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Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Luxemburgo

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  1. Fundamentos constitucionales
  2. Poder judicial
  3. #II
  4. El acceso a información sobre los asuntos
  5. El acceso a la justicia en la participación del público
  6. Acceso a la justicia contra actos u omisiones
  7. Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;
  8. Capacidad procesal
  9. Representación legal
  10. Pruebas
  11. Medidas cautelares
  12. Costas
  13. Mecanismos de asistencia financiera
  14. Puntualidad
  15. Otras cuestiones
  16. En el extranjero
  17. Transboundary Cases

I. Fundamentos constitucionales

En 1999, el Gobierno modificó la Constitución luxemburguesa añadiendo la protección del medio ambiente y de los animales como nuevo principio constitucional (artículo 11). El Estado de Luxemburgo, garantiza la protección del medio ambiente natural y humano, promoviendo la creación de un equilibrio sostenible entre la conservación de la naturaleza y la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras. El Estado promueve la protección y el bienestar de los animales. Los ciudadanos pueden invocar el Derecho constitucional directamente en procedimientos administrativos y judiciales. Si el juez considera que la parte está legítimamente cuestionar la constitucionalidad de una ley, que abordará una cuestión prejudicial ante la Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional). Las partes en un procedimiento administrativo o contencioso-administrativo podrán invocar directamente las directivas europeas y el Convenio. Pueden invocar los acuerdos internacionales que han sido ratificados por el Gran Ducado de Luxemburgo. Los tribunales administrativos y se refieren a aplicar directamente el Convenio de Aarhus. En concreto, el Tribunal Administrativo se remite al Convenio de Aarhus directamente para determinar la legitimación de los justiciables.

ANEXO II. Poder judicial

La legislación luxemburguesa se basa en el Derecho romano y hace una clara distinción entre el Derecho público y el Derecho privado. Puesto que se trata de la máxima división entre Derecho público y Derecho privado en Luxemburgo, el sistema judicial en el Gran Ducado de Luxemburgo está dividido en un sistema judicial civil y un sistema de tribunales administrativos. En Luxemburgo, la Cour constitutionnelle se pronuncia sobre la conformidad de las leyes con la Constitución. No existe una vía de recurso directa a los litigantes; Solo los órganos jurisdiccionales nacionales pueden dirigir una cuestión prejudicial ante la Cour constitutionnelle. Los tribunales son aplicados por la Constitución para ejercer la potestad jurisdiccional. Son independientes en el ejercicio de sus funciones. En Luxemburgo, hay dos órdenes jurisdiccionales: el orden civil y el orden administrativa. En la parte superior de la jerarquía del orden civil es la «Cour supérieure de Justice», que incluye una cour d’appel, la Cour de cassation y del Parquet Général. Los casos de cancelación de las sentencias pronunciadas por las distintas cámaras de la Cour d’appel se llevan ante la Cour de cassation, que incluye una sala de cinco Jueces.

