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Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Dinamarca

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  1. Fundamentos constitucionales
  2. Poder judicial
  3. El acceso a información sobre los asuntos
  4. El acceso a la justicia en la participación del público
  5. Acceso a la justicia contra actos u omisiones
  6. Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;
  7. Capacidad procesal
  8. Representación legal
  9. Pruebas
  10. Medidas cautelares
  11. Costas
  12. Mecanismos de asistencia financiera
  13. Puntualidad
  14. Otras cuestiones
  15. En el extranjero
  16. Transboundary Cases

I. Fundamentos constitucionales

La Constitución danesa de 1953 no consagra un derecho a un medio ambiente limpio o saludable. En relación con el acceso a la Justicia, del artículo 63 de la Constitución se desprende que cualquier cuestión sobre los límites de la autoridad pública puede ser llevada ante los tribunales. La Constitución no especifica quién puede presentar estos asuntos ante los tribunales. Esto lo determinan los requisitos de capacidad procesal aplicados por los tribunales. Los acuerdos internacionales únicamente son considerados parte del Derecho danés si han sido incorporados a leyes o a otras disposiciones de Derecho nacional (enfoque dualista). Esto significa que no es posible apoyarse directamente en los acuerdos internacionales ante los tribunales o los organismos administrativos. No obstante, pueden ser invocados como elementos importantes para la interpretación del Derecho danés. Además, estos acuerdos internacionales de los que la UE es parte (como el Convenio de Aarhus) pueden, de conformidad con el Derecho comunitario, ser directamente aplicables en los Estados miembros si las disposiciones son suficientemente claras y precisas. En esas circunstancias los organismos administrativos y los tribunales están obligados a aplicar directamente el Convenio de Aarhus.

ANEXO II. Poder judicial

Dinamarca cuenta con un sistema judicial general que se ocupa tanto de las causas penales como de las civiles, incluidas las impugnaciones de decisiones administrativas. No existen tribunales generales administrativos; No obstante, pueden ser creados de conformidad con la Constitución danesa. El sistema judicial general consta de 24 juzgados locales, dos altos tribunales (la Audiencia de Dinamarca Occidental y la Audiencia de Dinamarca Oriental) y un Tribunal Supremo. De conformidad con la reforma judicial de 2007, todos los asuntos deben iniciarse en los juzgados locales. El juzgado local, sin embargo, puede remitir casos en lo relativo al fondo al alto tribunal correspondiente. La composición más específica de los tribunales depende del tipo de asunto; por ejemplo, una causa penal o una causa civil. El Tribunal Supremo está formado por un presidente y 15 jueces del Tribunal Supremo. Las sentencias de los tribunales normalmente son elaboradas por un mínimo de cinco Jueces. La Audiencia de Dinamarca Oriental tiene un presidente y 56 jueces, mientras que la Audiencia de Dinamarca Occidental está formada por un presidente y 36 jueces. En los alto tribunales, los asuntos son decididos habitualmente por tres Jueces. En las causas penales, los jueces pueden ser asistidos por jueces legos o por jurados. En los juzgados locales, los asuntos son resueltos normalmente por un juez. En las causas civiles y administrativas más complicadas o más importantes pueden participar tres jueces. En las causas penales, el juez (o los jueces) local (es) pueden estar asistidos por dos jueces legos o por seis miembros del jurado. En materia administrativa, la función de los tribunales consiste en supervisar a las autoridades públicas. Lo que incluye la revisión judicial de la legalidad de la decisiones u omisiones administrativas, es decir, las cuestiones relativos al fundamento jurídico, la competencia, el procedimiento y el cumplimiento de los principios generales del Derecho. En principio no se excluye la revisión de los fundamentos o de elementos discrecionales de las decisiones administrativas, pero en general los tribunales son reacios a revisar los poderes discrecionales de las autoridades administrativas. No existen tribunales especializados que conozcan de los asuntos ambientales. Sin embargo, Dinamarca tiene una larga tradición de órganos especializados de apelación administrativa o de tribunales que resuelven recursos contra decisiones administrativas. En materia ambiental, la Junta de apelación en materia de naturaleza y medio ambiente (Natur- og Miljøklagenævnet — http://www.nmkn.dk/) se ocupa de los recursos administrativos.El enlace abre una nueva ventanahttp://www.nmkn.dk/ Desde un punto de vista organizativo, la Junta de apelación forma parte del Ministerio de medio ambiente, pero trabaja con independencia de las instrucciones del Ministro. Las decisiones administrativas adoptadas en virtud de un amplio abanico de leyes ambientales, como la Ley de protección del medio ambiente, la Ley de protección de la naturaleza y la Ley de planificación, pueden ser apeladas ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. La legislación pertinente determina quién puede apelar y qué decisiones pueden ser apeladas ante la Junta. En general, tanto particulares como ONG tienen un acceso amplio a las vías de recurso.

La Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente es lo que se denomina una «junta combinada» en el sentido de que la composición de la junta puede diferir de un tipo de asunto a otro. En esencia, la nueva junta tiene dos configuraciones distintas:

  1. una configuración de jueces legos que consiste en un Presidente (miembro permanente calificado como juez), dos jueces del Tribunal Supremo y siete miembros nombrados por el Parlamento, y
  2. una configuración de peritos que consiste en un Presidente (miembro permanente calificado como juez) y varios peritos, normalmente dos o cuatro.

La junta de jueces legos principalmente conoce de los recursos relacionados con la planificación y la protección de la naturaleza, mientras que la junta de peritos se ocupa sobre todo de los recursos relacionados con la contaminación y los productos químicos. La junta tiene amplias facultades para delegar la toma de decisiones en el Presidente. Es posible que, en casos especiales, las dos configuraciones de la junta se puedan fundir en una junta combinada. También es posible que, en circunstancias especiales, un recurso pueda ser transferido de la junta de jueces legos a la junta de peritos, y viceversa. Si usted desea impugnar una decisión administrativa dictada por las autoridades, en muchos casos es posible elegir entre el sistema de apelación administrativa, es decir, la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente, o los tribunales generales. El acceso a la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente es sencillo y barato. Se presenta un recurso por escrito a la autoridad que dictó la decisión en un plazo de cuatro semanas a partir del anuncio de la Decisión. La autoridad está obligada a considerar si cambiará la decisión a la luz del recurso. De no ser así, remitirá el recurso a la Junta de apelación junto con la información pertinente. Una pequeña tasa (2012: 500 DKK) debe pagarse. La tasa será reembolsada si el recurso es estimado en su totalidad o en parte. No existen requisitos sobre la formulación del recurso. La Junta de apelación proporcionará la información necesaria para adoptar una decisión sobre el asunto. A menos que esté limitada explícitamente por ley, la Junta de apelación puede revisar íntegramente la decisión administrativa, incluida la legalidad y aspectos discrecionales (fundamentos). La Junta de apelación puede utilizar la casación y devolver una decisión no válida a la autoridad o, en caso de una revisión total, sustituir la decisión por una Decisión nueva en cuanto al fondo (de reforma). La decisión de la Junta de apelación puede ser llevada ante los tribunales habitualmente en un plazo de 6 meses.

Llevar un asunto ante los tribunales es generalmente más complicado que someter un asunto a la Junta de apelación. Normalmente es necesario contar con la ayuda de un letrado y la tramitación judicial puede resultar mucho más cara. Los tribunales solamente examinan las reclamaciones y las argumentaciones presentadas por las partes del asunto. En las causas civiles y administrativas se debe interponer una demanda escrita ante el juzgado local pertinente. Habitualmente, la legislación contempla un plazo de seis meses para impugnar una decisión administrativa ante los tribunales. El tribunal notifica la demanda al demandado, quien puede contestar por escrito. El Tribunal está obligado a ofrecer una transacción con arreglo al artículo 268 de la Ley de la administración de justicia. Si no se alcanza un acuerdo, el Tribunal fija las fechas para la (s) vista (s) oral (es). Es posible citar a testigos y recabar el dictamen de peritos. La sentencia de un juzgado local puede ser recurrida ante la Audiencia de Dinamarca Oriental u Occidental. Los tribunales pueden anular decisiones administrativas y devolver la decisión a la autoridad (casación). Los tribunales también pueden sustituir una decisión administrativa por una nueva decisión; por ejemplo, conceder o denegar un permiso. No obstante, los tribunales son generalmente reacios a revisar los poderes más discrecionales de las autoridades y normalmente no dictarán una nueva decisión basada en el fondo del asunto. Los procesos judiciales en materia ambiental no presentan características específicas. Generalmente, los tribunales se basan en la presentación del asunto por las partes y no pueden tomar iniciativas por cuenta propia. Sin embargo, los tribunales pueden decidir incoar un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE sin que una de las Partes lo solicite. Groenlandia y las Islas Feroe, que forman parte del Reino de Dinamarca, cuentan con normas y sistemas judiciales especiales.

III. El acceso a información sobre los asuntos

Las decisiones relativas al acceso a información ambiental pueden ser recurridas ante el órgano de apelación pertinente; En la mayor parte de los casos, será la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. Esta opción también es posible si la decisión ha sido adoptada por una empresa de servicio público y no existe otra instancia de apelación. También es posible llevar ante los tribunales las decisiones sobre el acceso a la información ambiental. La denegación de la petición de información incluirá información sobre las vías de recurso. Si usted solicita información ambiental, se deberá dictar una decisión en el plazo de un mes, y en el plazo de dos meses en los asuntos más complejos. El recurso se interpondrá ante la autoridad que adoptó la Decisión sobre el acceso a información en los plazos especificados para los recursos en la legislación pertinente. La autoridad generalmente está obligada a reconsiderar la decisión y remitirá el recurso a la Junta de apelación en un plazo de tres semanas si se confirma la decisión. No se fijan requisitos en materia de forma o de asesoramiento obligatorio. Los órganos de apelación o los tribunales deben tener acceso a la información objeto de litigio para determinar si la petición se debe satisfacer o no. Podrán entonces determinar si la información debe ser divulgada o no.

