habitualmente empleada. También se publican en el Portal de subastas (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) y en el Registro Central de Embargos (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).
En el caso de las subastas inmobiliarias, el agente judicial designa a un perito para que determine el valor normal de los bienes, en particular de cualquier accesorio y de los derechos individuales y defectos de la propiedad. El agente judicial establece el valor de la propiedad sobre la base del informe pericial. Este valor sirve de base para el precio de reserva, que es dos tercios del precio resultante de la primera subasta.
En el caso de los bienes muebles, el valor se determina de conformidad con la Ley n.º 526/1990 de precios, o sobre la base de una estimación del agente de ejecución o judicial. Si los conocimientos y la experiencia de esta persona son insuficientes, se nombra a un perito para que lleve a cabo una tasación. El precio de reserva es un tercio del precio resultante.
En la República Checa existen dos formas de ejecución:
Todas las subastas judiciales se rigen por las disposiciones pertinentes de la Ley n.º 99/1963 (Código Procesal Civil), la Ley n.º 120/2001 (Código de Ejecución) y el Decreto de ejecución n.º 418/2001 sobre procedimientos de ejecución y otras actividades.
Los bienes se inscriben en los siguientes registros públicos:
La lista de deudores está disponible en el Registro Central de Deudores de la República Checa (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), que pueden consultar los acreedores y deudores. Para acceder es necesario registrarse de forma gratuita.
En el anuncio de la subasta debe especificarse siempre el lugar en el que va a celebrarse, que también puede ser en línea. Sin embargo, el Estado no gestiona ningún dominio oficial para la celebración de subastas. Entre los portales no oficiales figuran https://www.exdrazby.cz, http://www.okdrazby.cz y http://www.drazby-exekutori.cz. Para participar en una subasta, los participantes deben verificar su identidad y abonar un depósito.
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De la venta de los bienes embargados se encargan los agentes judiciales (kohtutäitur). En caso de que el deudor y el demandante lleguen a un acuerdo sobre el pago de la deuda, es decir, si acuerdan que la deuda que se está ejecutando puede satisfacerse de otra manera, no es necesario que los bienes embargados se vendan en subasta. Estos acuerdos deben incluir a todos los demandantes y se deben notificar al agente judicial; de lo contrario, el agente sigue con las actuaciones propias del proceso.
En el caso de que diferentes acreedores hayan presentado demandas de ejecución de una deuda a diferentes agentes judiciales y uno de estos agentes ya haya embargado bienes inmuebles del deudor, el resto de agentes judiciales que hayan incoado proceso de ejecución no pueden ejecutar esos bienes inmuebles embargados hasta que el primer agente los libere.
Un perito determina el valor real y el precio inicial de los bienes que van a subastarse.
Las subastas en línea se llevan a cabo en una plataforma de subastas en línea especial. La subasta se anuncia al menos diez días antes de su celebración en la sección de anuncios del Boletín Oficial (Ametlikud Teadaanded) y por edicto en internet. El agente judicial también puede publicar el anuncio en un periódico que se venda en la zona de la subasta. A petición del demandante o del deudor, el agente judicial publica el anuncio en otras publicaciones a expensas de la parte que lo inste.
Los terceros interesados tienen derecho a inspeccionar los bienes que se van a subastar desde la publicación del anuncio hasta el inicio de la subasta. Asimismo, tienen el derecho a que se les informe de las demandas presentadas relativas a los bienes que se van a subastar, así como los certificados de los bienes, incluidas las tasaciones. En caso de que los bienes se vendan durante el proceso de ejecución, ni el agente judicial ni el deudor son responsables de los vicios que aquellos puedan tener; esta exención no exime al agente judicial y al deudor de la responsabilidad por daños causados ilícitamente. El agente judicial determina el momento en el que se pueden examinar los bienes. Si los bienes están en poder del deudor, este tiene el derecho de pedir que la inspección tenga lugar en el plazo establecido para las diligencias de ejecución. El agente judicial debe tener en cuenta los intereses del propietario.
Si hay varias personas interesadas en los bienes que se van a subastar, todas ellas pueden pujar siempre que se hayan inscrito correctamente. La subasta empieza por el precio inicial y los postores deben pujar siempre al alza y durante el tiempo establecido para la subasta. Si se realiza una nueva puja durante el intervalo de prórroga antes de que finalice la subasta, la subasta se prolonga y dura mientras sigan haciéndose pujas. El intervalo de prórroga dura de 1 a 60 minutos. En una subasta en línea, la mejor puja es la más alta que se haya realizado en la plataforma de subastas antes de que la subasta finalice. La mejor puja se publica en la plataforma el siguiente día hábil a la fecha de la subasta.
El agente judicial puede exigir que los postores depositen una fianza de hasta el diez por ciento del precio de salida. Si se fija una fianza, quienes quieran participar en la subasta deben abonarla. La fianza puede depositarse de forma electrónica, es decir, mediante transferencia bancaria a través de internet, a la cuenta bancaria que el agente judicial especifique o dentro de la plataforma de subastas mediante un proveedor de servicios de pago. En las subastas orales, el depósito puede hacerse en efectivo si no supera los 640 EUR.
Los agentes judiciales se encargan de la venta de los bienes muebles e inmuebles embargados en procesos ejecución. De las subastas simplificadas se ocupan las personas a las que el Colegio de Agentes Judiciales y Administradores Concursales (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja) autorice. La venta de la masa concursal se lleva a cabo mediante subasta de conformidad con el procedimiento establecido en el Código de Ejecución (täitemenetluse seadustik); de la venta se encarga el administrador concursal.
Las normas anteriores son de aplicación plena a todos los tipos de subasta en los procedimientos concursales y de ejecución. Sin embargo, leyes especiales pueden introducir diferencias en las condiciones para la celebración de ciertas subastas.
Estonia cuenta con los registros siguientes:
La mayor parte de la información disponible en los registros nacionales citados es pública en su totalidad o en parte. Para realizar una búsqueda puede que sea preciso iniciar sesión utilizando un documento de identidad o un código identificador del móvil o a través de un banco. Ciertas búsquedas están sujetas al pago de una tasa.
En varios registros, los agentes judiciales y administradores concursales deben pedir autorización para consultar electrónicamente determinados datos.
En las subastas celebradas durante un proceso de ejecución, los bienes inmuebles y muebles embargados se venden de conformidad con la ley. Las subastas en línea pueden verse y seguirse desde la plataforma de subastas especial que gestiona el Colegio de Agentes Judiciales y Administradores Concursales.
Las subastas públicas se anuncian al menos diez días (veinte si se trata de bienes inmuebles) antes de su celebración en la sección de anuncios del Boletín Oficial y por edicto en internet. El agente judicial también puede publicar el anuncio en un periódico que se venda en la zona de la subasta. A petición del demandante o del deudor, el agente judicial publica el anuncio en otras publicaciones a expensas de la parte que lo inste.
Para participar en una subasta, el interesado debe inscribirse en una subasta específica de conformidad con el procedimiento y el plazo establecidos en el anuncio de la subasta; también debe depositar una fianza en caso de que ello sea una condición para participar en la subasta en cuestión y de que no esté exento por ley de hacerlo. Pueden pujar aquellos postores registrados que cuenten con la capacidad de obrar necesaria y cuyo derecho a participar en la subasta no esté limitado legalmente o de otra manera. Para participar en una subasta pública, debe firmarse una solicitud, ya sea de forma digital o a mano. La solicitud de participación se puede enviar por correo electrónico al agente judicial a la dirección especificada en el anuncio de la subasta o se puede cargar a la plataforma de subastas. En principio, no hace falta que la solicitud de participación esté cifrada, si bien el proceso específico de registro lo determina el agente judicial. En el caso de las subastas orales, el sobre debe estar sellado. Para realizar una puja en la plataforma de subastas en línea, los postores deben iniciar sesión utilizando su documento de identidad, un código identificador del móvil o un nombre de usuario y una contraseña.
Los pagos requeridos (fianza, gastos, precio de remate, etc.) pueden hacerse de forma electrónica, ya sea mediante transferencia bancaria a través de internet a la cuenta bancaria que el agente judicial especifique o dentro de la plataforma de subastas mediante un proveedor de servicios de pago.
Los postores deben estar inscritos antes de que comience la subasta. Se informa a todos los postores del inicio de la subasta por medio de un correo electrónico. Cualquiera puede ver el progreso de la subasta en la plataforma de subastas públicas. Hay un límite de tiempo para pujar (modelo eBay). Los postores cuentan con asistencia al usuario (en estonio, ruso e inglés). Se garantiza el anonimato de los postores que participan en una subasta hasta que esta finalice.
Las subastas públicas transfronterizas fomentarían las relaciones entre las personas y las empresas de los Estados miembros de la UE, harían las subastas más transparentes y atraerían a un mayor número de postores. Este tipo de subastas también podría reducir el tiempo requerido para vender los bienes.
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El embargo tiene lugar cuando el agente judicial aprehende los bienes muebles [artículo 954 del Código Procesal Civil (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας o ΚΠολΔ)] o traba un bien inmueble que es propiedad del deudor o un derecho real del deudor sobre un bien inmueble (artículo 992 del Código Procesal Civil) y se levanta acta de la diligencia de embargo ante un testigo adulto. Un agente judicial o un perito tasador que este haya contratado a su discreción para tal fin valoran los bienes embargados. En el caso de bienes inmuebles, su valor de mercado lo debe determinar un perito independiente.
El acta de la diligencia de embargo debe incluir los elementos siguientes:
Quince días después del embargo, debe publicarse en la página web sobre subastas del Boletín de Publicaciones Judiciales del Sector de Seguros de Abogados del Fondo Nacional de Empleados Autónomos (Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) un extracto de la diligencia de embargo que contenga los nombres completos de la parte que solicita la ejecución y la parte contra la que se solicita tal ejecución, una breve descripción de los bienes embargados, el precio de salida, el nombre y la dirección exacta del subastador, así como el lugar, la fecha y la hora de la subasta.
Para poder llevarse a cabo la subasta se deben haber cumplido estas formalidades; de lo contrario, se considera inválida.
Los bienes muebles embargados se subastan públicamente en una plataforma electrónica ante un notario de la demarcación donde se produjo el embargo, nombrado para la subasta (artículo 959 del Código Procesal Civil); los bienes inmuebles embargados también se subastan públicamente en una plataforma electrónica ante un notario de la demarcación donde se encuentran los bienes en cuestión, nombrado para la subasta (artículo 998 del Código Procesal Civil).
La subasta se realiza mediante pujas electrónicas, después de que los licitadores hayan depositado una fianza y hayan sido acreditados en los sistemas electrónicos de conformidad con el artículo 959 del Código Procesal Civil. Las subastas se celebran en miércoles, jueves y viernes hábiles en el juzgado de paz (ειρηνοδικείου) en cuya demarcación se llevó a cabo el embargo.
Embargo de bienes especiales (artículos 1022 a 1033 del Código Procesal Civil).
También se pueden embargar los derechos de propiedad de la parte contra la que se solicita la ejecución que no puedan embargarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 953, apartados 1 y 2, el artículo 982 y el artículo 992 del Código Procesal Civil, en concreto, los derechos de propiedad intelectual, los derechos de patente, los derechos de autor y créditos frente a terceros que se deban materializar en una obligación de hacer o no hacer, siempre que las disposiciones de Derecho sustantivo permitan la transmisión de estos derechos (artículo 1022 del Código Procesal Civil).
Si se ordena la venta en subasta del derecho objeto de ejecución, el juzgado de paz nombra al subastador (artículo 1026 del Código Procesal Civil) y se aplican las disposiciones vigentes en materia de subasta de bienes muebles.
No hay registros nacionales de bienes.
No hay bases de datos que puedan utilizarse para localizar los bienes materiales o derechos exigibles del deudor. Solo existe un sistema central gestionado por la Autoridad Independiente de Recaudación (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων o ΑΑΔΕ), al que tienen acceso autoridades específicas (fiscalía, Agencia Tributaria, Agencia de lucha contra el blanqueo de capitales, etc.) y que muestra las cuentas bancarias en bancos griegos.
Desde principios de 2018, todas las subastas se celebran electrónicamente a través de la plataforma electrónica eauction.gr.
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La publicidad de las subastas se realiza a través de los anuncios que se publican en la sección de “Administración de Justicia” del portal del B.O.E. así como en el propio portal de subastas.
La tasación se realiza en los procedimientos judiciales correspondientes (Art. 637 LEC), mediante la designación de peritos. A veces no es necesaria la tasación ya que el valor está previamente determinado a efectos de subasta, por ejemplo en las ejecuciones hipotecarias. Tampoco es necesaria la tasación en el caso de las subastas voluntarias donde los bienes pueden salir sin un precio mínimo o sin un valor tasado, o por el valor que propongan las partes.