En Luxemburgo, no hay juzgados o tribunales específicos para decidir en materia de medio ambiente. Los asuntos sobre medio ambiente sean juzgados por tribunales administrativos o judiciales, según el caso. Existen dos partidos judiciales en Luxemburgo, el distrito judicial de Luxemburgo y de Diekirch, en cada distrito con un Tribunal d’arrondissement. Los jueces de los tribunales son directamente nombrados por el Gran Duque. Existen tres órganos jurisdiccionales de menor cuantía, Justice de paix de Luxemburgo y de Diekirch, esch- sur- Alzette. La Cour administrative (Tribunal administrativo supremo, constituye la jurisdicción de la orden administrativa. La búsqueda del foro más favorable solo está disponible en los expedientes judiciales y no existe en asuntos administrativos. Las partes pueden incluir una «cláusula atributiva de competencia» en sus contratos. Si ambas Partes están de acuerdo con esta cláusula, se les permite adecuar su propuesta antes Tribunal de escasa cuantía, el juez de paz, cuando éste no es competente respecto a la cuantía de la demanda y las reglas territoriales. Todas las decisiones de Primera Instancia dictaminó el Tribunal d’arrondissement de Luxemburgo y de Diekirch, pueden ser recurridas ante la cour d’appel. Para recurrir una sentencia, el recurrente debe presentar su recurso en el plazo de 40 días a partir de la notificación de la decisión ante el Secretario del Tribunal. La Cour d’appel controlará la aplicación de la Ley a los hechos por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg y confirmará o anular la sentencia del Tribunal d’arrondissement. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de menor cuantía pueden recurrirse ante los tribunales de distrito. Las decisiones del tribunal de apelación y las decisiones de otros tribunales declaró en última instancia pueden ser recurridas ante la Cour de cassation. La Cour de cassation únicamente el control de la aplicación del Derecho y de las normas de procedimiento. El plazo para interponer un recurso ante la Cour de cassation es de dos meses a partir de la notificación de la sentencia. La Cour administrative ha casación y potestades correctoras. El juez administrativo puede pronunciarse sobre la legalidad y la proporcionalidad de la decisión administrativa. El juez administrativo puede anular una resolución administrativa, pero solo puede sustituir su decisión a la decisión de la administración si así está previsto por la legislación de que se trate. En materia de medio ambiente, podrá invocarse ante los jueces civiles con el fin de obtener una indemnización del demandado. Los jueces civiles son competentes para resolver los casos de molestias tales como el ruido o la contaminación provocados por vecinos. Perjuicios ambientales podrá invocarse, incluso en ausencia de faltas. El juez penal es competente para dirimir casos cuando la demanda se presenta por la policía o la Fiscalía General. Poder judicial el juez es competente para pronunciarse sobre los hechos dañosos casos sean civiles (es decir, entre dos particulares) o administrativa (entre la administración y un particular). Los jueces pueden ordenar de oficio una experiencia o una visita del sitio a efectos del presente asunto. Además, los jueces pueden ordenar cualesquiera medidas que permitan audición del testigo. El juez administrativo puede controlar la autenticidad de las obras.

III. El acceso a información sobre los asuntos

En caso de que una solicitud de información medioambiental sea denegada o respondida de forma inadecuada o errónea, el interesado puede iniciar un procedimiento provisional de emergencia ante el tribunal administrativo. El recurso deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la decisión de denegación o tras el silencio de la administración se mantendrá durante 3 meses. Si el juez considera que la demanda como válidos, que pueden ordenar a la Administración que hagan pública la información. La sentencia podrá ser impugnada. Denegación total o parcial de una solicitud de información debe estar justificada y ser enviada por correo certificado. La denegación deberá incluir información sobre las soluciones posibles y los procedimientos de recurso legal. La solicitud debe presentarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la denegación o de decisiones inadecuadas. La propuesta deberá incluir:

  • el nombre y la dirección de las partes,
  • Resumen de los hechos
  • las conclusiones
  • la descripción de la información medioambiental que se haya negado el acceso.

La propuesta se presentará en el mismo número como de las partes interpuso ante el Secretario un mandato antes de la vista. La sentencia del Tribunal será notificada al solicitante y a la autoridad administrativa. La autoridad administrativa elaborará la información medioambiental al Presidente a la Secretaría del Tribunal de la función pública. La naturaleza de la información que va a influir en la toma de decisiones que se pueda excluir de la publicidad por ley. El Tribunal examinará la información y el orden público si la autoridad administrativa debe comunicar al demandante. El Tribunal puede ordenar la divulgación íntegra o parcial de la información.