ANEXO IV. El acceso a la justicia en la participación del público

La participación del público es un requisito obligatorio en algunas fases de la toma de decisiones ambientales en Dinamarca. Esto incluye, en particular, el sistema danés de ordenación territorial con un sistema de consulta pública previa antes de presentar una propuesta de plan, así como un proceso de consulta pública tras la publicación de una propuesta de plan de conformidad con la Ley de planificación. El procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA) de las actividades terrestres es incorporado al proceso de planificación, por lo que cuenta con un proceso semejante de doble consulta pública. La EIA de las actividades de ultramar está reglamentada por la legislación sectorial y habitualmente no existe una consulta pública previa a la redacción del informe de evaluación, solamente tras la redacción del informe y antes de la Decisión. La consulta pública antes de la concesión de permisos puede variar de un sistema de permisos a otro. En la mayoría de los casos no hay una consulta pública previa, o bien es solamente limitada. En relación con los permisos o autorizaciones ambientales, de conformidad con la Ley de protección del medio ambiente, el requisito de una consulta pública obligatoria solamente es de aplicación a aquellas instalaciones registradas como instalaciones PCIC. Las decisiones se publican junto con la información sobre las opciones de recurso. En general, las decisiones dictadas en virtud de la legislación ambiental y de planificación pueden ser recurridas ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. En la legislación pertinente se estipula qué decisiones pueden ser recurridas ante la Junta de apelación. También se establece si una decisión no puede ser objeto de recurso administrativo. Las decisiones administrativas pueden, de conformidad con la Constitución de Dinamarca, ser recurridas ante los tribunales. Habitualmente, no se exige agotar los recursos administrativos u otras vías antes de recurrir a los tribunales. En principio, la Constitución danesa no restringe la revisión judicial a las cuestiones de legalidad. No obstante, en la práctica, los tribunales daneses normalmente no examinan las cuestiones que atañen a los poderes discrecionales de la Autoridad. Los tribunales examinan los límites de esos poderes discrecionales, por ejemplo, según lo determina el principio de proporcionalidad. Así, los tribunales revisan si una decisión es deficiente o desproporcionada, pero no si una decisión es apropiada. Los tribunales también pueden analizar los cálculos y las conclusiones técnicas y esenciales si dichas cuestiones han sido alegadas por una de las partes. Los tribunales, en consecuencia, pueden admitir o desestimar demandas, como que una evaluación de impacto ambiental es inadecuada. Sin embargo, resulta improbable que revisen detalladamente más aspectos técnicos. La revisión de la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente está prevista en la legislación pertinente. En la mayor parte de los casos, la Junta de apelación efectúa una revisión completa, que también incluye cuestiones discrecionales. El alcance de la revisión, no obstante, puede limitarse explícitamente a las cuestiones de legalidad. Por ejemplo, revisar los planes de ordenación territorial cuando la idoneidad de un plan no puede ser revisada por la Junta de conformidad con la Ley de planificación. Los planes de ordenación territorial y las decisiones de zonificación pueden ser revisadas tanto por la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente como por los tribunales. Aunque los recursos administrativos contra los planes de ordenación territorial ante la Junta de apelación están restringidos a las cuestiones de legalidad, no sucede así con los recursos administrativos contra las decisiones de zonificación (en forma de permisos de zonas rurales) que pueden ser revisadas en su totalidad por la Junta de apelación. Los planes de ordenación territorial pueden ser recurridos ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente por parte de un amplio grupo de particulares y de ONG. En la práctica, el grupo de particulares que pueden recurrir los permisos de zonas rurales tiende a limitarse a los interesados individuales. Un amplio grupo de ONG pueden recurrir estas decisiones. Aunque la legislación no lo estipula, es probable que el mismo grupo de particulares y de ONG tengan capacidad procesal ante los tribunales en esta materia. Es muy probable que los tribunales solamente revisen la legalidad de las decisiones sobre planes territoriales y de zonificación.

