¿Se aplica la Carta a mi caso?

El asunto puede referirse a un derecho fundamental que la Carta no reconoce a los ciudadanos de la UE (en particular, el derecho de asilo con arreglo al artículo 18). También puede referirse a un derecho no reconocido como fundamental en la Carta.
Antes de concluir que los derechos fundamentales de la UE no son pertinentes en el asunto, recuerde que la Carta no es la única fuente de protección de los derechos fundamentales en la UE. Desde la década de los 70 —antes de que existiese una Carta de Derechos de la UE—, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea protege los derechos fundamentales al elevarlos a principios generales del Derecho de la Unión. El Tratado de Lisboa reafirma estos principios generales al incluirlos entre las fuentes de los derechos fundamentales de la UE. Para más información, véase la sección 2.3 de la parte I del tutorial.
Si el asunto puede guardar relación con un derecho fundamental reconocido como principio general del Derecho de la Unión, pase a la siguiente pregunta de la lista de control. Al igual que la Carta, los principios generales de la UE son vinculantes para las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE, así como para los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión.
En cambio, si ni los derechos de la Carta ni los principios generales del Derecho de la Unión son pertinentes en el asunto en cuestión, es probable que no haya vulneración de un derecho fundamental de la UE (ni en general de ningún derecho fundamental).

El asunto puede guardar relación con un derecho fundamental que la Carta no reconoce a los ciudadanos de terceros países (en particular, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales en virtud de los artículos 39 y 40 de la Carta y el derecho a protección diplomática y consular en virtud del artículo 46). También puede referirse a un derecho no reconocido como fundamental en la Carta.
Antes de concluir que los derechos fundamentales de la UE no son pertinentes en el asunto, recuerde que la Carta no es la única fuente de protección de los derechos fundamentales en la UE. Desde la década de los 70 —antes de que existiese una Carta de Derechos de la UE—, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea protege los derechos fundamentales al elevarlos a principios generales del Derecho de la Unión. El Tratado de Lisboa reafirma estos principios generales al incluirlos entre las fuentes de los derechos fundamentales de la UE. Para más información, véase la sección 2.3 de la parte I del tutorial.
Si el asunto puede guardar relación con un derecho fundamental reconocido como principio general del Derecho de la Unión, pase a la siguiente pregunta de la lista de control. Al igual que la Carta, los principios generales de la UE son vinculantes para las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE, así como para los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión.
En cambio, si ni los derechos de la Carta ni los principios generales del Derecho de la Unión son pertinentes en el asunto en cuestión, es probable que no haya vulneración de un derecho fundamental de la UE (ni en general de ningún derecho fundamental).

El asunto guarda relación con un derecho fundamental del que, según su formulación en la Carta o su interpretación por el Tribunal de Justicia, también disfrutan las personas jurídicas.
Recuerde que el disfrute del derecho fundamental en cuestión puede estar limitado a una categoría más reducida de personas jurídicas. Así, por ejemplo, los artículos 22, 43 y 44 únicamente se aplican a las personas jurídicas con domicilio social en los Estados miembros. A este respecto, en ocasiones la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrece indicaciones: véase el asunto C-279/09 DEB sobre el acceso de las personas jurídicas a asistencia jurídica gratuita.
Según lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, de la Carta, y si el derecho fundamental consagrado en la Carta corresponde a un derecho fundamental reconocido en el CEDH, puede ser útil tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de la base de datos HUDOC.
Por ejemplo, en la sentencia DEB antes citada, el Tribunal de Justicia examinó la jurisprudencia para determinar si una persona jurídica podía solicitar asistencia jurídica gratuita. Sobre la importancia del CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la interpretación de la Carta, véase la sección 5 de la parte III del tutorial.

El asunto concierne a un derecho fundamental inherentemente limitado a las personas físicas. Por lo tanto, no se vulnera ningún derecho fundamental reconocido a las personas jurídicas en el Derecho de la UE.