En la legislación española la venta también puede encomendarse a personas o entidades especializadas, tanto de carácter público como privado, y cuando así se acuerda por la autoridad judicial la venta o la subasta debe ajustarse a las reglas de dicha entidad, siempre que no sean incompatibles con la finalidad de la ejecución y protegiendo los intereses tanto del ejecutante como del ejecutado art 641 LEC.
Este precepto prevé en su apartado primero que los Colegios de Procuradores pueden asumir estas funciones, para lo cual han puesto en funcionamiento su propio portal de subastas electrónicas.
También podemos encontrar supuestos de ventas directas por los administradores concursales en la fase de liquidación de los procedimientos de insolvencia.
Actualmente, el portal de subastas ofrece la publicidad de todas las subastas, tanto judiciales como notariales que se celebran en España, quedando fuera, aunque está prevista en el futuro su incorporación al portal las subastas administrativas (v.gr. Hacienda o Seguridad Social).
También quedarían fuera del portal las ventas ya referidas por entidades especializadas, las de procedimientos concursales cuando el Juez haya aprobado otra forma de enajenación, y los procesos de ejecución en los que de común acuerdo las partes decidan otra forma de enajenación mediante la firma de un convenio de realización (art. 640 LEC).
Esta finalidad la cumplen el Registro de la Propiedad y el Registro de Bienes Muebles, ambos nos informan acerca de la titularidad y todos los acreedores que puede tener ese bien.
También pueden consultarse los datos en la sede electrónica del Catastro. En el supuesto de que se publicite la referencia catastral del bien a subastas, el portal de subastas genera un enlace que permitirá la visualización del bien vía satélite a través de plataformas como Google earth.
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La venta forzosa de bienes inmuebles ha de ser objeto de publicidad obligatoria por iniciativa del acreedor:
El acreedor podrá tomar otras medidas complementarias para dar publicidad a la venta, bajo su responsabilidad o con la autorización del juez.
La venta forzosa de bienes muebles ha de ser objeto de publicidad obligatoria mediante la colocación de un anuncio en el ayuntamiento del municipio de residencia del deudor y en el lugar de la venta.
Podrán adoptar medidas de publicidad complementarias los profesionales que lleven a cabo la venta, en sus propias páginas de internet, o los peritos tasadores designados por los tribunales (commissaires-priseurs judiciaires), en las páginas web profesionales correspondientes: https://www.interencheres.com/ o https://www.interencheres.com/; a través de la prensa, de prospectos o de catálogos. Esos anuncios podrán incluir una descripción de los bienes y su tasación.
El perito tasador designado por el tribunal o el profesional autorizado para realizar la subasta presenta los bienes muebles en la subasta pública. Puede realizarse una exposición de los bienes con anterioridad al comienzo de la subasta.
Los bienes inmuebles embargados pueden visitarse en las fechas y en los horarios designados por el juez [artículo R.322-26 del Código de los Procedimientos Civiles de Ejecución (Code des procédures civiles d’execution o CPCE)], en compañía de un oficial de justicia. El pliego de condiciones de subasta, que contiene, entre otros documentos, un acta de descripción de los bienes vendidos redactada por un agente judicial, puede consultarse libremente en la secretaría del tribunal encargado de la venta o, en determinadas condiciones, en el gabinete de los abogados del acreedor.
En la ejecución hipotecaria, la elaboración del pliego de condiciones de subasta es responsabilidad del acreedor ejecutante: este fija el precio de salida del bien, que el deudor puede, no obstante, impugnar, en cuyo caso el juez competente será quien adopte la decisión definitiva tras la audiencia de orientación (audience d’orientation).
En el embargo de bienes muebles, el profesional responsable de la venta fija libremente el precio de salida de la subasta. El profesional a cargo de la subasta puede recurrir a un experto que estime el valor del bien en cuestión cuando las características del bien embargado así lo aconsejen.
Los bienes muebles enajenados mediante subasta son adjudicados al mejor y último postor; cabe aclarar que en las subastas no existe limitación de tiempo, pero estas no pueden finalizar hasta que no se hayan realizado tres pujas como mínimo. La participación en las subastas no está condicionada a ningún depósito de garantía ni a la constitución de fianza.
En la ejecución hipotecaria rige un sistema de subasta por puja en el que cada oferta debe superar a la anterior; la puja termina cuando han transcurrido noventa segundos desde la última oferta (el tiempo se calcula mediante un dispositivo visual o sonoro que indica al público los segundos transcurridos).
Quienes deseen participar en la subasta deben prestar una fianza bancaria irrevocable que conservará su abogado o emitir un cheque bancario a la orden del depositario judicial o la caja de depósitos y consignaciones (caisse des dépôts et consignations) por un importe equivalente al 10 % del precio de salida (que no puede ser inferior a 3 000 EUR). Si el licitador no resulta adjudicatario del bien, dicho importe le es restituido al finalizar la audiencia de adjudicación.
Los únicos profesionales habilitados para organizar subastas judiciales públicas de bienes muebles (en particular, de bienes muebles embargados) son los peritos tasadores designados por un tribunal, los notarios, los corredores de comercio colegiados y los oficiales de justicia.
Las subastas de bienes inmuebles se llevarán a cabo exclusivamente ante el juez competente.
Los bienes muebles pueden enajenarse mediante subasta pública voluntaria, en la cual se aplican unas normas mucho más flexibles que las que rigen las subastas judiciales. En estos casos, son de aplicación los artículos L. 321-1 y siguientes y R. 321-1 y siguientes del Código de Comercio francés. Las subastas voluntarias no entran dentro del ámbito de los procedimientos de ejecución judicial forzosa.
En el caso de los bienes inmuebles, la venta por subasta puede ordenarse para la liquidación de un proindiviso, o por resolución del juez concursal en el marco de un procedimiento colectivo incoado contra el propietario. En ambos casos, las condiciones de venta se establecen en la resolución judicial que determina la venta.
Por lo que respecta a la propiedad inmobiliaria, el catastro, un documento administrativo y fiscal, brinda al acreedor información sobre los bienes inmuebles que posee el deudor en un municipio, así como sobre sus características (si se trata de un inmueble rústico o urbano, las dimensiones de las parcelas, la naturaleza de cada uno de los espacios que lo componen). Además, los servicios de registro de la propiedad inmobiliaria de cada municipio, que dependen de la Dirección General de Finanzas Públicas (Direction Générale des Finances Publiques), llevan un registro de bienes inmuebles que contiene, para cada municipio, extractos de los documentos registrados en relación con cada inmueble y con el nombre de sus propietarios, por lo que permite conocer la situación jurídica de cada inmueble.
Por lo que respecta a los bienes muebles, el Sistema de Identificación de Vehículos (Système d’Identification des Véhicules o SIV) permite obtener información sobre el estado civil del titular del permiso de circulación de un vehículo de motor o de dos ruedas, el número de matrícula y las características del vehículo. Existen registros nacionales de buques (la legislación relativa a estos registros está en proceso de preparación), de barcos (registro electrónico de matrículas llevado por el Ministerio de Transportes) y de aeronaves (registro de matrículas llevado por las autoridades de aviación civil). Los derechos de propiedad intelectual e industrial constan en un registro nacional al que los acreedores pueden acceder directamente y que mantiene el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual e Industrial (Institut national de la propriété intellectuelle o INPI). Los títulos de obras cinematográficas destinadas a su exhibición pública en Francia figuran en el Registro Público del Cine y del Sector Audiovisual (registre public du cinéma et de l’audiovisuel), gestionado por un agente de la Administración tributaria, y los títulos de obras literarias cuyos derechos de adaptación estén disponibles para su compra figuran en el Registro de Opciones (registre des options).
En lo que respecta a la propiedad inmueble, cada municipio lleva un catastro constituido por varios tipos de documentos (planos catastrales, códigos de clasificación catastral, registros catastrales); los planos catastrales son los únicos registrados mediante un sistema electrónico. El registro de bienes inmuebles es llevado por los servicios de registro de la propiedad inmobiliaria (services de la publicité foncière), administrados a escala local dentro del límite de la jurisdicción de los distintos tribunales de primera instancia (tribunal de grande instance), sin que exista un registro nacional.
En el caso de los vehículos de motor, cada prefectura lleva su propio registro, pero el SIV lleva además un registro electrónico nacional.
Para los barcos, existe un registro electrónico llevado por el Ministerio de Transporte; para los buques, existen seis registros diferentes también llevados por el Ministerio de Transporte.
Para las aeronaves, existe un registro de matrículas llevado por las autoridades de aviación civil y disponible en internet a título informativo.
El INPI es el único organismo que brinda información relativa a los diversos derechos de propiedad intelectual e industrial mediante bases de datos disponibles en su sitio web.
Los servicios catastrales están parcialmente disponibles en línea. Se trata solamente de un servicio de consultas del plan catastral y no de los registros catastrales (que contienen información sobre los propietarios de los inmuebles), al igual que sucede con el SIV, el registro internacional de buques franceses y los registros del INPI.
En general, la mayoría de los registros públicos están sujetos a las disposiciones del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración (code des relations entre le public et l’administration), que dispone que el acceso a los documentos administrativos puede ser gratuito, mediante consulta in situ, mediante envío de una copia cuyo coste no debe superar el coste de la reproducción o por correo electrónico y de forma gratuita, cuando el documento esté disponible en formato electrónico.
El artículo L.152-1 del CPCE permite al oficial de justicia solicitar a organismos del Estado, regionales, departamentales y municipales, así como a establecimientos públicos u organismos controlados por la administración pública, información que permita determinar el domicilio del deudor, la identidad y el domicilio de su empleador o de cualquier tercero deudor o depositario de cantidades de dinero en efectivo y exigibles, y los bienes que integran el patrimonio inmobiliario del deudor.
El oficial de justicia puede consultar directamente al FICOBA (el registro nacional de cuentas bancarias llevado por la administración fiscal y alimentado por las entidades bancarias) a fin de obtener información sobre cuentas abiertas a nombre del deudor y los lugares en los que se ubican dichas cuentas.
El oficial de justicia también puede consultar a la seguridad social francesa (caisses d’assurance maladie o caisse d'assurance chômage).
En virtud del artículo L.152-2 del CPCE, los bancos tienen la obligación de revelar al oficial de justicia que actúa en representación del acreedor si el deudor es titular de una o más cuentas y los lugares en los que se ubican dichas cuentas, excluyéndose cualquier otro tipo de información.
El SIV, al que el oficial de justicia puede acceder en representación del acreedor, permite obtener información sobre el estado civil del titular del permiso de circulación de un vehículo de motor o de dos ruedas, el número de matrícula y las características del vehículo.
Los acreedores no pueden acceder directamente a las bases de datos mencionadas anteriormente, sino solo por intermedio del oficial de justicia autorizado para proceder a la ejecución forzosa.
En el sistema francés de subastas de bienes muebles existen dos tipos de subastas electrónicas:
Las subastas (parcialmente) desmaterializadas solo son posibles para la enajenación de bienes muebles.
Los profesionales encargados de la subasta pueden realizar publicidad transfronteriza y cualquier persona puede realizar pujas, con independencia del lugar en el que se encuentre y de su nacionalidad, o de si la subasta es «en directo» o no (de hecho, existen sistemas de subasta a distancia, en los que las ofertas se formulan por escrito o por teléfono).
Los participantes (posibles adjudicatarios) de una subasta desmaterializada no tienen la obligación de hacer constar su firma, pero el profesional a cargo de la subasta puede solicitarles los datos de una tarjeta de crédito. El profesional encargado de la subasta debe inscribir a los licitadores, en principio por cualquier medio, aunque por lo general lo hace mediante el sitio web en el que se retransmitirá la subasta. Es posible formular ofertas por escrito por cualquier medio.
El profesional a cargo de la subasta decide cuáles serán los medios de pago aceptados.
Aunque los licitadores pueden asistir a la subasta en persona si lo desean, no tienen la obligación de hacerlo; pueden seguirla en directo y formular ofertas en tiempo real. También pueden registrar una o más ofertas antes de la subasta y, en ese caso, el precio de adquisición aumentará conforme vaya aumentando el importe de las ofertas, partiendo de la primera oferta realizada. En general también es posible realizar ofertas por teléfono durante la subasta.
La posibilidad de que se traduzca el evento depende de la capacidad del profesional a cargo de la subasta y de sus asistentes, pues la legislación no determina nada al respecto.
En cuanto a la configuración de los portales de subastas, solo pueden acceder a ellos las personas inscritas en la subasta en línea; el resto del público solo puede asistir a la subasta en persona en el lugar donde esta se realiza.