Las decisiones sobre si una EIA es necesaria o no y las decisiones de examen de la EIA pueden ser recurridas ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente, de conformidad con la Ley de planificación. Un amplio grupo de particulares y ONG pueden recurrir estas decisiones. No es necesario haber participado en los procedimientos de consulta pública para poder recurrir. Una decisión de examen de la EIA se considera una cuestión de legalidad que puede ser revisada por la Junta de apelación. Las decisiones de examen de la EIA también pueden ser recurridas ante los tribunales. Los tribunales revisan la legalidad de las decisiones, pero es improbable que revisen las cuestiones técnicas de manera detallada. El sistema danés de EIA no contempla decisiones de evaluación oficiales, por lo que no suele haber un acceso por separado a los recursos administrativos sobre estas cuestiones. Si las autoridades requieren a un proyectista que facilite información específica, esa decisión puede ser recurrida por motivos de legalidad de conformidad con la Ley de planificación. De lo contrario, los aspectos relativos al alcance de la EIA pueden ser revisados en el marco de un recurso contra la EIA. En Dinamarca, una decisión final de la EIA habitualmente se divide en dos partes:

  1. adopción de una directriz de planificación municipal acompañada de un informe de impacto ambiental y
  2. un permiso de EIA.

Ambas decisiones pueden ser recurridas ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. El plan y el informe pueden ser recurridos por motivos de legalidad, mientras que el permiso de EIA puede ser recurrido en su totalidad, incluidas las cuestiones discrecionales o su idoneidad en el contexto de la Ley de planificación. La Junta de apelación revisa en cierta medida el material y los cálculos y conclusiones técnicos. Si un informe de la EIA se considera inadecuado (si contiene defectos que no sean insignificantes) es rechazado y devuelto a la autoridad pertinente. Las decisiones de la EIA también pueden ser revisadas por los tribunales. Los tribunales probablemente son más reacios a revisar las cuestiones técnicas y la discrecionalidad de las autoridades. Si las decisiones de la EIA son recurridas ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente o ante los tribuales, el recurso habitualmente no suspende ni paraliza la ejecución del proyecto. No obstante, la Junta de apelación puede decidir que el recurso suspenda el permiso o el plan del proyecto. No existen requisitos formales o procesales para esa decisión; Es la Junta la que considera si el efecto suspensivo resulta apropiado o no. Si una decisión de la EIA es revisada judicialmente, también es posible que el Tribunal conceda el efecto suspensivo. No obstante, los tribunales son bastante reacios a decretar el efecto suspensivo o medidas cautelares, y pueden exigir el depósito de una fianza al demandante. Los permisos o las autorizaciones en materia ambiental, como las decisiones o las autorizaciones de PCIC, pueden ser recurridos ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente de conformidad con la Ley para la protección del medio ambiente. Pueden ser recurridos por los interesados individuales significativamente afectados y por las ONG, en especial las ONG que protegen la naturaleza y el medio ambiente de conformidad con la Ley para la protección del medio ambiente. No se exige el requisito de haber participado en la consulta pública con respecto a las instalaciones de PCIC. Para los particulares, la pregunta clave es si tienen un interés individual y significativo o no. La Junta de apelación revisa la Decisión en su totalidad, también las cuestiones procesales, así como las cuestiones sustantivas y la discrecionalidad. La Junta, en su configuración de expertos, trata de verificar los cálculos y las conclusiones esenciales y técnicas. Los tribunales también pueden revisar los permisos ambientales o las decisiones de PCIC. Sin embargo, resulta improbable que los tribunales analicen las cuestiones técnicas y discrecionales. Si un permiso ambiental es recurrido, la apelación no suspende ni interrumpe la ejecución de la actividad permitida. La Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente puede, no obstante, decidir que el recurso suspende la decisión. No existen requisitos procesales.

Las condiciones que deben satisfacerse son las mismas que en el caso de los asuntos judiciales relativos a la EIA.

Las demandas judiciales contra personas físicas o jurídicas en materia ambiental suelen basarse en el Derecho privado, como una demanda de responsabilidad por molestias. Demandas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones en virtud del Derecho público normalmente solo pueden ser presentadas ante los tribunales por la autoridad pertinente. Existen algunas excepciones. La Ley de planificación contempla explícitamente una demanda privada en caso de incumplimiento de las disposiciones recogidas de un plan local. Cuando se trata del incumplimiento de obligaciones públicas por parte de las propias autoridades públicas, como los organismos estatales, generalmente se considera que pueden presentarse demandas ante los tribunales sobre la base de la Constitución de Dinamarca. Una demanda debe estar bien fundada y ser suficientemente clara y precisa. También es necesario demostrar un interés jurídico suficiente en la demanda. Tras la promulgación de la Directiva comunitaria sobre responsabilidad ambiental, un conjunto de normas especiales es de aplicación a la responsabilidad ambiental en forma de obligaciones de Derecho público. Habitualmente son las autoridades locales (los municipios) las que determinan en una primera fase si se ha registrado un daño ambiental según lo define la Directiva. A continuación el asunto es transferido al Ministerio de Medio Ambiente (a la Agencia para la protección del medio ambiente). Un particular o una ONG pueden, sin embargo, solicitar al Ministerio que intervenga si consideran que existe un daño ambiental, de conformidad con la Ley sobre daños ambientales. Dicha solicitud puede ser planteada por el grupo de personas o de ONG que pueden interponer el recurso administrativo. La petición irá acompañada por la información pertinente. Las decisiones dictadas en relación con estas peticiones pueden ser recurridas en un plazo de cuatro semanas ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente, de conformidad con la Ley sobre daños ambientales. Cualquier persona afectada de manera individual y significativa puede recurrir junto con las ONG nacionales y locales que protegen la naturaleza y el medio ambiente. Una decisión también puede ser recurrida ante los tribunales dentro de un plazo de 12 meses. No se contemplan condiciones especiales para la revisión de estas decisiones.