El asunto concierne a un derecho fundamental reconocido en la Carta, pero no está claro si su protección alcanza a las personas jurídicas según el Derecho de la UE.
Puede pasar a la pregunta siguiente, pero, si determina que el Derecho de la Unión es aplicable al asunto, recuerde que esto por sí solo no implica que las personas interesadas puedan invocar el derecho fundamental en cuestión. Pase a la pregunta siguiente.

El asunto no atañe a ningún derecho fundamental reconocido en la Carta.
Sin embargo, antes de concluir que los derechos fundamentales de la UE no son pertinentes en el asunto, recuerde que la Carta no es la única fuente de protección de los derechos fundamentales en la UE. Desde la década de los 70 —antes de que existiese una Carta de Derechos de la UE—, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea protege los derechos fundamentales al elevarlos a principios generales del Derecho de la Unión. El Tratado de Lisboa reafirma estos principios generales al incluirlos entre las fuentes de los derechos fundamentales de la UE. Para más información, véase la sección 2.3 de la parte I del tutorial.
Si el asunto atañe a un derecho fundamental reconocido como principio general del Derecho de la Unión, pase a la siguiente pregunta de la lista de control. Al igual que la Carta, los principios generales del Derecho de la UE son vinculantes para las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE, así como para los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
En cambio, si ni los derechos de la Carta ni los principios generales del Derecho de la Unión son pertinentes en el asunto en cuestión, es probable que no haya vulneración de un derecho fundamental de la UE.

Para desempeñar sus tareas, las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE adoptan actos jurídicos (véanse el artículo 288 del TFUE y la sección 2 de la parte II del tutorial).
Estos pueden ser jurídicamente vinculantes o no vinculantes.
Según el artículo 288 del TFUE, son actos de la UE jurídicamente vinculantes los reglamentos, las directivas y las decisiones. También tienen efectos jurídicamente vinculantes los acuerdos internacionales celebrados por la Unión con terceros países u otras organizaciones internacionales.
Según esa misma disposición, son actos de la UE no jurídicamente vinculantes las recomendaciones y los dictámenes.
Ahora bien, también pueden adoptarse otros tipos de actos. Según jurisprudencia reiterada, sus efectos deben evaluarse caso por caso a fin de determinar si, desde el punto de vista sustancial, pueden asimilarse (inclusive formalmente) a actos jurídicamente vinculantes.
En general, la naturaleza del acto no obsta a la obligación de las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE de respetar la Carta, obligación que se extiende a cualesquiera actividades que lleven a cabo. Sin embargo, los medios disponibles para responder a una infracción derivada de una medida de la UE varían en función de la naturaleza del acto y de sus efectos.

Es aplicable la Carta. Para determinar los medios de protección judicial disponibles, pase a la siguiente pregunta.

La Carta de la UE pasó a ser jurídicamente vinculante en esa fecha, en la que entró legalmente en vigor el Tratado de Lisboa.

La Carta no era jurídicamente vinculante cuando se produjo la vulneración. No obstante, en esa época los derechos fundamentales estaban protegidos en cuanto principios generales del Derecho de la Unión. Puede ser útil comprobar si en el asunto en cuestión el Tribunal de Justicia atribuyó ese rango a los derechos fundamentales de que se trataba (para más información, véase la sección 2.3 de la parte I del tutorial). En ese caso, pase a la siguiente pregunta. En caso contrario, es probable que no haya habido vulneración de un derecho fundamental.

Es aplicable la Carta. Para determinar los medios de protección judicial disponibles, pase a la siguiente pregunta.

La Carta no era jurídicamente vinculante cuando se produjo la vulneración. No obstante, en esa época los derechos fundamentales estaban protegidos en cuanto principios generales del Derecho de la Unión. Puede ser útil comprobar si en el asunto en cuestión el Tribunal de Justicia atribuyó ese rango a los derechos fundamentales de que se trataba (para más información, véase la sección 2.3 de la parte I del tutorial). En ese caso, pase a la siguiente pregunta. En caso contrario, es probable que no haya habido vulneración de un derecho fundamental.