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Las subastas judiciales se utilizan para la venta de bienes muebles e inmuebles de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN, Diario Oficial de la República de Croacia) n.º 112/12, n.º 25/13, n.º 93/14, n.º 55/16 y n.º 73/17]. El 1 de enero de 2015 entró en vigor en Croacia un sistema de venta de bienes muebles e inmuebles mediante subastas judiciales en línea aplicable a los procesos iniciados después de esa fecha.
La ejecución de bienes inmuebles se lleva a cabo mediante la anotación de ejecución en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, la tasación de los bienes inmuebles, su venta y la liquidación de los créditos de los acreedores mediante los ingresos obtenidos de dicha venta.
El valor de los bienes inmuebles se determina a discreción del órgano jurisdiccional, con base en el dictamen motivado de un perito habilitado o tasador. En el avalúo de los bienes inmuebles, también se tendrán en cuenta ciertos derechos y gravámenes sobre la propiedad que disminuyan su valor y que no cesen incluso tras la venta.
Al finalizar el procedimiento de tasación de los bienes, el órgano jurisdiccional dictará una resolución sobre la venta en la que se establezca el justiprecio de los bienes y la forma y condiciones de su venta.
El artículo 92, apartados 2 y 3, de la Ley de Ejecución Forzosa estipula que las partes pueden determinar el valor de los bienes mediante un acuerdo judicial o extrajudicial que constituya la base de un gravamen u otro derecho pertinente sobre la propiedad establecido para garantizar el crédito por el cual se solicita la liquidación.
Los bienes inmuebles se venden en subastas judiciales en línea que lleva a cabo la Agencia Financiera (Financijska agencija; en adelante la «FINA») a petición de organismos competentes. La solicitud de venta y los otros documentos del proceso de venta de bienes inmuebles se envían a las oficinas regionales de la FINA que tengan competencia territorial en función de la ubicación y la competencia territorial del órgano jurisdiccional de ejecución.
Las subastas judiciales en línea comienzan con la convocatoria para la participación en esta.
En la primera subasta judicial en línea, los bienes inmuebles no se deben vender por menos del 80 % de su valor establecido. En la segunda subasta judicial en línea, los bienes inmuebles no se deben vender por menos del 60 % de su valor establecido (artículo 102, apartados 1 y 2, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Hay un período de diez días hábiles para presentar ofertas. Si en la primera subasta judicial en línea no se reciben ofertas válidas, la segunda subasta comenzará con la publicación de una convocatoria de participación el día después de la finalización de la primera subasta judicial en línea.
Si no se reciben ofertas válidas en la segunda subasta judicial en línea, la FINA lo notificará al órgano jurisdiccional. Llegado este caso, el órgano jurisdiccional suspenderá la ejecución.
La subasta judicial en línea se cerrará en la fecha y hora que se especifiquen en la convocatoria de participación (artículo 103, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Tras completarse con éxito la venta de los bienes inmuebles mediante subasta judicial en línea y tras recibir la notificación de la FINA, el órgano jurisdiccional dictará una resolución en la que adjudicarán los bienes inmuebles. En dicha resolución dispondrá que, una vez la resolución haya pasado a ser firme y el comprador haya abonado el precio de compra, el derecho de propiedad de los bienes inmuebles se consignará a su favor en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y se suprimirán todos los derechos y gravámenes que pesen sobre la propiedad en cuestión y que deban extinguirse al producirse la venta.
Una vez sea firme la resolución por la que se adjudican los bienes inmuebles al comprador, el órgano jurisdiccional fijará una fecha para la vista en la que se practicará la imputación de pagos.
La ejecución de bienes muebles se lleva a cabo mediante la prohibición de disponer, el embargo, el avalúo, el depósito de los bienes, la administración por parte del órgano jurisdiccional, del acreedor o de un tercero, la venta y la liquidación del crédito con los beneficios obtenidos de dicha venta.
Los bienes muebles se venden en subasta judicial oral o mediante venta directa. La forma de venta se determina en virtud de resolución del órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta que los bienes muebles se venden al mejor postor.
La venta de bienes muebles se anuncia con la debida antelación en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional, aunque también se puede anunciar de la manera prevista para la venta de bienes inmuebles.
El lugar, la fecha y la hora de la venta se notifican al acreedor o ejecutor y al deudor o ejecutado.
A propuesta del ejecutor, la venta de bienes muebles también podrá realizarse mediante subasta judicial en línea, a la que se aplicarán por analogía las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa relativas a la subasta judicial en línea de bienes inmuebles (artículo 149, apartado 7, de la Ley de Ejecución Forzosa).
En la subasta, los bienes muebles no se deberán vender por menos de la mitad de su valor estimado, incluso durante el período de tiempo determinado por el órgano jurisdiccional para su venta mediante venta directa.
Si los bienes muebles no se pueden vender mediante subasta o venta directa, se suspenderá la ejecución.
De finalizarse con éxito la venta de bienes muebles, el comprador debe abonar el precio de compra y hacerse cargo de los bienes muebles en cuanto concluya la subasta o la venta directa. La subasta solo se tiene por finalizada cuando el rematante abona el precio de la compra.
La venta de bienes muebles embargados en un proceso de ejecución se puede confiar a un comisionista certificado. La Cámara de Economía de Croacia (Hrvatska gospodarska komora) es quien organiza y controla las actividades de los comisionistas certificados.
Las subastas de bienes muebles que gestionan los comisionistas certificados se llevan a cabo ante notario.
Tras la venta de los bienes muebles, el comisionista los entregará al comprador previo pago del precio de compra.
En Croacia, la venta de bienes inmuebles la realiza la FINA. Además de una solicitud de venta que debe presentarse mediante el formulario pertinente, el órgano jurisdiccional debe remitir a la FINA la resolución de ejecución, copia del asiento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y la decisión referente a la venta.
En cuanto a las ventas de bienes inmuebles mediante venta directa, se realizan a través de una persona autorizada para la venta de bienes inmuebles, un administrador de la ejecución, un notario o de otro modo.
Las subastas judiciales orales de bienes muebles las lleva a cabo un administrador de la ejecución. El órgano jurisdiccional puede encomendar la gestión de la subasta a un notario mediante resolución (artículo 149, apartado 2, de la Ley de Ejecución Forzosa). La venta de bienes muebles embargados en un proceso de ejecución se puede confiar a un comisionista certificado (artículo 152, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
A propuesta del ejecutor, la venta de bienes muebles se realizará mediante una subasta judicial en línea que llevará a cabo la FINA.
Los bienes inmuebles se venden en subastas judiciales en línea. Una subasta judicial en línea comienza con una convocatoria para la participación en la misma (artículo 97, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Las partes, los acreedores con derecho de preferencia y los titulares de servidumbres personales y de derechos de propiedad que deban extinguirse una vez que se vendan los bienes inmuebles podrán alcanzar un acuerdo, a más tardar en el momento de la venta de dichos bienes en la subasta judicial en línea, para la venta directa de los bienes en cuestión a través de una persona autorizada para realizar operaciones con bienes inmuebles, un administrador de la ejecución, un notario o de otro modo en un plazo determinado (artículo 97, apartado 6, de la Ley de Ejecución Forzosa).
En el caso de venta directa, el órgano jurisdiccional dictará una resolución de adjudicación de los bienes inmuebles vendidos mediante venta directa, una vez haya comprobado que se han cumplido las condiciones para la validez jurídica de la venta (artículo 104, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
La resolución de adjudicación se publicará en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional y se le dará traslado a todas las personas a quienes se les notifica la resolución relativa a la venta de los bienes inmuebles al rematante (artículo 104, apartado 2, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Los bienes muebles se venden en subasta judicial oral o mediante venta directa. La forma de venta se determina en virtud de resolución del órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta que los bienes muebles se venden al mejor postor (artículo 149, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Las ventas por operación directa se celebran entre el comprador, por una parte, y el administrador de la ejecución o un comisionista, por la otra. El administrador de la ejecución vende los bienes muebles en nombre y por cuenta del ejecutado, y el comisionista lo hace en nombre propio y por cuenta del ejecutado (artículo 149, apartado 3, de la Ley de Ejecución Forzosa).
A propuesta del ejecutor, la venta de bienes muebles también podrá realizarse mediante subasta judicial en línea, a la que se aplicarán por analogía las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa relativas a la subasta judicial en línea de bienes muebles (artículo 149, apartado 7, de la Ley de Ejecución Forzosa).
La venta de bienes muebles e inmuebles que sean objeto de garantía judicial y notarial mediante la transmisión de la propiedad y la cesión de derechos podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones pertinentes relativas a la venta de bienes muebles e inmuebles a efectos de ejecución.
En Croacia existen los siguientes Registros de bienes:
Los registros los gestionan varias entidades públicas y se puede acceder a ellos de forma electrónica (por ejemplo, accediendo a un registro de personas jurídicas de los tribunales mercantiles).
Para que las entidades competentes faciliten información registral normalmente hay que pagar una tasa, cuyo importe depende de la entidad a la que se solicite y se determina de conformidad con la Ley de Tasas Administrativas (Zakon o upravnim pristojbama) (NN n.º 115/16) y el Decreto de Tarificación de Tasas Administrativas (Uredba o tarifi upravnih pristojbi) (NN n.º 8/17). Las tasas administrativas de hasta 100,00 kunas (HRK) se pagan con timbres fiscales y las que exceden de dicha cantidad se pueden pagar mediante transferencia electrónica.
La lista de bienes muebles e inmuebles que se pueden vender en procedimientos de ejecución está regulada por el Reglamento sobre el contenido y la forma de gestionar un registro de los bienes muebles e inmuebles vendidos en procedimientos de ejecución (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku) (NN n.º 115/12 y n.º 156/14).
El artículo 18 de la Ley de Ejecución Forzosa obliga a las entidades públicas a proporcionar información sobre el deudor a petición de una persona que pretenda iniciar un proceso de ejecución o un proceso de ejecución de garantías en un plazo de ocho días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
A petición del órgano jurisdiccional, la persona señalada por el ejecutor como deudora del ejecutado o como poseedora de una parte de los bienes del ejecutor deberá, en el plazo de ocho días, declarar si el ejecutado tiene algún derecho sobre su patrimonio, y si la persona en cuestión tiene en su poder alguno de los bienes del ejecutado.
La Administración Fiscal del Ministerio de Hacienda está obligada a facilitar los datos previstos en el artículo 217 de la Ley de Ejecución Forzosa en un plazo de ocho días, a instancia de la persona que pretenda iniciar un proceso de ejecución con el fin de recuperar el importe, expresado en términos brutos, de un crédito pecuniario derivado de una relación laboral.
Las autoridades y las personas mencionadas anteriormente no están obligadas a actuar a petición de la persona que solicita la información hasta que los gastos de llevar a cabo tales acciones les hayan sido pagados.
La persona que presenta una solicitud de información debe especificar en dicha solicitud la pretensión acerca de la cual dicha persona tiene intención de iniciar la ejecución o el procedimiento de ejecución de garantía y adjuntar un documento que sirva de base a esa reclamación.
No es necesario contratar a un abogado para que presente la solicitud de información antes mencionada y los gastos dependen de la entidad estatal a la que se envíe la solicitud.
El procedimiento de venta de bienes muebles e inmuebles mediante subasta judicial en línea está regulado por las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa, así como por reglamentos de aplicación, específicamente:
Las subastas judiciales en línea comienzan con la convocatoria para la participación en esta.
La convocatoria para la participación en una subasta judicial en línea debe contener la forma y las condiciones de venta, la fecha y hora del inicio y fin de la subasta, el momento en el que las personas interesadas en los bienes inmuebles pueden verlos, así como otros datos necesarios.
La FINA publicará una convocatoria para participar en una subasta judicial en línea en medios de comunicación públicos si la parte lo solicita por escrito y adelanta los costes de dicho procedimiento.
Debe transcurrir un plazo mínimo de sesenta días entre el anuncio de la convocatoria de participación en una subasta en línea en el sitio web de la FINA y el inicio del proceso de licitación.
Solo las personas que hayan presentado un depósito de garantía pueden participar como compradores en una subasta judicial en línea (artículo 99, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Como prerrequisito para acceder al sistema de subastas judiciales en línea, hay que contar con un certificado digital válido que confirme la identidad del licitador y un certificado que permita el uso de una firma electrónica avanzada en la oferta de la persona en cuestión (artículo 14, apartado 2, del Reglamento de venta).
En el momento de la primera conexión a una subasta judicial en línea determinada, el licitador está obligado a cumplimentar un formulario de registro para participar.
El licitador debe firmar este formulario con una firma electrónica avanzada.