ANEXO IV. El acceso a la justicia en la participación del público

En Luxemburgo, no existe una normativa procesal específica en materia de medio ambiente. Procedimiento administrativo regular. En principio, las decisiones administrativas de los organismos administrativos están sujetos al «procédure administrative contentieuse» no» (Ley de procedimiento administrativo).El enlace abre una nueva ventanahttp://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf A menos que una disposición legal prevé plazos más reducidos o reformar los procedimientos para tomar medidas contra una decisión administrativa, las decisiones administrativas pueden recurrirse directamente ante el Tribunal de Justicia en un plazo de 3 meses a partir de su notificación o publicación. Un caso puede ser llevado ante los tribunales antes de haber agotado todas las vías de recurso administrativo. No obstante, el recurso a la autoridad administrativa suspende el plazo de recurso ante el tribunal administrativo. Toda reclamación ante el Tribunal administrativo deben introducirse y firmada por un abogado, avocat à la Cour, en forma de una propuesta. La propuesta deberá incluir el nombre y la dirección del demandante cuestionó la decisión administrativa, un resumen de los hechos, el objeto de la propuesta, así como la lista de las piezas. La propuesta original se presentarán con cinco copias para el Tribunal de la Función Pública pudiera Clerk. La sentencia del Tribunal administrativo puede ser recurrida ante la Cour administrative dentro de los 40 días siguientes a la sentencia. El juez administrativo solo puede revisar la legalidad procesal y sustantiva de la decisión administrativa. En casos muy técnicos, los tribunales administrativos pueden tener que verificar las conclusiones esenciales y técnicas. Además, los jueces pueden solicitar asesoramiento técnico y visitas a los sitios para obtener más información técnica y encontrar una solución adecuada para la cuestión de que se trate. Por lo tanto, podrían basar su sentencia en descubrimientos científicos. Esto es especialmente utilizados en las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). En primer lugar, el Tribunal administratif jueces sobre el fondo del asunto y de la situación de la demandante, que ha de tener un interés directo y cierto. Las ONG pueden tener capacidad procesal en el caso de que estos hayan sido reconocidos de importancia nacional. Se considera que tienen un interés personal si la legislación de que se trate así lo disponga. Normas de procedimiento es el mismo que en el procedimiento administrativo regular. Y puede examinar la legalidad en cuanto al fondo de la decisión medioambiental y el Estado el caso en consecuencia. El juez también revisará. El Presidente del Comité examinará la legalidad material de la decisión medioambiental y el Estado el caso en consecuencia. El recurso debe interponerse en el plazo de 3 meses a partir de la notificación de la resolución administrativa. Procedimiento provisional en caso de emergencia, el Presidente del Tribunal administratif puede revisar las decisiones relativas al alcance de la evaluación del impacto ambiental. El solicitante puede interponer un recurso ante el tribunal administrativo. La solicitud deberá incluir el nombre y la dirección del solicitante, la designación de la decisión administrativa, el resumen de los hechos y objeciones y el objeto de la reclamación. También debe incluir la lista de las pruebas que el demandante utilizarlas durante el juicio. El Tribunal administratif puede revisar las decisiones finales de la EIA o autorizaciones. La demandante, ministros, municipios o vecinos del establecimiento que tienen un interés directo y suficientes y asociaciones de importancia nacional — reconocida por la ley concerned- puede llevar el caso ante el tribunal administrativo. La demanda debe contener el nombre y la dirección del solicitante, la designación de la decisión administrativa, el resumen de los hechos y objeciones y el objeto de la reclamación. También debe incluir la lista de las pruebas que el demandante utilizarlas durante el juicio. La Cour administrative controla la legalidad de la decisión administrativa y su validez. La Cour administrative examina la legalidad procesal y sustantiva de la decisión de EIA. En la medida en que juzgar el fondo del asunto, se revisará la documentación técnica y las pruebas materiales presentadas. Estas pueden disponer de conocimientos especializados y visita el sitio. Para gozar de capacidad procesal ante los tribunales nacionales no es necesario participar en la fase de consulta pública del procedimiento de EIA, a formular observaciones ni a participar en la vista. Las normas sobre legitimación ante los órganos jurisdiccionales nacionales aplican para los ciudadanos que desean recurrir una decisión de EIA. Se disponga de medidas cautelares en los procedimientos de EIA en el caso de que exista un riesgo de daño grave. No existen normas especiales aplicables a los procedimientos de EIA además de la disposición nacional regular. Los tribunales administrativos pueden examinar las decisiones o las autorizaciones de PCIC final. La demandante, ministros, municipios o vecinos del establecimiento que tienen un interés directo y suficientes y asociaciones de importancia nacional — reconocida por la ley concerned- puede llevar el caso ante el tribunal administrativo. La solicitud deberá incluir el nombre y la dirección del solicitante, la designación de la decisión administrativa, el resumen de los hechos y objeciones y el objeto de la reclamación. También debe incluir la lista de las pruebas que el demandante utilizarlas durante el juicio. Los tribunales administrativos revisan la legalidad de la decisión administrativa y su validez. Las normas de procedimiento administrativo de aplicación tal como se describe más arriba. El Tribunal administratif jueces la legalidad procesal y sustantiva de la Decisión relativa a la PCIC, puesto que los jueces sobre el fondo del asunto. El juez debe comprobar de hecho y los criterios técnicos y todos los documentos justificativos. Puede ordenar un peritaje y ordenar a la Administración que presentara los expedientes y documentos. Puede también visitar el sitio para recabar información sobre la situación. Para gozar de capacidad procesal ante los tribunales nacionales, no es necesario participar en la fase de consulta pública del procedimiento PCIC, a formular observaciones o a participar en la vista. Las disposiciones relativas a la legitimación activa ante los órganos jurisdiccionales nacionales se aplican a las personas que deseen impugnar una decisión relativa a la PCIC. Se disponga de medidas cautelares en los procedimientos de PCIC en caso de que exista un riesgo de daño grave. No existen reglas especiales aplicables a los procedimientos de PCIC regular además la disposición nacional.