Es aplicable la Carta. Para determinar los medios de protección judicial disponibles, pase a la siguiente pregunta.

La Carta no era jurídicamente vinculante cuando se produjeron los hechos. No obstante, los derechos fundamentales estaban protegidos en cuanto principios generales del Derecho de la Unión. Puede ser útil comprobar si en el asunto en cuestión el Tribunal de Justicia atribuyó ese rango a los derechos fundamentales de que se trataba (para más información sobre los principios generales del Derecho de la UE, véase la sección 2.3 de la parte I del tutorial).
De lo contrario, es probable que no haya habido vulneración de un derecho fundamental.
En caso afirmativo, para determinar si el Derecho de la UE es aplicable al asunto, pase a la siguiente pregunta: al igual que la Carta, los principios generales del Derecho de la UE únicamente se aplican a las disposiciones nacionales de aplicación del Derecho de la UE.

Para poder invocar la protección de la Carta, no basta afirmar que el asunto implica la vulneración de un derecho fundamental en ella reconocido.
Debe determinarse si en el asunto en cuestión resulta aplicable alguna norma de Derecho primario o derivado de la Unión distinta de la disposición o disposiciones de la Carta presuntamente vulneradas (dicho de otro modo, si los hechos del asunto recaen en el ámbito personal, material y temporal de dicha norma). La aplicación de tal norma también da lugar a la aplicación de la Carta.
La sección 2 de la parte III del tutorial ofrece una visión general de las situaciones más frecuentes que recaen en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Se basa en la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia.
Las preguntas siguientes pretenden ofrecer asistencia práctica para determinar si en el asunto en cuestión es aplicable el Derecho de la Unión.
Nota: si no es aplicable el Derecho de la Unión, eso significa que la persona o personas interesadas pueden acogerse a cualquier forma de protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pero que deben invocar esa protección con arreglo a las fuentes nacionales o al CEDH, y no a la Carta.

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, “ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables” (v. por ejemplo el asunto C-276/01 Steffensen, apartado 60).
La Carta (y, en particular, su artículo 47 sobre tutela judicial efectiva) se aplica a las normas procesales nacionales que, con independencia de que se hayan adoptado con este fin específico, regulan el ejercicio ante los órganos jurisdiccionales nacionales de los derechos conferidos a los particulares por el Derecho de la Unión. Véase el ejemplo que figura en el punto 3 de la sección 2 de la parte III del tutorial.
En consecuencia, debe comprobarse si el asunto en cuestión afecta a un derecho —distinto del derecho fundamental presuntamente vulnerado— conferido a los particulares por una disposición vinculante del Derecho europeo o una disposición del Derecho primario de la UE (esto es, una disposición de los Tratados de la UE tal como las relativas a la libre circulación de bienes, servicios, capitales, trabajadores y ciudadanos de la UE).

Es cada vez más frecuente que las medidas legislativas de la Unión requieran que los Estados miembros establezcan sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de infracción a las obligaciones específicas establecidas en dichos actos o en sus disposiciones de aplicación.
Los Estados miembros pueden cumplir esa exigencia adoptando sanciones específicas, que deben cumplir los requisitos en materia de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta. No obstante, los Estados miembros también pueden optar por sanciones ya contempladas para infracciones nacionales (comparables). En ese caso, la Carta solo puede invocarse cuando estas sanciones se apliquen a la infracción de una obligación derivada del Derecho de la UE. Véase el ejemplo que figura en el punto 4 de la sección 2 de la parte III del tutorial.
En consecuencia, habrá que verificar si el asunto en cuestión atañe a la infracción de una obligación derivada de un acto vinculante de la UE o a una disposición de Derecho primario de la UE.