Una vez cumplimentado el formulario electrónico a que se refiere el artículo 15 del Reglamento de venta, el sistema de subasta judicial en línea asignará un identificador exclusivo al licitante para una subasta judicial en línea determinada.
Los formularios forman parte integral del Reglamento de venta.
El plazo para la recepción de ofertas en una subasta judicial en línea es de diez días hábiles; las ofertas se reciben de forma electrónica las veinticuatro horas del día en días hábiles y no hábiles.
El plazo para la recepción de ofertas se fijará entre las 9.00 y las 15.00 en días laborables. Con carácter excepcional, si la oferta válida más ventajosa se presenta en los últimos diez minutos antes de que expire el plazo especificado en la convocatoria para la participación en la subasta judicial en línea como hora límite para la recepción de ofertas, la oferta se ampliará en diez minutos desde la última oferta válida más ventajosa hasta que hayan transcurrido diez minutos desde la última oferta válida más ventajosa.
El precio de salida de un artículo en venta será determinado por el órgano jurisdiccional. Al finalizar la subasta judicial en línea, la FINA presentará al órgano jurisdiccional un informe con la información establecida en el artículo 25 del Reglamento de venta.
El proceso de subasta judicial en línea tiene lugar ante la FINA y los pagos se realizan mediante transferencia bancaria. No es necesario que el licitador esté presente en la subasta, sino que puede participar en dicho proceso de forma remota.
El órgano jurisdiccional dictará una resolución por escrito (resolución de adjudicación), que se publicará en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional y en el sitio web de la FINA.
En el caso de la venta de bienes muebles y a propuesta del ejecutor, la venta de dichos bienes también podrá realizarse mediante subasta judicial en línea, a la que se aplicarán por analogía las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa relativas a la subasta judicial en línea de bienes inmuebles (artículo 149, apartado 7, de la Ley de Ejecución Forzosa).
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
El precio de los bienes embargados se determinada sobre la base de los precios corrientes de mercado de Chipre. En el caso de bienes inmuebles embargados, tras determinar su valor, el subastador fija un precio de venta mínimo. Si no se alcanza ese precio, no se vende el bien.
Por lo que se refiere a los bienes muebles, después de que los agentes judiciales hayan embargado dichos bienes mediante la ejecución de una orden de embargo de bienes muebles a favor del acreedor, determinarán el precio mínimo sobre la base de los precios corrientes de mercado y procederán luego a su venta. Si no se alcanza el precio mínimo, los agentes judiciales pueden repetir la subasta.
Los anuncios de subasta se publican en periódicos de tirada diaria. Si la subasta se refiere a bienes inmuebles, los anuncios se publican en el municipio o barrio donde se encuentren, así como en el sitio web del Ministerio del Interior (Υπουργείου Εσωτερικών).
La venta de bienes por subasta puede llevarse a cabo por parte de subastadores privados cualificados. Un subastador es una persona designada por la Dirección General del Catastro (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) del Ministerio del Interior de la República de Chipre que cuenta con las cualificaciones necesarias para llevar a cabo ventas de ejecución de bienes en subasta pública.
En lo que respecta a los bienes muebles, toda venta de bienes muebles en ejecución de una resolución judicial se lleva a cabo mediante una subasta pública dirigida por agentes judiciales, que forman parte de la Administración de Justicia del Estado (Δικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους) y cuentan con competencias para vender bienes muebles embargados en el curso de la ejecución de una orden de embargo de bienes muebles.
Hay casos en los que los propios acreedores llevan a cabo las subastas de bienes muebles, ya sean empresas (p. ej., bancos) o personas físicas, si son ellos los que toman posesión de los bienes muebles del deudor tras la ejecución de la resolución judicial. Estos casos no están sujetos a las mismas normas que se aplican a las subastas públicas, según lo establecido en la legislación vigente.
En Chipre existen los siguientes registros de bienes:
Se puede acceder fácilmente al registro de personas declaradas en concurso o empresas liquidadas en el sitio web de la Dirección General del Registro Mercantil y la Administración Concursal, lo que permite al acreedor obtener información sobre la situación financiera del deudor. Sin embargo, no hay bases de datos electrónicas a las que un acreedor pueda acceder para obtener información directamente sobre los bienes de un deudor. El acreedor así declarado en una sentencia podrá, por sí mismo o por medio de un abogado, realizar una búsqueda en el registro de la propiedad mediante copia certificada de la resolución o citación judicial para obtener información sobre los bienes inmuebles registrados a nombre del deudor.
En Chipre no se celebran subastas judiciales en línea.
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El procedimiento de ejecución de bienes embargados no conduce necesariamente a la venta de dichos bienes. Como alternativa, el acreedor y el deudor pueden llegar a un acuerdo. Si hay varios acreedores, es necesario que todos ellos formen parte del acuerdo para poder evitar la venta. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el órgano jurisdiccional ordenará la venta.
Un perito tasador determina el valor de referencia de los bienes embargados (en el caso de los inmuebles). En el caso de los bienes muebles, el valor lo determina aquella persona que hace la oferta más alta durante la subasta, puesto que esta empieza desde cero. Si se solicita una tasación de los bienes muebles, las subastas no comienzan desde cero, sino desde el 60 % del precio estimado.
Por lo que respecta a la publicidad de los bienes embargados, se realiza a través del sitio web de la Administración judicial, el sitio web del subastador que organiza la venta, periódicos (normalmente los anuncios de subastas se publican una vez al mes en dos diarios) y anuncios en el edificio del órgano jurisdiccional donde tendrá lugar la subasta.
Las características del objeto embargado que se pone a la venta así como los documentos relacionados con esta se pueden consultar en el sitio web de la Administración judicial y en el sitio web del subastador que organiza la venta. Todas las personas interesadas pueden solicitar acceso a esta información.
Si alguien está interesado en ver el objeto embargo que se ha puesto a la venta, puede presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional, en caso de que se trate de un objeto inmueble. Antes de vender un inmueble, un perito judicial elabora un informe público sobre el estado del inmueble. En el caso de los bienes muebles, las personas interesadas podrán ver dichos bienes dos horas antes que comience la subasta.
El día de la subasta, las ofertas se realizan de viva voz al subastador que el órgano jurisdiccional haya designado para llevar a cabo la venta de los bienes.
La persona que adquiera los bienes tras la subasta no deposita una parte del precio sino que debe pagar el importe íntegro. En cuanto a los bienes inmuebles, debe depositarse el importe íntegro en el órgano jurisdiccional en el plazo de siete días desde la fecha de la venta, mientras que en el caso de los bienes muebles se depositará el importe íntegro en el plazo de veinticuatro horas tras la venta. El pago no puede realizarse por medios electrónicos, sino que se efectúa en la secretaría del órgano jurisdiccional.
La venta la dirige, bajo la autoridad del órgano jurisdiccional, un subastador designado por el órgano jurisdiccional y ningún tercero puede dirigir este procedimiento de venta.
No hay ningún tipo de subasta a la que estas reglas no se apliquen plenamente.
Existen los siguientes registros nacionales de la propiedad:
– inmuebles: el Registro Público (Ir-Reġistru Pubbliku) y el Registro de Propiedad Inmobiliaria (r-Reġistru tal-Artijiet);
– muebles: Transportes Malta (Transport Malta) para vehículos, embarcaciones y aeronaves;
– acciones y participaciones en empresas: la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (l-Awtorita' għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta) y la Bolsa de Valores de Malta (l-Borża ta' Malta);
– otros instrumentos financieros: la Bolsa de Valores de Malta (Il-Borża ta' Malta);
– marcas y patentes: Ministerio de Comercio (Dipartiment tal-Kummerċ).
Las oficinas públicas pertinentes se encargan de llevar estos registros en formato electrónico. Los ciudadanos pueden acceder a algunos de estos registros de forma electrónica. En lo que respecta al Registro Público y a la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, los ciudadanos pueden acceder previo pago. Los ciudadanos no pueden acceder a los registros Transportes Malta. En cuanto a la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, el pago para acceder debe hacerse en línea. En cambio, el pago para acceder al Registro Público debe efectuarse en la oficina de dicho registro.
El acreedor tiene acceso a las bases de datos relacionadas con bienes inmuebles y empresas. La Autoridad de Servicios Financieros de Malta proporciona acceso directo en línea a información empresarial. En cuanto a los inmuebles, el acreedor puede consultar los datos del Registro Público y del Registro de Propiedad Inmobiliaria. No hace falta ninguna otra autorización, ni para el acceso directo a las bases de datos de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, ni para el acceso al Registro Público o el Registro de Propiedad Inmobiliaria.
No se cuenta con una plataforma para licitar en línea en las subastas.
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Un tasador autorizado para valorar bienes de conformidad con diferentes reglamentos (y nombrado por un agente judicial) se encarga de llevar cabo tales tasaciones. Sin embargo, si el bien en cuestión ya se hubiera tasado no más de seis meses antes de su embargo con el objetivo de venderlo y tal valoración cumpliera los requisitos relativos a la tasación de bienes con fines de ejecución, no se llevará a cabo una nueva tasación. Por otra parte, si se han producido cambios significativos en el estado de los bienes entre el momento en que se realizaron la descripción y la tasación y la fecha de la subasta, se podrá realizar otra descripción y tasación a petición del acreedor o del deudor.
Los bienes embargados se venden en subasta pública. La subasta no puede celebrarse si no han pasado al menos dos semanas desde que la descripción y tasación sean definitivas o antes de que la resolución judicial en virtud de la cual se inicia la ejecución adquiera firmeza.
El agente judicial anuncia la fecha y el objeto de la subasta por medio de un anuncio público, que se entrega a las partes del procese, a la Administración municipal, a la oficina tributaria en cuyo territorio se encuentran los bienes y a las autoridades de la seguridad social.
La convocatoria de la subasta también se publica al menos dos semanas antes de la fecha de su celebración en la sede del órgano jurisdiccional y en las instalaciones de la autoridad municipal, en un periódico de amplia tirada en la ciudad/pueblo/aldea de que se trate y en el sitio web del Consejo Nacional de Agentes Judiciales (Krajowa Rada Komornicza). Además, a petición de parte y a su costa, el agente judicial podrá ordenar que el anuncio se publique de otra manera indicada por la parte.
Las subastas se llevan a cabo en público con la presencia de un agente judicial y bajo la supervisión de un juez o secretario judicial (referendarz sądowy). La ejecución de propiedad inmobiliaria la realiza un agente judicial del órgano jurisdiccional en cuya área de competencia se encuentra los bienes en cuestión.
Los tribunales de distrito (sąd rejonowy) gestionan los registros de la propiedad inmobiliaria (księga wieczysta) con el objetivo de determinar la situación legal de los bienes. Esta información se almacena y mantiene en un sistema informático. Los registros de la propiedad inmobiliaria son públicos y constan de cuatro secciones:
1) la primera sección incluye una descripción del inmueble y asientos relativos a los derechos asociados con la propiedad;
2) la segunda sección comprende asientos relativos a la propiedad y la enfiteusis;
3) la tercera sección incluye asientos relativos a los derechos de propiedad limitados, salvo las hipotecas, las restricciones sobre la disposición de la propiedad o las enfiteusis, así como asientos relativos a otros derechos y gravámenes, salvo los gravámenes hipotecarios;
4) la cuarta sección incluye asientos relativos a las hipotecas.
Además de los registros de la propiedad inmobiliaria, el segundo registro de la propiedad es el registro catastral (ewidencja gruntów i budynków), regulado por la Ley de lindes y cartografía de 17 de mayo de 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (texto refundido: Diario Oficial 2010/193, artículo 1287, en su forma modificada). El responsable de la llevanza de este registro es el gobernador del distrito (starosta).
Las bases de datos descritas en el punto 4, es decir, los registros de propiedad inmobiliaria y el registro catastral, están a disposición de los acreedores y sirven para localizar el patrimonio de los deudores. Además, en los registros de propiedad inmobiliaria se pueden inscribir los créditos exigibles de los acreedores garantizados con hipotecas.
No se realizan subastas judiciales en línea. En el sitio web del Consejo Nacional de Agentes Judiciales solo se publican los anuncios de subasta (por obligación legal), que habitualmente también se publican en el sitio web del agente judicial que se encarga de la subasta en cuestión.
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Actualmente, la venta de bienes se realiza principalmente a través de la plataforma https://www.e-leiloes.pt/, de conformidad con el artículo 837 del Código Procesal Civil (Código de Processo Civil) y los artículos 20 y siguientes del Decreto (Portaria) n.º 282/2013, de 29 de agosto de 2013.
Las reglas de funcionamiento de la plataforma https://www.e-leiloes.pt/ fueron aprobadas por la Orden n.º 12624/2015 del Ministerio de Justicia (Despacho da Ministra da Justiça), publicada en el Boletín Oficial portugués (Diário da República), serie 2, n.º 219, de 9 de noviembre de 2015.