ANEXO VI. Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;

Aparte de recurrir ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente y ante los tribunales, también es posible someter la decisión administrativa al Defensor del Pueblo. Por otra parte, las cuestiones relativas a los poderes de supervisión de las autoridades locales y regionales pueden ser remitidas a la autoridad de control de la administración. Finalmente, si una persona o una ONG consideran que se ha cometido un hecho punible por violación de la legislación ambiental, es posible informar sobre este particular a la policía o a la Fiscalía. El Defensor del Pueblo puede plantear asuntos por iniciativa propia, o responder a las quejas que se le hacen llegar, de conformidad con la Ley del Defensor del Pueblo. Corresponde al Defensor del Pueblo decidir si una queja debe dar lugar a una investigación posterior. Antes de presentar un asunto ante el Defensor del Pueblo, se exige haber agotado los recursos administrativo. El Defensor del Pueblo no puede dictar resoluciones con efectos jurídicamente vinculantes. Puede expresar críticas y formular recomendaciones a las autoridades. La autoridad de control de la Administración puede recibir quejas relativas a las autoridades municipales y regionales, pero solamente si no existen opciones de recurso administrativo de conformidad con la Ley de gobierno municipal. La autoridad de control de la Administración decide si una queja debe dar lugar a una investigación posterior. La autoridad de control puede revisar la legalidad de los actos u omisiones. La autoridad de control podrá emitir un dictamen orientativo sobre un asunto, que no sustituye a la decisión en cuestión. Sin embargo, sí puede anular o suspender las decisiones claramente ilícitas. El fiscal determina si existe una base para incoar procedimientos penales ante los tribunales. En Dinamarca no existe un fiscal especializado en materia ambiental. En general, en Dinamarca se registran pocas causas penales de carácter ambiental y el grado de las sanciones (multas o prisión) es bastante bajo. Habitualmente no es posible la acusación penal particular en materia ambiental. Que debe ser específicamente establecida por ley. En principio, la inacción o la omisión administrativa puede ser objeto de quejas ante el Defensor del Pueblo y la autoridad de control de la administración, o ser notificada a la Fiscalía. Presumiblemente, la inacción o la omisión administrativa también puede ser impugnada ante los tribunales. Si no se ha dictado una decisión administrativa, generalmente no resulta posible interponer un recurso en el sistema administrativo, a menos que la inacción pueda ser equiparada con una decisión.

VII. Capacidad procesal

El término general relativo a la capacidad procesal o el acceso a la justicia en Dinamarca es el concepto de «interés jurídico». En la legislación no se define el interés jurídico en relación con los procedimientos judiciales, pero a menudo se interpreta como el hecho de tener un interés individual suficiente y significativo. En Dinamarca no existe la acción popular que da acceso a todos los ciudadanos a los tribunales. En materia ambiental, la legislación específica quién está legitimado para interponer recursos administrativos ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. En cierta medida se acepta que si un grupo de personas y de ONG tienen derecho al recurso administrativo, normalmente también se considera que tienen un interés jurídico suficiente para someter el asunto a los tribunales. Esto debe determinarse caso por caso, no obstante. Las normas sobre quién esté legitimado para presentar un recurso administrativo difieren de un ámbito a otro. Para los particulares, puede oscilar entre solo el destinatario (por ejemplo, la Ley de protección de la naturaleza), a aquellos individuales significativamente afectados (por ejemplo, la Ley de protección del medio ambiente) y un amplio grupo de ciudadanos (la Ley de planificación). En el caso de las ONG existe un terreno común debido a la aplicación del Convenio de Aarhus. La capacidad procesal de las ONG para recurrir no se limita a las decisiones de la EIA y la PCIC, sino que se aplica de forma más amplia en la legislación ambiental. En general, las ONG nacionales con intereses de protección de la naturaleza y el medio ambiente o con intereses recreativos como fines principales pueden interponer recursos administrativos en materia ambiental. Las organizaciones locales generalmente también hacer uso del recurso administrativo, aunque con algunas variaciones de un ámbito a otro. Esto puede incluir grupos ad hoc. En la legislación se hace una referencia no explícita a las ONG extranjeras, indicándose que están legitimadas para el recurso administrativo. El Convenio de protección del medio ambiente nórdico de 1974 reconoce explícitamente el principio de no discriminación y otorga a los ciudadanos de los países nórdicos afectados por una decisión en virtud de la Ley de protección del medio ambiente de Dinamarca el derecho al recurso administrativo en igualdad de condiciones. Este principio de no discriminación también puede ser de aplicación en otras situaciones. Que las ONG extranjeras puedan recurrir dependerá muy probablemente de si puede establecerse que la ONG ha sido afectada por la Decisión. Una autoridad normalmente solo podrá presentar un recurso administrativo si así los estipula la ley. En relación con el acceso a los tribunales, dependerá de si la autoridad tiene suficiente interés jurídico. La Fiscalía tiene la potestad de incoar procedimientos penales y someter asuntos a los tribunales.