Las condiciones que deben satisfacerse son las mismas que en el caso de los asuntos judiciales relativos a la EIA.

En materia de medio ambiente, pueden presentarse demandas ante el Tribunal judicial directamente contra particulares o personas jurídicas. El demandante debe demostrar un interés suficiente en el asunto. Los particulares pueden acudir ante los tribunales en los casos de daños. También pueden presentar un recurso para obtener la anulación de una decisión administrativa que puede causar perjuicios a ellas mismas o a sus propiedades. Una vez podrá reclamar la reparación de un daño, la supresión de la acción que constituye un peligro para el medio ambiente o la restauración del medio ambiente. Las reclamaciones contra las decisiones del Ministerio o la Administración competente podrá interponerse ante el Tribunal administratif. ONG — reconocida por la ley concerned- también puede presentar una reclamación contra la decisión del Ministerio. Las solicitudes podrán ser presentadas por la persona directamente afectada por el deterioro ambiental, sufrió una violación de su derecho o por una persona que tenga un interés suficiente con respecto a la decisión medioambiental. El juez se pronuncie sobre el fondo del litigio. En los asuntos de responsabilidad ambiental, el Ministro que ostenta la cartera de medio ambiente, y el Ministro responsable del agua y sus administraciones respectivas son las autoridades competentes en asuntos de responsabilidad medioambiental. La solicitud de intervención podrá presentarse con los ministros o las administraciones competentes en caso de daños medioambientales o, en caso de peligro inminente. La solicitud de acción debe incluir toda la información necesaria sobre la situación. La autoridad competente examinará la solicitud de acción y tomar las decisiones oportunas. El Tribunal administratif es competente para los recursos contra las decisiones administrativas tomadas por el Ministro o la administración competente. La acción judicial ante los tribunales debe tomarse en el plazo de 40 días a partir de la notificación de la resolución administrativa. 30 días de silencio equivale a una decisión de la Administración de denegación de la administración. Solamente la persona que tenga un interés suficiente, puede interponer una demanda ante el tribunal administrativo. Acciones para hacer valer la responsabilidad ambiental deben ser conducidos directamente al Ministro competente o administración. Las ONG que han recibido una acreditación de que el Estado puede también presentar una demanda.