Aviso: Habida cuenta del elevado número de recientes ataques informáticos contra varias instituciones nacionales, le informamos de que la consulta de la página https://www.e-leiloes.pt/ está limitada cuando se accede a ella desde fuera del territorio nacional.
Si este es su caso, comunique su dirección IP a suporte@solicitador.net. Puede descubrir cuál es su dirección IP, por ejemplo, en la página https://www.whatismyip.com/.
La publicidad de la subasta se rige por lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden n.º 12624/2015:
Artículo 6
Anuncio de la subasta
Precio/Valor de los bienes embargados:
Valor de referencia: se trata del valor del bien o conjunto de bienes que componen un lote, tal y como se determine en el proceso al que se refiere la venta, a saber, en la ejecución regulada de conformidad con el Código Procesal Civil o en el procedimiento de insolvencia regulado en el Código de insolvencia y rescate de empresas (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).
Valor mínimo: es el valor por encima del cual se pueden vender los bienes y corresponde, según el artículo 816, apartado 2, del Código Procesal Civil, al 85 % del valor de referencia. En algunos casos, el valor mínimo puede ser igual al valor de referencia.
Las reglas de funcionamiento de la plataforma https://www.e-leiloes.pt/ fueron aprobadas por la Orden n.º 12624/2015 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial portugués, serie 2, n.º 219, de 9 de noviembre de 2015, y disponían que la plataforma sería desarrollada y administrada por el entonces Colegio de Solicitadores, actualmente la Orden de Solicitadores y Agentes de Ejecución (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).
En los procesos civiles de ejecución sustanciados por agentes de ejecución, solo estos pueden practicar las diligencias de venta.
Aviso: Habida cuenta del elevado número de recientes ataques informáticos contra varias instituciones nacionales, le informamos de que la consulta de la página https://www.e-leiloes.pt/ está limitada cuando se accede a ella desde fuera del territorio nacional.En caso afirmativo, comunique su dirección IP a suporte@solicitador.net. Puede descubrir cuál es su dirección IP, por ejemplo, en la página https://www.whatismyip.com/.
Por ejemplo, los bienes que deben venderse en mercados regulados o que deben venderse directamente.
Artículo 837 del Código Procesal Civil: Venta por subasta electrónica
Artículo 830 del Código Procesal Civil: Bienes vendidos en mercados regulados
Los instrumentos financieros y mercancías con cotización en un mercado regulado se venderán en mercados regulados.
Artículo 831 del Código Procesal Civil: Venta directa
Si se exige por ley que los bienes se entreguen a una entidad particular o si se ha pactado la venta, con eficacia real, a la persona que ejercita la acción de ejecución, la venta se hará directamente a dicha persona.
Cabe señalar que, aunque la subasta electrónica es el modo preferido de subasta en Portugal, el Código Procesal Civil también contempla otros modos subsidiarios de venta:
Las entidades reguladoras y registrales son las siguientes:
En primer lugar, es importante señalar que quien consulta las bases de datos es el agente de ejecución, de forma confidencial, y no el acreedor directamente.
La consulta de las bases de datos públicas la rige el Decreto n.º 331-A/2009, de 30 de marzo de 2009, modificado por el Decreto n.º 350/2013, de 3 de diciembre de 2013, y por el Decreto n.º 288/2015, de 17 de septiembre de 2015.
El Decreto n.º 282/2013, de 29 de agosto de 2013, también regula la consulta de las bases de datos del Banco de Portugal.
Algunas de las bases de datos a las que los agentes de ejecución tienen acceso electrónico directo actualmente son:
Las reglas de funcionamiento de la plataforma https://www.e-leiloes.pt/ fueron aprobadas por la Orden n.º 12624/2015 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial portugués, serie 2, n.º 219, de 9 de noviembre de 2015.
Puede encontrarse información al respecto en:
En caso afirmativo, comunique su dirección IP a suporte@solicitador.net. Puede descubrir cuál es su dirección IP, por ejemplo, en la página https://www.whatismyip.com/.
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
El procedimiento de ejecución se rige por el Código de Procedimiento Civil (Codul de procedură civilă) de Rumanía, que contiene normas generales sobre el cumplimiento de las obligaciones reconocidas mediante órdenes de ejecución. Además de las normas procesales civil que rigen la ejecución, existen otras dos categorías de normas que se aplican a las situaciones específicas de los deudores de obligaciones: la ejecución de deudas fiscales y la ejecución de deudas derivadas de delitos.
En Rumanía, se encargan de ejecutar la categoría general de deudas reconocidas en órdenes de ejecución, distintas de las de naturaleza fiscal o de las derivadas de delitos, los agentes judiciales, que son autoridades de ejecución autorizadas por el Ministro de Justicia para ejecutar órdenes de ejecución.
Una vez aprobada la ejecución para la categoría de deudas sujetas a ejecución, de conformidad con lo expuesto anteriormente, los bienes del deudor se venden en subasta pública de acuerdo con las normas procesales civil correspondientes a su categoría, es decir, la venta de bienes muebles o inmuebles en subasta pública.
Pueden tasar los bienes muebles embargados los agentes judiciales (a partir del criterio del valor de circulación en comparación con los precios medios de mercado en la localidad pertinente) o, si no se puede realizar la tasación o si las partes así lo solicitan, un perito que se designe a tal fin, previo pago de sus honorarios.
El agente judicial determinará el valor del bien sujeto a ejecución con arreglo a normas similares (valor de circulación, precio medio de mercado, etc.) o, previo pago de sus honorarios, y a petición de las partes o cuando no sea posible la tasación, lo hará un perito designado a tal fin.
En lo que respecta a la publicación de las ventas de bienes muebles, el agente judicial redacta el anuncio de venta y se encarga de que se exhiba en el lugar de la subasta, en su oficina, en la oficina del ayuntamiento en cuyo término se vende el bien, en la oficina de la autoridad de ejecución y en otros lugares públicos. El Código de Procedimiento Civil de Rumanía también establece la obligación de publicar anuncios en los periódicos locales y nacionales o en páginas de internet destinadas a la venta de los bienes en cuestión.
Además de los métodos de publicidad mencionados anteriormente, en lo que respecta a la publicación de las ventas de bienes inmuebles, hay matices procesales: por un lado, el valor del bien impone el método de publicidad (un periódico nacional si el valor del bien supera los 250 000 RON) y, por otro lado, existe la obligación de colocar un anuncio en el Registro electrónico de publicidad de venta de bienes sujetos a ejecución (Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite).
Las características de los bienes sujetos a ejecución se especifican en el anuncio relativo a la venta.
El procedimiento para ver los bienes no está regulado.
Sí están regulados, en cambio, los depósitos para pujar, que deben consignarse ante el agente judicial a más tardar en el momento de la subasta. Los depósitos para pujar se pueden pagar electrónicamente; el agente judicial debe adjuntar prueba del pago a la oferta de compra.
Los bienes se asignan a la persona que ofrece el precio más alto y, si solo hay un postor, a este, siempre que haya ofrecido al menos el precio de salida para la subasta.
Los bienes solo se pueden vender en subasta pública, por parte de un agente judicial y mediante el procedimiento de ejecución que establece el Código de Procedimiento Civil de Rumanía. Para determinadas categorías de deudas, a saber, deudas fiscales y deudas derivadas de delitos, el procedimiento de venta se lleva a cabo a través del mecanismo (para deudas fiscales) de la Autoridad Fiscal (Fiscului), que cuenta con reglas procesales especiales relativas a la subasta o a los participantes, o a través de la entidad estatal que se encarga de la recuperación de los productos de un delito [la Agencia Nacional de Administración de Bienes Inmovilizados (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) o ANABI], respectivamente. En este último caso, gracias a acuerdos de cooperación, la ANABI puede confiar la tarea de recuperación a un agente judicial.
Las normas comunes aplicables a la venta de bienes en subasta pública incluyen excepciones con respecto a órdenes de ejecución relativas a los ingresos procedentes del presupuesto general consolidado, el presupuesto de la UE o el presupuesto de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. También existen excepciones para la recuperación de los productos de un delito.
En Rumanía no existe ningún sistema informático que contenga información sobre bienes (registros nacionales de bienes).
Los acreedores tan solo pueden consultar la información relativa a bienes o deudas de un deudor a través de un proceso de ejecución y únicamente a través del agente judicial.
El acceso de los acreedores a las bases de datos en las que pueden consultar los bienes de un deudor está limitado. Por ejemplo, dado que las medidas de ejecución relativas a los bienes inmuebles figuran en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, con una simple solicitud y previo pago de una tasa, cualquier persona puede obtener información sobre la situación de un bien. Esta forma de suministro de información no es, sin embargo, útil con respecto a los bienes que están en poder de un deudor, ya que las búsquedas se basan solo en los bienes y no en la persona. Los datos personales están protegidos por reglamentos especiales, por lo que este tipo de búsqueda sólo es posible, como se ha indicado anteriormente, a través de una autoridad pública, y a veces está sujeta a aprobación por parte de un órgano jurisdiccional.
El Registro electrónico de publicidad de venta de bienes sujetos a ejecución es un sistema informático a través del cual todos los agentes judiciales anuncian, a escala nacional, las ventas de bienes muebles por un valor superior a 2 000 RON y de bienes inmuebles sujetos a un proceso de ejecución. El Registro electrónico de publicidad de venta de bienes sujetos a ejecución se creó sobre la base de lo dispuesto en el artículo 35, apartado 2, de la Ley n.º 188/2000 sobre agentes judiciales (Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești) y funciona desde 2012. Los agentes judiciales están obligados a publicar anuncios en el Registro electrónico de publicidad de venta de bienes sujetos a ejecución; no hacerlo supondría una falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de dicha Ley.
La nueva plataforma del Registro electrónico de publicidad de venta de bienes sujetos a ejecución se aprobó mediante la Decisión n.º 67/05.12.2014 del Consejo del Sindicato Nacional de Agentes Judiciales (Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 67/05.12.2014).
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Los bienes muebles, los bienes inmuebles y los derechos se ejecutan en subastas públicas en procesos de ejecución y en otros procesos judiciales; las normas de los procesos de ejecución se aplican a la venta de bienes y derechos. En Eslovenia, las subastas judiciales se celebran en el formato tradicional y también en línea.
Aunque todavía no es posible vender bienes y derechos en procedimientos concursales en Eslovenia a través de un único portal en línea, como es el caso de la venta (con la excepción de la venta de bienes muebles) y del anuncio de venta en los procesos de ejecución, las subastas públicas en línea de los bienes y derechos de un deudor concursal pueden estar en manos de proveedores externos que operan en el mercado. Este método de venta (subasta pública en línea) ya existe para los procedimientos de insolvencia y ya lo utilizan los administradores.
Los bienes muebles se ejecutan mediante el embargo y el avalúo de los bienes, su venta y el pago del producto de la venta al acreedor [artículo 81, apartado 1, de la Ley de ejecución y garantía de los créditos (Zakon o izvršbi in zavarovanju); en lo sucesivo, Ley de ejecución].
Se pueden ejecutar bienes que están en poder del deudor, así como bienes del deudor que están en poder del acreedor. Aquellos bienes del deudor que se encuentren en poder de terceros se podrán embargar si esos terceros dan su consentimiento (artículo 83 de la Ley de ejecución).
Tras el embargo, el acreedor obtiene un derecho preferente sobre los bienes embargados (artículo 87 de la Ley de ejecución). En los casos de embargo de bienes muebles inscritos en el registro de derechos de preferencia de un acreedor sin desplazamiento y bienes muebles embargados, el derecho de preferencia se obtiene en el momento de la inscripción del embargo en el registro (artículo 87 de la Ley de ejecución).
Los bienes se valoran en el momento del embargo, salvo que no sea posible debido al valor especial de los bienes o si se trata del embargo de bienes muebles inscritos en el registro de derechos de preferencia de un acreedor sin desplazamiento y bienes muebles embargados. El agente de ejecución que realiza el embargo se encarga también del avalúo. A petición de una de las partes y a sus propias expensas, puede realizar el avalúo el perito judicial que la parte haya seleccionado (artículo 89 de la Ley de ejecución). La venta de los bienes embargados solo puede tener lugar una vez la resolución de ejecución sea firme, salvo que el deudor consienta que los bienes se vendan antes, que los bienes sean perecederos o si existe riesgo de que el valor de los bienes embargados baje significativamente (artículo 92 de la Ley de ejecución).