VIII. Representación legal

La representación legal no es obligatoria en el recurso administrativo ni en los procedimientos judiciales en materia ambiental. En los recursos administrativos, la Junta de apelación (o la autoridad) tiene la obligación de garantizar que está disponible la información necesaria para adoptar una decisión. En los recursos administrativos no es necesario contar con la ayuda de un abogado, aunque un letrado cualificado puede prestar una asistencia muy valiosa. Los tribunales solamente se apoyan en las reclamaciones y las argumentaciones presentadas por las partes del asunto. En la mayor parte de los casos se recomienda obtener asesoramiento jurídico cualificado antes de llevar el asunto ante los tribunales, y también estar representado por un letrado. Una solución recomendada en relación con las causas judiciales es solicitar asesoramiento a un despacho jurídico que esté especializado o bien que tenga conocimientos técnicos específicos y documentados en materia ambiental. No existen ONG especializadas en proporcionar asesoramiento a particulares en relación con los recursos administrativos o con las causas judiciales en materia ambiental. Algunas ONG tienen conocimientos técnicos significativos en asuntos ambientales, habitualmente en recursos administrativos; por ejemplo, la sociedad danesa para la conservación de la naturaleza. Solamente unas pocas causas judiciales ambientales son iniciadas por ONG.

ANEXO IX. Pruebas

En las causas judiciales civiles, la práctica y la presentación de pruebas depende de la iniciativa de las partes en la causa. Las partes pueden citar a testigos y solicitar peritajes. Las pruebas normalmente se presentan durante las negociaciones principales, pero también pueden aportarse en una fase previa, dependiendo de la aceptación del Tribunal. El Tribunal puede, con anterioridad a la negociación judicial, solicitar a las partes que presenten una declaración relativa a las pruebas que se presentarán en la causa. El tribunal puede autorizar pruebas adicionales. No existen restricciones sobre el tipo de pruebas que se pueden presentar. Sin embargo, el Tribunal rechazará las pruebas no pertinentes. Si una parte solicita el dictamen de un perito, debe sugerir las preguntas que se le formularán. La parte contraria puede comentar la sugerencia y, seguidamente, el Tribunal aprueba las preguntas. El Tribunal no puede solicitar pruebas de oficio. Sin embargo, el Tribunal puede pedir a las partes que profundicen en cuestiones que considere importantes para el asunto, o alentar a las partes a presentar pruebas. Sobre la base de las negociaciones judiciales y las pruebas presentadas, el Tribunal determina las circunstancias que son decisivas para el asunto. El Tribunal lleva a cabo una evaluación libre de las pruebas. Los dictámenes periciales no son vinculantes para el Tribunal.

Medidas cautelares X.

El recurso judicial no suspende una decisión administrativa, como establece el artículo 63 de la Constitución de Dinamarca. Sin embargo, el Tribunal puede, en circunstancias específicas, decretar un efecto suspensivo o medidas cautelares. En general, los tribunales son muy reacios a conceder el efecto suspensivo y, en determinados asuntos, pueden solicitar una fianza que cubra los costes potenciales asociados a la suspensión de una decisión y, en consecuencia, de un proyecto. Es posible solicitar una orden judicial para impedir una acción en una demanda civil (privada), de conformidad con la Ley de la administración de justicia (artículo 641). La resolución judicial relativa al efecto suspensivo o la orden judicial pueden ser recurridas ante una instancia superior. El tribunal equilibra el interés público de no suspender la decisión, por una parte, y la naturaleza y el alcance del daño sufrido por los demandantes, por otra. En cuanto a los recursos administrativos ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente, la medida en que un recurso administrativo puede tener efecto suspensivo varía significativamente. En general, un recurso contra una prohibición o una orden suspende la decisión, mientras que un recurso contra un permiso o un plan no suspende la decisión. La Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente puede, no obstante, adoptar una decisión distinta cuando se le presenta un recurso.