ANEXO VI. Other Means of Access to Justice En los asuntos ambientales existen otros medios disponibles;

En Luxemburgo, aparte de los medios jurídicos de recurso, los ciudadanos pueden presentar una reclamación contra la decisión administrativa al Defensor del Pueblo que actuara como mediador entre las partes. Sin embargo, éste no será el caso sino que ayudará a las partes a alcanzar un acuerdo. El Defensor del Pueblo (también denominados «mediador») es el principal órgano que las normas de conflictos entre la administración y los ciudadanos. Como mediador imparcial, el Defensor del Pueblo organizará consultas para solucionar el conflicto. Presentará una propuesta para resolver las cuestiones que las partes serán libres de aplicar o no. La Defensora del Pueblo también podrá formular recomendaciones a la Administración con el fin de subsanar la situación y mejorar el funcionamiento de la administración. También podrá proponer enmiendas a los actos jurídicos que sirvieron de base jurídica para la decisión ya desde la presentación de una denuncia contra una decisión administrativa. Las personas físicas pueden informar a la policía o al fiscal si se trata de una infracción penal ambiental que más adelante podría tomar la decisión de procesar al infractor. Una denuncia contra la actuación administrativa inadecuada pueden dirigirse al Defensor del Pueblo que actuara como mediador entre los particulares y la administración.

VII. Capacidad procesal

Capacidad procesal

Procedimiento administrativo

Procedimiento judicial

Particulares

Solo las personas que tengan un interés directo y cierto el asunto pueda interponer un recurso ante los tribunales administrativos. Su interés debe ser distinto del interés general.

Solo las personas que tengan un interés directo y cierto el asunto pueda interponer un recurso ante los tribunales. Su interés debe ser distinto del interés general.

ONG

Las ONG gozan de capacidad procesal si han recibido una autorización oficial del Estado de Luxemburgo en función de su importancia a nivel nacional. Recibir una aprobación oficial, la protección del medio ambiente debe haberse incluido en las ordenanzas durante 3 años.

Las ONG gozan de capacidad procesal si están autorizados por Luxemburgo en función de su importancia a nivel nacional. Recibir una aprobación oficial, la protección del medio ambiente debe haberse incluido en las ordenanzas durante 3 años.

Otras entidades jurídicas

Los municipios tienen capacidad legal para ejercitar una acción contra una autorización ministerial, como para controlar la aplicación de la legislación de medio ambiente en su territorio. Deberán tener un interés personal.

Los agentes de policía, fiscales, agentes de la Administración de Recursos Hídricos y Bosques y agentes de los servicios de aduanas pueden emprender acciones judiciales contra los delincuentes en materia de medio ambiente.

Grupos ad hoc

N/A

N/A

ONG extranjeras

Las ONG extranjeras poseen capacidad procesal si la ley de que se trate así lo disponga.

Las ONG extranjeras poseen capacidad procesal si la ley de que se trate así lo disponga.

Cualquier otro

N/A

N/A

Para tener capacidad procesal, el demandante debe tener un personal directa, real y cierto, eficaz, legítimo interés. En Luxemburgo, la actio popularis no existpublic son agentes de la policía, fiscales, agentes de la administración responsable de los bosques y la naturaleza y agentes de los servicios de aduanas pueden perseguir las infracciones de las normas medioambientales. Estos incumplimientos pueden dar lugar a las acciones ejercitadas antes de que pueda formularse ante un juez penal con arreglo a la legislación en materia de medio ambiente.