Los bienes embargados se venden en subasta pública o mediante un contrato directo entre el comprador y un agente de ejecución o un particular que trabaje a comisión. La subasta pública también puede celebrarse en línea (subasta pública en línea). El agente de ejecución determina la forma y la fecha de la venta de los bienes y las hace constar en el expediente de embargo inmediatamente después de que tenga lugar, teniendo en cuenta el principio según el cual debe conseguirse el mejor precio posible (artículo 93 de la Ley de ejecución). Si el agente de ejecución opta por una subasta pública, se deben añadir la fecha y el lugar de la subasta en el expediente. El agente de ejecución comunica a las partes la forma y la fecha de la venta de los bienes a través de una notificación especial de la que se da traslado tanto al acreedor como al deudor [artículo 82 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)].
Anuncio de la venta. Si el agente de ejecución decide que un bien debe venderse en subasta pública, debe enviar al órgano jurisdiccional un anuncio de la subasta pública al menos ocho días antes del inicio de la subasta pública y lo publica en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional. El agente de ejecución debe publicar el anuncio y una fotografía del bien en el motor de búsqueda para la venta de bienes muebles e introducir información sobre el bien mueble en dicho motor de búsqueda (artículo 93 de la Ley de ejecución). El agente de ejecución anuncia la subasta pública en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional y en el sitio web de la autoridad competente que dictó la resolución relativa al embargo. El agente de ejecución debe solicitar que la convocatoria de subasta pública también se anuncie en un registro oficial, en caso de que tal registro exista. A propuesta del acreedor o el deudor, el agente de ejecución también puede anunciar la subasta pública en los medios de comunicación; los costes que se deriven los asume la parte que solicita la subasta pública (artículo 89 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Posibilidad de ver los bienes que se van a vender. La convocatoria de subasta pública debe especificar el lugar, la fecha y la hora de la subasta, indicar y describir los bienes que se van a vender y precisar dónde se pueden ver los bienes antes de que se celebre la subasta (artículo 89 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales). Los compradores interesados también pueden buscar objetos de venta en procedimientos de ejecución y ver fotografías de los bienes en el motor de búsqueda para la venta en el portal e-dražbe (subastas en línea) de SodneDrazbe.si. Los bienes y derechos en venta pueden buscarse y consultarse con arreglo a los siguientes criterios: órgano jurisdiccional, número de asunto, forma de venta, método de venta, tipo de venta, fecha de inicio de la venta, estado de publicación, objeto de la venta, tipo de objeto, localidad, región y precio de salida. La búsqueda también puede realizarse introduciendo texto en el cuadro correspondiente.
Depósito. Antes de que comience una subasta pública, el agente de ejecución debe determinar si, atendiendo a la naturaleza y el valor de los bienes, los participantes en la subasta deben sufragar los gastos de su depósito, que no podrán ser superiores al 10 % del precio inicial de los bienes.
Persona o empresa que gestiona la venta. Las subastas públicas las llevan a cabo los agentes de ejecución, que pueden autorizar, a sus propias expensas, que un subastador subaste artículos si hace falta, en función de la cantidad y la calidad de los bienes. Las subastas están abiertas al público (artículo 92 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Precio inicial. En la primera subasta, los bienes embargados no se podrán vender por debajo de su valor tasado. En caso de que durante la primera subasta no se alcance el valor tasado y si una de las partes lo propone, el agente de ejecución llevará a cabo una segunda subasta. En la segunda subasta, los bienes se pueden vender por debajo de su valor tasado, pero no por menos de una tercera parte de ese valor (artículo 94 de la Ley de ejecución).
Presentación de ofertas y adjudicación. Transcurridos al menos quince minutos desde el inicio de la subasta, el agente de ejecución invita a los participantes de la subasta a presentar sus ofertas (pujas o posturas). La subasta continúa hasta que todos los participantes interesados hayan presentado sus ofertas. El agente de ejecución adjudica el bien a aquel que haya hecho la oferta más alta si no se presenta ninguna oferta más elevada tras llamar dos veces a los participantes a presentar una oferta mejor. Si el comprador no completa el precio ofrecido al finalizar la subasta, el agente de ejecución podrá vender el bien al siguiente mejor postor, siempre que el acreedor exprese su acuerdo mediante la firma del acta de la subasta. Si el acreedor no está presente durante la subasta, el agente de ejecución podrá vender el bien inmediatamente al siguiente mejor postor si su oferta es de al menos el 50 % de la mejor oferta y más alta que el precio inicial; de no ser así, el agente de ejecución volverá a sacar el bien a licitación durante la misma subasta. El que fue mejor postor no podrá participar en esta nueva licitación (artículo 94 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Pago del precio de compra y toma de posesión de los bienes. El comprador debe pagar el precio ofrecido y tomar posesión de los bienes inmediatamente después de que finalice la subasta. El agente de ejecución debe facilitar al comprador un documento que contenga información sobre la venta y la información que conste en el registro, de existir registro de los bienes vendidos. Sobre la base de este documento, el agente de ejecución elimina cualquier gravamen o prohibición de venta de los bienes e inscribe al nuevo propietario en los casos en que los derechos de propiedad se incluyan en el registro. El agente de ejecución puede transferir la propiedad al comprador incluso antes de que se haya pagado el precio ofrecido si el acreedor lo permite, bajo su responsabilidad, por el importe del precio de compra al cual el acreedor tiene derecho en relación con su crédito. Si el comprador no paga el precio de compra y el acreedor no autoriza la transmisión de la propiedad, el agente de ejecución podrá vender los bienes al siguiente mejor postor. El comprador adquiere los bienes libres de todos los gravámenes y se convierte en el propietario incluso en el caso de que el deudor no lo fuera. El comprador no tiene derecho a una garantía por defectos de la propiedad (artículo 96 de la Ley de ejecución).
La venta de bienes y otros derechos materiales la lleva a cabo un agente de ejecución de conformidad con las disposiciones del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales que regulan el avalúo y la venta de bienes muebles. El agente de ejecución elaborará un inventario de los derechos embargados de conformidad con las Normas relativas al embargo de bienes muebles. En el inventario se describen los derechos de forma precisa por su contenido y alcance, teniendo debidamente en cuenta los documentos que existen en relación con este derecho, y establece lo que el deudor está obligado a conceder o hacer como contraprestación o notificación para el ejercicio de estos derechos (artículo 108 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
La ejecución de bienes inmuebles acarrea la inscripción de la resolución de ejecución en el Registro de la Propiedad, la determinación del valor del bien inmueble, su venta y el pago al acreedor con el producto de la venta (artículo 167 de la Ley de ejecución).
Avalúo pericial de los bienes embargados. El órgano jurisdiccional puede determinar el valor del bien inmueble incluso antes de que la resolución de ejecución sea firme. El órgano jurisdiccional determina el valor de los bienes inmuebles a partir del avalúo que realiza un perito judicial, de conformidad con el valor de mercado en el momento del avalúo. En dicho avalúo, se tendrá en cuenta cualquier posible reducción debida a derechos particulares que pueda manifestarse después de la venta, por ejemplo, las servidumbres (artículo 178 de la Ley de ejecución). El valor de un bien inmueble se determina por resolución judicial susceptible de recurso (artículo 179 de la Ley de ejecución).
Anuncio de la venta. Una vez sea firme la resolución donde se determina el valor de los bienes inmuebles, el órgano jurisdiccional dicta una orden para la venta de dichos bienes. En esta orden, el órgano en cuestión establece el tipo de venta y sus condiciones, así como la hora y el lugar en que se va a celebrar en caso de que los bienes inmuebles vayan a venderse en subasta. La venta de los bienes inmuebles se produce una vez adquieren firmeza la orden de ejecución y la resolución que determina el valor de los bienes. El órgano jurisdiccional hace pública la orden de venta en su tablón de anuncios y en su página web, así como por otros medios locales. Los órganos jurisdiccionales anuncian las órdenes de venta de terrenos agrícolas en el tablón de anuncios de la unidad administrativa donde se sitúan los bienes inmuebles en cuestión, y también se pueden publicar en el sitio web de esa unidad administrativa. El acreedor puede publicar la orden de venta de bienes inmuebles en medios de comunicación; en tal caso, los costes de publicación corren de su cargo. Deben pasar al menos treinta días desde el momento en que se publica la orden de venta en el tablón de anuncios hasta el día de la venta. El órgano jurisdiccional da traslado de la orden de venta a las partes, al acreedor con derecho preferente, a otros participantes del proceso que tengan un derecho de opción de compra o un derecho de retracto inscritos y a la entidad administrativa competente (artículo 181 de la Ley de ejecución).
Por regla general, los bienes muebles e inmuebles se venden en subasta pública. La subasta pública se lleva a cabo como subasta pública en línea, a menos que el juez considere más adecuado que el bien inmueble se venda en subasta pública. El juez también puede decidir que se lleve a cabo una subasta pública para la venta de bienes inmuebles aunque ningún licitador se haya inscrito en la primera subasta pública en línea. A menos que el órgano jurisdiccional decida lo contrario, la subasta pública para la venta de bienes inmuebles se lleva a cabo en las dependencias del órgano jurisdiccional. Los acreedores, los acreedores con derecho preferente y los acreedores de deudas inmobiliarias pueden acordar, a lo largo del proceso de ejecución y hasta que se dicte la orden de venta, que los bienes inmuebles se vendan mediante la recepción de ofertas vinculantes o mediante una oferta directa (artículo 183 de la Ley de ejecución).
Una orden de venta de bienes inmuebles contiene:
Posibilidad de ver los bienes que se van a vender. El órgano jurisdiccional puede permitir que una persona interesada en la compra de los bienes inmuebles los vea si así lo pide y corre con los gastos derivados. El órgano jurisdiccional, en la orden de venta de bienes inmuebles, establece la forma en que se hará, así como si es necesario que un agente de ejecución esté presente (artículo 176 de la Ley de ejecución). Los compradores interesados también pueden buscar objetos de venta en procedimientos de ejecución y ver fotografías en el motor de búsqueda para la venta en el portal e-dražbe (subastas en línea) de SodneDrazbe.si. Los bienes y derechos en venta pueden buscarse y consultarse con arreglo a los siguientes criterios: órgano jurisdiccional, número de asunto, forma de venta, método de venta, tipo de venta, fecha de inicio de la venta, estado de publicación, objeto de la venta, tipo de objeto, localidad, región, piso, superficie, número de habitaciones, año de construcción, empresa en la que participa el accionista y precio inicial. La búsqueda también puede realizarse introduciendo texto en el cuadro correspondiente.
Depósito. Puede asistir a las subastas públicas todo aquel que pague un depósito de una décima parte del valor fijado para el bien inmueble al menos tres días hábiles antes de la subasta. El acreedor a petición del cual el órgano jurisdiccional autorizó la subasta está exento de pagar el depósito, como también lo están los acreedores con derecho preferente y los acreedores de deuda inmobiliaria si sus créditos superan el importe del depósito y si el depósito se puede cubrir con el precio de la compra en relación con el lugar que ocupe su crédito en el orden de prelación de pagos y el valor fijado para el bien inmueble. En el caso de una subasta pública en línea, la exención del pago del depósito debe proponerse tres días hábiles antes del inicio de la subasta pública en línea. Los depósitos de los licitadores cuyas ofertas no sean aceptadas se devuelven a sus cuentas bancarias en el plazo de quince días desde la finalización de la subasta pública o tras la finalización del proceso de ofertas iniciales, salvo que la ley disponga otra cosa (artículo 185 de la Ley de ejecución).
Precio inicial. En la primera venta, los bienes inmuebles no se podrán vender por menos del 70 % de su valor. Si el bien inmueble no se vende en la primera venta, el órgano jurisdiccional anuncia una segunda venta a petición del acreedor en la que el bien inmueble no se podrá vender por menos de la mitad de su valor. Deben pasar al menos treinta días entre la primera y la segunda venta. Las partes, los acreedores con derecho preferente o los acreedores de deuda inmobiliaria pueden acordar que los bienes inmuebles se vendan en subasta por menos del 70 % de su valor en la primera venta o por menos de la mitad de su valor en la segunda si así lo declaran ante el órgano jurisdiccional que conoce del proceso de ejecución o ante cualquier otro órgano jurisdiccional (artículo 188 de la Ley de ejecución).