ANEXO XI. Costas

En los recursos administrativos ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente, a fecha de 1 de agosto de 2012, la tasa general era de 500 DKK. En 2012 se anuló un a tasa especial de 3.000 DKK para las ONG y otras entidades jurídicas, que había entrado en vigor el 1 de enero de 2011. El Comité de cumplimiento del Convenio de Aarhus estableció en marzo de 2012 que la tasa de 3.000 DKK vulneraba el artículo 9, apartado 4, del Convenio. La tasa de recurso administrativo se devuelve si el recurso prospera en su totalidad o en parte. En los recursos administrativos no existen costes añadidos para las partes privadas, salvo un posible asesoramiento legal. En las causas judiciales, las tasas de 2012 incluyen una tasa estándar de 500 DKK para someter un asunto ante los tribunales de primera instancia (véase www.domstol.dk). Si la cuantía del asunto excede de 50.000 DKK se debe pagar una tasa adicional del 1,2 % del importe superior a 50.000 DKK, con una tasa máxima de 75.000 DKK. Si la causa procede con las negociaciones judiciales, se paga una tasa adicional en los asuntos de cuantía superior a 50.000 DKK: 750 DKK + el 1,2 % del importe superior a 50.000 DKK. Si el asunto es recurrido, se calcula una nueva tasa sobre la base de la cuantía del asunto en ese momento, que incluye una tasa estándar de 750 DKK en los altos tribunales y de 1.500 DKK en el Tribunal Supremo. La mayor parte de las causas judiciales que impugnan decisiones administrativas no tienen un valor superior a 50.000 DKK y, en consecuencia, la tasa judicial es baja. Además de las tasas judiciales, las partes deben pagar los costes de, por ejemplo, los honorarios de los peritos y de los abogados. Este desembolso puede resultar elevado. Es difícil estimar los honorarios de los peritos y de los letrados; Es difícil estimar los honorarios de los peritos y los honorarios mínimos de entre 1.500 y 2.000 DKK por hora (2012). Las tasas estándar pueden ser de aplicación a diferentes tipos de asuntos. En algunas situaciones el tribunal puede solicitar una fianza para cubrir los costes potenciales. Si se dictan medidas cautelares, se puede requerir una fianza para cubrir los costes potenciales de la demora del proyecto. Las fianzas las determina el tribunal en cada asunto particular. En general, en las causas judiciales se aplica el principio de «quien pierde, paga», de conformidad con la Ley de la administración de justicia (artículo 312). El Tribunal determina en cada caso las costas que debe asumir la parte perdedora, basándose en una estimación del coste de los dictámenes de los peritos y los abogados. La parte que pierde una causa ante una autoridad pública, puede arriesgarse a pagar las costas judiciales de la Autoridad. No obstante, y en circunstancias especiales, el Tribunal puede decidir que la parte perdedora no pagará las costas del oponente. Esto puede suceder si el oponente es una autoridad pública o una gran empresa. Sin embargo, depende en gran medida de las circunstancias específicas y existen ejemplos de demandantes privados a los que se ha ordenado pagar las costas de las autoridades públicas (varios cientos de miles de DKK).

ANEXO XII. Mecanismos de asistencia financiera

Los tribunales no pueden eximir del pago de las tasas judiciales. Sin embargo, las tasas judiciales no son de aplicación si se concede al demandante la justicia gratuita o si cuenta con un seguro y cumple determinados criterios de renta máxima. Es posible solicitar la justicia gratuita (asistencia jurídica), de conformidad con la Ley de la administración de justicia. Normalmente es necesario cumplir determinados criterios relativos a la renta máxima (desde el 1.1.2012: 289.000 para una renta única y 368.000 para una pareja). Además, el asunto debe estar razonablemente justificado. Más importante es el hecho de que en materia ambiental es posible que se conceda la justicia gratuita únicamente sobre la base de circunstancias especiales. Esto puede lograrse en los casos relativos a cuestiones de principio o en los asuntos de importancia pública general. Los particulares, así como los grupos u organizaciones, pueden solicitar la justicia gratuita sobre la base de circunstancias especiales. Los consultorios jurídicos o los despachos jurídicos pueden prestar asistencia pro bono. Sin embargo, no es extensible a todos los asuntos ambientales. En Dinamarca no existen organizaciones jurídicas o abogados ambientalistas de interés público que ofrezcan asesoramiento jurídico al público como tal.