VIII. Representación legal

En tribunales, la representación por un abogado es obligatoria cuando un procedimiento haya redactado. De ello resulta que, cuando el valor de un litigio es inferior a 10,000 EUR, la justicia de paz de escasa cuantía» Tribunal, es competente para juzgar el asunto. Los litigantes no tienen que estar representadas por un abogado, las partes podrán comparecer en persona. Cuando el valor del litigio exceda de 10,000 EUR, el Tribunal d’arrondissement es competente y las partes deberán estar representadas por un abogado, avocat à la Cour. La asistencia de un abogado es obligatoria ante la Court of Appeal. Un abogado debe representar los litigantes ante los tribunales administrativos y la propuesta debe ir firmado por un abogado, avocat à la Cour. En Luxemburgo son pocos los abogados especializados en Derecho medioambiental y la mayoría de ellos practican el Derecho administrativo, la normativa en materia de ordenación territorial. La mejor manera de dar con un abogado especializado en Derecho ambiental es ponerse en contacto con el Colegio de Abogados de Luxemburgo, (barreau de Luxembourg).

ANEXO IX. Pruebas

La carga de la prueba corresponde al demandante. Deberá aportar pruebas de los hechos y los daños. Los distintos tipos de prueba son la prueba documental, el testimonio oral, presunciones, reconocimiento y testimonios prestados bajo juramento. Las modalidades de prueba es discrecional, salvo en el caso de un documento jurídico cuando la prueba debe ser escrito. La decisión sobre si procede oír a un testigo se deja a la discrecionalidad del juez. El tribunal puede solicitar pruebas de oficio, si se considera útil clarificar un caso. Por ejemplo, el Tribunal puede pedir la opinión de expertos y organizar visitas sobre el terreno. A fin de disponer de dictámenes de expertos en el procedimiento, las partes tienen que presentar el nombre de un perito ante este Tribunal de Justicia. En el ámbito administrativo, los expertos deben seleccionarse a partir de la lista de expertos publicado por el Ministerio de Justicia. El juez determinará si el testigo o perito no debían ser oídas. Los jueces pueden ordenar a otros expertos, si no están satisfechos por la primera. Sin embargo, los jueces deben tener en cuenta la opinión de los expertos con la mayor diligencia y rechazarla únicamente cuando existen motivos fundados que justifiquen que no se ha preparado correctamente.

Medidas cautelares X.

En el Derecho administrativo, el recurso o la acción presentada ante un tribunal administrativo contra una decisión administrativa no tiene un efecto suspensivo. La decisión administrativa se considera legal y vigencia aun cuando su legalidad es impugnada. Tribunal de Apelación y los recursos no tienen efecto suspensivo y que las resoluciones administrativas sean ejecutadas inmediatamente. Recursos y acciones judiciales solo podrá suspender la decisión administrativa en caso de urgencia o de serias dudas sobre la legalidad de la Decisión. En materia de medio ambiente, la acción contra una decisión administrativa puede tener un efecto suspensivo cuando se base en motivos serios y la ejecución de la Decisión puede causar daños graves e irreparables. La decisión administrativa puede ser positivo o negativo. Es posible obtener una medida cautelar para evitar un daño inminente o para detener una molestia legal por medio de un procedimiento de urgencia provisionales. El procedimiento provisional de emergencia está disponible en caso de emergencia ante el juez de procedimientos provisionales, el juge des référés. Puede ordenar cualesquiera medidas de protección de pruebas, a fin testigo comparezca o adoptar cualquier decisión para evitar daños inminentes. El procedimiento no está escrito. No es necesario que las partes estén representadas por un abogado. La decisión del juez es solo temporal y puede modificarse por el mismo juez más adelante o por el juez que se pronuncia sobre el fondo del asunto. La resolución del tribunal puede recurrirse en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la Decisión. El Presidente del Tribunal de apelación es competente para resolver el asunto. Van a seguir un procedimiento de urgencia que en primera instancia.