Venta en subasta y adjudicación. Cuando el órgano jurisdiccional constata que se cumplen las condiciones para la venta, anuncia que la subasta va a comenzar. La subasta no finaliza hasta que los licitadores dejan de realizar posturas. Los licitadores están vinculados por su oferta hasta que se presenta una oferta más alta (contraoferta). A petición de uno o más acreedores, el órgano jurisdiccional puede conceder un breve descanso a los participantes para que estos reflexionen. La subasta se termina cuando los pujantes no ofrecen un precio más alto después de que el juez les haya llamado dos veces a hacerlo. Una vez terminada la subasta, el órgano jurisdiccional identifica al licitador que ofreció el precio más alto y declara que el bien inmueble queda adjudicado a ese ofertante (adjudicación del bien inmueble). El órgano jurisdiccional dicta una resolución sobre la adjudicación del bien inmueble, de la que se da traslado a las partes a las que se notificó la orden de venta y a todos los participantes de la subasta. No cabe recurso contra la decisión de adjudicación. No obstante, si en una subasta se producen irregularidades, se puede recurrir la resolución sobre la adjudicación de los bienes inmuebles al comprador (artículo 189 de la Ley de ejecución).
Pago del precio de compra. Tras la adjudicación, el comprador debe pagar el precio ofrecido en el plazo establecido en la orden de venta (artículo 191 de la Ley de ejecución). Este plazo no puede superar los seis meses tras la fecha de la venta, independientemente de si el precio se paga de una sola vez o de forma fraccionada (artículo 184 de la Ley de ejecución).
Transmisión. Tras la adjudicación, se paga el precio y el órgano jurisdiccional dicta una resolución mediante la cual se entrega el bien inmueble al comprador (transmisión). Una vez esta resolución adquiere firmeza, el derecho de propiedad del comprador se inscribe en el Registro de la Propiedad y se suprimen los derechos y gravámenes, de conformidad con la resolución sobre la adjudicación. En la resolución, el órgano jurisdiccional determina cuándo debe abandonar la vivienda el deudor o cuándo debe vaciar el establecimiento comercial. La resolución sobre la entrega de los bienes constituye también un título ejecutivo para la desocupación y la entrega del bien inmueble, y se vuelve ejecutable una vez sea firme (artículo 192 de la Ley de ejecución).
Subasta pública en línea de bienes inmuebles. La Ley de ejecución modificada (UL RS, n.º 11/18) introduce una serie de cambios en la forma en que se llevan a cabo las subastas públicas en línea. Este ámbito está regulado en detalle por las Normas sobre los anuncios de venta en el motor de búsqueda en línea y las subastas públicas en línea en los procedimientos de ejecución (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, n.º 195/20). Se puede acceder a las subastas judiciales en: SodneDrazbe.si.
Inscripción en una subasta pública en línea y aprobación de la inscripción. Un comprador interesado se inscribe en una subasta pública en línea a través del portal e-dražbe con una cuenta SI-PASS, elige la función en la que aparecerá como licitador (por ejemplo, como licitador o como licitador que es al mismo tiempo acreedor, acreedor hipotecario o acreedor de una deuda inmobiliaria, o como titular de un derecho preferente o de reembolso), proporciona detalles de la cuenta a la que debe reembolsarse un depósito devuelto (si es diferente de la cuenta en la que se pagó el depósito), e indica si solicita la exención del pago de un depósito (en caso afirmativo, adjuntará una propuesta de exención). En el caso de los bienes a los que se apliquen condiciones especiales de compra, también deberán presentar documentos que demuestren que cumplen dichas condiciones especiales. Si hay que pagar un depósito para participar en una subasta pública en línea, el importe del depósito, el número de referencia que debe adjuntarse al pago y la cuenta a la que debe abonarse el depósito se envían al comprador interesado cuando se registra en la subasta pública en línea en el sistema del portal e-dražbe. Si varios compradores interesados desean adquirir conjuntamente un objeto de venta en una subasta pública en línea, solo uno de los compradores se inscribirá en la subasta pública en línea y adjuntará al registro los documentos que muestran las acciones mediante las cuales los compradores interesados tomarán posesión del objeto de la venta, así como una autorización para participar en la subasta pública en línea en nombre de los demás compradores interesados. Tras examinar la inscripción en la subasta pública en línea y comprobar si el comprador interesado ha pagado el depósito, el autor del anuncio aprobará o rechazará la inscripción e informará al comprador interesado de su decisión en el portal e-dražbe. En caso de que se rechace la inscripción, deberá indicarse el motivo del rechazo.
Si se aprueba la inscripción, se asignará al licitador un número de código único dentro del sistema del portal e-dražbe, en virtud del cual participará de forma anónima en la subasta pública en línea.
Transcurso de una subasta pública en línea. Una subasta pública en línea se inicia automáticamente en el momento determinado en la orden de venta o en el anuncio de la subasta pública en línea como momento de su inicio, y dura todo el tiempo que se determine en la orden de venta o en el anuncio de la subasta pública en línea. El licitador aumenta el precio inicial o la oferta más favorable en la actualidad mediante al menos el incremento de la oferta determinado en la orden de venta o en el anuncio de la subasta pública en línea. Si no se determina el incremento de la oferta, el licitador podrá aumentarla en el importe que él mismo determine. Durante la subasta pública en línea, se notifica al licitador la mejor oferta actual en el portal e-dražbe y se le informa de si su oferta es actualmente la mejor oferta. Si se presenta una oferta dos minutos antes del final de la subasta pública en línea, la duración de la subasta se prorroga (cada vez) por otros dos minutos.
Informe sobre el transcurso de la subasta pública en línea. Una vez finalizada la subasta pública en línea, se genera automáticamente un informe sobre el transcurso de la subasta. Está disponible para los licitadores dentro del sistema del portal e-dražbe de forma anonimizada y para los autores del anuncio en forma no anonimizada.
La ejecución contra la participación de un accionista se lleva a cabo mediante el registro de la resolución de ejecución, la venta de la participación y el pago al acreedor del producto de la venta. Con la resolución de ejecución, el órgano jurisdiccional prohíbe al accionista disponer de su participación. El órgano jurisdiccional notifica la resolución de ejecución de la sociedad y la registra en el Registro Mercantil. Con esta inscripción, el acreedor adquiere una prenda sobre la participación del accionista. El derecho de garantía también se aplicará a cualquier persona que posteriormente adquiera la participación. Las disposiciones de la Ley de ejecución relativas a la ejecución de bienes inmuebles (artículo 164 de la Ley de ejecución) se aplican por analogía a la ejecución sobre la participación de un accionista. Al igual que en el caso de los bienes inmuebles, la participación de un accionista puede venderse en una subasta pública en línea.
Los agentes de ejecución se encargan de vender los bienes muebles en subasta pública, aunque, si hace falta, también pueden autorizar, a sus propias expensas, que lo haga un subastador, en función del importe y de la calidad de los bienes muebles. Las ventas en subasta son públicas (artículo 93 de la Ley de ejecución y artículo 92 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Los bienes muebles también se pueden vender por acuerdo directo entre un comprador y el agente de ejecución o por medio de un particular que trabaje a comisión. El agente de ejecución determina la forma y la fecha de la venta de los bienes y las hace constar en el expediente de embargo inmediatamente después de que tenga lugar, teniendo en cuenta el principio según el cual debe conseguirse el mejor precio posible (artículo 93 de la Ley de ejecución).
Los jueces llevan a cabo las subastas públicas de bienes inmuebles. Las subastas públicas en línea de bienes inmuebles se llevan a cabo de manera automatizada en el portal en línea SodneDrazbe.si.
La legislación eslovena no reconoce ningún otro tipo de subastas en los procesos de ejecución. En los procedimientos concursales, la legislación eslovena permite, además de la opción de una subasta pública en línea, una subasta pública con la elevación y una subasta pública con la reducción del precio inicial. Asimismo, hay diferentes maneras de vender bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles se pueden vender en virtud de un contrato directo entre un comprador y un agente de ejecución, un administrador o un particular implicado en transacciones de comisiones en vez de en una subasta pública (artículo 93, apartado 1, de la Ley de ejecución). Los bienes inmuebles se venden en subasta pública si acreedores, acreedores pignoraticios y acreedores de deuda inmobiliaria no llegan a un acuerdo antes de que se dicte una orden de venta:
En Eslovenia, existen los registros de la propiedad siguientes:
Todos estos registros son electrónicos y cada uno lo gestiona una entidad diferente.
Todo aquel que acredite un interés jurídico puede consultar estos registros (artículo 4, apartado 6, de la Ley de ejecución). Un acreedor puede acreditar un interés jurídico mediante la presentación de un título ejecutivo (por ejemplo, una sentencia ejecutoria mediante la cual se ordene al deudor el pago del crédito del acreedor). En este caso, el acreedor puede solicitar información sobre los bienes del deudor al personal del registro. Los órganos jurisdiccionales pueden consultar muchos de estos registros por vía electrónica.
Para obtener información de estos registros, no es necesario pagar ninguna tasa judicial; sin embargo, el personal de estas bases de datos (registros) puede solicitar que los acreedores paguen una pequeña tasa [por ejemplo, el Instituto Esloveno de Seguros de Enfermedad (Zavod za zdravstveno zavarovanje), que gestiona el registro de los pagadores de salarios y otras rentas personales (como las pensiones), exige el pago de 4,00 EUR para obtener información sobre el empleo del deudor]. El pago también se puede realizar por vía electrónica.
De conformidad con el artículo 4, apartado 6, de la Ley de ejecución, los gestores de las bases de datos deben proporcionar información sobre los bienes de los deudores a los acreedores si estos lo piden, siempre que hayan acreditado un interés jurídico (por ejemplo, un título ejecutivo). Estos gestores son:
En la mayoría de los casos, los acreedores pueden consultar los registros solicitando información sobre los bienes del deudor al personal del registro. Los acreedores pueden consultar determinados registros (por ejemplo, el Registro Judicial) por vía electrónica (a través de la página web).
No es necesaria la representación por parte de abogado para obtener información sobre los bienes de los deudores y no hay que pagar ningún impuesto al Estado; no obstante, el personal de algunas bases de datos exige el pago de una pequeña tasa (por ejemplo, Instituto Esloveno de Seguros de Enfermedad) de 4,00 EUR para suministrar información sobre el empleo de los deudores. La tasa se puede pagar electrónicamente.
Desde el 1 de febrero de 2021, las subastas judiciales de bienes inmuebles y de derechos en los procesos de ejecución se han llevado a cabo en línea, por regla general y de conformidad con la Orden relativa al cumplimiento de las condiciones técnicas para el uso del motor de búsqueda en línea para la venta y para la realización de subastas de bienes inmuebles en línea en los procesos de ejecución (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, UL RS, n.º 3/2021), con arreglo a las Normas sobre los anuncios de venta en el motor de búsqueda en línea y las subastas públicas en línea en los procedimientos de ejecución, (UL RS, n.º 195/2020).
El acceso a la información sobre los objetos de venta es gratuito. La inscripción a través del sistema SI-PASS permite participar en una subasta independientemente de la ubicación actual del participante. También garantiza el anonimato del participante.
Se puede acceder al sitio web en https://sodnedrazbe.si/.
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los bienes embargados se venden a través de la Agencia de Ejecuciones de Suecia (Kronofogdemyndigheten). Los bienes se venden en subasta pública o mediante acuerdo directo. La venta de bienes muebles puede encomendarse a subastadores externos. Los bienes inmuebles pueden transmitirse a agentes inmobiliarios para su venta.
La Agencia de Ejecuciones de Suecia puede autorizar al deudor a vender los bienes él mismo. En tal caso, se concederá un aplazamiento de la venta forzosa. El deudor también puede suscribir un acuerdo con el acreedor para resolver la situación por otros medios. De ser así, el acreedor puede parar el embargo (utmätning).
Los bienes embargados siempre deben ser tasado por un agente judicial. La Agencia de Ejecuciones de Suecia a veces recurre a un perito para que tase los bienes y redacte un descripción completa. Normalmente se acude a un perito tasador para tasar bienes inmuebles y viviendas ocupadas, pero también cuando se trata de bienes de más valor.
La Agencia de Ejecuciones de Suecia publica (notifica) las ventas de procesos de ejecución en su propio sitio web. A menudo también se publicitan en otros sitios web con el objetivo de atraer a posibles compradores. La notificación de la venta también se publica en Post- och Inrikes Tidningar, que es una página web de noticias que contiene avisos de numerosos organismos y ayuntamientos. El objetivo de publicar avisos en dicha página es tratar de encontrar acreedores desconocidos y terceros afectados por la venta.
En el sitio web de la Agencia de Ejecuciones de Suecia se ofrece información acerca de las ventas. Esta información incluye el valor estimado de los bienes, además de una descripción de los mismos, fotografías y otros documentos. También se indican las condiciones de la venta, así como otras cuestiones que el comprador debe tener en cuenta con respecto de la misma. Si la Agencia de Ejecuciones encarga la gestión de la venta a otra persona, la información pertinente se podrá encontrar en el sitio web de dicha persona. Esa información también puede encontrarse a menudo en el sitio web de la Agencia de Ejecuciones de Suecia.