ANEXO XIII. Puntualidad

En general, no existen plazos para que las autoridades públicas tomen una decisión. La norma general es que la decisión se adopta en un plazo razonable. Se aplican unos plazos fijos a las peticiones de acceso a información ambiental, así como a otras solicitudes de acceso a la información. No se contemplan sanciones contra los órganos administrativos por adoptar decisiones con retraso. Sin embargo, es posible presentar una queja ante el Defensor del Pueblo o, en relación con las autoridades municipales y regionales, ante la autoridad de control de la administración. En los procedimientos judiciales se aplican plazos diferentes, principalmente para las partes. Tras la presentación de una demanda se fija un plazo de habitualmente cuatro semanas para que el demandado presente una contestación. Se da al demandante y al demandado una segunda opción para presentar declaraciones, habitualmente en un plazo de cuatro semanas. Transcurrido ese plazo, pueden iniciarse las negociaciones judiciales. En esta fase no existen plazos formales. El Tribunal debe dictar sentencia lo antes posible tras finalizar las negociaciones judiciales; En los recursos ante los tribunales de distrito y ante el alto tribunal, normalmente en un plazo de cuatro semanas, de conformidad con la Ley de la administración de justicia (artículo 219). La duración de una causa civil en un tribunal de distrito y en un alto tribunal puede ser fácilmente de un año o más. En el Tribunal Supremo, la duración media es de dos años aproximadamente. Las causas penales normalmente son resueltas en pocos meses. Las causas penales más complejas, como algunos asuntos ambientales, pueden prolongarse durante más tiempo. Por otra parte, el fiscal puede dedicar algún tiempo a decidir si presenta el asunto ante los tribunales y si inicia una investigación.

ANEXO XIV. Otras cuestiones

La mayor parte de las decisiones en materia ambiental son impugnadas por el público en el marco del sistema de recursos administrativos; es decir, ante la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. Casi todas las decisiones administrativas son anunciadas públicamente y van acompañadas de información sobre cómo recurrirlas. Se ha presentado una propuesta para crear un punto de acceso electrónico sencillo y general para los recursos administrativos en materia ambiental. Ya es posible encontrar orientación al respecto en http://www.nmkn.dk/, donde se incluye un formulario de demanda.El enlace abre una nueva ventanahttp://www.nmkn.dk/ Son relativamente pocas las decisiones administrativas en materia ambiental que son impugnadas ante los tribunales. La mayor parte de las causas judiciales civiles son causas contra las decisiones de la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente. En Dinamarca, la resolución alternativa de litigios no es habitual en materia ambiental. En las causas civiles, los tribunales de primera instancia normalmente están obligados a buscar un acuerdo entre las partes de la causa, de conformidad con la Ley de la administración de justicia (artículo 268). Cualquier parte procesal podrá, no obstante, pedir al Tribunal que nombre un mediador con el fin de buscar un acuerdo extrajudicial, de conformidad con la Ley de la administración de justicia (artículo 272). Las partes asumen los gastos. Si se alcanza un acuerdo, la causa puede suspenderse. No se han formalizado otros tipos de resolución alternativa de litigios en materia ambiental.

ANEXO XV. En el extranjero

En las leyes procesales no se contemplan cláusulas antidiscriminatorias relativas a la lengua o al país de origen, salvo en el Convenio sobre la protección del medio ambiente nórdico y en el Convenio de las lenguas nórdicas. En Dinamarca, la lengua utilizada en los tribunales es el danés, de conformidad con la Ley de la administración de justicia (artículo 149). Habitualmente es necesario traducir los documentos al danés, a menos que ambas partes y el tribunal acepten la lengua original. Los documentos en lenguas nórdicas son aceptados de manera habitual sin traducción. El Gobierno no suele proporcionar ni pagar la traducción en las causas judiciales civiles. En las causas judiciales penales la traducción es suministrada y pagada por el Gobierno, de conformidad con la circular 104/1989.

ANEXO XVI. Transboundary Cases

Los proyectos, planes o programas que pueden tener incidencia ambiental transfronteriza en otros países son sometidos a un procedimiento adicional que garantiza la consulta en los países que pueden resultar afectados. En esos casos se notifica a las autoridades de los países pertinentes de conformidad con el Convenio de Espoo y la Ley sobre evaluación ambiental de planes y programas. La consulta al público afectado en los países pertinentes depende de las autoridades del país en cuestión. La legislación danesa no contempla la consulta directa al público de otros países. Sin embargo, los ciudadanos de otros países pueden participar en la consulta pública en Dinamarca. El acceso a la Junta de apelación en materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente o a los tribunales no está restringido a los ciudadanos daneses, aunque habitualmente depende de si la persona tiene un interés jurídico suficiente. Las ONG extranjeras habitualmente no tienen derecho al recurso administrativo ni capacidad procesal ante los tribunales, a menos que representen un interés jurídico suficiente. El Convenio sobre la protección del medio ambiente nórdico prescribe en su artículo 3 que cualquier persona afectada por una molestia causada por actividades ambientales ilícitas en otro país (nórdico) tiene el mismo derecho a cuestionar la validez de dichas actividades ante las autoridades o los tribunales que los ciudadanos de ese país.

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Última actualización: 14/09/2016