ANEXO XI. Costas

Los solicitantes de acceso a la justicia en materia de medio ambiente se enfrentan a tasas de secretaría judicial, los honorarios de los peritos y honorarios de abogados. Tasas de secretaría judicial se determina mediante una tasa fija y regulada mediante Reglamento del Gran Ducado. Testigo experto, intérprete, traductor y tasas también están reguladas por un Reglamento granducal. Los abogados determinar individualmente sus propias tasas. Sus honorarios podrán calcularse sobre una base horaria o en función de la complejidad del caso. El Colegio de Abogados de Luxemburgo prohíbe los honorarios condicionales (denominado pacte de cuota litis) para todos los honorarios del abogado. Los abogados se solicitan generalmente retenedores de sus honorarios, gastos y pagos distintos de las tasas legales. En Luxemburgo, no se cobrarán tasas judiciales para llevar un caso ante los tribunales, ni para la interposición de un recurso. Agente judicial las costas y honorarios de abogado son muy elevados en Luxemburgo. Las retribuciones de los agentes judiciales a contar a partir de 100 a 300 EUR. Los honorarios de los peritos pueden durar entre 1500 y 6 000 EUR en función de la complejidad de las competencias. Honorarios de abogados representan entre el 60 y el 95 % de costes de todo el procedimiento. Los abogados podrán facturar por time-spent y la tarifa horaria puede oscilar entre 100 EUR y 650 EUR. Tasas de testigos a contar a partir de 60 a 300 EUR. Honorarios profesionales están sujetas a Luxemburgo el IVA al tipo del 15 % (también para clientes privados establecidos en la UE). El coste de las medidas cautelares o provisionales, puede variar en función de la complejidad del asunto y de la cantidad apostada. Aunque el procedimiento de medidas cautelares debe ser sencilla y barata, abogados podrán cobrar tarifas más elevadas de este trabajo que para otros procedimientos simples. En Luxemburgo, todas las partes soportarán sus propias costas con independencia del resultado del asunto. Unas indemnizaciones procesales son muy raramente permite a las partes. No existe ninguna regla general según el cual la parte perdedora deberá asumir los gastos de abogado a la parte predominante. Otros costes habitualmente debe correr a cargo de la parte perdedora.

ANEXO XII. Mecanismos de asistencia financiera

En Luxemburgo no existen exenciones de gastos en los asuntos medioambientales. No hay gastos procesales aparte de honorarios de abogado, honorarios de peritos, tasas de secretaría judicial y tasas de testigos. La asistencia jurídica gratuita esté a disposición de las personas que sufren dificultades financieras. Deben cumplimentar una solicitud en el Colegio de Abogados de Luxemburgo o a la central de los servicios de asistencia social. Esta ayuda financiera cubre todas las comisiones asociadas al procedimiento legal y el abogado, notario, agente judicial, así como los honorarios del traductor. La asistencia jurídica gratuita puede recibirse en los ámbitos civil, mercantil y administrativo causas judiciales de los demandantes y de los demandados. Esté disponible en los litigios y de recursos extrajudiciales. También podrá concederse asistencia jurídica gratuita en el caso de medidas preventivas y procedimientos para hacer cumplir las decisiones judiciales o cualquier otra autoridad que se vaya a ejecutar. No se trata de asistencia disponibles en materia de medio ambiente. No obstante, la asistencia jurídica gratuita ordinaria de las normas aplicables a los asuntos medioambientales que se interpondrán ante un tribunal civil o administrativa. La asistencia jurídica gratuita solo está disponible para las personas de medios suficientes. No hay asistencia jurídica pro bono prestados por empresas en Luxemburgo. El servicio de informática jurídica proporciona gratuitamente información jurídica, pero no está especializado en Derecho ambiental. No existen consultorios jurídicos que se ocupen de los asuntos medioambientales en Luxemburgo. No existen bufetes jurídicos especializados en asuntos medioambientales de interés público y abogados en Luxemburgo.