La Agencia de Ejecuciones de Suecia siempre organiza una visita para ver el bien en venta, de modo que el comprador pueda cumplir con su deber de obtener la información que necesita.
Las ventas de procesos de ejecución se adjudican a la oferta más elevada. Si hay varios licitadores, el asunto se decide a través de un proceso de oferta y contraoferta. Si, en su lugar, la Agencia decide optar por la venta a través de un acuerdo directo mediante la presentación de ofertas, la cuestión de quién ha presentado la oferta más alta se determina cuando se abren las ofertas.
Si la venta se lleva a cabo por subasta electrónica, quien haya ganado la puja debe pagar en un plazo de 48 horas. El pago se realiza generalmente con tarjeta de crédito o de débito. Cuando la venta se realiza por subasta tradicional presencial, el pago debe efectuarse directamente en la subasta, con tarjeta de crédito o de débito, giro postal, cheque o en efectivo.
En el caso de la venta de bienes por más de 10 000 SEK, la Agencia de Ejecuciones de Suecia concede un periodo de gracia de hasta un mes para pagar. En todo caso, debe pagarse un depósito del 10 % inmediatamente.
Las ventas de bienes embargados generalmente se llevan a cabo mediante subastas públicas gestionadas por la Agencia de Ejecuciones de Suecia; la Agencia puede ceder la gestión de ventas a terceros externos interesados. En el caso de bienes muebles, la Agencia puede encargar a otra persona que lleve a cabo la subasta. En lo que se refiere a bienes inmuebles, la Agencia puede contratar a un agente inmobiliario para que lleve a cabo la venta.
Las ventas se dividen en cuatro categorías diferentes: bienes muebles, buques, aeronaves y bienes inmuebles. En cierta medida, hay diferentes normas para las diferentes categorías. La información sobre las normas aplicables se publica junto con el anuncio de venta. Se aplican ciertas disposiciones especiales a las ventas demandadas por una cooperativa de viviendas en la que se renuncia al derecho de uso, es decir, las ventas forzosas.
Al investigar el patrimonio de los deudores, la Agencia de Ejecuciones de Suecia tiene derecho a consultar varios registros o solicitarles información, por ejemplo:
Los registros se gestionan electrónicamente, y la Agencia de Ejecuciones de Suecia puede realizar consultas a la mayoría de ellos en formato electrónico. Aún cuando los datos de un registro sean confidenciales, la Agencia de Ejecuciones de Suecia puede exigir que se le faciliten para investigar si un deudor tiene algún bien embargable. Generalmente no se devengan gastos cuando la Agencia realiza tales peticiones.
Algunos registros también realizan anotaciones cuando la Agencia de Ejecuciones de Suecia reclama un bien, por ejemplo, el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, el Registro de Buques y el Registro de Aeronaves.
En la actualidad, la Agencia de Ejecuciones de Suecia no ofrece a los interesados un servicio electrónico con el que buscar los activos o deudas de los deudores.
Desde 2014, la Agencia de Ejecuciones de Suecia está habilitada para llevar a cabo subastas electrónicas, conocidas como subastas en línea. Esto solo es posible en el caso de las ventas de bienes muebles. La disposición que permite la realización de subastas electrónicas figura en el capítulo 9 de la Ordenanza sobre ejecución de deudas (utsökningsförordningen), que establece cómo deben presentarse las ofertas.
En un informe presentado al Gobierno en noviembre de 2016, se propuso que también debería ser posible vender bienes inmuebles mediante subasta electrónica. El procedimiento en caso de una venta de bienes inmuebles es más complicado y se requieren más modificaciones legislativas que en el caso de los bienes muebles para hacerlo posible.
En la actualidad no hay nada que impida la participación en una subasta en línea desde el extranjero.
En el sitio web de la Agencia de Ejecuciones de Suecia se publican los anuncios de todas las subastas.
Si la venta se realiza a través de un subastador externo, el anuncio de la subasta en línea se publica en su sitio web. El subastador externo debe recibir instrucciones sobre cómo cumplir las normas relativas a las ventas que figuran en el capítulo 9 del Código de ejecución de deudas (utsökningsbalken) y el capítulo 9 de la Ordenanza sobre ejecución de deudas. Los contratos suscritos con subastadores externos suelen ser el resultado de un procedimiento de contratación pública e incluyen requisitos relacionados con la situación financiera y las cualificaciones profesionales del proveedor de servicios.
Cualquier persona que desee participar en una subasta en línea debe registrarse en el sitio web para poder presentar una oferta. Sin embargo, puesto que todas las licitaciones son públicas, se pueden seguir sin necesidad de registrarse previamente. La información que se debe proporcionar al registrarse incluye el número de identidad personal, la dirección de correo electrónico, la dirección postal, el número de teléfono y un alias que se utiliza al publicar las ofertas. Los licitadores no están obligados a acreditar su identidad. Los licitadores que no tengan un documento de identidad sueco o que por alguna otra razón no deseen, o no puedan, inscribirse en línea podrán inscribirse manualmente.
El precio de compra en una subasta en línea se paga mediante tarjeta de débito o de crédito.
No es posible participar en una subasta en línea mediante la personación en los locales de la Agencia.
Las licitaciones se realizan por oferta y contraoferta durante un tiempo determinado. Si se realiza una oferta cuando quedan menos de dos minutos, el tiempo se prolonga otros dos minutos.
La Agencia de Ejecuciones de Suecia responde a cualquier pregunta por teléfono o por correo electrónico, pero puede ser difícil obtener una respuesta cuando quede poco para que se acabe la subasta. La Agencia responde en sueco, pero también debe ser capaz de proporcionar información básica en las lenguas minoritarias nacionales y proporcionar información y orientación a determinados grupos minoritarios en zonas de gestión especial. A menudo puede prestarse asistencia en relación con preguntas formuladas en otros idiomas.
La Agencia de Ejecuciones de Suecia traduce documentos relacionados con la venta solo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando es evidente que hay un número elevado de clientes en el extranjero.
Según el principio de acceso público, gran parte de la información de que disponen las autoridades suecas es pública. Sin embargo, no se divulga información sobre quién está detrás de cada oferta en una subasta en curso. También puede existir un requisito de confidencialidad con respecto a cierta información delicada; esta es una cuestión que se estudia de forma individualizada cada vez que alguien solicita información de este tipo.
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
El siguiente apartado detalla las disposiciones existentes en Inglaterra y Gales relativas al embargo de bienes como medio para recuperar dinero adeudado.
En Inglaterra y Gales ya no es necesario que un juez de distrito autorice y designe a las empresas de transporte y a los subastadores. El apartado 41 del anexo 12 de la Tribunals, Courts and Enforcement Act (Ley de Tribunales, Órganos Jurisdiccionales y Ejecución) establece la venta de bienes en subasta pública, salvo que el órgano jurisdiccional ordene lo contrario.
Las empresas de transporte y los subastadores pueden postularse para cada uno de los órganos jurisdiccionales mediante la presentación de la información relativa a sus tarifas y seguro actual, con el fin de que se pueda tomar una decisión a nivel local sobre a quién se va a designar. La decisión sobre qué empresa se va a nombrar debería tomarla formalmente un grupo de gerentes a partir de la información y las tarifas ofrecidas.
Una vez hecha la designación, se colgará en la sede del órgano jurisdiccional una lista con los nombres y direcciones de las empresas designadas. La lista se revisará anualmente, así como cuando vaya a vencer cualquier póliza de seguro. Siempre que sea posible, se debería rotar a los proveedores seleccionados de forma regular. En caso de que solo se pueda usar una empresa con regularidad, se aplicarán las normas básicas.
El agente judicial debe enviar la notificación de venta al deudor y cualquier copropietario al menos siete días antes de que tenga lugar la venta.
Cuando se produce una venta y los subastadores reciben los ingresos, el agente judicial o el administrador tiene la responsabilidad de confirmar que se entregan todos los bienes trabados. A continuación, se dictará un resolución de liquidación.
Véanse los artículos 34 al 43 del Taking Control of Goods Regulations (Reglamento sobre el embargo de bienes) para más información sobre el embargo, el depósito y la venta de bienes embargados.
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La Enforcement of Judgments Office (Oficina de ejecución de resoluciones judiciales) es una división del Servicio de Tribunales de Irlanda del Norte (una agencia del Departamento de Justicia) que se encarga de la ejecución de resoluciones judiciales civiles en Irlanda del Norte que tengan por objeto dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. La Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 (Ley de ejecución de resoluciones judiciales de Irlanda del Norte de 1981) permite el embargo y venta de bienes para pagar una cantidad de dinero reconocida en virtud de sentencia.
La Oficina de ejecución de resoluciones judiciales cuenta con una serie de competencias para hacer cumplir el pago de una deuda reconocida por una condena monetaria judicial. Estas competencias incluyen las órdenes de embargo conforme al artículo 31 de la Ley de ejecución de resoluciones judiciales de 1981.
De conformidad con esta Ley, la Oficina de ejecución de resoluciones judiciales está autorizada a embargar bienes y a venderlos en subasta, así como a utilizar el producto neto obtenido de la venta (tras deducirse los gastos del embargo) para pagar las deudas pendientes de pago (véanse los artículos 31, 34 y 40 de la Ley de 1981). Al ejecutar una orden de embargo, la Oficina de ejecución de resoluciones judiciales puede, en virtud del artículo 38 de la Ley de 1981, entrar en cualquier inmueble ocupado o utilizado por un deudor, su cónyuge o cualquiera de los demandados o, en algunas circunstancias, en un inmueble ocupado o utilizado por cualquier otra persona.
La Oficina de ejecución de resoluciones judiciales puede dictar este tipo de órdenes [previa solicitud al funcionario judicial competente en virtud del artículo 30, apartado 1, del Judgements Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 (Reglamento de Ejecución de Resoluciones Judiciales de Irlanda del Norte de 1981)] cuando conste que hay suficientes bienes embargables para satisfacer la deuda. En la práctica, buscará otros medios de ejecución pertinentes, como una orden de embargo del salario (por la cual se deduce una cantidad de dinero del salario de los deudores), antes de optar por solicitar una orden de embargo al funcionario judicial competente.
Existen limitaciones en cuanto a los tipos de bienes que pueden embargarse (por ejemplo, no se pueden embargar ni la ropa ni el mobiliario ni el menaje de la casa de los deudores (véase el artículo 33 de la Ley de 1981).
Los artículos 30 a 33 del Reglamento de ejecución de resoluciones judiciales de 1981 establecen el procedimiento que la Oficina de ejecución de resoluciones judiciales debe seguir para las órdenes de embargo.
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El siguiente apartado detalla las disposiciones existentes en Escocia relativas al embargo de bienes como medio para recuperar dinero adeudado.
En Escocia, se pueden embargar bienes como medio para recuperar dinero adeudado siempre que los órganos jurisdiccionales hayan reconocido esa deuda o, en ciertas circunstancias, que figure en determinados «documentos de deuda» formales autorizados. Los procedimientos de embargo de bienes se conocen como embargo (utilizado para inmovilizar bienes pertenecientes al deudor pero en manos de un tercero), secuestro (utilizado para trabar bienes de propiedad del deudor y que están en su poder) y embargo excepcional (utilizado para embargar bienes no esenciales que se encuentran dentro de una vivienda). En algunos casos, ciertos procedimientos permiten que los bienes del deudor se subasten bajo supervisión judicial.
La parte 2 de la Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 (Ley de acuerdos sobre deudas y embargo de 2002) establece el procedimiento que debe seguirse para el embargo de bienes. El funcionario judicial debe presentar un informe al juzgado de primera instancia en el plazo de catorce días después de la ejecución del embargo. Una vez recibido el informe, el funcionario puede ordenar retirar los artículos embargados y venderlos en una subasta pública, a la que el funcionario en cuestión debe acudir para inventariar qué artículos se venden, en su caso, y a qué precio. El dinero que se obtenga en la subasta puede usarse para pagar los honorarios del funcionario y los gastos, y luego pagar al acreedor. El excedente se devuelve al deudor. Si los artículos no se venden, los bienes pasan a ser propiedad del acreedor. Si bien la subasta de bienes embargados normalmente se celebra en una sala de subastas, en caso de que esto resultara inviable, la Ley 2002 dispone que la subasta puede celebrarse en cualquier sitio salvo en la vivienda del deudor.
Si se ha despachado la ejecución pero el deudor no ha firmado un documento por el que autorice la entrega de los bienes al acreedor, para que se les entreguen los mismos el acreedor deberá presentar una action of furthcoming (acción de entrega) ante el órgano jurisdiccional. La acción de entrega es una solicitud que se hace al órgano jurisdiccional para que se autorice la toma de posesión de los bienes del deudor por el acreedor, el cual luego puede venderlos para recuperar todo o parte de lo que se le debe.
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