ANEXO XIII. Puntualidad

En principio, los órganos administrativos tienen la obligación de adoptar una decisión en el plazo de 3 meses a partir de la solicitud remitida por un solicitante. Si la administración no constituye una decisión en un plazo de 3 meses o inferior, en caso de que así se establezca por ley, su silencio equivale a una decisión negativa. Está previsto ninguna sanción por incumplimiento de los plazos. El tribunal administrativo puede verificar la legalidad de la decisión denegatoria y la anulación de la Decisión basada en falta de motivación. Normas de prescripción se establecen en el Código civil. Acciones legales deben comparecer ante tribunales dentro de un plazo de 30 años a partir de la fecha del daño o a partir de la fecha en que la víctima tuvo conocimiento del daño. El recurso de la parte demandante contra su seguro deberá interponerse ante los órganos jurisdiccionales civiles en un plazo de 5 años a partir de la fecha del daño o a partir de la fecha en que la víctima tuvo conocimiento del daño. El plazo de prescripción para interponer una acción penal contra un delito es de 10 años, 5 años y 1 años frente a faltas contra una infracción menor. No existe una duración típica de un asunto judicial de carácter medioambiental en Luxemburgo. Varía en función de la complejidad del caso. Una vez que el solicitante haya presentado su solicitud, el demandado tiene que enviar su breve (defensa) en un plazo de tres meses. El solicitante podrá presentar su respuesta en 2 meses y asimismo de las respuestas complementarias. Plazos podrán prorrogarse por el juge de la mise en état el juge de la mise en état controles que ambas partes cumplan los plazos del procedimiento. No se ha fijado ningún plazo para que el Tribunal de Justicia emita su sentencia. Sentencia plazos varían significativamente según los casos. No se contemplan sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones con retraso en Luxemburgo.

ANEXO XIV. Otras cuestiones

En la mayoría de los casos, el público puede recurrir las decisiones medioambientales en cuanto se ponga en su conocimiento de la Decisión. Información sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente se facilita al público en general a través de varios sitios web.

Información sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente sea accesible a través de los sitios web de la administración: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.El enlace abre una nueva ventanahttp://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html Existen modalidades alternativas de solución de conflictos en forma de arbitraje, mediación y conciliación, pero se utiliza poco en materia de medio ambiente en Luxemburgo. Aunque sí es posible recurrir a la mediación en materia de medio ambiente en Luxemburgo, no se aplica con frecuencia.

ANEXO XV. En el extranjero

En Luxemburgo, no existen cláusulas antidiscriminatorias relativas a la lengua o al país de origen constatado en las leyes procesales. Los extranjeros pueden presentar un recurso ante un foro luxemburguesa si tienen capacidad procesal. También pueden beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita. En Luxemburgo, hay tres lenguas administrativas: El francés, el alemán y el luxemburgués. Todos los documentos procesales se redactarán en francés pero audiencia podrá hacerse en estas tres lenguas. Traducción puede proporcionarse a las partes ante los tribunales y serán pagadas por el Gobierno. Sin embargo, si una de las partes desea publicar un testigo que necesita un traductor, la parte tendrá que abonar para el testigo como para los traductores.

ANEXO XVI. Transboundary Cases

En el procedimiento de EIA y PCIC, cuando el establecimiento puede tener un impacto en el medio ambiente de otro país, el expediente de solicitud se remitirá al país que pueda presentar sus observaciones. Después será informado de la decisión final. La población afectada en un contexto transfronterizo se incluyen aquellas que tengan un interés directo y si son suficientes o no residente luxemburgués. El concepto de intereses tal como se ha descrito anteriormente, sigue siendo la condición principal para gozar de capacidad procesal. Las personas físicas del país afectado que tienen un interés directo tiene capacidad procesal y puede interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional luxemburgués. Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los residentes luxemburgueses. Pueden interponer un recurso o solicitud de imposición de medidas cautelares y medidas provisionales en las mismas condiciones que los residentes luxemburgueses. Las ONG extranjeras poseen capacidad procesal si la ley de que se trate así lo disponga. Los particulares pueden presentar demandas contra el Estado de Luxemburgo para obtener indemnizaciones por vía judicial luxemburguesa. Las personas físicas extranjeras pueden ejercer acciones contra los ciudadanos luxemburgueses o extranjeros ante los órganos jurisdiccionales luxemburgueses, aun cuando el daño se haya producido fuera de Luxemburgo.

Enlaces relacionados

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Última actualización: 14/09/2016